Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, uno de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la abogada Carla Villalobos Fernández en nombre de nombre reservado], contadora, domiciliadas en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por nombre reservado, domiciliadas en domicilio reservado. Sostiene la afectación ilegal, arbitraria y lesiva de los derechos consagrados en el artículo 19 N°s 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, a causa del rechazo -por reposo injustificado- de las licencias N°s NUM000 de 14 de mayo de 2025 y NUM001 de 13 de junio de ese año, mediante resolución exenta N°NUM002 de 21 de septiembre de 2025 y resolución N°NUM003 del 24 de dicho mes y año. Acusa la falta de fundamentación de estos actos administrativos junto con la vulneración del principio de legalidad al invertir la carga probatoria en contravención al artículo 10 de la Ley N°20.585.

Explicita la emisión de las licencias por el episodio depresivo severo con intento autolítico de alta letalidad de 17 de julio de 2024 en dependencias laborales, causante de lesiones físicas gravísimas en la tráquea con shock hipovolémico, en nervios y tendones de ambas muñecas, cuyo tratamiento requirió hospitalización y múltiples cirugías. Se extendieron especialmente para atender el posoperatorio de la cirugía realizada el 24 de marzo de 2025 en la mano dominante (derecha) y para corregir una secuela neurológica severa de la lesión inicial (ausencia de activación de oponente del pulgar), diagnosticada el 17 de febrero de ese año; por lo que el reintegro laboral constituyó una contraindicación.

Reprocha la falta de ponderación de una incapacidad física, objetiva, quirúrgica y contemporánea determinada por la psiquiatra tratante nombre reservado.

Pide se reestablezca el derecho por esta Corte, mediante la orden de dejar sin efecto las resoluciones reprochadas, junto con disponer la autorización y pago de los subsidios correspondientes.

Segundo: Que se informa y pide el rechazo con costas del recurso por la superintendencia recurrida, dada la ausencia de acción respecto del artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República y, porque - como ya se le comunicó a la persona interesada- según el peritaje médico-psiquiátrico realizado el 27 de junio de 2025 por Hernán de la nombre reservado, se concluyó: “compromiso funcional leve, y reposo evaluado se estima excesivo para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere concordando con evaluación médica anterior, desde previo inicio de esta LM evaluada. Considerando rasgos sugerentes de TDP, debe privilegiarse la exposición social para evitar fracaso de tratamiento” – resulta ajustada la fundamentación del obrar administrativo reprochado en cuanto explicitó: “Presenta 240 días aprobados previos. Presenta dos informes uno de traumatólogo donde describe lesión de nervio mediano bilateral y otro emitido por psiquiatra donde describe episodio depresivo severo con intento autolítico grave. No describe fecha del evento como tampoco justifica la mantención del reposo médico luego de más de 240 días aprobados previos. Sin elementos dirigidos al reintegro laboral. impresiona reposo no cumpliendo un fin terapéutico”. Se destaca no acogerse la persona interesada a dispositivos de mayor complejidad, ni informe de refractariedad, farmacología ni activación de garantías explícitas en salud. En consecuencia, se asegura obró conforme a los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984 del Ministerio de Salud, 3° y 4° del Decreto Supremo N°7 de 2013, 16 del Reglamento de Licencias Médicas, como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, de la Ley Nº19.880.

Por su parte, se informa y pide el rechazo del recurso por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, pues su decisión se fundó -entre otros antecedentes-, en el peritaje médico- psiquiátrico de nombre reservado, que concluyó “compromiso funcional leve, y reposo evaluado se estima prolongado para la mejoría del cuadro, por lo que sugiero reintegro laboral antes iniciada licencia médica en evaluación. Considerando rasgos sugerentes de TDP, debe privilegiarse la exposición social para evitar fracaso de tratamiento”. Se afirma respecto de su obrar cuestionado, la sujeción a los artículos 4 del Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas, y 14 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional.

