Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 24: a lo principal, primer, segundo y cuatro otrosíes, téngase presente; al tercer otrosí, a sus antecedentes, A los escritos folios 25, 26, 27 y 28: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 20 de octubre de 2025, comparece el abogado Ricardo Vicente Encina Herrera, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la solicitud formulada por el Director General de dicha institución a Su Excelencia el Presidente de la República, para que se aplicara a la recurrente la medida de retiro temporal, petición que se materializó en el Decreto Exento RA N° 218824/658/2025, de 9 de septiembre de 2025, notificado personalmente el 23 de septiembre de 2025, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente se desempeñó lealmente en la institución por más de 7 años, siendo reconocida por su destacado trabajo, especialmente en la investigación de delitos informáticos y redes de explotación sexual de menores, habiendo representado al servicio en la 40ª Reunión Operativa del Grupo de Especialistas en Delitos Contra Menores celebrada en Lyon, Francia, entre el 9 y 14 de marzo de 2024. Señala que, durante el verano de 2024, en dependencias del Cuartel del Cibercrimen ubicado en domicilio reservado, se produjeron conductas de cercanía impropias entre el Jefe Nacional de la Jefatura Nacional del Cibercrimen y su ayudante directa, contrarias al Código de Ética institucional, que fueron observadas por varios funcionarios, algunos de los cuales levantaron registros visuales de los hechos. Precisa que, transcurrido más de un año sin que se activara ningún canal para investigar lo ocurrido, el 27 de mayo de 2025 llegó a correos institucionales de la PDI, desde un remitente desconocido, un video de 23 segundos que mostraba dichas conductas, el que posteriormente fue reproducido por un medio de televisión.

Agrega que, a raíz de lo anterior, por Orden N° 439, de 28 de mayo de 2025, se instruyó Sumario Administrativo para investigar los hechos, el que fue restringido posteriormente, mediante Orden N° 6 de 12 de junio de 2025, exclusivamente a la difusión del video. El 7 de julio de 2025, se notificó a la recurrente de su suspensión en el marco del sumario. La única conducta que se le imputa es haber grabado en su teléfono particular imágenes captadas desde una cámara institucional ubicada en el estacionamiento del cuartel, zona de libre acceso al público. Enfatiza que la propia PDI reconoce que no consta que la recurrente haya enviado el video a terceros ni a ningún medio de comunicación, ni que sea la persona que lo remitió a la prensa.

Argumenta que el acto impugnado adolece de los siguientes vicios: i) ausencia de oportunidad, pues transcurrió más de un año entre los hechos que motivaron el reportaje televisivo y la aplicación de la medida (enero de 2024 al 23 de septiembre de 2025), y más de cuatro meses desde el correo recibido por la PDI o la difusión televisiva; ii) ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto la medida fue adoptada con información sesgada e incompleta, sin proporcionalidad ni racionalidad; iii) infracción al principio de razón suficiente y no contradicción, puesto que no se explica de qué manera la recurrente sería responsable de la filtración a terceros, siendo que el jefe involucrado fue separado del cargo sin sumario, mientras su subordinada directa permaneció en la institución sin consecuencia alguna; y iv) ausencia de fundamentación suficiente del acto administrativo.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 19 N°s 1, 2, 3 y 24 y en los artículos 5° y 20° de la Constitución Política de la República; el artículo 139 del Estatuto del Personal de la PDI, y el artículo 120 del Estatuto Administrativo; los artículos 4°, 10°, 11°, 17° letra i) de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los artículos 14° y 26° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 8° y 24° de la Convención Americana de Derechos Humanos; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Pide, en definitiva, que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado y se ordene al Director General de la PDI solicitar al Presidente de la República que deje sin efecto el Decreto Exento RA N° 218824/658/2025, disponiendo la reincorporación de la recurrente a la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana y el pago de todas las remuneraciones, beneficios y asignaciones dejados de percibir, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 21 de noviembre de 2025, comparece el abogado Omar Alonso Castro Torres, en representación de don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que, mediante Oficio Reservado N° 490, de 22 de agosto de 2025, el Director General de la PDI solicitó a Su Excelencia el Presidente de la República disponer el retiro temporal de la recurrente, en virtud del artículo 90 letra b) del DFL N° 1 de 1980. Indica que la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria informó a la Dirección General que la Inspectora nombre reservado habría capturado un video desde un equipo institucional con su teléfono particular y lo habría difundido entre sus compañeros, video que trascendió a medios de comunicación, afectando la imagen institucional. Señala que se instruyó el Sumario Administrativo N° 439, de 28 de mayo de 2025, modificado por Orden N° 6 de 12 de junio de 2025, a fin de establecer los hechos vinculados al video recibido el 27 de mayo de 2025 en la casilla de correo institucional correo reservado. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública acogió la solicitud y, el 9 de septiembre de 2025, se dictó el Decreto Exento RA N° 218824/658/2025, que dispuso el retiro temporal, acto notificado a la recurrente el 23 de septiembre de 2025.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que el retiro temporal constituye el ejercicio de una facultad privativa del Presidente de la República, delegada en el Ministro del Interior y Seguridad Pública, conforme al artículo 90 letra b) del DFL N° 1 de 1980. Precisa que esta medida no constituye una sanción disciplinaria expulsiva, sino una acción de resguardo del prestigio y la doctrina institucional, independiente de la responsabilidad civil, penal y administrativa que pueda afectar a la recurrente, en los términos del artículo 139 del mismo cuerpo legal.

