Protección contra en contra del Ministerio de Salud

C.A. de Santiago.

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

A folio 52, estese a lo que se resolverá.

A folio 53 y 55, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado y deduce recurso de protección en contra del en contra del Ministerio de Salud, representado por la Ministra de Salud, doña Ximena Paz Aguilera Sanhueza, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al omitir la respuesta solicitada con el fin de obtener una aclaración sobre los antecedentes que justifiquen la negativa expresada por el informe del Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, perteneciente a la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del Ministerio de Salud, órgano que determinó que el recurrente, con diagnóstico de Mieloma Múltiple con cadenas livianas kappa, NO tiene indicación de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos autólogo en el Protocolo Nacional Vigente, lo que vulneraría los derechos fundamentales del artículo 19 numerales 1°, 2° de la Constitución Política de la República.

Expone que el 22 de noviembre de 2023, fue diagnosticado de Glomerulonefritis y Mieloma Múltiple, cuyo tratamiento inicial consistió en un ciclo de quimioterapia, administrado el 23 y 27 de noviembre de 2023; el 30 de noviembre, el Dr. López me informó que el tratamiento estaba mostrando excelentes resultados y, tras evaluar mi situación, se le dio de alta médica del centro oncológico, sin embargo, se le indicó que debía continuar con el tratamiento de quimioterapia y, en el futuro, iniciar un tratamiento de radioterapia para los plasmocitomas esternales y lumbares, según lo detallado en el informe emitido el 18 de diciembre de 2023.

Informa que luego de haber realizado 4 ciclos de quimioterapia y radioterapia, su estado está evolucionando favorablemente y debido al éxito del tratamiento el Dr. nombre reservado, hematólogo del Instituto Nacional del Cáncer, evalúa que es urgentemente necesario un trasplante de médula ósea “autólogo” con el fin de reemplazar las células madre hematopoyéticas dañadas o destruidas por la quimioterapia o radioterapia, ayudando a restaurar la capacidad del cuerpo para producir células sanguíneas sanas, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este tratamiento pondría fin a los constantes ciclos de quimioterapia y radioterapia a los que indudablemente se someterá como consecuencia del cáncer, permitiéndome utilizar solo terapia oral como tratamiento “preventivo”.

Expresa que su médico tratante solicitó un trasplante de médula ósea al Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, que forma parte de la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del Ministerio de Salud, la que fue respondida el 17 de abril de 2024 en un informe emitido por el Comité Técnico, el cual señala específicamente lo siguiente: “Respecto del paciente nombre reservado (…), con diagnóstico de MM con cadenas livianas kappa. El Comité Técnico Asesor resuelve que NO tiene indicación de TPH autólogo en el Protocolo Nacional Vigente.”.

Plantea que, al considerar a todas luces esta respuesta como insuficiente, pues no detalla mayores antecedentes ni fundamentos para tal decisión, solicitó el 10 de octubre a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de Salud, bajo el código de atención N° NUM000, una explicación sobre la respuesta recibida y a pesar de sus esfuerzos, y con la esperanza de recibir una respuesta en los plazos establecidos, no obtuvo ninguna justificación o explicación que pudiera sustentar la decisión del Comité ni le indicaron si, efectivamente, el protocolo nacional vigente no contempla este procedimiento para su caso.

Expone que, debido a los graves y múltiples efectos que conlleva, el Mieloma Múltiple es una enfermedad mortal si no se reciben los tratamientos adecuados y que los tratamientos para esta patología suelen consistir en ciclos de quimioterapia y radioterapia.

Plantea que el recurrente está respondiendo de manera satisfactoria a estos tratamientos, lo que abre una valiosa posibilidad para someterse al trasplante de médula ósea, procedimiento que es de carácter urgente, oportunidad que es fundamental para asegurar el éxito del tratamiento curativo.

Asevera que aunque las constantes sesiones de quimioterapia y radioterapia están proporcionando los resultados esperados, también conllevan un alto costo físico y psicológico, y que estos constantes ciclos pueden ser detenidos mediante el Trasplante Autólogo de Médula Ósea (TAMO), que según el informe de su médico tratante: “Consiste en una quimioterapia de alta intensidad que necesita de las células madres sanguíneas del mismo paciente para ser llevada a cabo. (…) Este procedimiento médico demostró de manera sucesiva en distintos ensayos clínicos desde la década del 1990 a la fecha que aumentan considerablemente la sobrevida global de los pacientes con mieloma múltiple”

Sostiene que el informe concluye que el tratamiento conjunto de TAMO, quimioterapia, sumado al tratamiento oral posterior aumenta el tiempo de sobrevida del paciente y mejora su calidad de vida, pudiendo incluso llegar a vivir normalmente.

Arguye que el tratamiento al cual intenta acceder, y que le ha sido injustificadamente denegado, no solo representa una esperanza de vida más prolongada, sino también una mejora significativa en su calidad de vida e incluso la posibilidad de vivir de manera normal, lo que resulta imposible con el tratamiento actual de quimioterapia y radioterapia.

Estima vulneradas las garantías de la Constitución Política de la República, reguladas en el el artículo 19: i. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica (N° 1); ii. Igualdad ante la Ley (N° 2).

Refrenda que al realizarse el reclamo mediante la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) N° NUM000, con el fin de obtener una aclaración que proporcione una respuesta sobre los antecedentes que justifiquen la negativa expresada por el informe del Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, perteneciente a la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del Ministerio de Salud, dicha solicitud aún se encuentra sin respuesta.

Arguye que ante la falta de respuesta, se encuentra bajo la figura del silencio administrativo, tal como lo establece la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos y que además, según la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia), en su artículo 14, las entidades públicas deben responder las solicitudes de información dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud, de manera que este caso, la falta de respuesta dentro del plazo legal configura una omisión por parte de la entidad administrativa, lo que constituye una violación de los plazos establecidos para la tramitación de solicitudes de información pública.

