Protección contra Instituto de Seguridad Laboral –en adelante también ISL– por la dictación de las

C.A. de Santiago Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don Gabriel Ignacio Osorio Vargas, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo en su nombre recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad Laboral –en adelante también ISL– por la dictación de las Resoluciones Exentas PD N°NUM000, de 1 de agosto de 2025, que aprueba sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N°NUM001 de 23 de mayo de 2025 y aplica la medida disciplinaria de destitución, y PD N°NUM002, de 16 de septiembre de 2025, que deniega el recurso de reposición deducido en su contra y confirma la sanción antes indicada.

Sostiene que tales actos constituyen decisiones ilegales y arbitrarias que vulneran las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto la destitución y se ordene su reincorporación al cargo, con pago íntegro de las remuneraciones y demás prestaciones que dejó de percibir desde la separación del servicio hasta su efectiva reincorporación.

Segundo: Que la recurrente expone que se desempeñaba como trabajadora social, grado 13, en la Dirección Regional de La Araucanía del Instituto de Seguridad Laboral y que, en dicho contexto, fue sometida a un sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta N°NUM001, de 23 de mayo de 2025, dictada a propósito del Oficio NUM003 2025 de la Contraloría General de la República, que informó un listado de funcionarios que habrían salido del país mientras se encontraban con licencias médicas entre los años 2023 y 2024.

Relata que el único cargo formulado en su contra consiste en haber viajado con su familia a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre el día 13 y el día 18 de septiembre de 2024, habiendo sido beneficiaria de una licencia médica por cinco días, desde el día 13 al día 17 de ese mes, con reposo total en su domicilio domicilio reservado.

Tercero: Que añade que, con anterioridad al viaje, en junio de 2024, adquirió pasajes aéreos para ella y su familia, y que el día 9 de septiembre de 2024 solicitó permisos administrativos con goce de remuneraciones para los días 13 y 17 de septiembre, los que fueron aprobados por el ISL, constando en el sistema institucional que disponía de seis días administrativos anuales, de los cuales había reservado cuatro y mantenía dos disponibles.

Sostiene que el día 12 de septiembre de 2024 consultó en un CESFAM de DIRECCION000 por un cuadro de infección urinaria, recibiendo tratamiento antibiótico y una licencia médica por cinco días a contar del día 13 de septiembre, la que fue inicialmente autorizada y luego rechazada por la COMPIN, con fecha 6 de octubre de 2024, por infracción al artículo 55 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, esto es, por incumplimiento de reposo.

Cuarto: Que la actora denuncia, en síntesis, que las resoluciones recurridas vulneran el deber de motivación de los actos administrativos, en cuanto dan por acreditado el incumplimiento de reposo y califican su conducta como infracción grave a la probidad, sin efectuar un examen serio de sus descargos ni de la prueba rendida en sede disciplinaria.

Alega que las decisiones prescinden del contexto relevante: la planificación previa del viaje, la existencia de permisos administrativos válidamente tramitados para los días 13 y 17 de septiembre de 2024 y la ausencia de cuestionamiento sobre la veracidad del diagnóstico o sobre el carácter fraudulento de la licencia médica, reduciendo todo a la sola constatación del viaje durante el período de reposo.

Quinto: Que la recurrente además sostiene que el ISL carece de competencia para calificar el “uso indebido” de la licencia médica, materia que corresponde a la COMPIN conforme al Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, por lo que la autoridad empleadora habría excedido sus atribuciones al fundar la destitución en el incumplimiento del reposo prescrito. Afirma que, aun admitiendo la potestad disciplinaria del ISL para sancionar deberes estatutarios, la sanción de destitución aplicada sobre la base de un único hecho, sin perjuicio patrimonial para el servicio ni antecedentes de reincidencia, vulnera el principio de proporcionalidad y deviene en arbitraria, afectando su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre el empleo y las remuneraciones que de él derivan.

Sexto: Que, informando, el Instituto de Seguridad Laboral solicita, en lo principal, que el recurso sea rechazado por improcedente, alegando que las Resoluciones Exentas PD N°NUM000, de 1 de agosto de 2025, y PD N°NUM002, de 16 de septiembre de 2025, no constituyen actos terminales del procedimiento disciplinario, por cuanto la Resolución Exenta PD N°NUM004, de 26 de septiembre de 2025, que aprueba el sumario instruido por Resolución Exenta N°NUM001 de 2025 y aplica la medida de destitución, se encuentra sometida al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República. Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en orden a que la acción de protección sólo sería procedente respecto de actos administrativos terminales.

