nombre reservado con CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION

Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, administrativo, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Consejo Nacional de Televisión, representado por su presidente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que se ha incurrido en actos que afectan sus derechos garantizados en la Constitución.

Manifiesta que el recurrido ha decidido no renovar su “contrata” con fecha 1 de marzo de 2017, lo que le fue notificado con fecha 6 de marzo de 2017, encontrándose con licencia médica, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, de propiedad, y de seguridad de las garantías.

Señala que la recurrente ha sido funcionaria del Consejo Nacional de Televisión desde el año 2014, desempeñándose como secretaria administrativa, siendo calificada en lista 1, como una eficiente y destacada funcionaria, agregando que desde el año 2015 su estado de salud se vio paulatinamente deteriorado por un síndrome depresivo, que supo compatibilizar con su trabajo, cumpliendo con un alto nivel de servicio.

Indica que con fecha 11 de septiembre de 2015 hizo una presentación por escrito al Sr. nombre reservado señalándole que su enfermedad se habría desencadenado por conflictos con su jefatura directa, ello sumado a la enfermedad de su madre, quien falleció bajo sus cuidados, sufriendo por ello una descompensación que la ha mantenido con licencia médica prolongada.

Expone que la decisión de no renovar su contrato se debe a que padece de depresión mayor.

Respecto a la vulneración del derecho fundamental de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, señala que se ha materializado con la resolución de la recurrida de no renovar su contrato, ya que se han establecido diferencias arbitrarias a su respecto. Cita su inciso 2° que establece que ni “la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Indicó que se verifica esta vulneración en razón de que no puede obtener igual tratamiento práctico respecto de la aplicación del estatuto jurídico ya existente.

Argumenta algunas materias vinculadas a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, citando además su inciso 2°, refiriendo que se le habría impedido defenderse.

Referente al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 del mismo texto constitucional, señala que el acto es vulneratorio de esta garantía porque se le ha privado de su grado y de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Finalmente, señala que la seguridad de las garantías contempladas en el artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política de la República también se ve vulnerada, aunque no indica de qué manera.

Previas citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, solicita acoger la presente acción y, en términos genéricos, solicita restablecer el imperio del derecho y acompaña al recurso documentos fundantes de su acción.

Segundo: Que evacua informe por el recurrido don nombre reservado, Presidente del Consejo Nacional de Televisión, solicitando el rechazo de la presente acción.

En primer lugar, en relación al principio de igualdad ante la ley, el informante señala que se ha ejercido por el Presidente del Consejo Nacional de Televisión una atribución que le confieren el artículo 14 bis letra i) de la Ley Nº 18.838 y el artículo 151 de la Ley Nº 18.834, para declarar como incompatible la salud de la señora nombre reservado al haber hecho uso de seis o más meses de licencias médicas, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, por lo que no se ha vulnerado el derecho fundamental ya señalado. En función de ello, dictó la Resolución Exenta N° 86, de 1 de marzo de 2017, mediante la cual decide no renovar la designación a contrata de doña nombre reservado.

Expone que la recurrente presentó licencias médicas prolongadas y continuas que abarcan el período comprendido entre el 4 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2017, lo cual constituye el fundamento jurídico de la no renovación de su contrata.

Asimismo, señala que de acuerdo a lo declarado por la Asociación Chilena de Seguridad con fecha 29 de diciembre de 2016, la contingencia que afecta a la recurrente corresponde a una patología no cubierta por la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que no requiere reposo laboral, no habiendo en consecuencia tenido causa directa dicha enfermedad por la que se concedieron las licencias médicas en el ejercicio de las funciones propias del empleo.

Respecto al derecho de propiedad indica que el hecho de la designación de una función o cargo en la administración pública, no tiene por efecto jurídico que el nombramiento confiera derecho de dominio sobre el mismo, siendo en consecuencia ajeno a las normas de la concepción patrimonial que involucra el derecho de propiedad, existiendo además causa legal de desvinculación.

Por lo manifestado solicita el rechazo del presente recurso, con costas y acompaña documentos fundantes de sus alegaciones.

