nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES

Santiago, diecisiete de julio de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 1 don nombre reservado, administrativo, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de que mantienen la orden a su empleador para que le descuente ciertas sumas que no corresponde, afirmando que al hacerlo ha vulnerado sus garantías constitucionales contempladas en los números 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expresa que al recibir su sueldo mensual de parte de Comercial Madison S.A. se ha percatado que se le hace un descuento por Crédito de Caja de Compensación Los Andes de $ 48.234, que equivale a más del 10% de su remuneración, en circunstancias que desde que trabaja en la referida empresa no ha solicitado crédito alguno, ni otorgado mandato a su empleador ni facultado a nadie para realizar los referidos descuentos, relativos a una deuda cuyo monto total ignora, como asimismo la fecha en que se habría contraído, pudiendo estar prescrita. Señala que si existe algún cobro que formularle, la Caja debe hacerlo accionando en las formas legales pertinentes y no como lo ha hecho, amparándose en que el recurrente habría otorgado mandato a su empleador para que descuente de su remuneración un préstamo y señalándole que si no lo hace ello se equipara al no pago de cotizaciones previsionales.

Expresa que conforme al artículo 54 bis del Código del Trabajo, las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador, limitando a los casos y en las condiciones que enumera la posibilidad de descontar parte de ellas, lo que constituye una tutela legal y consagra su derecho de propiedad sobre dichas remuneraciones, que no puede alegar por vía de tutela laboral al tratarse la recurrida de un tercero ajeno a la relación laboral. Pide en consecuencia, por vía de protección, el cese de los descuentos que no ha autorizado y la restitución de los dineros descontados, con costas;

2°) Que a fs. 33 y siguientes, la C.C.A.F. de Los Andes informó sobre el recurso, expresando que con fecha 6 de julio de 2009 otorgó al recurrente un crédito social por un monto de $ 500.000, pagadero en 24 cuotas, cuyo primer vencimiento se fijó para septiembre de 2009 por un monto de $ 27.744, con una tasa de interés nominal mensual de 2%, operación de la cual el recurrente pagó las cuotas 1 a 13 mediante descuento de su remuneración a través de la empresa TEF Ltda., en tanto los descuentos correspondientes a las cuotas 14, 15 y 16 fueron realizados por la Empresa Comercial Madison.

Describe su situación legal en tanto corporación de derecho privado sin fines de lucro, destinada a administración de prestaciones de seguridad social, para lo cual obtiene recursos, principalmente, del denominado Fondo Social, en cuyo resguardo debe ejercer las acciones de cobranza respectivas, pues dicho Fondo se forma principalmente con las comisiones, reajustes e intereses de las operaciones de mutuo otorgadas en virtud del régimen de crédito social, lo que permite tanto el otorgamiento de nuevos beneficios como la mantención de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las Cajas. Afirma haber iniciado la cobranza en razón de lo antes expuesto y en virtud del incumplimiento en que ha incurrido el recurrente, quien firmó un pagaré en una de cuyas cláusulas otorgó mandato expresa o su actual empleador y futuro empleador o empleadores, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidios de incapacidad laboral, para que efectuar los descuentos que reclama.

A su vez, afirma tener obligación legal de ejecutar todas las acciones y prerrogativas que le franquea la ley para obtener el pago de las cuotas morosas de un crédito social, en resguardo del Fondo Social antes aludido, conforme dispone el artículo 22 de la ley 18.833 y 58 inciso primero del Código del Trabajo, por lo que el acto que se reclama no es ilegal ni arbitrario, sino que ha sido realizado en cumplimiento de la normativa legal, con conocimiento y aceptación del recurrente y cumpliendo a su vez el empleador con su propia obligación de efectuar materialmente el descuento y enterarlo en la entidad respectiva; esto último conforme, además, con la autorización que para ello se le confirió en la respectiva convención.

Por otra parte, agrega, no existe norma que prohíba el ejercicio simultáneo de las acciones de cobro del crédito y los descuentos ordenados por ley, lo que ha sido reconocido –dice- por la jurisprudencia que cita, de manera que no existe afectación del derecho de propiedad del recurrente pues él mismo dispuso de parte de su patrimonio al contraer la obligación en los términos que lo hizo, por lo que pide el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña copia simple de la solicitud de crédito N° 240384977-7, copia simple del pagaré asociado a dicho crédito, copia simple de la información de créditos personales, copia simple del resumen de la deudas al 31 de marzo de 2014 y documento que acredita su personería;

