Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, trece de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Franco Brunetti Arredondo, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de 23 de septiembre de 2025, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, acto que estima ilegal y arbitrario por vulnerar las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley y el debido proceso, este último en relación con el principio de irretroactividad de la ley y de proporcionalidad de los actos jurídicos.

Expone que es ciudadano venezolano, que se vio forzado a escapar de Venezuela debido a la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos que han perturbado gravemente el orden público en su país de origen. Señala que su salida de Venezuela tuvo lugar el 1 de agosto de 2023 y su arribo a Chile se realizó el 9 de agosto del mismo año, ingresando por pasos no habilitados.

Indica que, una vez en Chile, el 9 de julio de 2025, acudió a la Oficina del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en la que se le facilitó el formulario correspondiente, procediendo a su llenado y entrega, y recibiéndose su declaración.

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, el 23 de septiembre de 2025, recibió la Resolución Exenta N° NUM000, que lo tuvo por desistido de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Sostiene que la resolución exenta argumenta el desistimiento por: 1) exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG y 2) mantener ingreso al país por paso no habilitado y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos.

Afirma que realizó la correspondiente subsanación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 20 de septiembre de 2025, por lo que el argumento esgrimido por la autoridad carece de validez. Argumenta que no ha habido desistimiento efectivo, ya que no manifestó de manera expresa su intención de abandonar la pretensión, y que tampoco se puede inferir un desistimiento tácito al no existir norma legal que lo consagre, citando jurisprudencia que exige un desistimiento "individual, expreso y voluntario" conforme al artículo 52 del Decreto N° 837.

Sostiene que la resolución recurrida vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos y el principio de irretroactividad de la ley y las sanciones (artículo 19 N° 3, inciso séptimo, de la Constitución Política), al desconocer la situación humanitaria del recurrente y las amenazas sufridas en su país natal por parte de agrupaciones delictuales. Además, acusa la omisión de otorgarle la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, citando jurisprudencia que ordena la concesión inmediata de dicha visa una vez presentada la solicitud. Concluye que la actuación importa una discriminación que vulnera la garantía de igualdad ante la ley.

Solicita se declare ilegal y arbitrario el acto recurrido, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, ordenando a la recurrida continuar con la correcta tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

Segundo: Que, evacuan informe los abogados Natacha Arancibia Riquelme y Antonio Beltrán Henríquez, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a la autoridad administrativa.

Exponen que el recurrente don nombre reservado no registra fecha de ingreso al territorio nacional en sus sistemas, lo que necesariamente da cuenta de un ingreso clandestino. Indican que el 9 de julio de 2025, el extranjero solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado. En la entrevista de admisibilidad del 29 de agosto de 2025, el recurrente declaró haber ingresado por paso no habilitado el 9 de agosto de 2023 y que los motivos para solicitar refugio eran "porque busco la posibilidad de poder regularizar mi situación migratoria y poder obtener documentación", sin adjuntar medios probatorios que acreditaran sus dichos, circunstancias que no constituyen causales del artículo 2 de la Ley N° 20.430.

Refieren que mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 29 de agosto de 2025, el Servicio informó que no era posible dar curso a la solicitud por no cumplir requisitos formales: 1) exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG (artículo 26 Ley N° 20.430); y 2) mantener ingreso por paso no habilitado y no presentar antecedentes para acreditar cumplimiento de los plazos del artículo 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837 (artículo 26 N° 5 Ley N° 20.430). Se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

Afirman que el extranjero no evacuó descargo alguno dentro del plazo. Por lo anterior, se emitió la Resolución Exenta N° NUM000, de 23 de septiembre de 2025, teniéndolo por desistido de la solicitud de refugio por no cumplir los requisitos formales. Agregan que el recurrente interpuso un recurso administrativo el 29 de septiembre de 2025, el que se encuentra en análisis, y que no se ha dictado sanción migratoria alguna en su contra.