Tercero: Que, como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con la dictación de la Resolución Exenta N° 86, de 01 de marzo de 2017, del Presidente del Consejo Nacional de Televisión, mediante la cual éste decide no renovar la designación a contrata de doña nombre reservado, la que se había a su vez renovado por tres meses desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017, lo que le fue notificado con fecha 06 de marzo de 2017, vulnerando según la recurrente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, de propiedad, y de seguridad de las garantías.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Quinto: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados y si acaso es posible adoptar alguna medida de cautela coherente con la acción ejercida.

Sexto: Que, cabe expresar que, como se indica en la Causa N° 47240/2014 (Protección, Resolución Nº 1059607 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de Septiembre de 2014), considerando cuarto:

“Que al momento de decidir la cuestión planteada, esta Corte – tal como lo ha hecho en anteriores oportunidades- tiene presente, que el artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo, define “empleo a contrata” como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución; el artículo 10 del mismo cuerpo legal señala que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos” ; el 146 prescribe que el funcionario cesará en el cargo…”; esto es, alude a las normas que se contienen en la Ley N° 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, aplicables al personal de este órgano administrativo conforme se señala en forma expresa por el artículo 41 de la Ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

De este modo, debemos estarnos a las disposiciones del Estatuto Administrativo, en el texto refundido, coordinado y sistematizado fijado mediante el DFL N° 29, de 2016, del Ministerio de Hacienda, el que indica en algunas de sus disposiciones relevantes para resolver este conflicto:

“Artículo 3°.- Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente:

c) Empleo a contrata:

Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”

En lo que interesa para este recurso, no debe caber duda entonces que nos encontramos con un empleo que en esencia es de carácter transitorio.

“Artículo 10°.- Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.”

El carácter transitorio se expresa en que estos empleos a contrata duran, como máximo, hasta el 31 diciembre de cada año, pero en este caso duraba hasta el 31 de marzo de 2017.

“Artículo 146.- El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales:

c) Declaración de vacancia”.

“Artículo 150.- La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;

b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado;

c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 142, inciso final.”

“Artículo 151.- El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 110 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.”

Esto es, en este caso, pese a tratarse de un empleo a contrata que duraba hasta el 31 de marzo de 2017, el Jefe del Servicio le avisa -con 30 días de anticipación al cese- a la persona en favor de la cual se recurre, que su contrato no será renovado porque ha considerado que se reúne en la especie la hipótesis de hecho que contempla el artículo 151 antes transcrito como constitutiva de salud incompatible con el desempeño del cargo.

Séptimo: Que, en consecuencia, el acto administrativo que se reclama se ajusta plenamente a la legalidad, observándose que éste fue emitido encontrándose vigente una nueva licencia médica, lo que no es óbice para ello, en atención a que las órdenes de reposo no confieren inamovilidad en el empleo, por lo que no obstan al cese de labores de los empleados, en este caso el 31 de marzo de 2017, cuando respecto de ellos se produce, además, una causal legal de extinción de su desempeño, como aconteció en el caso que se analiza.

Octavo: Que, revisada la Resolución N° 86, de 01 de marzo de 2017, del Presidente del Consejo Nacional de Televisión, en cuanto a su pretendida arbitrariedad, en su parte considerativa se contienen las razones que llevan a la autoridad que emite el acto a adoptar la decisión de no renovar el empleo a contrata de una determinada funcionaria, indicándose que la condición de salud irrecuperable para el desempeño del cargo que se contempla en el artículo 151 del Estatuto Administrativo es la situación que concurre en este caso, lo que incide negativamente en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y continuidad de la función pública, contenidos en los artículos 3 y 5 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Noveno: Que, en función de lo que se expresa en el acto que se impugna, no es posible visualizar arbitrariedad, capricho, sinrazón alguna, que permita compartir los fundamentos del recurso, por lo que no encontrándonos frente a un acto ilegal o arbitrario, el presente recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado; en contra del Consejo Nacional de Televisión, representado por su presidente don nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

N°Protección-23.002-2017.

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