nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que con fecha 4 de febrero de 2025, comparece doña nombre reservado, en favor propio, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber dispuesto y ordenado a su empleador el descuento por planilla de parte de su remuneración mensual, en el marco del cobro de un crédito social originalmente contraído con otra Caja de Compensación, actuación que considera ilegal y arbitraria, por constituir un ejercicio de autotutela y un uso abusivo de las facultades que la ley confiere a dichas entidades, vulnerando con ello la garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 14 de enero de 2022, suscribió el pagaré N° 1380012664 en favor de la Caja de Compensación 18 de Septiembre, por un crédito social ascendente a $3.064.219, pagadero en 24 cuotas mensuales, pactándose, además, cláusula de aceleración y la facultad de efectuar descuentos por planilla a través del empleador. Señala que, producto de sus condiciones personales y económicas, incurrió en mora, lo que motivó que dicha Caja iniciara un juicio ejecutivo en su contra ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-18078-2023, la que actualmente se encuentra en etapa de discusión de excepciones.

Añade que, con posterioridad, se afilió a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, circunstancia en virtud de la cual el crédito pasó a tener la calidad de préstamo inter caja. En este contexto, sostiene que la recurrida decidió, de manera unilateral, oficiar a su empleador a fin de que realizara descuentos en su remuneración mensual para el cobro del crédito social adeudado, sin haberle comunicado previamente dicha decisión ni el monto a retener. Precisa que fue solo al revisar su liquidación de sueldo del mes de enero de 2025, el día 31 de dicho mes, que tomó conocimiento de un descuento ascendente a $174.039, efectuado por la recurrida.

Sobre la base de tales antecedentes, afirma que el proceder de la recurrida resulta ilegal y arbitrario por cuanto carece de fundamento en la forma y oportunidad en que se ejecuta, al no haber mediado notificación previa ni explicación del cálculo del monto descontado. Agrega que dicha actuación reviste especial gravedad desde que la Caja de Compensación 18 de Septiembre habría optado, por una parte, por judicializar el cobro total de la deuda, ejerciendo la cláusula de aceleración, y, por otra, por parte de la recurrida retomar el cobro extrajudicial mediante descuentos por planilla, configurándose —a su juicio— una situación de doble cobro.

Desde el punto de vista jurídico, sostiene que la recurrida ha efectuado un uso abusivo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, desconociendo que dicha facultad debe ejercerse de manera restrictiva y conforme a los principios constitucionales, especialmente cuando el acreedor ya ha optado por la vía judicial para obtener el pago de la obligación. Añade que el actuar impugnado importa un ejercicio de autotutela, proscrito por el ordenamiento jurídico, y que ha sido calificado reiteradamente como arbitrario por la jurisprudencia de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema en casos análogos.

Explica que la conducta denunciada vulnera directamente su derecho de propiedad sobre las remuneraciones, en cuanto se le priva y perturba de un bien incorporal de carácter patrimonial sin ley que lo autorice ni procedimiento previo, afectando además su legítima expectativa de percibir íntegramente su salario.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de descuento o retención en su remuneración, así como restituir las sumas ya descontadas y aquellas que pudieren descontarse durante la tramitación del recurso, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, al evacuar el informe requerido, solicita el rechazo del recurso por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario de su parte en relación con los descuentos reclamados por la recurrente, atendido que éstos se enmarcan en el cobro de un crédito social otorgado por Caja 18 de Septiembre bajo la modalidad “Inter cajas”, actuando su representada como entidad recaudadora por encargo, en los términos que expone.

En tal sentido, explica que, a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente denominado “Proyecto inter cajas”, la Caja acreedora —Caja 18 de Septiembre— solicitó a Caja Los Andes gestionar el descuento de cuotas del crédito social desde la remuneración de la recurrente, conforme a los compromisos contractuales y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, motivo por el cual ésta fue incorporada a las planillas de descuento remitidas al empleador. Agrega que, según su base de datos institucional, la recurrente registra cotizaciones como afiliada trabajadora de la empresa David del Curto S.A., y que en las nóminas de retenciones del mes de enero y febrero de 2025 se informó al empleador un descuento asociado a la cuenta [cuenta reservada] por un monto mensual de $174.099. Precisa, además, que el monto informado en enero fue recaudado el 10 de febrero de 2025 y será transferido a la Caja acreedora, mientras que el monto de febrero no se encuentra en poder de la recurrida.

Luego, desarrolla la naturaleza y funcionamiento del Proyecto inter cajas, señalando que se trata de un contrato de mandato y prestación de servicios celebrado por las Cajas con fecha 15 de abril de 2013, cuyo objeto es permitir a la Caja acreedora detectar deudores que han perdido la afiliación y acordar con la nueva Caja recaudadora la cobranza de cuotas morosas o vigentes. Refiere que dicho convenio se sustenta en el artículo 19 N°7 de la Ley 18.833, y que para la operación del sistema se contrató al prestador SINACOFI, conforme a instrucciones y circulares de la SUSESO. En este marco, sostiene que ha actuado como diputada para recibir el pago, al amparo de las reglas del mandato, invocando además los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, y destacando que el descuento extingue parcialmente la deuda y libera a la deudora hasta concurrencia del pago, por aplicación del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833.