Sostiene en cuanto la actuación u omisión de carácter ilegal o arbitraria, al recibir una respuesta negativa por parte del Comité Técnico Asesor, que el recurrente ha tomado las providencias necesarias para comprender correctamente la resolución, en la que aunque se proporciona una respuesta, se omite la justificación necesaria que explique las razones detrás de la decisión, y no se presentan los criterios jurídicos, administrativos o legales que fundamentaron la resolución, y tampoco se identifica a los funcionarios responsables de dicha decisión.

Reitera que ante esta falta de claridad, solicitó, a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de Salud, la información necesaria para comprender las motivaciones de la negativa y sin embargo, esta solicitud no ha recibido respuesta dentro del plazo legal establecido.

Destaca que el actuar estatal y administrativo está sujeto a principios fundamentales como el de juridicidad, publicidad y motivación de los actos administrativos, principios que aseguran la legitimidad de las decisiones adoptadas dentro del marco del ordenamiento jurídico y que la ausencia de estos elementos constituye un claro incumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

Concluye que la solicitud impugnada es arbitraria, ya que carece de fundamentos jurídicos y administrativos que sustenten la decisión tomada, pues resulta insuficiente una respuesta que no haga referencia a los protocolos que el ente administrativo debió tomar como base al momento de resolver la solicitud, lo que denota un actuar arbitrario que no tiene una justificación razonable ni objetiva.

Considera, adicionalmente, que la decisión impugnada es ilegal, ya que vulnera directamente lo dispuesto en Artículo 7° y 8° inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República; y el artículo 11 inciso segundo de la Ley N° 19.880, pues la ausencia de motivación de la decisión y la falta de explicación sobre los fundamentos de derecho que la respaldan constituyen una vulneración clara de este principio.

Hace presente que el artículo 1° del DFL N° 1/2005, que regula las funciones y atribuciones del Ministerio de Salud, establece que a este le corresponde “(…) compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones”; y en este caso, el Ministerio de Salud ha incumplido este mandato, ya que, al limitarse únicamente a ejecutar las acciones encomendadas por la ley sin considerar su rol en la promoción, protección y recuperación de la salud, transgrede el marco legal que lo obliga a ser transparente y justificar las decisiones adoptadas, especialmente cuando afectan los derechos de los ciudadanos.

Alega que la falta de información respecto al protocolo nacional utilizado y la no identificación de los médicos responsables de la decisión, refuerzan la arbitrariedad de la actuación administrativa, pues se está privando al ciudadano de un acceso claro y justificado a los fundamentos que sustentan una resolución que afecta directamente su bienestar.

Estima que concurren los elementos de ilegalidad y arbitrariedad exigido por la norma constitucional, ya que la actuación de la administración ha sido carente de los elementos esenciales de motivación, publicidad y justificación requeridos por el marco legal vigente, como de labores de promoción, protección y recuperación de la salud.

Plantea que la [omisión de respuesta a la] solicitud realizada al Ministerio de Salud como el informe del Comité correspondiente a este organismo, amenazan el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo 19, N° 1 de la Constitución), al mismo tiempo que privan el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19, N° 2 de la Constitución).

En cuanto al primero, arguye que la negativa y falta de acceso al tratamiento de trasplante autólogo de médula ósea constituye una amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del recurrente, paciente, pues la no realización de dicho tratamiento implica la permanencia del cáncer en el cuerpo, con todas las consecuencias que esto conlleva, incluyendo la posibilidad latente de que el cáncer vuelva a crecer y expandirse, lo que podría tener consecuencias graves e incluso mortales si no es detectado a tiempo.

Acusa que esta omisión arbitraria ocasiona una arbitraria y constante perturbación en la integridad física y psíquica del recurrente, dado que, al no realizarse el trasplante, el recurrente se verá obligado a someterse a nuevos ciclos de quimioterapia y radioterapia, que como se ha mencionado, conllevan efectos negativos significativos, que no sólo afectan su estado físico, sino que también inciden negativamente en su bienestar mental, reduciendo su calidad de vida; malestares que podrían evitarse mediante la realización del trasplante autólogo requerido, lo que además contribuiría a un ahorro de recursos públicos, ya que se evitarían la necesidad de nuevos ciclos de quimioterapia y radioterapia.

Sobre la privación del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19, N° 2 de la Constitución, argumenta que la respuesta del Ministerio de Salud no respeta las garantías constitucionales, ya que es incompleta y carece de la fundamentación necesaria. No señala los protocolos que respaldan la decisión, ni identifica a las personas responsables de adoptarla, lo que hace que la respuesta sea ininteligible e imposibilita impugnarla de manera efectiva. Esta falta de transparencia priva al solicitante del derecho a no ser sometido a tratos arbitrarios, ya que la justificación proporcionada no se ajusta a un ordenamiento jurídico- administrativo que sea susceptible de control, lo cual es un principio fundamental en un Estado de Derecho, que es la razón por la cual se solicita al Ministerio de Salud por OIRS que fundamente su decisión, el cual nuevamente no da una respuesta clara.

Invoca el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”, de modo que, señala, la actuación del Ministerio de Salud no solo infringe nuestra Constitución, sino que también transgrede uno de los tratados internacionales más importantes en materia de Derechos Humanos.

Solicita, se reestablezca el imperio del derecho, ordenado esta Corte la medida necesaria y urgente, de disponer al Ministerio de Salud de realizar la efectiva protección del derecho a la vida e integridad física y psíquica de nombre reservado, por medio del tratamiento de trasplante autólogo de médula ósea, denegado por tal servicio, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que al evacuar el informe de rigor, el Ministerio de Salud solicita el rechazo del recurso de protección y sostiene que la negativa por parte del Ministerio de Salud, a la solicitud de financiamiento del trasplante alogénico, se encuentra justificada tanto desde un punto de vista sanitario como de un punto de vista normativo, en el entendido de que la Administración del Estado en materia de salud pública desarrolla una planificación sanitaria destinada a determinar las coberturas de las condiciones de salud respecto de aquellos diagnósticos que encuentran autorización por parte de los organismos reguladores y cuya seguridad, eficacia y evidencia se encuentra sustentada en estudios previos.

