Protección contra Contraloría General de la República

Santiago, ocho de mayo del año dos mil dieciocho VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, representada por su presidente nombre reservado, Ingeniero Civil, ambos domiciliados en domicilio reservado, y la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Aduana de Chile, representada por su presidente nombre reservado, empleado, ambos domiciliado domicilio reservado.

Interponen recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por Jorge Bermúdez Soto, Abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, según los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que pasan a exponer:

Señalan que la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), es la confederación que agrupa el mayor número de asociaciones del sector público, encontrándose entre sus afiliadas, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Aduana de Chile (ANFACH), nombre reservado, en su calidad de presidente de la ANFACH, presentó ante este órgano contralor, una denuncia por prácticas antisindicales con fecha 3 de julio del 2017, cuyo número de ingreso es REF195149-2017. Posteriormente, recibe denuncia a base de los hechos descritos en la presentación realizada por nombre reservado., de los diputados Luis Rojas Gallardo y Hugo Gutiérrez Gálvez.

Antes que la Contraloría General de la República pudiera emitir un pronunciamiento respecto al tema, se realiza presentación por parte de nombre reservado., en calidad de presidente de su asociación, una demanda de tutela por vulneración de derechos a raíz de prácticas antisindicales ante el Juzgado Laboral de Valparaíso causa Rit T-404-2017, caratulado ANFACH con Servicio Nacional de Adunas, causa acogida a tramitación con fecha 30 de enero del año en curso. En este mismo sentido, nombre reservado., en calidad de dirigente, con fecha 2 de febrero del presente año, pone en conocimiento a la Contraloría General de la República a través de la REF: 51.300 que los hechos denunciados con fecha 3 de julio del 2017 están siendo sometidos por su gravedad a la competencia ordinaria de los tribunales labores de Valparaíso, con el fin que omita pronunciamiento alguno en virtud de la inhabilidad establecida en el Artículo 8 de la Ley N° 10.336. Sin embargo, aun cuando la Contraloría se encontraba en conocimiento de la presentación de la demanda de tutela la que se traducía en su inhabilidad de seguir conociendo del tema y emitir un pronunciamiento, con fecha 26 de febrero del 2018, se pronuncia sobre el tema ya judicializado a través del dictamen N°5.852/2018, incumpliendo así lo ordenado por la ley que la regula.

En este caso en concreto, el Contralor General ha vulnerado la igualdad ante la ley, según lo prescrito en el Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al no respetar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N°10.336 que regula y establece los marcos regulatorios del ejercicio de las funciones de la Contraloría General de la República.

Dicho actuar fuera de la legalidad de un estado de derecho puede tener sólo como propósito el beneficiar a una autoridad del Estado dentro de un proceso judicial, al pronunciarse respecto del fondo de una solicitud que se encuentra aún en proceso judicial con la finalidad que sea utilizada como prueba, hecho que consta según el acta de audiencia que acompaña junto con esta presentación, tratando de esta forma desvirtuar anticipadamente lo que se está discutiendo en juicio. El simple hecho de emitir un pronunciamiento con prohibición expresa de ley es prueba más que suficiente para demostrar que el acto es ilegal por sí solo y es arbitrario porque solo busca beneficiar a una autoridad, en este caso, al Director del Servicio Nacional de Aduanas, en el proceso judicial, generando prueba de manera anticipada y negando todo hecho sin contar con todos los antecedentes del caso.

Como se desprende de lo expuesto, esto no tiene relación con una interpretación de una norma o del derecho administrativo, cuya función es propia de la Contraloría General de la República, sino más bien, que emite un pronunciamiento pese a existir norma expresa que se lo prohíbe, constando por escrito con fecha 6 de febrero que asunto por el cual se solicita su pronunciamiento estaba siendo conocido por los juzgados laborales de Valparaíso. No es menor señalar que toda autoridad, sin importar si pertenece a un órgano autónomo constitucionalmente como es el caso de la Contraloría, deben acatar todo nuestro ordenamiento jurídico tal como lo expresan los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República que tiene plena conexión con lo estipulado en la garantía del Artículo 19 N°2, en el sentido de aplicar la ley de manera igualitaria sin distinción alguna, quedando de esta forma todos sometidos bajo el imperio de un Estado de Derecho.

En general se ha estimado que los dictámenes pueden ser impugnados por la vía de recursos de protección. En efecto, aunque, al emitir un dictamen, la Contraloría lo hace dentro de sus atribuciones y aún de sus obligaciones, en la forma no puede considerarse este acto arbitrario o ilegal, pero su contenido puede serlo y, al igual que una resolución pronunciada por un juez competente, pero contrariando una disposición legal, puede y debe ser enmendada por la autoridad superior, así un dictamen de la Contraloría por la autoridad judicial competente, en este caso la Corte de Apelaciones respectiva.

