nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Resolviendo al escrito de folio 9: a todo, téngase presente.

Al escrito de folio 10: a lo principal: téngase presente. Al otrosí: a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en favor de Keiriachi del nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro y devolución de fondos de ahorros como profesional extranjera, dispuesto en la Ley Nº 18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene la entrega de los fondos previsionales a la brevedad.

Expone la recurrente que Keiriachi del nombre reservado, de nacionalidad venezolana, es técnico superior universitario en seguridad industrial y se encuentra dentro del supuesto legal establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 18.156, cumpliendo las condiciones y requisitos contenidos en el artículo 1 del mismo texto legal. Señala que el día 20 de julio de 2024 realizó la primera solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales depositados en AFP Planvital, presentando para ello: constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) debidamente legalizada, título profesional universitario debidamente apostillado, y contrato de trabajo con anexo especificando la voluntad de cotizar fuera de Chile.

Indica que con fecha 23 de julio de 2024 recibió un correo electrónico informando que su solicitud fue rechazada por el motivo: "Título no cuenta con la debida apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores". Ante esto, la recurrente realizó una nueva solicitud, presentando nuevamente todos los documentos requeridos, pero el 4 de noviembre de 2024 recibió otra carta de rechazo, esta vez alegando que: "No es posible ingresar su solicitud porque no ha sido posible verificar a través del código QR, la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Lo anterior, en virtud de no encontrarse operativa la página web establecida".

Argumenta la recurrente que dicho documento ya había sido presentado en la primera solicitud, estando debidamente legalizado por la delegación consular venezolana y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Agrega que la única vía para revisión y validación del código del Certificado de Afiliación del IVSS es la página del mismo instituto, no la de la Embajada Venezolana en Chile. Sostiene que resulta absurdo solicitar una verificación de un documento debidamente legalizado por autoridades venezolanas y chilenas, que a otros solicitantes se les ha aceptado sin objeción.

En cuanto a la normativa aplicable, la recurrente invoca el artículo 7 de la Ley N° 18.156, que establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1 de dicha ley, esto es: a) encontrarse afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo se exprese la voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene que la recurrida vulnera el derecho de propiedad de la recurrente al impedirle usar, gozar y disponer de sus fondos previsionales, privándola arbitrariamente de su propiedad, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. la entrega a la brevedad del dinero propiedad de la recurrente, percibido por concepto de cotización previsional, conforme con lo dispuesto en la Ley N° 18.156, atendida su especial calidad de profesional extranjera.

SEGUNDO: Que la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A., ha evacuado el informe requerido solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, fundado en que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. Para fundamentar su petición, opone dos defensas principales: a) que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales se ajustó estrictamente a la ley y normativa aplicable; y b) que la recurrente no cumplió con los requisitos copulativos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio pretendido.

En cuanto a los fundamentos de hecho, expone que la última solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente no fue aprobada por problemas tanto de forma como de fondo. Respecto a la forma, señala que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) no pudo ser validada ni verificada por los medios electrónicos que el propio documento indica. En cuanto al fondo, sostiene que el contrato de trabajo y anexo presentados por la recurrente no revisten los requisitos necesarios para ser considerados como sustento de una relación laboral de subordinación y dependencia válida, por cuanto la recurrente es socia mayoritaria de la empresa que figura como su empleadora (Comercializadora Keiriachi Acosta López E.I.R.L.), y aparece simultáneamente como empleador y trabajador, circunstancia que importa que su voluntad se confunda con la de la respectiva sociedad.

Respecto de los fundamentos de derecho, la recurrida argumenta que su actuación se ajustó a las disposiciones de la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y la Dirección del Trabajo. Cita específicamente el Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social N°167867-2022 y el Oficio 1493 de la Dirección del Trabajo de fecha 7 de diciembre de 2023, que sostienen que la confusión de voluntades entre la sociedad y los socios mayoritarios impide que se manifieste el vínculo de subordinación y dependencia requerido para una relación laboral válida. Asimismo, invoca el Oficio Ordinario N°11737 de la Superintendencia de Pensiones de fecha 1 de julio de 2024, el Oficio Ordinario N°12.943 y el Oficio Ordinario N°16.134 de fecha 2 de septiembre de 2024, que establecen la obligación de las AFP de verificar el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

En cuanto al análisis específico de los requisitos, indica, en relación con la calidad de técnico, que la afiliada no acompañó documentación en un formato que permita la verificación del cumplimiento de este requisito, lo cual le fue comunicado para que pudiera subsanar este hecho a través de una nueva solicitud; en lo que respecta a que el trabajador se encuentre afiliado en un régimen de seguridad social fuera de Chile, reitera que la afiliada acompañó un documento cuya verificación de autenticidad no puede ser llevado a cabo por la recurrida, ya que el sitio web de la Embajada de Venezuela en Chile, para estos efectos, no se encuentra operativa; y, en lo relativo a que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida, realiza un análisis normativo sobre el punto.

La recurrida concluye que no ha existido acto u omisión arbitrario o ilegal de su parte, que haya vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19, Nº 2 y 24, toda vez que ha actuado en estricto cumplimiento del marco legal vigente y de las normas administrativas que regulan la materia, rechazando la solicitud de devolución de fondos por motivos justificados, aplicando el mismo criterio a todos los afiliados y permitiendo a la recurrente subsanar las observaciones mediante una nueva solicitud.

Finalmente, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido, se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido, con expresa condena en costas. En el tercer otrosí, solicita oficiar a la Superintendencia de Pensiones para que se pronuncie sobre la procedencia de la devolución de fondos previsionales cuando el trabajador reviste a su vez la calidad de empleador por ser titular de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.).

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

CUARTO: Que para resolver el litigio debe revisarse las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

QUINTO: Que a su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que así las cosas, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Plan Vital S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la señora nombre reservado carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Keiriachi del nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-22821-2024.