Aduce que otorgar financiamiento a tratamientos no contemplados en el Sistema de Salud Pública, por la vía judicial bajo estas condiciones, implica una vía irregular de acceso a tecnologías sanitarias innovadoras fuera del esquema de regulación desarrollado por la legislación chilena, en desmedro de otros pacientes, al tiempo que ni siquiera se encuentran abasteciendo a los sistemas sanitarios de otros países bajo un esquema de cobertura y priorización estatal o pública.

Expone que el Ministerio de Salud es la principal institución del Sector Salud; tiene las funciones de rectoría, regulación y control sobre las materias de su competencia. Este es un órgano de dirección, del cual emana el diseño de políticas y planes en materia de salud en el marco de los objetivos sanitarios fijados. Esta planificación sanitaria es una de las funciones de esta institución, la cual debe velar por una distribución adecuada y armónica de los recursos públicos asignados anualmente en la Ley de Presupuestos. Manifiesta que esta planificación sanitaria supone una distribución priorizada de los recursos físicos y humanos, subordinados a criterios objetivos y técnicos sanitarios concordantes al grado de evidencia científica que exista del beneficio para la sobrevida o calidad de vida de las personas. Estos criterios técnicos, son especialmente considerados y previstos por el legislador al establecer un sistema bajo el cual se miden estos impactos sanitarios, cuya justificación este amparada en elementos objetivos que eviten las arbitrariedades en las decisiones de la autoridad, impidiendo la discrecionalidad presupuestaria y en suma, orientando los objetivos sanitarios a las necesidades de la población.

Considera que, tratándose del tratamiento de enfermedades que requieren medicamentos o tratamientos de alta complejidad y alto costo, la regulación exhaustiva que se ha establecido en las últimas décadas permite sostener que ante la negativa del financiamiento de dichos tratamientos no sólo obedece a una razón puramente económica, sino que es necesario ponderar elementos éticos y sanitarios que se sustenten en la evidencia científicamente afianzada.

Consigna que, cada vez que una Corte de Apelaciones y/o la Corte Suprema obligan al fisco a propender de un tratamiento de alta complejidad y que se realiza en centros de alta calificación técnica, con la intervención de equipos de especialistas cuya oferta es escasa en el país tanto en el sector público como privado, adquirirlo para garantizar una prestación, la cual se debe dar cumplimiento en el más breve tiempo, se favorece la judicialización como método para obtener un financiamiento extra sistema.

Afirma que, la judicatura, al realizar una interpretación de carácter individual sin atender los criterios objetivos y técnicos en los cuales se sustenta la autoridad sanitaria obliga al sistema de salud público a destinar recursos no dispuestos ni previstos para ese fin y con ello, impone una privatización del sistema de salud público, distorsionando la planificación sanitaria que el legislador ha depositado exclusivamente en la administración, la cual -entre otras cuestiones- diseña la priorización de sus recursos en un ámbito de seguridad social colectivo. Añade que, incluso aún más, no están en conocimiento del complejo proceso de asignación de recursos llevada a cabo por las agencias especializadas del Ejecutivo, operando con información parcial.

Aborda en el capítulo sobre La falta de una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable a las autoridades recurridas, en primer lugar, la normativa aplicable de las principales coberturas del sistema de salud público chileno. En cuanto el Régimen general de prestaciones contenido en el Libro II del D.F.L 1 de 2005 del Ministerio de Salud, señala que al Ministerio de Salud le corresponde “ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.”. Para el cumplimiento de lo dispuesto, al Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud, asignándole atribuciones y funciones en materia sanitaria.

Explica que le corresponde a esa cartera de Estadio la función de ejercer la rectoría del sector salud, la función de regulación y la función de efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población, las que describe detalladamente.

Agrega que el Libro II de ese cuerpo normativo establece un Régimen de Prestaciones de Salud, cuyos beneficiarios tendrán derechos a las acciones de salud previstas y en las condiciones que él establece, para lo cual el Fondo Nacional de Salud, se encarga de financiar en todo o parte de acuerdo con las políticas y prioridades de salud para el país que define el Ministerio de Salud a través de aportes, pagos directos, convenios u otros mecanismos establecidos mediante resolución, para otorgar prestaciones a los beneficiarios en cualquiera de sus modalidades, por los organismos, entidades y personas que pertenezcan o no al Sistema de Salud del país.

Añade que el Sistema de Garantías Explicitas en Salud, en adelante, “GES”, regulado en la Ley N° 19.966, tiene por objetivo central proporcionar cobertura garantizada y universal respecto de los problemas de salud que, sin implicar una importante carga de enfermedad, requirieran de tratamientos que resultan económicamente catastróficos para las personas. Y con tales fines, se desarrollan estudios epidemiológicos de carga e impacto de estas enfermedades, los objetivos sanitarios nacionales, las condiciones que generan desprotección en la población, la existencia de intervenciones eficaces y efectivas, el resguardo del mejor uso de los recursos en beneficio de la salud de las personas y la capacidad de oferta del sistema. De tal forma, se priorizan y enumeran de forma jerarquizada los problemas de salud y las intervenciones asociadas a su resolución, de acuerdo con el grado de evidencia científica disponible.

Adiciona que, mediante el Decreto N° 72, de 2022 del Ministerio de Salud, se aprueba un listado específico de prestaciones para las patologías determinadas en dicho instrumento normativo. Por tanto, no se trata de una cobertura general respecto de cualquier condición de salud y de todos los tratamientos posibles, sino más bien, se trata de una cobertura pre-definida por la autoridad sanitaria para un número determinado de enfermedades.

