nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, quince de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y considerando:

1° Que don nombre reservado en representación de don nombre reservado interpuso recurso de protección a favor de éste y en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que el 12.01.2017, se lleva a cabo en contra de su representado el embargo de los fondos de sus cuentas corrientes del Banco BCI N° [cuenta reservada] y Banco Santander 0 -203-RUT reservado, por las sumas de $77.85.550 y $23.041.971, respectivamente; e indica que no se cumplió con los dispuesto en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la notificación del embargo en forma coetánea con la diligencia de designación de bienes y retención de fondos de las cuentas corrientes, siendo de responsabilidad del ministro de fe el incumplimiento de ellas, en este caso el recaudador fiscal de la recurrida; norma que es aplicable por remisión de los artículos 2 y 169 y siguientes del Código Tributario, además que la carta certificada establecida en el artículo 174 del Código tributario obliga a la recurrida a remitir copia de la diligencia del embargo al contribuyente requisito esencial para la validez del mismo, cuando la notificación se hizo por cédula a persona adulta. Agrega que, a mayor abundamiento, se notificó el embargo de las cuentas corrientes de los mencionados bancos con fecha 12.01.2017, ocho días después de efectuado ellos, no obstante que ambas diligencias deben ser coetáneas para que sean válidas. Luego también afecta la validez de las actuaciones el no haberse enviado la carta certificada antes señalada.

Expresa que la arbitrariedad en este caso consiste en la ausencia de razón o argumento en la decisión de la recurrida en cuanto a dicha notificación de los embargos de las cuentas corrientes y rechazar el incidente de nulidad del mismo solicitado por esa causa, y la ilegalidad en el incumplimiento de las normas antes citadas, de los artículos 174 del Código Tributario, 450 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que los derechos fundamentales afectados son el legítimo ejercicio del derecho al libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad, considerando el primero en forma implícita en el N° 3 del artículo 19 y el segundo, en el N° 24 del mismo artículo, respectivamente.

En definitiva solicita el compareciente que se acoja el recurso, decretando esta Corte, dejar sin efecto, tanto los embargos efectuados en la fase administrativa del procedimiento de cobro de obligaciones, como de la resolución que rechaza el incidente la nulidad de lo actuado interpuesto en él.

Segundo: Que al informar don nombre reservado en representación de la recurrida Tesorería General de la República, indica que, según el recurso, las supuestas vulneraciones denunciadas por el recurrente, se habrían producido en el expediente administrativo Rol N° 10586 – 2016, de la comuna de Independencia, mediante resoluciones de 09.12.2016, en el que el juez sustanciador de la Tesorería Regional Metropolitana, ordenó trabar embargo sobre las cuentas corrientes y activos financieros de los que figuraba el deudor como titular en el Banco de Chile y Banco de Crédito e Inversiones, instruyendo lo propio con fecha 28.12.2016, respecto de sus productos registrados en el Banco Santander.

Sin embargo, expresa el informante, el recurrente mantenía una deuda con el fisco derivada de los formularios 21, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 01.08.2016, por concepto de Global Complementario, IVA, e Impuesto a la Renta principalmente. A la fecha, agrega, la deuda total que mantiene el contribuyente con el Servicio de Tesorerías, alcanza según el certificado de deudas correspondiente a $ 3.473.636.440, que acompaña; y ella se encuentra en proceso de cobro en el expediente administrativo rol N° 10586-2016, de dicha comuna. Y de tales antecedentes se comprueban los siguientes actos del procedimiento:

Con fecha 07.10.2016, se creó la nómina de deudores morosos, despachando el Tesorero Regional Metropolitano en su calidad de Juez Sustanciador, mandamiento de ejecución y embargo, ordenando notificar y requerir de pago al deudor y embargar bienes si no pagare. Luego, el 29.11.2016, el recurrente fue notificado personalmente del procedimiento de cobro ejecutivo seguido en su contra en el domicilio de domicilio reservado, de cuero al artículo 171 del Código Tributario. Por lo que no es verdad que éste haya tomado conocimiento del procedimiento de cobro ejecutivo sólo con la notificación del embargo de sus fondos disponibles en sus cuentas corrientes bancarias. Luego, el 12.01.2017, se procedió a la traba del embargo sobre las citadas cuentas corrientes mencionadas en el recurso, siendo el ejecutado notificado el 20.01.2017, respectivamente. Por último, indica que en dicho expediente el 29.11.2017, diez meses después de ser notificado el embargo de las cuentas corrientes del recurrente, éste solicitó la nulidad del embargo lo cual fue rechazado de acuerdo con los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por extemporáneo.

