Protección contra Comunidad Edificio DIRECCION000

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparecen los abogados Manuel Ricardo Amoyao Gaez y Ricardo Alberto Zuñiga Pereda, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Comunidad Edificio DIRECCION000, representada por el interventor judicial nombre reservado, por haber anunciado el 15 de octubre recién pasado el corte del suministro eléctrico del departamento de propiedad de la recurrente para el día 20 del mismo mes, por supuesta morosidad en el pago de gastos comunes. Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera los derechos del adulto mayor y el derecho a la vida e integridad física y psíquica, y a la igualdad ante la ley.

Exponen los recurrentes que su representada, nombre reservado, de 82 años de edad, es dueña del departamento NUM000, ubicado en el sexto piso del edificio DIRECCION000, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Agregan que la recurrente presenta movilidad reducida y se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su condición de adulto mayor.

Señalan que con fecha 15 de octubre de 2025, la comunidad del edificio envió una carta a la recurrente comunicándole que el día 20 de octubre de 2025 procederían a cortar el suministro de energía eléctrica por el no pago de gastos comunes, aduciendo una deuda ascendente a la suma de $5.531.314 pesos.

Indican los recurrentes que no es efectivo que su representada deba dicha suma de dinero, toda vez que la administración del edificio no ha sido capaz de transparentar cuál es el efectivo monto de la deuda por concepto de gastos comunes. Agregan que, aun cuando existiera dicha deuda, la protegida no dispone de esa cantidad de dinero para pagar los gastos comunes, sin perjuicio de lo cual tiene toda la disposición para llegar a un acuerdo con la comunidad del edificio con el objeto de pagar los gastos comunes, tal como lo ha venido haciendo en el último tiempo.

Manifiestan que el corte de energía eléctrica anunciado resulta particularmente perjudicial para la recurrente, considerando que se encuentra postrada, sin movilidad, enferma, y sin familiares, pues no tiene hijos ni contrajo matrimonio. Agregan que la única persona cercana a ella es una persona de nombre nombre reservado, quien la cuida, la lleva al médico y administra sus negocios.

Sostienen que resulta indigno y contrario a la dignidad humana mantener a una persona postrada en cama, en un departamento sencillo, con algunas comodidades, sin aire acondicionado, expuesta a altas temperaturas y sin electricidad. Explican que la recurrente necesita electricidad para refrigerar alimentos, ver televisión, escuchar música y mantenerse conectada con el exterior. Por tanto, argumentan que la energía eléctrica es vital para la vida de su representada, y que privarla de este servicio esencial atenta contra su dignidad como ser humano y contra sus derechos básicos para el digno vivir.

Reconocen que la comunidad del edificio invoca el artículo 20 N°9 de la Ley N° 21.442, norma que establece las causales para el corte de energía eléctrica, pero sostienen que dicha disposición debe aplicarse respetando los derechos esenciales de las personas, especialmente considerando que, en este caso, se están pasando por alto los derechos consagrados en el Pacto de Derechos de los Adultos Mayores, que Chile suscribió y ratificó con fecha 15 de junio de 2015.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, los recurrentes invocan los artículos 19 N°1, 2 y 3, y el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como los artículos 6, 12 y 19 del Tratado y Estatuto de Derechos y Garantías de los Adultos Mayores, ratificado por Chile en el año 2017, en relación con el artículo 5° de la Constitución Política de la República.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la carta de quince de octubre pasado es ilegal y arbitraria por vulnerar los derechos de personas de la tercera edad; que dicha carta ha privado y conculcado derechos y garantías constitucionales de nombre reservado; que se deje sin efecto el corte de energía eléctrica por deuda de gastos comunes programado para el día 20 de octubre de 2025; que se ordene adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho; y que se condene en costas a la recurrida.

En una presentación aparte se acompañó certificado médico de protegida en que se detallan las patologías sufridas por esta.

SEGUNDO: Que evacúa informe nombre reservado, en su calidad de representante legal de la Comunidad DIRECCION000, solicitando el rechazo de la acción de protección interpuesta en su contra, con expresa condenación en costas.

