nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SALUD

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparecen los abogados Eduardo David Ramos Armijo y Abraham Mikhael Simón Jury, quienes interponen recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, solicitando a esta Corte que declare ilegal y/o arbitrario el acto consistente en la Resolución Exenta NºR-01-UJU-72211-2024 de 6 de mayo de 2024, que desconoce el origen laboral de las enfermedades contraídas por Covid-19, estimando que esta última circunstancia transgrede las garantías constitucionales que los numerales 1°, 18° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República reconocen al actor.

Señalan que, en abril de 2020, el recurrente, se contagió de COVID-19 en su lugar de trabajo, lo que le dejó una serie de secuelas, incluyendo asma bronquial leve reactiva a la infección por COVID-19, síndrome de apnea obstructiva del sueño, vasculitis leucocitoplástica, neuralgia del trigémino y taquicardia supraventricular.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2022, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) rechazó la cobertura del Seguro Social contra Riesgos Profesionales, derivando al recurrente al régimen de salud común. A lo anterior, el recurrente presentó un reclamo ante la entidad recurrida, la cual, mediante Resolución Exenta N°R-01-UJU-63181-2023 de 11 de mayo de 2023, calificó la patología de COVID-19 como de origen laboral. Esta decisión fue ratificada en sucesivos pronunciamientos que rechazaron los recursos administrativos de reposición y revisión presentados por el IST (Resolución Exenta N°R-01-S-103370-2023 de 7 de agosto de 2023 y Resolución Exenta N°R-01-F-00840-2024 de 3 de enero de 2024).

Sin perjuicio y ante la negativa del IST, el recurrente acudió nuevamente a la SUSESO, solicitando la revisión de las prestaciones brindadas. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N°R-01-UJU-72211-2024 de 6 de mayo de 2024, la Superintendencia aprobó lo obrado por el IST, desconociendo el origen laboral de las enfermedades mencionadas.

Luego, el 30 de mayo de 2024, la Subcomisión Poniente del COMPIN fijó un 27,5% de incapacidad por "Asma Bronquial Leve Reactiva a Infección por COVID-19 en Tratamiento".

El recurrente interpuso un recurso de reposición contra la Resolución Exenta N° R-01-UJU-72211-2024, el cual fue rechazado mediante Resolución Exenta N° R-01-S-165160-2024 de 22 de octubre de 2024, ratificando lo obrado por el IST.

Alegan que la SUSESO actuó de manera ilegal y arbitraria al desconocer el origen laboral de las enfermedades del recurrente, lo que resultó en una disminución del porcentaje de incapacidad y, por ende, en un menor monto de la pensión que le corresponde, y que, no realizó los peritajes correspondientes ni citó al recurrente para evaluar su condición, rechazando sus recursos de manera unilateral y sin fundamentación suficiente.

Sobre las garantías constitucionales vulneradas, los abogados recurrentes sostienen que el actuar de la SUSESO afectó gravemente la integridad psíquica del recurrente, generándole un perjuicio económico y emocional al no reconocer el origen laboral de sus enfermedades.

Alega que, al tratar las enfermedades como de origen común, la SUSESO disminuyó el porcentaje de incapacidad laboral del recurrente, impidiéndole acceder a la cobertura del Seguro Social contra Riesgos Profesionales y causándole un grave perjuicio económico.

Al mismo tiempo, la recurrida vulneró el derecho a la seguridad social del recurrente, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22).

Finalmente, solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar de la SUSESO y se ordene reconocer las enfermedades mencionadas como de origen laboral y que se actualice el porcentaje de discapacidad del recurrente, asegurándole el monto de la pensión que realmente le corresponde.

Segundo: Que, evacuó informe el abogado don Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien solicitó el íntegro rechazo del presente recurso de protección.

Indica, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, toda vez que fue interpuesto fuera del plazo fatal de 30 días corridos establecido en el artículo 20 de la Constitución y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Alega que el recurrente tenía conocimiento cierto del acto que reclama desde el 18 de enero de 2023, fecha en que presentó su primer reclamo ante la SUSESO. Sin embargo, el recurso de protección fue interpuesto el 21 de noviembre de 2024, más de un año y medio después, lo que lo hace extemporáneo.

En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso, toda vez que la SUSESO argumenta que el recurso de protección tiene un carácter cautelar y no puede ser utilizado como una acción subsidiaria de otros recursos administrativos. El recurrente optó por agotar las vías administrativas antes de acudir a la acción de protección, lo que no es necesario según el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al fondo, la SUSESO tiene la facultad de fiscalizar y resolver reclamos relacionados con el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por la Ley N° 16.744. En este caso, actuó dentro de sus competencias al revisar los antecedentes médicos y laborales del recurrente y determinar que las enfermedades mencionadas no eran secuelas del COVID-19 y, por tanto, no eran de origen laboral.