Tercero: Que, en lo relativo a la improcedencia del recurso, sobre la base que la garantía constitucional invocada, referida a que la seguridad social no está amparada por la acción ejercida, tal argumento carece de fundamento, en atención a que este Tribunal, dado el ámbito de la acción ejercida, tiene la capacidad de identificar la vulneración de otras garantías establecidas en el artículo 20 de la Constitución, teniendo para ello en consideración la naturaleza desformalizada de la acción. En efecto, el análisis del caso revela que el rechazo del pago de las licencias médicas se enlaza con otras garantías, referidas tanto al patrimonio como a la integridad psíquica de la persona que acciona, derechos que están protegidos por la norma constitucional mencionada, lo que conduce al rechazo de esta alegación.

Cuarto: Que, en relación con el fondo de la acción deducida, para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoque la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio, exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que del mérito de los antecedentes referidos, se desprende que la resolución exenta que mantuvo el rechazo de las licencias médicas de que se trata, no ha sido suficientemente fundada, desde que, si bien se informa una situación de salud de larga data, al mismo tiempo destaca la existencia de un evento que hizo necesarias diversas cirugías, en la especie, la realizada el 24 de marzo de 2025, cuya recuperación conlleva connaturales padecimientos psíquicos que intentaron abordarse -en parte-, a través del reposo prescrito mediante las licencias en cuestión.

Que, de los antecedentes aportados al proceso, especialmente del informe evacuado por CETEP, aparece que a la época en que aquél se evacuó, la recurrente estaba desarrollando terapia psicológica semanal, que luego redujo a quincenal, con acuerdo de la terapeuta. Asimismo, se advierte que la peritada mantenía una alta ingesta de medicamentos para tratar su condición psiquiátrica, aunque se echó de menos su ajuste desde agosto de 2024, lo que llevó al médico informante a estimar insuficiente el tratamiento que estaba recibiendo, datos que parcialmente se plasman en la resolución que se cuestiona, de modo que la fundamentación esgrimida en la resolución en estudio, no encuentra respaldo suficiente en el expediente médico.

Por otra parte, en la conclusión de los peritajes, se reconoce que la trabajadora presenta una limitación funcional mano derecha, por lesión tendinea recientemente operada y a esa época en rehabilitación kinésica, que presentaba duelos no elaborados, amén de constatar también que la situación derivada de las exigencias propias del cargo que desempeñaba la paciente estaría remitido por el reposo prolongado, reconociendo la existencia de sintomatología ansiosa depresiva en remisión, pero omitiendo el hecho que el reintegro laboral completo al lugar donde la peritada intentó suicidarse puede tener un impacto negativo en su mejoría. En este sentido, se echa de menos en los peritajes, la precisión en torno al impacto psiquiátrico que puedan tener las limitaciones funcionales de la trabajadora, así como en el retorno al lugar donde antes decidió terminar con su vida, estimándose insuficiente la sola conclusión de que sea necesario privilegiar “la exposición social para evitar fracaso de tratamiento”, por constatarse rasgos sugerentes de TDP.

Séptimo: Que constatado lo anterior y existiendo información incoherente, no es posible afirmar que la resolución cuestionada satisfaga el estándar mínimo necesario de fundamentación que permita excluir la vulneración de garantías constituciones relacionadas con la integridad física y psíquica de la recurrente, amén de la patrimonial, al margen del solo argumento de ser muy extenso el tiempo que lleva en reposo.

Debido a lo expresado, se accederá al recurso, pero sólo para obtener la información técnica idónea que permita a las recurridas revisar en forma íntegra la situación de la afectada, dictando la resolución que en derecho corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que, se rechaza la petición de declarar improcedente el recurso y se acoge, sin costas, el recurso de protección, ordenando a las recurridas practicar peritaje médico a la recurrente con todos los antecedentes clínicos y de cirugía pendiente, para que se proceda en consecuencia a dictar la resolución que se ajuste al caso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°23043-2025 Protección.

Pronunciada por la Decimotercera (zoom) Sala, integrada por los Ministros señora Carolina Vásquez Acevedo, señora Claudia Lazen Manzur y el Ministro (S) señora Andrea Paola Soler Merino.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, uno de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.