Explica que finalmente, el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo regulado en la Ley N° 20.850, en adelante, “Ley Ricarte Soto”, señala que dichos tratamientos de alto costo para condiciones específicas de salud “(…) serán determinados a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministro de Hacienda, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y en el reglamento” y “(…) que cumplan con las siguientes condiciones copulativas: a) Que el costo de los diagnósticos o tratamientos sea igual o superior al determinado en el umbral de que trata el artículo 6°. b) Que los diagnósticos y tratamientos hayan sido objeto de una favorable evaluación científica de la evidencia disponible, conforme al artículo 7°. c) Que los diagnósticos y los tratamientos hayan sido recomendados una vez analizada y priorizada sobre la base del valor científico, económico y social que el tratamiento importe. d) Que se haya decidido la incorporación de los diagnósticos y los tratamientos, conforme a lo señalado en el artículo 9°.

Adiciona que el Decreto Supremo N°13, de 2017, del Ministerio de Salud, aprueba el Reglamento que establece el proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con Sistema de Protección Financiera, señala el procedimiento para la solicitud de evaluación de un determinado diagnóstico o tratamiento para ser incorporado en el sistema de protección financiera; respecto de la elaboración de la recomendación priorizada, indica que la evaluación técnica de la evidencia será analizada y priorizada sobre la base del valor científico, económico y social que el tratamiento importe; y que este proceso estará a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, que constituirá la Comisión de Recomendación Priorizada y que será creada por resolución del Ministerio de Salud.

Finalmente, relata que, sobre la base de la evaluación y recomendación señalada, los Ministerios de Salud y de Hacienda determinarán mediante decreto supremo fundado los diagnósticos y tratamientos que cubrirá el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, el cual deberá contener al menos una nómina de los diagnósticos, medicamentos, alimentos y elementos de uso médico, indicando las enfermedades o condiciones de salud asociadas a cada uno de ellos, conforme a los protocolos que al efecto dicte el Ministerio de Salud, y la fecha de inicio de la entrada en vigencia de la protección financiera.

Asegura que no cabe duda alguna que la incorporación de determinados diagnósticos y tratamientos de alto costo al Sistema de Protección Financiera que crea la “Ley Ricarte Soto” se trata de un procedimiento reglado, transparente y participativo.

Considera que, sin perjuicio de lo anterior, la circunstancia de que lo pretendido [por el recurrente] en estos autos no cumplió con los requisitos señalados en la norma, no significa que no pueda suceder en el futuro, pues hay que considerar que según la normativa que “(…) ser sujeto de atención esa enfermedad en el listado de condiciones de salud que debe atender el Sistema de Protección Financiera, el Estado debe conciliar no solo el número de personas que sufren de ese mal, sino también las diferentes enfermedades que presentan condiciones similares, y que deben considerarse como patologías raras, quedando siempre abierta la posibilidad de poder incluir aquellas carencias en el estudio respectivo, si las condiciones y requisitos cambian en lo sucesivo.

Reitera que en consecuencia, la implementación de estas políticas públicas de salud se encuentra sujetas a una exhaustiva normativa en la materia, como asimismo a constantes evaluaciones con el objeto de comprobar su adecuada eficacia y sustento en la evidencia científica y cuya eventual priorización permita la incorporación de nuevas patologías o prestaciones de las ya existentes.

Explica, en relación con el Comité Técnico para la revisión de casos y recomendación de trasplante de médula ósea en adulto, que el trasplante de médula ósea es un tratamiento de alta complejidad el cual se realiza en centros de alta calificación técnica, con la intervención de equipos de especialistas cuya oferta es escasa en el país, tanto en el sector público como privado, por lo que para, atender a los pacientes de la red pública con patologías como leucemia crónica y/o aguda, linfoma y mieloma que puedan recibir tratamiento, es preciso contar con la asesoría de un equipo técnico especializado y con vasta experiencia, que informe acerca de la pertinencia del tratamiento en los casos presentados por los establecimientos asistenciales públicos. En ese orden de ideas es la Subsecretaria de Redes Asistenciales quien debe coordinar los recursos especializados para que presten asesoría en la indicación del tratamiento del trasplante de médula ósea adulto de los pacientes de la red asistencial pública. Esto se realiza mediante la compra total o parcial de servicios a prestadores privados, en paralelo con la implementación y crecimiento dentro de la red asistencial pública.

Afirma que estos procedimientos pueden ser efectivos contra ciertas patologías tales como leucemia, linfoma y no neoplásicas, sin embargo, los resultados observados de estas patologías son muy variables y dependen de una serie de características del paciente.

Explica que el programa de trasplante de progenitores hematológicos (TPH) se genera a nivel institucional en centros hospitalarios reconocidos para el tratamiento de enfermedades hemato- oncológicas; que un Comité Técnico evalúa los casos y emite un informe de recomendación o no recomendación; que el informe de recomendación permite la derivación del paciente al Comité Clínico Administrativo, que decide la derivación a los centros participantes del programa; que hay dos tipos principales de TPH: autólogo y alogénico.

Agrega que el TPH autólogo implica la infusión de las células progenitoras hematológicas del propio paciente y se utiliza principalmente en neoplasias de células plasmáticas y linfomas; que uno de los principales riesgos e inconvenientes asociados a este trasplante, cuya fuente de progenitores hematopoyéticos es la médula ósea, es que se requiere uso de pabellón quirúrgico y uso de anestesia, confiriendo mayor morbilidad; que otra opción de origen de las células progenitoras puede ser por medio de sangre periférica que no requiere pabellón ni anestesia, sin embargo, su desventaja es que contiene una mayor cantidad de células T, lo que aumenta la incidencia de enfermedad injerto contra huésped (EICH).