Por estas razones, solicita que se tenga por evacuado el informe y, en su mérito, se rechace el recurso de protección deducido en contra de Caja Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario atribuible a ésta.

TERCERO: Que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, al evacuar su informe solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que el cobro del crédito social contratado por la actora se ha efectuado conforme a derecho y sin que exista actuación ilegal ni arbitraria. Al efecto, expone que el crédito —registrado bajo el folio 1380012664— se pactó el 14 de enero de 2022 por $3.064.219, pagadero en 24 cuotas, y que la recurrente cayó en mora desde la cuota vencida el 10 de octubre de 2022, motivo por el cual se activaron mecanismos de cobranza, incluida su incorporación al sistema de descuento por planilla previsto para operaciones morosas y, además, la deducción de demanda ejecutiva en la causa Rol C-18078-2023 del 2° Juzgado Civil de Santiago, en cumplimiento del Compendio de Normas aplicable, por resguardo del fondo social.

En tal sentido, la recurrida afirma que el cobro del crédito social obedece al cumplimiento de un mandato legal destinado al resguardo del fondo social, tratándose de una deuda vigente, exigible y no prescrita, cuya recaudación mediante descuentos por planilla conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833 resulta procedente y menos gravosa para la deudora que la ejecución forzada.

Luego, en cuanto a derecho, invoca que las Cajas son entidades de previsión social regidas por la Ley N°18.833; que el artículo 58 del Código del Trabajo impone al empleador la obligación de deducir obligaciones con instituciones de previsión; y que el artículo 22 de la Ley N°18.833 ordena que lo adeudado por crédito social debe ser deducido de la remuneración y se rige por las reglas de cobro de cotizaciones previsionales, complementado por el artículo 22 de la Ley N°17.322. Añade que la propia deudora otorgó mandato en el pagaré para que sus empleadores descuenten las cuotas, concluyendo que no se trata de autotutela, sino del ejercicio de un mecanismo legal de recaudación.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que - sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrime la actora en el presente recurso de protección- ha dispuesto el cese de los descuentos y la restitución a la recurrente de las sumas descontadas desde enero de 2025, solicitándole informar una cuenta bancaria para efectuar transferencia, de lo que se dará cuenta a esta Corte.

Por estas razones, pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar la acción constitucional.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, para resolver adecuadamente el asunto, es menester establecer los hechos pacíficos del proceso:

1) Existe una deuda por crédito social contraída por la recurrente con la CCAF 18 de Septiembre.

2) Dicha deuda fue judicializada por la acreedora en los autos Rol C-18078-2023 del 2º Juzgado Civil de Santiago.

3) Paralelamente a la existencia del juicio civil, se instruyeron y efectuaron descuentos por planilla a través de la Caja de Compensación Los Andes (vía inter cajas) en los meses de enero y febrero de 2025.

SEXTO: Que, la controversia jurídica radica en determinar si resulta lícito para una Caja de Compensación utilizar el mecanismo de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, cuando previamente ha optado por perseguir el cumplimiento de la obligación en sede judicial, ejerciendo la acción ejecutiva y acelerando la deuda.

De lo consignado precedentemente y del examen de los antecedentes, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 de manera ilegal y arbitraria.

SÉPTIMO: Que, en efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada en la causa Rol C-18.078-2023, del 2° Juzgado Civil de Santiago, la Caja de Compensación 18 de Septiembre aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida los descuentos censurados, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, más aún si de la simple revisión del expediente electrónico de ese juicio, consta que se acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, mediante sentencia firme y ejecutoriada, lo que da cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

OCTAVO: Que, si bien la CCAF 18 de Septiembre informó haber cesado los descuentos y consignado los montos retenidos, tal circunstancia, lejos de privar de objeto al recurso, importa un reconocimiento implícito de la ilegitimidad de su actuar inicial. La acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, y en este caso, ello se logra no solo con la devolución material del dinero —gestión que la recurrida realizó ante la inminencia del fallo—, sino con la declaración judicial de que la conducta desplegada vulneró las garantías constitucionales de la recurrente, otorgando certeza jurídica de que dicho mecanismo no podrá ser reactivado respecto de esta deuda mientras se mantenga judicializada.

NOVENO: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

DÉCIMO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

UNDÉCIMO: Que, habiendo la recurrida CCAF 18 de Septiembre consignado en la cuenta corriente del Tribunal la suma de $348.078 según consta en el certificado de folio 25, corresponde ordenar su giro inmediato a favor de la recurrente como medida de restitución, una vez solicitado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en consecuencia, se ordena a las recurridas:

I.- Abstenerse de solicitar o efectuar, por sí o a través de terceros, cualquier tipo de retención o descuento en las remuneraciones del recurrente por concepto del crédito social.

II. Efectuar la restitución al recurrente de todas las sumas indebidamente descontadas a la fecha, en un plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta sentencia, debiendo acreditar su cumplimiento ante esta Corte, y previa deducción de los montos cuya restitución ya haya sido efectivamente comprobada.

III.- Poner a disposición de la recurrente los montos consignados por la recurrida Caja de Compensación 18 de Septiembre, de conformidad a lo señalado en el considerando undécimo.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-2300-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.