En cuanto a los fundamentos de hecho, reconoce expresamente que la recurrente es propietaria de la unidad departamento NUM000, correspondiente a la Comunidad Edificio DIRECCION000 de la Comuna de Santiago. Asimismo, confirma que con fecha 15 de octubre del año 2025, en su calidad de interventor judicial, envió una carta de cobranza con la cartola correspondiente a la unidad NUM000, por un monto de $5.531.314 pesos, suma que representa los montos acumulados y no pagados correspondientes a gastos comunes de la comunidad y saldos de arrastre desde marzo del año 2021 hasta la fecha actual.

En este contexto, expone que, en su calidad de interventor judicial, su deber primordial consiste en proteger y resguardar los bienes de la comunidad, conforme a las facultades y obligaciones que la ley le confiere. Señala expresamente que los anteriores administradores, por mera tolerancia y considerando la avanzada edad de la recurrente, habían omitido ejercer las acciones de cobro contempladas en la Ley 21.442. No obstante, manifiesta que, en virtud del análisis financiero-contable efectuado a la comunidad, se ha visto en la obligación de cumplir con la función legalmente consignada.

Adicionalmente, hace presente que en reiteradas oportunidades ha intentado establecer contacto con los representantes de la recurrente, con la finalidad de proponer, a través de un proceso de transacción, una modalidad de pago respecto de la obligación que emana del gasto común, particularmente en relación con la cartola de la Unidad NUM000. Sin embargo, afirma que, hasta la fecha de presentación del informe, no ha obtenido respuesta positiva frente a tales intentos de acercamiento y negociación.

En lo que concierne a los fundamentos de derecho, sostiene que no existe una acción vulneratoria, arbitraria e ilegal, puesto que la acción de cobro del gasto común constituye parte de las obligaciones inherentes a cada copropietario, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley 21.442.

Agrega que el procedimiento de cobro se encuentra regulado mediante un procedimiento de juicio ejecutivo establecido en el Código de Procedimiento Civil, cuyo conocimiento corresponde al juez de letras competente.

Adicionalmente, invoca el artículo 7 de la Ley N° 21.442, el cual establece expresamente la obligación de pago de las obligaciones económicas dentro de los diez primeros días desde la fecha de emisión del correspondiente aviso de cobro. Complementando lo anterior, hace alusión al artículo 20 número 9 de la misma ley, que confiere la facultad para suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, del servicio eléctrico de aquellas unidades que se encuentren morosas en el pago de tres o más cuotas, sean estas continuas o discontinuas, de los gastos comunes.

Por lo expuesto solicita rechazar la acción de protección interpuesta por la recurrente en la presente causa, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella, o ilegal, es decir, contrario a la ley, que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en efecto, en la especie se ha alegado como actuación ilegal o arbitraria consistente en el corte de suministros básicos realizado por el interventor de la Comunidad Edificio DIRECCION000 SEXTO: Que, tal como se indicó resulta indispensable para el resultado positivo del recurso, que aquel que recurre cuente con un derecho indubitado que amerite la intervención de esta Corte para efectos de su cautela, en atención a la naturaleza autónoma y de urgencia de la acción de protección; y, atendida las alegaciones que constituyen la cuestión controvertida, es que la misma excede los términos posibles de discutir y resolver en el marco de la presente acción cautelar de urgencia, desde que las proposiciones fácticas que constituyen el litigio sobrepasan el ámbito de acción que al recurso de protección le corresponde, por cuanto se requiere discernir, en primer lugar, si la recurrente incumplió con el pago de los gastos comunes y que aquello derivó en el corte del suministro de los servicios básicos reclamados por la recurrente.

De esta manera, deriva que la discusión de autos escapa del objeto de la acción de protección, siendo necesario que la presente controversia sea conocida a través de un juicio de lato conocimiento.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, tratándose de derechos dubitados, contando los recurrentes con las vías jurisdiccionales para impugnar el actuar de la recurrida, y atendido lo asentado en el considerando que antecede, el presente recurso no puede prosperar, debiendo ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido los abogados Manuel Ricardo Amoyao Gaez y Ricardo Alberto Zuñiga Pereda, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Comunidad Edificio DIRECCION000.

Atendido lo resuelto, déjese sin efecto la orden de no innovar decretada por resolución de veintidós de octubre pasado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22862-2025.