Sostienen la falta de legitimación activa del recurrente para acudir a la vía judicial por aplicación del artículo 54 de la Ley N° 19.880, ya que existe un recurso administrativo pendiente con el mismo objeto. Asimismo, la improcedencia de la acción de protección al no existir un acto firme que vulnere garantías, dado que el recurso administrativo tiene efecto suspensivo (artículo 140 Ley N° 21.325). Indican que la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, modificó la Ley N° 20.430, estableciendo nuevos requisitos y una etapa inicial para el procedimiento de refugio, siendo aplicable a la solicitud del recurrente. Argumentan que el recurrente no cumplió los requisitos de forma y oportunidad (plazo de 7 días, o 10 días para ingreso irregular) ni de fundamentación mínima, ya que sus motivos no se encuadran en el artículo 2 de la Ley N° 20.430. Finalizan señalando que el artículo 32 de la Ley N° 20.430 (posterior a la Ley N° 21.655) establece que la visa temporaria se otorga "una vez acogida a trámite la solicitud", lo que no sucedió en este caso. Por todo ello, no existe vulneración de garantías constitucionales, habiendo actuado la autoridad con estricto apego a la legalidad.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el recurrente nombre reservado ingresó al territorio nacional por paso no habilitado el 9 de agosto de 2023. Posteriormente, con fecha 9 de julio de 2025, formalizó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones. En la entrevista de admisibilidad, realizada el 29 de agosto de 2025, expuso que los motivos por los cuales solicitaba la condición de refugiado eran "porque busco la posibilidad de poder regularizar mi situación migratoria y poder obtener documentación".

Mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 29 de agosto de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones informó al recurrente que no era posible dar curso a su solicitud por no cumplir requisitos formales, específicamente, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG (artículo 26 Ley N° 20.430) y por mantener ingreso por paso no habilitado sin presentar antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837. Se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para subsanar tales situaciones, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

Finalmente, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 23 de septiembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, fundamentando que no presentó antecedentes para subsanar los requisitos formales faltantes, conforme consta en el considerando 5° de dicha resolución.

Quinto: Que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado principalmente en la Ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados, en su Reglamento contenido en el Decreto N° 837 del Ministerio del Interior, y en las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, que estableció una etapa inicial del procedimiento. Conforme a estas normas, toda persona que se encuentre dentro del territorio nacional puede solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, debiendo someterse al procedimiento administrativo y cumplir con los requisitos que la misma normativa establece.

Sexto: Que el artículo 2° de la Ley N° 20.430 establece las hipótesis en virtud de las cuales una persona puede ser reconocida como refugiada, señalando que tendrán derecho a dicho reconocimiento quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera de su país de nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de éste; o bien, quienes hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la agresión extranjera, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público de dicho país. En concordancia con lo anterior, el artículo 2° del Reglamento de la Ley N° 20.430 reproduce tales hipótesis y establece que sólo procederá reconocer la condición de refugiado cuando el solicitante se encuentre en alguna de dichas situaciones.

Séptimo: Que, la Ley N° 20.430, en su artículo 26 (modificado por la Ley N° 21.655), establece plazos y requisitos para la presentación de la solicitud, indicando que debe presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones y, al ingresar al territorio nacional, los extranjeros deberán informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención de solicitar refugio. En el numeral 5 del mismo artículo, se exige que, en caso de ingreso irregular, se deberán cumplir los requisitos y plazos fijados en esta ley. A su vez, los artículos 6°, 8° y 35° del Reglamento (Decreto N° 837) disponen que aquellos extranjeros que ingresen de manera clandestina o cuya residencia fuese irregular y deseen formalizar su solicitud, deberán presentarse ante la autoridad competente (Policía de Investigaciones) dentro del término de 10 días siguientes a la infracción migratoria.