De lo expuesto, se puede determinar que es factible a través de la vía del recurso de protección dejar sin efecto un dictamen de la Contraloría General, cuando no se trate de interpretar una norma, como es este caso. A su vez, la norma que regula el órgano contralor es clara en su sentido literal, por consiguiente, no existe duda alguna, que el artículo 8 de la ley 10.336 impide a la Contraloría General de la República. de omitir pronunciamiento sobre hechos que están siendo sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia (Código Civil Artículo 19 sobre interpretación de normas), por ende, su actuar arbitrario e ilegal queda más que acreditado con tan solo emitir un dictamen que se pronuncie en la situación descrita en el artículo antes señalado. Por último, al tener pleno conocimiento de la existencia de un juicio, emite dicho dictamen, con el único sentido de favorecer al Servicio Nacional de Aduana en el proceso judicial, sino, como se explica que la Contraloría toma conocimiento con casi un mes de anticipación de la audiencia preparatoria del juicio laboral y justo antes de la fecha audiencia decide emitir de todas maneras un dictamen cuando la ley así se lo prohíbe, dejando en claro de esta forma, su actuar arbitrario e ilegal en su proceder.

Por todo lo expuesto, solicitan acoger el recurso de protección, y en definitivo deje sin efecto el dictamen 5.852 de fecha 26 de febrero del 2018 por haberse vulnerado la igualdad ante la ley.

SEGUNDO: Que informa la Contraloría General de la República, señalando que es efectivo que el día 3 de del año 2017, nombre reservado, se dirigió a dicha entidad fiscalizadora, solicitando un pronunciamiento jurídico que determinara prácticas antisindicales que indica, solicitando al efecto la instrucción de un sumario administrativo, con el fin de sancionar a los funcionarios involucrados. Igualmente e 18 de julio del año 2017, el Prosecretario de la Cámara de Diputados, remitió la presentación N° 197.907 de 2017, por requerimiento del diputado Hugo Gutiérrez Gálvez, denunciando hechos similares. El 2 de febrero de 2018, el señor nombre reservado realizó una nueva presentación manifestando que se había deducido una acción jurisdiccional ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso en la causa RIT T-404-2017, con el fin que el órgano contralor, se abstuviera de emitir pronunciamiento.

Señala que de un nuevo estudio practicado a los antecedentes del caso, y por encontrarse en actual tramitación el procedimiento de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, es forzoso concluir que le corresponde al órgano contralor informar o intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 inciso tercero de la Ley N° 10.336. En virtud de lo anterior, ésta entidad, ha dejado sin efecto el Oficio N° 5.852 de 2018, por medio del oficio N° 10.558 de 24 de abril del año 2018.

Manifiesta que con el mérito de lo expuesto, se puede apreciar que el recurso deducido en contra de la Contraloría General de la República, ha perdido su fundamento, por lo que, solicita que se desestime esta acción cautelar.

TERCERO: Que se tiene a la vista el Oficio N° 10.558 de 24 de abril del año 2018, firmado por el señor Contralor de la República, Jorge Bermúdez Soto, dirigido al señor nombre reservado, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile. Indica que a raíz de una presentación efectuada a dicho organismo, se dictó el oficio N° 5852 de 26 de febrero del año 2018, en el cual se señalaba, que no se advertía que el Servicio Nacional de Aduanas haya incurrido en prácticas antisindicales. Manifiesta que en el contexto de encontrarse en actual tramitación el procedimiento de tutela laboral, causa Rit T-404-2018 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, es forzoso concluir que no le corresponde al órgano contralor intervenir en los asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, de conformidad al artículo 6, inciso tercero de la Ley N° 10.336. Por lo tanto, en mérito de lo expuesto corresponde que ésta entidad fiscalizadora deje sin efecto el citado oficio N°5.852 de 2018.

CUARTO: Que el recurso de protección a esta data ha perdido oportunidad por cuanto la petición medular y concreta sometida a decisión de esta Corte, consistente en dejar sin efecto el Oficio N° 5852 de 2018, fue dejada sin efecto por la Contraloría General de la República, según da cuenta el Oficio N° 10.558 de 24 de abril del año 2018.

QUINTO: Que por los fundamentos antes expuestos, el presente recurso de protección no podrá prosperar en definitiva.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, representada por su presidente nombre reservado y la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Aduana de Chile, representada por su presidente nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República, representada por Jorge Bermúdez Soto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra suplente señora González Diez.

Protección Nº 22.929-2018 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero, conformada por la Ministra suplente señor María Cecilia González Diez y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.