Séptimo: Que, en subsidio, el ISL defiende la legalidad del proceder administrativo, señalando que el cargo formulado a la actora se circunscribe al incumplimiento del reposo total prescrito por la profesional médica que extendió la licencia, no versando sobre ausencias injustificadas ni sobre la veracidad o uso fraudulento de la licencia. Refiere que, conforme al Decreto N°3 de 1984, a la Ley N°18.834 y a reiterados dictámenes de la Contraloría General de la República, la licencia médica es un derecho irrenunciable destinado a la recuperación del funcionario y que éste se encuentra obligado a mantener el reposo prescrito, cuestión cuya inobservancia constituye incumplimiento grave de sus deberes y vulneración del principio de probidad administrativa, susceptible de sanción disciplinaria.

Octavo: Que el recurrido destaca que, según el dictamen N°22.549 de 2011 de la Contraloría General de la República, el beneficiario de una licencia médica debe acatar estrictamente el reposo ordenado, lo que implica la prohibición de realizar cualquier actividad ajena al servicio durante ese período, sin que la existencia de permisos administrativos lo sustraiga de esa obligación ni lo exima de responsabilidad administrativa. Añade que la Directora Nacional ponderó los antecedentes del sumario, concluyendo que la recurrente privilegió su interés particular –el viaje recreativo al extranjero– sobre el interés general, por lo que configuró una infracción grave al principio de probidad administrativa que justifica la medida de destitución, de acuerdo con la Ley N°18.834 y la jurisprudencia administrativa que reserva dicha sanción para vulneraciones graves del referido principio.

Noveno: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de determinadas garantías fundamentales, mediante la adopción de medidas inmediatas frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen privación, perturbación o amenaza de tales derechos.

Su conocimiento exige constatar la concurrencia copulativa de una conducta antijurídica, de la afectación actual o inminente de una de las garantías enumeradas en el citado precepto, de una relación de causalidad entre ambos elementos y de la posibilidad de adoptar medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho.

Décimo: Que, en cuanto a la objeción formal relativa a la falta de acto terminal, corresponde señalar que esta Corte ha reconocido que, cuando resoluciones intermedias o pendientes de control externo proyectan efectos inmediatos que constituyen una amenaza inminente o una privación actual de derechos fundamentales, la exigencia de un acto terminal no puede entenderse en términos absolutos. En la especie, las Resoluciones Exentas PD N°NUM000 y PD N°NUM002, así como la ulterior PD N°NUM004 sometida a toma de razón, expresan una decisión consolidada del ISL, en su calidad de empleador, de destituir a la recurrente, privándola de hecho de su cargo y de las remuneraciones y beneficios inherentes a éste, con efectos que se actualizan antes del pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

Undécimo: Que sujetar la tutela de las garantías constitucionales invocadas por la actora a la conclusión del trámite de toma de razón, en un contexto en que se denuncia una sanción expulsiva carente de proporcionalidad, importaría vaciar de contenido la función de protección inmediata confiada a esta jurisdicción por el artículo 20 de la Carta Fundamental. En consecuencia, se desestimará la alegación de improcedencia formal del recurso y se entrará al análisis de fondo.

Duodécimo: Que, en cuanto al mérito, constituyen hechos pacíficos en la causa los siguientes: a) Que, a raíz del Oficio NUM003 2025 de la Contraloría General de la República, el ISL instruyó sumario administrativo contra la actora por Resolución Exenta N°NUM001, de 23 de mayo de 2025. b) Que el cargo único formulado a nombre reservado se refiere a que, en el mes de septiembre de 2024, estando con licencia médica por cinco días, desde el 13 al 17 de dicho mes, con reposo total en su domicilio en domicilio reservado, viajó al extranjero, específicamente a Buenos Aires, saliendo por el Aeropuerto nombre reservado el 13 de septiembre y regresando el 18 del mismo mes, infringiendo el reposo médico total prescrito. c) Que la COMPIN aceptó inicialmente la licencia médica de la actora y, con posterioridad, la rechazó por incumplimiento de reposo, en virtud del artículo 55 del Decreto N°3 de 1984. d) Que por Resolución Exenta PD N°NUM000, de 1 de agosto de 2025, la Directora Nacional del ISL aprobó la vista fiscal y aplicó a la recurrente la sanción de destitución, por estimar que su conducta configuraba una infracción grave al principio de probidad administrativa. e) Que la Resolución Exenta PD N°NUM002, de 16 de septiembre de 2025, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora, manteniendo la destitución.