Expresa que en consecuencia, este recurso de protección es extemporáneo porque ha sido inerpuesto fuera del plazo legal que indica el Auto Acordado sobre Tramitación y fallo del Recuro de Protección, que establece que se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza d esto, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Dado que la acción se dirige formalmente en contra del embargo de 12.01.2017, o en su defecto en contra de la resolución de 18.12.2017 que rechazó el incidente de nulidad de la notificación del recurrente de 19.11.2017. De lo que se desprende que, el hecho que afecta el recurrente son los embargos de las cuentas corrientes, lo que fue notificado el 20.01.2017 o la resolución de rechazo del incidente de nulidad, resolución remitida para su notificación por carta de Correos de Chile, recepcionada por esta entidad para su despacho con fecha 24.01.2018, por lo que, ha transcurrido el plazo antes mencionado de treinta días corridos contados desde que el recurrente tuvo conocimiento cierto de los hechos que supuestamente vulneran sus garantías constitucionales.

En cuanto al fondo, la recurrida sostiene que el recurso es inadmisible por improcedente, en consideración a que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo, regulado en el Código Tributario, para el conocimiento y juzgamiento de esta materia. Además, éste debe ser rechazado, porque no ha existido actuación arbitraria o ilegal de parte del Servicio de Tesorerías.

Tercero: Que se desestima la petición formal de la recurrida, de la extemporaneidad del recurso, dado que los actos que supuestamente vulnerarían derechos del recurrente que menciona el recurso, constituirían el tal caso una afectación continua, por lo que el cómputo del plazo de treinta días que tiene el afectado para interponerlo que el Auto Acordado respectivo establece, “desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión” (sic) o “desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos”, el plazo debe ser computado solo a partir de la fecha en que haya cesado totalmente la ejecución u omisión.

Cuarto: Que el recurrente nombre reservado impugnó por esta vía de amparo constitucional el embargo de sus cuentas corrientes del Banco BCI N° [cuenta reservada], por la suma de $ 77.850.550 de fecha 12.01.2017, y de la del Banco Santander N° 2103 – RUT reservado, por la cantidad de $ 23.041.971, respectivamente, y/o por haber sido rechazado el incidente de nulidad de la notificación del recurrente de fecha 29.11.2017, actuaciones del procedimiento sobre cobro ejecutivo de impuestos en sede administrativa, ante la recurrida, determinadamente ante el juez sustanciador de la Tesorería General Metropolitana, auto rol N° 10586 - 2016. No obstante, el presente recurso de protección no puede prosperar porque el embargo de las cuentas corrientes bancarias del recurrente y el rechazo de un incidente del procedimiento contencioso ejecutivo, no es una acción imputable a ilegalidad y/o arbitrariedad de la recurrida Tesorería General de la República.

Quinto: Que, en efecto, el embargo de las cuentas corrientes y el fallo del incidente de nulidad fueron actuaciones procesales ordenadas en el juicio ejecutivo especial de cobro de impuestos, en la primera etapa tramitada ante la recurrida, y el incidente de nulidad, según el Expediente Administrativo, rol N° 10586 – 2016, de la comuna de Independencia. Por lo que, el conflicto jurídico es típicamente de derecho procesal en los que los derechos fundamentales invocados como vulnerados por el recurso resultan impertinentes para la solución de aquél juicio, que consagra el derecho del fisco para hacerse pago compulsivamente de los impuestos adeudados por el contribuyente, y el juez sustanciador resolvió lo conveniente en el proceso para que se trabara embargo sobre fondos del deudor en las de que daban cuenta sus respectivas cuentas corrientes bancarias, el que había sido requerido de pago con anterioridad el 29.11.2016. A mayor abundamiento la recurrida informó, con el fin de dar cuenta de la regularidad en la tramitación del procedimiento ejecutivo especial, que luego de ser notificado del embargo el recurrente el 20.01.2017, éste con fecha 29.11.2017, solictó la nulidad del embargo en el expediente administrativo, el que de conformidad al artículo 83 del Código de Procedimiento Civil fue rechazado por extemporáneo.

Sexto: Que, en consecuencia, la acción de la recurrida Tesorería General de la República, hace cumplir con la coacción estatal a una pretensión de cobro de dinero amparada por el derecho. Si se razona que, para que exista una infracción a un derecho fundamental es necesario que haya una acción u omisión, imputable al Estado o en determinados casos a particulares, arbitraria y/o ilegal, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de un derecho y que, para que tal infracción pueda ser remediada mediante el recurso de protección, debe tratarse de aquellos derechos fundamentales a que se refiere de manera genérica el inciso segundo del artículo 5°, especifica el artículo 19 y que precisa el artículo 20, todos de la Constitución Política de la República.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-22831-2018.- Redacción del Ministro señor Jorge Zepeda.