Informa que el TPH alogénico implica la infusión de células progenitoras de un donante familiar HLA idéntico o compatible en un 50%, y se utiliza para reemplazar el sistema hematopoyético enfermo o deficiente por uno sano. En el programa nacional de trasplante, la mayoría de las indicaciones para TPH autólogo son mieloma, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. En el caso del TPH alogénico, la mayoría de las indicaciones son leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda. Las recomendaciones para el TPH se basan en criterios internacionales y en las patologías de mayor incidencia. La evidencia que respalda la indicación de TPH se clasifica como tipo 1-2, según la definición y las recomendaciones de la Sociedad Europea de Trasplante (EBMT) y la Sociedad Americana de Trasplante y Terapia Celular (ASBCT).

Agrega que en el caso del Mieloma Múltiple, en los últimos años la incidencia de esta enfermedad se ha reportado a nivel mundial como el 1% de todos los tipos de cánceres y en 13% de los canceres hematológicos. Destaca que esta enfermedad sigue siendo de aquellas patologías incurables, por esta razón se han incorporado varias intervenciones terapéuticas que muestran beneficios en la calidad de vida de los pacientes, a saber talidomida, bortezomib y lenalidomida, además del TPH autólogo, y que las combinaciones de estas terapias han mejorado las tasas de remisión completa, pero para que estas terapias se otorguen se deben evaluar de manera objetiva cada caso en particular y considerar los diversos factores de los pacientes.

Consigna que el Comité Técnico Asesor, para la revisión de los antecedentes de pacientes de los establecimientos de la red pública de salud en que se presentara el trasplante de médula ósea, es integrada por diversos especialistas del ámbito tanto público como privado siendo obligatorio que sean médicos transplantólogos, así como profesionales del Departamento GES, Redes Complejas y Líneas Programáticas de División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud (en adelante, “DIGERA”), cuyo propósito es proporcionar asesoría experta al Ministerio de Salud, en materia de trasplante de médula ósea de adultos, como asimismo, asesorar sobre la pertinencia cínica para la realización de trasplante de médula ósea en adultos, de conformidad al protocolo vigente y la opinión de los expertos que lo integran, así como de acuerdo a la evidencia disponible y experiencia nacional e internacional en la materia.

Asegura que, en el contexto de un procedimiento de aplicación general, todo paciente es evaluado de forma anónima y objetiva por la Comisión, la que es integrada por expertos clínicos de larga y destacada trayectoria en base a sus antecedentes clínicos, protocolos y evidencia científica disponible, desconociéndose todo dato que permita individualizar a los pacientes y/o a los establecimientos de salud del cual ellos dependen; emitiendo luego dicha Comisión la recomendación positiva o negativa acerca de la procedencia del trasplante, en cada caso.

Y que razón de ello, el Comité en consideración a los requisitos contemplados en el Protocolo vigente y que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud, el cual se basa en la evidencia disponible, determina si en definitiva recomienda o no un tratamiento como un Trasplante de Médula Ósea en Adultos, teniendo en consideración que dichos procedimientos deben realizarse en centros de alta calificación técnica y cuyos criterios utilizados por los expertos tienen como norte, garantizar el menor riesgo para el paciente con el mayor beneficio posible.

En cuanto la situación médica del paciente, médico tratante y diagnóstico en el sistema de salud, la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos de DIGERA, dependiente del Ministerio de Salud, informa que el caso del paciente nombre reservado, en cuyo favor se deduce el presente recurso de protección, presenta el diagnóstico de Mieloma Múltiple de cadenas livianas kappa; que el 9 de abril de 2024 el hematólogo nombre reservado

Cáceres, del Instituto Nacional del Cáncer, solicita evaluación para trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; que, previo a la presentación del caso del paciente, éste último inició esquema VTD de urgencia con lo cual resuelve rápidamente la falla renal y la hipercalcemia; luego de esto, se realiza radioterapia a los tres plasmocitomas, el paciente completa dos ciclos de VTD (Kappa disminuye de 22882 a 500) y actualmente se señala que el recurrente ha completado cuatro ciclos de quimioterapia VTD más radioterapia, a lo cual según el informe médico ha logrado una buena respuesta.

Expresa que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados, consta en el informe del Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de TPH adultos, que con fecha 17 de abril de 2024, se resolvió que el paciente no tiene indicación de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos autólogo de acuerdo con el protocolo nacional vigente, considerando lo solicitado por el médico tratante.

Asevera que, en suma, se trata de una patología incurable que se caracteriza por la proliferación clonal de células plasmáticas que producen un único tipo de cadena pesada y/o ligera de inmunoglobulina.

Esta patología, clínicamente se caracteriza por la presencia de anemia, hipercalcemia, falla renal, lesiones osteolíticas y una elevada frecuencia de infecciones. En Chile el programa nacional de TPH tiene aproximadamente 60 pacientes trasplantados, los cuales para ser candidatos han sido evaluados de manera integral considerando diversos factores. Respecto al caso del paciente, el Comité Técnico Asesor revisó de manera objetiva y consideró los antecedentes aportados por el médico del paciente según los criterios establecidos en el protocolo vigente.

Indica que teniendo a la vista los documentos acompañados por el recurrente se podría solicitar una reevaluación al Comité Técnico Asesor, el cual tomará en cuenta los antecedentes que se aporten pudiendo además solicitar otros exámenes, los que deben estar vigentes y considerará los criterios establecidos en el protocolo vigente.

En lo relativo a la arbitrariedad, cabe señalar que debe descartarse toda actuación u omisión carente de razonabilidad o motivo, en coherencia con las distintas actuaciones desplegadas por la Red Asistencial., pues en efecto, ha existido una evaluación no favorable con indicación para la realización del trasplante en atención a criterios objetivos y por médicos especialistas de destacada trayectoria, sin perjuicio de lo cual y en vista de los antecedentes aportados por el recurrente se podría solicitar una reevaluación al Comité Técnico Asesor.

