nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 17 de octubre de 2025, comparece el abogado Osvaldo Alcibíades Llinás Quintero, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, comunicado mediante correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2025, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que su representado, Licenciado en Procesos Gerenciales, se desempeñó en Chile como profesional extranjero bajo contrato de trabajo con la empresa SIOM SpA, acogiéndose a los beneficios de la Ley N° 18.156, que le permitía eximirse de cotizar en el sistema previsional chileno, a condición de mantener su afiliación en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Señala que, durante los períodos en que sí cotizó en el sistema chileno, su representado acumuló fondos en su cuenta de capitalización individual administrada por la recurrida.

Expone que, con fecha 22 de septiembre de 2025, el recurrente solicitó formalmente a la AFP la devolución de la totalidad de sus fondos previsionales, completando el formulario "Técnico Extranjero" y adjuntando la documentación requerida, incluyendo su contrato de trabajo, título profesional y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el IVSS. Precisa que, con fecha 2 de octubre de 2025, la AFP recurrida rechazó la solicitud, fundándose exclusivamente en que el certificado de afiliación a seguros sociales del país de origen debía estar apostillado o legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile.

Argumenta que la exigencia de apostilla resulta de cumplimiento materialmente imposible, por ser un hecho público y notorio que la obtención de documentos apostillados desde Venezuela se ha tornado inviable para sus ciudadanos, debido a la crisis institucional de dicho país y a la limitada o nula operatividad de sus servicios consulares. Sostiene que esta situación de fuerza mayor, ajena a la voluntad de su representado, transforma una exigencia formal en una barrera infranqueable, y que la AFP, en una aplicación mecánica de la norma, ha mantenido los fondos del recurrente retenidos de facto.

Señala que el acto impugnado vulnera la esencia del derecho de propiedad consagrado en los artículos 19 N° 24 y 19 N° 26 de la Constitución Política, por cuanto los fondos previsionales constituyen propiedad privada del recurrente, y al imponerse un requisito fácticamente imposible de cumplir, se impide de manera indefinida el ejercicio de la facultad de disposición sobre su propio patrimonio. Agrega que el acto resulta arbitrario por falta de racionalidad y por una aplicación desproporcionada de la norma, e ilegal por infracción al principio de inexcusabilidad y racionalidad del procedimiento.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el artículo 19 N° 24 y N° 26 del mismo cuerpo normativo, y la Ley N° 18.156 sobre exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros.

Pide, en definitiva, se ordene a la recurrida dejar sin efecto dicha negativa y proceder a dar curso a la solicitud de devolución, y se disponga que para acreditar la afiliación al sistema de seguridad social venezolano la recurrida deberá aceptar como medio de prueba idóneo la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS u otros medios supletorios, con costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 28 de octubre de 2025, comparece la abogada Ana María Herrera Brümmer, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Expone como antecedentes que, en primer término, la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, por cuanto el recurso fue concebido como un medio eficaz para situaciones urgentes y no para la declaración de derechos controvertidos.

Precisa que efectivamente AFP ProVida rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N° 18.156, por cuanto el certificado de afiliación a seguros sociales del país de origen no se encontraba apostillado o legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Indica que, conforme al Oficio N° 5376 de la Superintendencia de AFP, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento genérico, sino que debe consignarse en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho de que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos referidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, puesto que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no se encuentran legalizadas o apostilladas, y que no señalen las coberturas específicas del afiliado, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero. Agrega que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela también Estado Parte de dicha convención, se exige que la certificación venga apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, invocando el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, y diversas sentencias de la Excma. Corte Suprema que han ratificado la procedencia del rechazo de devolución de fondos cuando no se cumplen los requisitos legales. Asimismo, cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones del país en el mismo sentido.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que, para resolver la presente acción cautelar, resulta necesario consignar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República exige, como presupuesto de procedencia del recurso de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que dicha norma protege. En consecuencia, corresponde analizar si la conducta desplegada por la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que se le atribuyen.

CUARTO: Que, conforme se ha establecido en los considerandos precedentes, el recurrente, don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos previsionales en calidad de técnico extranjero al amparo de la Ley N° 18.156, solicitud que fue rechazada con fecha 2 de octubre de 2025, por no acompañar el certificado de afiliación a seguros sociales de su país de origen debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en concordancia con su artículo 7°, establece que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos copulativamente en el referido artículo 1°, a saber: a) que se encuentren afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que les otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al régimen de seguridad social de su país de origen. Tratándose de una norma de excepción al régimen general de cotizaciones obligatorias del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, su interpretación debe ser restrictiva y su aplicación procede únicamente cuando se acredita el cumplimiento íntegro de las exigencias que la ley contempla.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la acreditación del requisito contemplado en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. A su turno, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades interpretativas, ha señalado de manera uniforme y reiterada —entre otros, mediante los Oficios N°s 23.241 de 2016, 21.480 de 2017, 3.141 de 2024 y 12.954 de 2025— que para acreditar dicha cobertura no basta un documento que señale en forma genérica las coberturas de un sistema previsional determinado, sino que se requiere que la autoridad previsional competente consigne en forma específica que el trabajador contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la norma, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

SÉPTIMO: Que, asimismo, cabe tener presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela también Estado Parte de dicha convención, los documentos públicos venezolanos que deban producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de ese país, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros. En tal sentido, la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el recurrente no se encuentra apostillada ni legalizada, y se limita a dar cuenta de un número de semanas cotizadas sin especificar las coberturas con que contó el afiliado en los términos exigidos por la ley, circunstancias que impiden tenerla como medio de prueba idóneo para acreditar el cumplimiento del requisito en cuestión.

OCTAVO: Que, en este contexto, el actuar de la recurrida al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente se ajusta estrictamente a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador al que la recurrida se encuentra legalmente obligada a dar cumplimiento. La negativa no obedece a un capricho ni a la mera discrecionalidad de la administradora, sino a la verificación del incumplimiento de uno de los requisitos copulativos que la normativa vigente exige para acceder al beneficio excepcional de devolución de fondos. En consecuencia, no se advierte en la conducta de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por la vía del recurso de protección.

NOVENO: Que, si bien esta Corte no desconoce las dificultades que enfrentan los ciudadanos venezolanos para obtener documentación apostillada desde su país de origen, derivadas de la situación institucional de Venezuela y del cierre de su representación consular en Chile, tales circunstancias no alteran el marco normativo vigente ni autorizan a la recurrida a prescindir del cumplimiento de los requisitos legales que condicionan la procedencia de la devolución de fondos. La eventual insuficiencia o inadecuación de la normativa aplicable frente a esta situación excepcional constituye una materia que corresponde abordar al legislador o a la autoridad administrativa competente, mas no puede ser resuelta mediante una acción cautelar cuya finalidad es restablecer el imperio del derecho frente a actos ilegales o arbitrarios, calificación que, como se ha razonado, no corresponde atribuir a la conducta de la recurrida.

DÉCIMO: Que, por consiguiente, no concurriendo en la especie los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad que el artículo 20 de la Carta Fundamental exige para la procedencia de la acción de protección, el recurso interpuesto no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22809-2025.