Décimo tercero: Que no se encuentra controvertido, asimismo, que la recurrente había solicitado con antelación permisos administrativos con goce de remuneraciones para los días 13 y 17 de septiembre de 2024, los que fueron concedidos por el ISL, y que el viaje a Buenos Aires fue planificado meses antes, mediante la compra de pasajes aéreos en junio de ese año, tal como dan cuenta los documentos acompañados. Consta igualmente que en el expediente administrativo no se imputa a la funcionaria falsedad en la obtención de la licencia médica ni uso indebido en el sentido de haber obtenido el beneficio con fines recreativos, limitándose el reproche disciplinario al incumplimiento del reposo prescrito.

Décimo cuarto: Que el principio de probidad administrativa, definido en el artículo 52 de la Ley N°18.575, implica para los funcionarios públicos observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal del cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, en tanto que el artículo 125 de la Ley N°18.834 establece que la destitución procederá sólo cuando los hechos vulneren gravemente dicho principio. La potestad disciplinaria de la Administración, si bien comporta un margen de apreciación en la calificación de las conductas y en la selección de la sanción, se encuentra sujeta a los límites de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, siendo controlable en esta sede cuando su ejercicio se traduce en decisiones arbitrarias que afectan garantías fundamentales.

Décimo quinto: Que, desde esta perspectiva, es necesario distinguir dos planos: por una parte, la competencia de la COMPIN para determinar el rechazo o invalidación de licencias médicas, así como la restitución de subsidios indebidamente percibidos, y, por otra, la atribución del órgano empleador para perseguir la responsabilidad administrativa de sus funcionarios cuando, con ocasión de esos mismos hechos, se advierta el incumplimiento de obligaciones estatutarias. Conforme al Decreto N°3 de 1984 y a la doctrina de la Contraloría General de la República, los ámbitos de control sanitario- previsional y disciplinario son complementarios, no excluyentes, de manera que el ISL no carecía de competencia para instruir el sumario y sancionar la eventual infracción de deberes funcionarias derivada del incumplimiento del reposo prescrito.

Décimo sexto: Que, asentada la legitimidad abstracta de la potestad disciplinaria ejercida, el problema jurídico se desplaza hacia la calificación concreta de la conducta atribuida a la actora y, en especial, hacia la proporcionalidad de la sanción aplicada. Tal como lo reconoce el propio recurrido, el cargo no se refiere a la veracidad del diagnóstico, ni a la obtención fraudulenta de la licencia, ni a ausencias injustificadas del servicio, sino exclusivamente a que la funcionaria viajó al extranjero durante una licencia con reposo total, en un período en que, además, contaba con permisos administrativos previamente tramitados y aprobados.

Décimo séptimo: Que no cabe duda de que el incumplimiento del reposo ordenado en una licencia médica constituye una conducta objetivamente reprochable, que puede comprometer la responsabilidad administrativa del funcionario y justificar la instrucción de un procedimiento disciplinario. Sin embargo, de ello no se sigue necesariamente que tal conducta deba ser calificada, en todo caso y sin ponderación de las circunstancias, como una infracción grave al principio de probidad administrativa que exija indefectiblemente la aplicación de la sanción máxima de destitución y la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.

Décimo octavo: Que de la lectura de la vista fiscal y de las Resoluciones Exentas PD N°NUM000 y PD N°NUM002 se advierte que la Directora Nacional del ISL asume como punto de partida que cualquier incumplimiento de reposo en una licencia médica implica, por sí mismo, una vulneración grave a la probidad, sin efectuar un análisis individualizado de la entidad concreta de la infracción, del contexto en que se produjo, de la trayectoria funcionaria de la actora ni de la existencia de atenuantes que permitan graduar la respuesta sancionatoria. En particular, se reconoce que la hoja de vida de la recurrente es irreprochable, que no registra sanciones previas y que su desempeño ha sido bien evaluado, pero se estima que tales antecedentes son irrelevantes frente a la calificación de la falta como grave a la probidad, apoyándose en dictámenes de la Contraloría que, en realidad, se pronuncian sobre la estructura del catálogo de sanciones, no sobre la inexorabilidad de la destitución en supuestos como el de autos.

Décimo noveno: Que esta forma de razonar revela una renuncia a ponderar la proporcionalidad de la sanción en el caso concreto, al asumir como automática la equivalencia entre incumplimiento de reposo y la infracción grave a la probidad, sin atender al hecho de que la funcionaria contaba con permisos administrativos válidamente otorgados para parte del período, que el viaje fue planificado con antelación, que la licencia médica fue prescrita por una profesional de salud en función de una dolencia real y que no se acreditó perjuicio alguno al patrimonio o al funcionamiento del servicio. Ello resulta especialmente problemático si se considera que la destitución supone la pérdida del empleo, la privación de las remuneraciones y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años, configurando una injerencia de máxima intensidad sobre la posición funcionaria de la actora.