Aduce que, además, se debe considerar que la oportunidad y las condiciones para que se desarrolle tal prestación, a cargo de la red de salud y su equipo tratante, depende de varios factores tales como la existencia de otros casos que han sido priorizados de acuerdo con las propias indicaciones médicas y la disponibilidad de cupos en el sistema.

Invoca en favor de sus aseveraciones, jurisprudencia y votos disidentes recaídos en diversos fallos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 15149-2019; Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol N° 38842-2020 y N°6199-2024 y Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 734-202 Arguye que la particular situación que, a través de sentencias judiciales en recursos de protección, cuyo procedimiento es breve y sumario, no se logra considerar criterios científicos que requieren un análisis técnico más especializado, lo que termina por otorgar cobertura a medicamentos que requieren de un proceso bastante más lento y regulado para formar parte de esquemas de priorización pública, bajo el argumento de que existe un derecho a la vida comprometido.

Concluye que las instituciones recurridas no disponen de una discrecionalidad absoluta para autorizar dicho financiamiento –y mucho menos, sin la evidencia científica que pueda justificarlo, por lo que la postura contraria - esto es, acceder a la petición contenida en el recuso mediante una sentencia judicial - implicaría perder la eficacia y el vigor del mandato legal, por cuanto se obtendría por esta vía constitucional un privilegio respaldado en un juicio de oportunidad o conveniencia en desmedro de otros pacientes que se sujetan a los exigentes procedimientos y requisitos dispuestos precisamente por el legislador y por vía administrativa como es el presente caso.

Controvierte la existencia de una afectación a los derechos fundamentales, pues respecto a la vulneración de la garantía constitucional que garantiza el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, cabe evidenciar que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional son contestes en el hecho de reconocer que la protección de este derecho dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida de una persona, que configuren un detrimento o imposibilidad de la continuación de la vida o integridad física del afectado, y en el caso de autos, la amenaza que se cierne sobre la vida del paciente no puede ser atribuible o imputable al recurrido, sino que está causada por la patología incurable que lamentablemente lo aqueja, esto es mieloma múltiple.

Sostiene que queda demostrado que se han desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica del paciente al dejarse constancia de los tratamientos disponibles, que el paciente ha recibido sus terapias, en la parte del derecho a la vida, que ha sido satisfecha la obligación del estado a proveerle los medios necesarios para su integridad física y su recuperación, y que la negativa al trasplante no amenaza este derecho toda vez que su intervención no garantiza su sobrevivencia de acuerdo a los riesgos estimados por el protocolo vigente.

Estima que sostener que la Administración Pública al verse obligada por una sentencia judicial a la entrega de un tratamiento que excede la regulación normativa, no sólo va en contra de la normativa que determina los diagnósticos y tratamientos de alto costo, en contra de la evidencia científica disponible parámetro en el cual se basan las decisiones de priorización y financiamiento de la autoridad sanitaria, sino que además altera la gestión administrativa en la Red Asistencial sustancialmente debido a que en el más corto plazo debe ejecutar las gestiones para la compra de determinados tratamientos que finalmente pueden no tener los efectos deseados por los recurrentes y aún más, producir los efectos adversos prevenidos por la autoridad.

Afirma que la decisión de no entregar cobertura o financiamiento a este tipo de tratamientos no puede ser estimada como ilegal o arbitraria dado que ha sido precisamente el legislador quien ha establecido los mecanismos de cobertura y financiamiento en las acciones del estado vinculadas a las prestaciones de salud, y este es el marco regulatorio en el cual la Administración ha centrado su acción y ha decidido distribuir los recursos públicos de acuerdo a la asignación que corresponde en la fijación e implementación de políticas públicas de carácter universal y solidaria, no existiendo a este respecto fondos públicos de carácter ilimitado ni deberían ser para personas que por esta vía jurisdiccional obtienen un privilegio en desmedro de los demás pacientes de los cuales es también responsable el Régimen de Salud Público de nuestro país, lo que genera unas consecuencias políticas que surgen cuando los tribunales ordenan redirigir fondos públicos en el plano de la salud pública.

Concluye que respecto de la acción de protección de autos, en ningún caso, se verifica en la especie una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable al Ministerio de Salud, que prive, perturbe o amenace los derechos de la paciente, consagrados en el artículo 19 N° 1 y N° 2, de la Constitución, por lo que no cabe sino indefectiblemente decretar su rechazo.

TERCERO: Que ampliando su informe a requerimiento de esta Corte, agrega como antecedentes nuevos a lo ya expresado, que, para que las terapias solicitadas se otorguen se deben evaluar de manera objetiva a cada caso en particular y considerar los diversos factores de los pacientes, en conformidad con la Resolución Exenta N°1099 que “Define Listado de Drogas Oncológicas de Alto Costo no GES y autoriza a FONASA su ejecución” del 14 de agosto de 2024, del Ministerio de Salud, y la Resolución Exenta N°1507 que “Rectifica Resolución Exenta N°1099 de 2024, de la Subsecretaría de Salud Pública y Fondo Nacional de Salud que define listado de Drogas Oncológicas de Alto Costo no Ges y Autoriza a Fonasa su ejecución”, de fecha 18 de noviembre de 2024 del Ministerio de Salud.

Reitera que respecto al caso del paciente, el Comité Técnico Asesor revisó de manera objetiva y consideró los antecedentes aportados por el médico del paciente según los criterios establecidos en el protocolo vigente.

Adiciona que, a la fecha, no ha sido solicitada una reevaluación ni se tienen antecedentes clínicos actualizados.

Finalmente, observa que se debe considerar que la oportunidad y las condiciones para que se desarrolle tal prestación, a cargo de la red de salud y su equipo tratante, depende de varios factores tales como la existencia de otros casos que han sido priorizados de acuerdo con las propias indicaciones médicas y la disponibilidad de cupos en el sistema.

CUARTO: Que solicitado también informe al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, expresa que don nombre reservado, fue atendido en el Servicio de Nefrología de ese servicio, ingresando a éste a través del Servicio de Emergencia el día 15 de noviembre de 2023; que su diagnóstico de ingreso fue GLOMERULONEFRITIS AGUDA rápidamente progresiva, que resultó ser secundaria de Mieloma Múltiple, lo que fue confirmado durante la hospitalización mediante el estudio de la médula ósea realizada el 17 de noviembre de 2023; y que el paciente fue dado de alta en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile el día 22 de noviembre de 2023, para continuar con su tratamiento de patología hemato-oncológica en el Instituto Nacional del Cáncer.

Confirma que el Dr. nombre reservado, emitió el certificado relativo al paciente fechado el 22 de noviembre de 2023 y cuya copia consta en los autos del recurso de protección.

Concluye que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile realizó cabalmente la atención de salud que le fue requerida por parte del Sr. nombre reservado, superando el estado de salud que motivó su arribo a ese establecimiento asistencial y, lo más importante, arribando a un diagnóstico de la patología que lo aquejaba y que debía ser tratada por un establecimiento especializado de su Red Asistencial, como lo es el Instituto Nacional del Cáncer.

Agrega que, confirmado el diagnóstico de un mieloma múltiple, se le informó al paciente que padecía una patología GES, a fin de que pudiese activar las coberturas y demás acciones del sistema de salud correspondientes.

Acompaña al informe copia del Memorándum S/N°, de 12 de febrero de 2025, suscrito por el Jefe del Servicio de Nefrología y del Dr.

nombre reservado, que refrenda lo antes expresado, copia del resultado del procedimiento de ASPIRADO MEDULA OSEA PARA ESTUDIO DE MIELOMA MULTIPLE, que se le practicó el 17 de noviembre de 2023, de la epicrisis y de los resultados exámenes de laboratorio, de exámenes imaginológicos y/o radiológicos y copia del formulario de Constancia de Información al Paciente para GES, solicitando tener por evacuado el Informe ordenado al Hospital Clínico de la Universidad de Chile y que, atendido que la documentación acompañada plasma datos sensibles de la persona a quien corresponden, solicita disponer las medidas de reserva pertinentes respecto de ellos a fin de que no sean accesibles sino sólo a vuestra Ilma. Corte y a las partes del recurso de protección de autos.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esas mismas disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEXTO: Que en el caso que nos ocupa, la recurrente hace consistir el hecho que estima a su juicio arbitrario e ilegal y que afectaría las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 N°1, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y N°2, igualdad ante la ley, de la Constitución Política de la República, en la omisión por parte del Ministerio de Salud, de dar respuesta a la solicitud efectuada por el recurrente el 10 de octubre de 2024, en que requiere la información necesaria para comprender las motivaciones de la negativa de efectuar un trasplante de médula ósea efectuada por el Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, de fecha 17 de abril de 2024, el cual señala específicamente “Respecto del paciente nombre reservado (…), con diagnóstico de MM con cadenas livianas kappa. El Comité Técnico Asesor resuelve que NO tiene indicación de TPH autólogo en el Protocolo Nacional Vigente.”, pues, aunque se proporciona una respuesta, esta es insuficiente, pues se omite la justificación necesaria que explique las razones detrás de la decisión, y no se presentan los criterios jurídicos, administrativos o legales que fundamentaron la resolución, tampoco se identifica a los funcionarios responsables de dicha decisión, por lo que se encuentra frente a una actuación administrativa que presenta serias falencias en cuanto a su legalidad y validez.

SÉPTIMO: Que no obstante la acción de protección aparece dirigida en contra del Ministerio de Salud, debido a la omisión de la solicitud de información de 10 de octubre de 2024, la verdad es que el verdadero objeto de reclamo lo es la decisión de 17 de abril de 2024, del Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, que informó que el recurrente no tiene indicación de TPH autólogo en el Protocolo Nacional Vigente, toda vez que la pretensión deducida por el recurrente por esta vía y según consigna en su petitorio, es “disponer al Ministerio de Salud de realizar la efectiva protección del derecho a la vida e integridad física y psíquica de nombre reservado, por medio del tratamiento de trasplante autólogo de médula ósea, denegado por tal servicio, todo ello con expresa condena en costas.”.

OCTAVO: Que, primeramente, en relación con los juicios de carácter general y ajenos al recurso especifico que se trata, relativos a los efectos de las sentencias judiciales en materia sanitaria, a que refiere el informante en los dos últimos párrafos del capítulo II, letra b) y en el penúltimo párrafo de su informe, es menester reiterar lo ya establecido en múltiples ocasiones por la Corte Suprema y recientemente, en sentencia de dieciocho de julio de dos mil veinticinco, rol 25451-2025, en cuanto: “Décimo tercero: Que, sin embargo, es preciso dejar expresamente asentado que, aun cuando la imposición de medidas como la descrita precedentemente responde a una manifestación de las atribuciones propias de este tribunal, ella no alcanza ni define, de modo alguno, la implementación y diseño de políticas públicas, pues tal labor excede las facultades de esta Corte y corresponde, en propiedad, a una función de otros órganos del Estado, cuya singularización no cabe efectuar a este tribunal.

Por el contrario, la Corte Suprema se limita, en el cumplimiento del mandato que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a disponer la adopción de aquellas providencias necesarias, a su juicio, para salvaguardar los derechos garantizados por la Carta Fundamental, mas no se halla en situación de definir, ni pretende hacerlo, cómo es que ello debe ser cumplido por las autoridades competentes, pues el bosquejo y delineación de las políticas públicas, así como la definición y el empleo del presupuesto correlativo, compete en exclusiva a estas últimas.