Asimismo, el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 faculta expresamente a la autoridad administrativa para evaluar si la solicitud cumple los requisitos formales y si es "manifiestamente infundada" por no guardar relación con los motivos establecidos en el artículo 2°. El mismo artículo 28 bis y el artículo 28 ter contemplan la posibilidad de requerir subsanación de los requisitos formales, otorgando un plazo de quince días hábiles, y advirtiendo que, de no cumplir, la solicitud se tendrá por desistida.

Octavo: Que, en la especie, del examen de los antecedentes aparece que el recurrente ingresó al territorio nacional el 9 de agosto de 2023 por un paso no habilitado y presentó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 9 de julio de 2025.

Esto implica que el recurrente excedió con creces el plazo de 7 días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, y tampoco acreditó haber cumplido con el plazo de 10 días para presentarse ante la autoridad contralora de fronteras por su ingreso irregular, conforme a los artículos 8° y 35° del Reglamento.

Además, los motivos esgrimidos por el recurrente en su entrevista de admisibilidad para solicitar refugio se limitan a la intención de "regularizar mi situación migratoria y poder obtener documentación", lo cual no se encuadra dentro de las causales de persecución o amenaza a la vida, seguridad o libertad por violencia generalizada que establece taxativamente el artículo 2° de la Ley N° 20.430, haciendo que su solicitud aparezca manifiestamente infundada.

Noveno: Que, la autoridad recurrida, frente al incumplimiento de los requisitos formales y la falta de concordancia de los motivos con las causales legales, dictó la Resolución Exenta N° NUM001, de 29 de agosto de 2025, requiriendo al recurrente la subsanación de los incumplimientos formales en un plazo de 15 días hábiles. Al no haberse subsanado los requisitos dentro del plazo conferido, según lo afirmado por la propia Resolución Exenta N° NUM000 en su considerando 5°, el Servicio Nacional de Migraciones procedió a tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Esta actuación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 26, 28 bis y 28 ter de la Ley N° 20.430, así como al artículo 31 de la Ley N° 19.880, que facultan a la administración para declarar el desistimiento de una solicitud que no cumple con los requisitos formales tras un requerimiento de subsanación.

Décimo: Que, si bien el recurrente alega haber realizado una subsanación el 20 de septiembre de 2025, la Resolución Exenta N° NUM000, impugnada en este recurso, fue dictada precisamente el 23 de septiembre de 2025, tres días después de la aludida presentación, y expresa categóricamente en su considerando 5° que "la persona interesada no presentó antecedentes que permitieran subsanar la falta". Esta constatación desvirtúa la alegación del recurrente sobre una subsanación efectiva y en tiempo, constituyendo la base del acto administrativo recurrido.

Undécimo: Que, en cuanto a la falta de otorgamiento de la visación de residente temporario, el artículo 32 de la Ley N° 20.430 (modificado por la Ley N° 21.655) establece que esta se extenderá "una vez acogida a trámite la solicitud". Dado que el requerimiento del recurrente no fue acogido a trámite, al haber sido declarado desistido por incumplimiento de requisitos formales y por ser manifiestamente infundado, la condición para la emisión de la visación temporaria no se configuró. Por ende, la omisión del Servicio de otorgar dicha visación no puede ser calificada como ilegal o arbitraria.

Duodécimo: Que, en consecuencia, atendido que la actuación administrativa impugnada se ajusta al procedimiento y a las disposiciones legales que rigen este asunto, no configurándose las vulneraciones de garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Décimo tercero: Que, sin perjuicio de lo antes razonado, no es posible soslayar que los motivos esgrimidos por el recurrente para ingresar a Chile y buscar regularización migratoria pueden resultar atendibles, sin embargo, la vía para regularizar su situación migratoria no es la elegida, pues, como se dijo, no se está comprendida en alguna de las hipótesis que el legislador ha previsto para acceder a la condición de refugiado, existiendo otras alternativas más congruentes con su situación particular.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-23086-2025.