Vigésimo: Que, el principio de proporcionalidad exige una correspondencia razonable entre la entidad de la infracción y la gravedad de la sanción impuesta, atendidas las circunstancias personales del funcionario y las consecuencias prácticas de la sanción.

En tal sentido, destinar la destitución –prevista por el legislador para supuestos de corrupción, grave deshonestidad o afectación severa a los fines del servicio– al caso de una funcionaria con trayectoria intachable, sancionada por un único episodio de incumplimiento de reposo en el marco de un viaje familiar planificado y con permisos administrativos previamente concedidos, desborda ese estándar y transforma la decisión en una manifestación de rigor desmedido.

Vigésimo primero: Que, en estas condiciones, la calificación de la conducta de la actora como infracción grave al principio de probidad administrativa y la consecuente aplicación de la sanción de destitución se presentan como carentes de una justificación racional suficiente, en cuanto prescinden de una debida ponderación de los antecedentes del caso y del principio de proporcionalidad que limita el ius puniendi disciplinario del Estado. Tal déficit motivacional y de razonabilidad torna las resoluciones impugnadas en arbitrarias, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, generando una privación actual del derecho de propiedad de la recurrente respecto de su cargo y de las remuneraciones que de éste derivan, así como un trato desigual frente a otros funcionarios, incompatible con el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Vigésimo segundo: Que, por lo razonado, el recurso será acogido, en los términos que se dirán en lo resolutivo, sin que ello importe declarar la inexistencia de toda responsabilidad administrativa, cuestión que corresponde al ámbito de competencia del órgano disciplinario, siempre que en lo sucesivo ajuste su actuación a los parámetros de legalidad, motivación y proporcionalidad aquí indicados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Instituto de Seguridad Laboral.

II. Que, en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas PD N°NUM000, de 1 de agosto de 2025, y PD N°NUM002, de 16 de septiembre de 2025, dictadas por la Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, en cuanto aprueban el sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° NUM001 de 23 de mayo de 2025 y aplican a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, así como cualquier otra resolución posterior que haya reiterado o ejecutado la misma sanción respecto de la actora.

III. Que se ordena al Instituto de Seguridad Laboral reincorporar a la recurrente a un cargo de la misma planta, grado, estamento y funciones que desempeñaba al momento de su destitución, dentro del plazo de treinta días contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, con pago íntegro de las remuneraciones, asignaciones, cotizaciones previsionales y demás beneficios que hubiere dejado de percibir desde la fecha de su separación del servicio y hasta su efectiva reincorporación, sin perjuicio de las reliquidaciones que procedan.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro señor Juan Cristobal Mera Muñoz, quien estuvo por desestimar la acción constitucional deducida, teniendo presente para ello: 1° Que la función de esta judicatura, en el marco del artículo 20 de la Constitución Política de la República, se limita a verificar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de la autoridad recurrida que afecte alguna de las garantías allí señaladas, sin convertir a esta Corte en una instancia revisora del mérito de los procedimientos administrativos regularmente tramitados. 2° Que en la especie se ha acreditado que la recurrente fue sometida a un sumario administrativo instruido por autoridad competente, conforme a las reglas del Estatuto Administrativo, habiendo contado con oportunidad para ejercer su defensa, rendir prueba y deducir los recursos administrativos que la ley contempla, sin que se haya demostrado la infracción de garantías procedimentales esenciales. 3° Que, por otra parte, el cargo formulado –incumplimiento del reposo total prescrito en una licencia médica mientras la funcionaria se encontraba en el extranjero– se acreditó en el expediente disciplinario y se enmarca en la doctrina reiterada de la Contraloría General de la República sobre la obligación del funcionario de acatar el reposo y la improcedencia de utilizar la licencia para fines distintos a la recuperación de la salud. 4° Que la sanción aplicada –destitución– se encuentra expresamente prevista en el artículo 125 de la Ley N°18.834 para casos de infracción grave al principio de probidad administrativa, calificación que corresponde efectuar primariamente a la autoridad disciplinaria, atendido el mérito del sumario, sin que esta Corte pueda sustituir su criterio por el propio mediante el recurso de protección, so pena de desnaturalizarlo y transformar esta sede cautelar en una tercera instancia disciplinaria. 5° Que, en consecuencia, no se divisa en la actuación del Instituto de Seguridad Laboral ilegalidad ni arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte por la vía de protección, desde que la decisión impugnada se apoya en hechos comprobados, en normas legales pertinentes y en la interpretación razonable que la Administración ha sostenido de ellas, razones por las cuales, a juicio del disidente, la acción debió ser rechazada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro (I) Sr. Mauricio Rettig Espinoza.

No firma el ministro señor Mera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

N° Protección-22882-2025.