Sostiene que según el artículo 7° de la Ley N° 16.744, una enfermedad profesional es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo. En este caso, la SUSESO determinó que no existía una relación directa entre las enfermedades del recurrente y su trabajo, por lo que no podían ser calificadas como profesionales.

Argumenta que no se vulneraron los derechos a la vida, integridad física y psíquica (artículo 19 N°1 de la Constitución) ni el derecho de propiedad (artículo 19 N°24), ya que las decisiones adoptadas se basaron en un análisis técnico y legal de los antecedentes médicos y laborales del recurrente. Además, el recurso de protección no es el medio adecuado para discutir la calificación de una enfermedad como profesional o común, ya que esta materia excede el ámbito cautelar de la acción de protección y debe ser resuelta en un procedimiento declarativo ante los tribunales competentes.

Cita profusa jurisprudencia.

Finalmente, solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Como se desprende del recurso e informe evacuado por la recurrida, el acto que motiva la presente acción constitucional es la Resolución Exenta N° R-01-S-165160-2024 de 22 de octubre de 2024, dictada por la SUSESO, que rechazó el recurso de reconsideración deducido por el recurrente en contra la Resolución Exenta N° R-01-UJU-72211-2024 de 6 de mayo de 2024, mediante la cual ese organismo aprobó lo obrado por el IST, en cuanto a considerar el origen laboral de las enfermedades mencionadas.

Quinto: En lo que concierne a la extemporaneidad del arbitrio, primera alegación de lo recurrido, cabe consignar que este se dedujo el 21 de noviembre de 2024, esto es dentro de plazo legal, toda vez que dicho término debe contarse desde el 22 de octubre de 2024, que corresponde a la fecha en que la SUSESO se pronunció, mediante la resolución impugnada, sobre el recurso de reconsideración interpuesto en contra de una anterior resolución emitida por esa institución relativa al reclamo del actor por una decisión del IST contraria a sus intereses.

Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, en lo que se refiere al fondo del recurso, la resolución impugnada no es ilegal ni arbitraria.

No es ilegal, porque la SUSESO, al pronunciarse sobre el reclamo del recurrente, lo hizo en uso de la atribución que le confiere el artículo 2° letra c) de la Ley N° 16.395, sobre organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, en relación con los artículos 12 y 77 de la Ley N° 16.744, sobre seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En efecto, la primera de las disposiciones citadas establece que entre las funciones de la SUSESO, está la de: “Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

A su vez, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

Por último, los dos primeros incisos del artículo 77 de la Ley 16.744: “Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso”.

De las normas precitadas se puede colegir que la SUSESO, al pronunciarse sobre el reclamo -y sobre la reconsideración de esa decisión- presentaciones efectuadas por el recurrente, lo ha hecho en uso de atribuciones legales que le son propias, no solo porque es competente legalmente para ello, sino porque el contenido de esas solicitudes corresponde a materias vinculadas con la seguridad social, aspecto directamente relacionado con la fiscalización que ejerce la recurrida.

En lo que concierne a la legalidad de la resolución impugnada, basta detenerse en los considerandos de esta para colegir que se encuentra suficientemente fundada, ya que -como puede apreciarse de su lectura- la SUSESO fundó su decisión en opiniones médicas que concluyeron que las patologías que presentada el recurrente no provenían del Covid-19, sino que tenían un origen distinto, lo que debía calificarse como una enfermedad común.

Por lo mismo, tampoco puede calificarse lo resuelto por la SUSESO como un acto arbitrario, ya que ambas decisiones administrativas se encuentran debidamente fundadas, lo que aleja toda posibilidad de un capricho o improvisación.

Asimismo, el cambio de criterio que adoptó la SUSESO en relación con resoluciones anteriores se debe a que después de esos dictámenes hubo una investigación médica sobre el real origen de las patologías que presentaba el actor, determinándose que no provenían del Covid-19.

Séptimo: Por último, sin perjuicio de lo antes manifestado, y a mayor abundamiento, los derechos que el actor pide le sean tutelados no pueden abordarse a través del presente recurso, toda vez que su resolución requiere de un procedimiento de lato conocimiento, como es el contemplado en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Octavo: En consecuencia, al no revestir el acto recurrido el carácter de ilegal o arbitrario, el recurso debe ser rechazado, siendo inoficioso ponderar las eventuales garantías fundamentales que se estiman conculcadas por el actor.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-23101-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.