En otras palabras, esta Corte debe velar, en esta sede de protección, por la efectiva realización de los derechos garantizados por el Constituyente, aludidos en el artículo 20 de la Carta Política, estándole vedado determinar de qué modo las autoridades recurridas habrá de concretar el mandato contenido en el fallo que al efecto pronuncie.”

NOVENO: Que entrando en materia, ha de decirse que al existir un procedimiento regulado para la incorporación al financiamiento público de estos tratamientos de alto costo, como se ha demostrado latamente en el informe del Ministerio de Salud acompañado al efecto, ello garantiza la razonabilidad que impera en este tipo de decisiones que pertenecen al ámbito de la planificación sanitaria y cuya priorización resulta necesaria para el cumplimiento de los fines de la política pública en materia de salud.

DÉCIMO: Que de esta manera, la respuesta de las instituciones de salud no puede considerarse ilegal ni arbitraria, al haberse seguido el procedimiento correspondiente para esta patología garantizada en el sistema GES, que contemplaba la evaluación de la factibilidad del Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, por parte de un Comité Técnico Asesor; comité que efectivamente analizó su procedencia y lo hizo además, conforme un estándar previamente establecido por la autoridad de salud, denominado “Protocolo Clínico Indicaciones de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (Tph) en Adultos”, actualizado al año 2021, conforme al cual los expertos convocados para esta evaluación concluyeron que el recurrente no tiene indicación de TPH autólogo en el Protocolo Nacional Vigente; procedimiento y pronunciamiento técnico de la autoridad sanitaria que no puede ser sustituido por el de esta Corte, menos aún atendida la naturaleza sumarísima de la acción de protección, que carece de períodos de discusión y prueba y, por ende, no permite asentar con un grado de certeza razonable una decisión diferente a la adoptada conforme a la lex artis médica, en tales circunstancias.

DÉCIMO PRIMERO: Que no obstante lo anterior, en el caso concreto, la decisión del Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, aparece a lo menos, en lo formal, sólo parcialmente fundada, toda vez que sólo consigna una conclusión “El Comité Técnico Asesor resuelve que NO tiene indicación de TPH autólogo en el Protocolo Nacional Vigente.”, la que por sí misma no explica las razones de la decisión a que se arriba; máxime si revisado el referido Protocolo, el cuadro resumen (tabla Nº2), en que se especifica -según patología y estado de avance de la enfermedad- la recomendación por tipo de trasplante, aparece para el “Mieloma múltiple (MM). En remisión completa o muy buena respuesta parcial”, la indicación de “Recomendable”, situación en que aparece se encontraba el paciente según se señala en los antecedentes proporcionados por la recurrida en su informe, que señala: “actualmente se señala que el recurrente ha completado cuatro ciclos de quimioterapia VTD más radioterapia, a lo cual según el informe médico ha logrado una buena respuesta.”.

De lo anterior, no cabe sino colegir que la decisión del Comité no se refiere a la procedencia del tratamiento para este tipo de enfermedad, “Mieloma múltiple (MM). En remisión completa o muy buena respuesta parcial”, sino a alguna de las otras consideraciones que se toman en cuenta en la evaluación pero que no especifica, tales como las condiciones sobre el estado de avance de la enfermedad o los otros factores que establece el protocolo, como la escala de riesgo (Tabla 3), las tablas de mortalidad y sobrevida (Tablas 4 y 5) u otros factores condicionales (Tabla 6), de los cuales nada dice el informe elaborado para el caso del recurrente.

DÉCIMO SEGUNDO: Que así las cosas, lleva razón el recurrente en cuanto la decisión informada por el Comité Asesor le impide comprender adecuadamente sus fundamentos, siendo que por otra parte, el informe del Ministerio de Salud tampoco nada dilucida al respecto, pues si bien su extenso informe se explaya sobre la regulación del el sistema de prestaciones de salud para este tipo de patologías de alto costo, en cuanto el caso del recurrente se limita a refrendar el informe del Comité Técnico Asesor, sin ofrecer mayor información ni abordar el cuestionamiento preciso del recurrente sobre su falta de fundamentación, ni hacerse cargo de la solicitud de información solicitada por el recurrente por la vía formal de la consulta en la Oficina de Informaciones y Reclamos del Ministerio, la que no aparece tramitada en los plazos legales, todo lo cual hace devenir la actuación, en principio legal, en arbitraria, atendida su deficiente fundamentación.

DÉCIMO TERCERO: Que por otra parte, ha de ponderarse que el informe del Ministerio de Salud consigna que “…teniendo a la vista los documentos acompañados por el recurrente se podría solicitar una reevaluación al Comité Técnico Asesor, el cual tomará en cuenta los antecedentes que se aporten pudiendo además solicitar otros exámenes, los que deben estar vigentes y considerará los criterios establecidos en el protocolo vigente.” (página 11) y en su informe complementario: “…que a la fecha no ha sido solicitada una reevaluación ni se tienen antecedentes clínicos actualizados.”, de forma tal que la reevaluación del paciente es una alternativa posible, según da cuenta la misma autoridad sanitaria, lo que se tendrá en cuanta al dictar la decisión, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Ministerio de Salud, sólo en cuanto el Comité Técnico Asesor para la revisión de casos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) adulto, deberá revaluar en el menor plazo posible, la factibilidad del recurrente para optar al trasplante que se trata y la decisión resultante deberá ser debidamente fundada.

Acordada contra el voto del Ministro señor Balmaceda, quien fue de opinión de rechazar el recurso, teniendo en consideración para ello las razones expuestas en los fundamentos Noveno y Décimo de la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Luis Hernández Olmedo.

Rol N° 23117-2024 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz e integrada, además, la ministra (S) señora Paola Díaz Urtubia y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo. No firma la ministra (S) señora Díaz, quien concurrió a la firma a de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.