Cita jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (Dictámenes N°s 4.279 y 13.614, de 2002; N° 12.657, de 2006; N° 64.503, de 2009; N° 35.229, de 2011; y N° 2.748, de 2019) y jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones de Santiago (recursos de protección Rol N° 92057-2015 y Rol N° 97.552-2020, ambos confirmados por la Excma. Corte Suprema), en el sentido de que la facultad en cuestión es discrecional pero no arbitraria, debiendo encontrarse adecuadamente fundada.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, toda vez que la resolución adoptada contiene fundamentos concretos recogidos en la letra h) de los considerandos del decreto impugnado, que dan cuenta de que la Dirección General se formó la convicción de que la conducta de la recurrente vulnera el principio de probidad administrativa y los valores de lealtad con la misión institucional, honor y responsabilidad profesional y honestidad, consagrados en el Código de Ética de la PDI.

Desestima las alegaciones de vulneración a los artículos 19 N°s 1, 2, 3 y 24 de la Constitución, argumentando que la medida se tramitó conforme a la ley y los reglamentos vigentes, y que no existe discriminación arbitraria al no haberse acreditado que la recurrente recibiera un trato diferenciado respecto de otros funcionarios en idéntica situación.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que el acto que se impugna como ilegal y arbitrario consiste en la solicitud formulada por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile a Su Excelencia el Presidente de la República, a través del Oficio Reservado N° 490, de 22 de agosto de 2025, para que se dispusiera el retiro temporal de la recurrente, petición que fue acogida mediante el Decreto Exento RA N° 218824/658/2025, de 9 de septiembre de 2025. Corresponde, entonces, determinar si dicho acto fue dictado por autoridad competente, si se funda en antecedentes concretos que excluyan la arbitrariedad y si ha importado una vulneración efectiva de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

QUINTO: Que, para el adecuado análisis del recurso deducido, resulta necesario tener presente que el artículo 90 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dispone que serán comprendidos en el retiro temporal los Oficiales y personal de Apoyo Científico-Técnico respecto de quienes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro.

Cabe relevar que la disposición en comento consagra una facultad de naturaleza discrecional radicada en la máxima autoridad del país, delegada en el Ministro del Interior y que el ejercicio de esta potestad no constituye una sanción disciplinaria de carácter expulsivo ni se encuentra supeditado a las conclusiones que pudieren alcanzarse al término de los procesos investigativos respectivos, sino que representa una acción de resguardo del prestigio y la doctrina institucional, independiente de la responsabilidad civil, penal y administrativa que pudiere afectar al funcionario de que se trate, conforme lo establece expresamente el artículo 139 del mismo cuerpo estatutario.

SEXTO: Que, en cuanto a la naturaleza jurídica de la medida impugnada, esta Corte ha tenido ocasión de pronunciarse en el sentido de que la discrecionalidad que caracteriza a la facultad contemplada en el artículo 90 letra b) del DFL N° 1 de 1980 no excluye la exigencia de fundamentación. En efecto, no cabe confundir la discrecionalidad con la arbitrariedad, que consiste precisamente en la ausencia de motivación. Todo acto administrativo, sea reglado o discrecional, debe encontrarse fundado, pues es a través de la fundamentación que se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a actuar en determinado sentido, lo que permite, a su vez, el control de su legalidad.

En ese entendido, y revisado el acto impugnado, se aprecia que éste se encuentra suficientemente motivado, toda vez que da cuenta de los antecedentes allegados a la Dirección General que condujeron a la adopción de la decisión, permitiendo conocer las razones fácticas y jurídicas que la sustentan y descartando, de este modo, que su dictación obedezca al mero capricho de la autoridad. En efecto, el decreto contiene una parte considerativa que expone los antecedentes y fundamentos que llevaron a la autoridad a formarse la convicción de que la recurrente incurrió en una conducta que juzgan como contraria a la doctrina institucional, al haber capturado con su teléfono particular imágenes obtenidas desde equipos institucionales y haberlas difundido entre sus compañeros, material que terminó trascendiendo a medios de comunicación, afectando la imagen de la institución y vulnerando los principios de probidad administrativa, lealtad con la misión institucional, honor y responsabilidad profesional y honestidad, consagrados en el Código de Ética de la Policía de Investigaciones de Chile.

En consecuencia, el acto recurrido no puede calificarse de arbitrario, pues no responde al mero capricho de la autoridad, sino que se sustenta en antecedentes concretos debidamente ponderados.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, se advierte que el acto impugnado fue emitido por autoridad competente, en ejercicio de la facultad expresamente conferida por el artículo 90 letra b) del DFL N° 1 de 1980, previo requerimiento del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio Reservado N° 490, de 22 de agosto de 2025, lo que descarta la existencia de ilegalidad en su emisión.

OCTAVO: Que, en lo respecta a la protesta alzada por la recurrente, en orden a que la medida en cuestión fue adoptada sobre la base de información sesgada e incompleta, toda vez que no se habría acreditado que ella fue quien remitió el video a terceros o a la prensa, basta con señalar para su rechazo, que tal alegación importa cuestionar el mérito de los antecedentes valorados por la autoridad administrativa, materia que excede el ámbito de control propio de la acción de protección. En efecto, la indagación de esta última circunstancia corresponde al proceso administrativo en curso, cuya conclusión no condiciona la procedencia de la potestad ejercida.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiéndose asentado que el Decreto Exento impugnado fue dictado por autoridad competente, en ejercicio de una facultad legalmente establecida, con fundamentos concretos que excluyen la arbitrariedad, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Ricardo Vicente Encina Herrera, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General don Eduardo Alejandro Cerna Lozano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-22930-2025.