3°) Que del tenor del recurso se advierte que el acto que agravia al peticionario es el descuento de dinero de su remuneración a contar de noviembre de 2011 por crédito de la recurrida, ignorando -según dice- el monto total de la deuda y la fecha en que se habría contraído la obligación, que podría estar prescrita. En los alegatos de la causa ante esta Corte, el actor agregó que, además, la recurrida inició juicio ejecutivo en su contra ante el 25° Juzgado Civil de Santiago en el cual opuso la excepción correspondiente; y sostuvo que también se había visto vulnerada por estos hechos la garantía establecida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, porque el nuevo empleador se enteró de su deuda por esta vía;

4°) Que con el mérito de los documentos agregados por la recurrida y no controvertidos por la actora se puede tener por probado que el Sr. nombre reservado recibió de la C.C.A.F. Los Andes un crédito por la suma de $ 500.000 a pagarse en el plazo de 24 meses a contar de septiembre de 2009, solucionándose en forma más o menos oportuna las cuotas hasta agosto de 2010; luego, la correspondiente a septiembre de 2010 fue pagada en diciembre de 2013, y las tres siguientes (octubre, noviembre y diciembre de 2010) en enero, febrero y marzo de 2014, cesando los pagos a contar de esa fecha.

A su vez, consta del expediente traído a la vista que la recurrida inició el 3 de noviembre de 2011 el cobro judicial del pagaré suscrito por el recurrente, proceso que quedó interrumpido al ser infructuosas las búsquedas para notificarlo el 14 de noviembre de 2011.

Lo anterior permite inferir que la recurrida, al no recibir los pagos de cuotas por parte del empleador ni del obligado -probablemente por haber cesado la relación laboral-, inició el cobro judicial que quedó interrumpido, de manera que al contar con un nuevo empleador en situación de descontar y enterar el pago de las cuotas insolutas, lo instruyó en tal sentido, reanudándose los pagos en diciembre de 2013;

4°) Que las facultades de la recurrida para cobrar en la forma que lo hizo las sumas adeudadas emanan tanto de la ley como de la convención suscrita con el recurrente para el otorgamiento del crédito, de modo que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario.

En efecto, el artículo 22 de la ley 18.833 dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora…”. A su vez, el artículo 22 de la ley 17.322 establece que los empleadores que descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquier suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y enterar esos descuentos dentro del plazo que indica, en el mes siguiente de aquel en que se devengaron las remuneraciones. Por su parte, el inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo, establece la obligación del empleador de deducir de las remuneraciones, además de los impuestos, cotizaciones previsionales y cuotas sindicales, las obligaciones con instituciones de previsión. Esta principal obligación de los empleadores en cuanto a la deducción y entero de las sumas que se adeude a organismos de seguridad social, como la recurrida, es demostrativa de la relevancia de tal materia -consagrada incluso constitucionalmente- y encuentra su natural correlato en la necesidad de que dichos organismos informen respecto de las deudas pendientes y se hagan pago con las sumas retenidas.

En el ámbito convencional, consta del pagaré suscrito por el recurrente la siguiente cláusula “Por el presente, otorgo mandato expreso a mi actual empleador y futuro empleador o empleadores y entidades pagadoras de pensión para que descuenten del pago de mis emolumentos mensuales los dividendos correspondientes al crédito N° 24.RUT reservado otorgado por la Caja de Compensación de Los Andes”. Como se advierte, la autorización concedida por el recurrente se extendió a los futuros empleadores, como ocurre en la especie, de modo que fue el propio recurrente quien gravó anticipada y voluntariamente su remuneración para efectos del pago de las cuotas insolutas del crédito que se le había concedido.

5°) Que, el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él;

6°) Que, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado. Sin perjuicio de ello, cabe consignar, además, lo siguiente: a) que el recurso no fue desarrollado en forma alguna en relación a la garantía prevista en el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política que se dio por infringida en el libelo; b) que, de lo relacionado en el considerando cuarto de este fallo aparece claramente que, al disponer los descuentos por parte del empleador actual del actor, la recurrida no incurrió en la duplicidad de cobro que se le imputa, puesto que la acción judicial había quedado interrumpida y el proceso archivado, como consta de la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil trece que ordenó su desarchivo a petición del abogado del recurrente; y c) que en lo que concierne a la garantía establecida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, que se denunció como vulnerada en estrados por haberse enterado su nuevo empleador de la deuda que el actor mantenía con la recurrida, cabe expresar que tanto porque él mismo facultó que el descuento se realizara por sus nuevos empleadores, cuanto porque la situación de deudor no resulta deshonrosa en sí, dicha alegación debe ser rechazada.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Comuníquese, regístrese, devuélvase el expediente traído a la vista y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Sra. Ana Cienfuegos Barros.

No firma el ministro señor Villarroel, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Rol N° 2300-2014.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Patricio Villarroel Valdivia e integrada por la ministro señora Ana Cienfuegos Barros y el abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez.