nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

nombre reservado, ocho de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en calidad de mandatario judicial de don nombre reservado, empleado, de su mismo domicilio interpone recurso de protección de garantías constitucionales en favor de su representado don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, con domicilio en domicilio reservado.

En cuanto a los hechos, señala que en el mes de febrero de 2018, la recurrida le pidió al empleador de su representada “Suatrans Chile” que se le descontara de sus remuneraciones por una liquidación de sueldo de fecha 28 de febrero de 2018, que recibió ese día por mano. Así, se puede constatar que aparece dicho descuento como: “Préstamo Caja $156.128” Aunque dicha glosa no permite hacer la vinculación a la Caja de Compensación de la Araucana. Hace presente que su representado nunca ha tenido un crédito que haya sido otorgado por la Caja de Compensación de la Araucana. Siendo la última vez que pidió un crédito social el 29 de mayo de 2008, o sea, hace aproximadamente 10 años y fue a la Caja 18 de septiembre. Dicha deuda se señala como “vigente” como un crédito que fue otorgado el 29 de mayo de 2008 y de la cual se pactaron 36 cuotas. Sin embargo, con fecha 11 de agosto de 2010, la Caja de Compensación 18 de Septiembre interpuso demanda ejecutiva respecto de dicho crédito social ante el 23° Juzgado Civil de nombre reservado (Causa Rol C-15011-2010 P), hace aproximadamente 6 años, la que actualmente se encuentra archivada desde el 5 de diciembre de 2011, de lo que se presume que dicho crédito social se encuentre ampliamente prescrito. Agrega que los empleadores son informados de las nóminas de descuentos que remiten las Cajas de Compensación y no revisan la legalidad de dichos descuentos, limitándose a efectuar los descuentos señalados. En ese sentido su representado tiene el justo temor de que los meses venideros continúen descontándole dineros de su remuneración que no corresponden. La actitud de la recurrida es arbitraria e ilegal, desde que no existe norma alguna que le permita cobrar a una persona con la que no tiene vínculo alguno y que no es su deudora por ninguna obligación vigente, o en mora, y respecto de la cual no ha ejercido acciones judiciales. Arguye que la garantía Constitucional del Derecho de Propiedad, consagrada en el artículo 19 Número 24 de la Constitución Política de la República se encuentra vulnerada por la recurrida, pues el descuento se hace del sueldo de un trabajador, que constituye una necesidad básica de carácter alimentario, de manera que este debe ser protegido con todas las herramientas de la ley. Finalmente pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, y, en definitiva, restablecer el imperio del Derecho, ordenando a la recurrida cesar en su solicitud de descuentos a la empleadora de su representado, y que sean restituidos los descuentos ya señalados a éste, por ser arbitraria e ilegal su actitud, con expresa condenación en costas del recurso.

SEGUNDO: Que don MATÍAS JAVIER ZOROQUIAIN VÉLEZ, abogado, en representación convencional de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, ambos domiciliados en domicilio reservado; viene en evacuar el informe requerido haciendo presente que el descuento del valor de la cuota en las remuneraciones del recurrente la ha realizado desde hace años (desde 2016 a la fecha); sin que jamás se haya tenido noticias de su disconformidad al respecto. Ignora qué “urgencia” podría entrañar la tramitación de este asunto, en circunstancias que el propio deudor ha aceptado sin reproche alguno, el descuento del valor de las cuotas desde hace años. El recurso, resulta extemporáneo. Por su parte, también ignora qué valor puede tener para el actor aludir al proceso judicial seguido bajo el ROL C-15011-2010 ante el 23° Juzgado Civil de nombre reservado; acción judicial impetrada oportunamente por la Caja tendiente cobrar ejecutivamente la deuda del actor, que no pudo prosperar, atendido que el deudor no pudo ser hallado en el domicilio. Desde luego, el deudor jamás informó a la C.C.A.F. de tal cambio de domicilio. El ánimo de que se desconozca su domicilio es aún más palmario, si se considera que en el Mandato Judicial conferido a sus representantes ante el Notario de nombre reservado don nombre reservado, el señor nombre reservado, señala como domicilio domicilio reservado. Comuna de Quillón, Región del Biobío: pero de acuerdo al certificado de fecha 27 de marzo de 2018, emitido por su empleadora, desempeñaría funciones en nombre reservado°253, comuna de Ñuñoa, esta última aparentemente en calidad de contratista de la Compañía Anglo American, no encontrándose ninguna de sus operaciones en la Octava Región. Así entonces, la actitud que ha mantenido el recurrente para con la Corporación, ha determinado que el crédito no haya sido recaudado en su totalidad, luego de detectarse su afiliación a CCAF La Araucana (que forma parte de la plataforma Intercajas, por medio de la que puede y debe efectuarse la recaudación de los créditos adeudados a estas Corporaciones), fuese incorporado en las planillas de cobro respectivas cobrándosele de esa forma, y con estricto apego a derecho. Hace presente que en su condición de trabajador dependiente de la empresa afiliada LÓPEZ Y BAHAMONDEZ UMITADA, RUT RUT reservado, el recurrente señor nombre reservado, solicitó a esta C.CA.F. un crédito por $4.000.000 (cuatro millones de pesos), pagadero en 36 cuotas de $156.128. Dicha operación fue registrada bajo el folio 131094871 y al día de hoy, se encuentra vigente y morosa. El pago parcial del crédito se ha realizado mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833, esto es, mediante la deducción del valor de la cuota por el empleador del trabajador, y su posterior remesa a la C.C.A.F. acreedora. Por su parte, no existe ni ha existido acción judicial alguna planteada por el actor en contra de esta C.C. A.F. que haya tenido por objeto instar a que se declare la prescripción, ya que el deudor no ha ejercido acciones de cobro derivadas de los contratos de crédito social. En consecuencia, el sistema INTERCAJAS se limita a dar aplicación a la normativa que regula la forma de pago del crédito social aludida en los párrafos anteriores, posibilitando –con estricto apego a derecho- la recaudación de las cuotas correspondientes a operaciones de crédito cuyos deudores se encuentran afiliados a una Caja distinta de la Caja acreedora. Sólo a mayor abundamiento, la aplicación del sistema aludido ha sido validado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la Dirección del Trabajo. Naturalmente, se excluyen del sistema las deudas extinguidas de conformidad a la legislación común; cuyo no es el caso de las deudas que mantiene el señor nombre reservado con esta Caja. En efecto, si tal fuese el caso, no habría dudas sobre el carácter preexistente e indiscutido del derecho del actor que justificaría de sobra su acción constitucional; no obstante, las obligaciones que contrajo con la CCAF, se mantienen plenamente vigentes. Por su parte, no está demás informar que la plataforma INTERCAJAS se limita a recaudar el valor nominal de las cuotas pactadas, sin que se cobre mediante el citado mecanismo los recargos provenientes de la mora. Así entonces, recaudada la última cuota se registrarán como pagados los créditos, y se extinguirán las obligaciones del deudor para con esta Caja: extinguida la obligación principal, se extinguirán las que acceden. En el eventual caso-no informado, por cierto- que el valor de la cuota supere actualmente el 25% de la renta actual del recurrente, puede acercarse a cualquiera de sus oficinas a efectos de solicitar la reprogramación de la deuda, y de esa forma, ajustar el valor de la cuota a su situación financiera actual. En consecuencia, no existe actuar “ilegal o arbitrario* alguno de las C.CA.F. recurridaS, respecto del cobro actual del crédito del actor.

TERCERO: Que doña nombre reservado, abogada, por la parte recurrida, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, evacua el informe, y pide desde ya el más absoluto rechazo, fundado en las siguientes consideraciones: Explica que don nombre reservado, no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, esta entidad ha procedido a efectuar el descuento por el cual recurre el Sr. nombre reservado, en razón de la operación de crédito de dinero N°1310948718, remesando estos fondos a la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar-Cajas de Chile A.G., por lo tanto el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la Caja de Compensación acreedora, las sumas de dinero que su trabajador adeude por concepto de crédito social, conforme al citado artículo 58 del Código del Trabajo y al artículo 22 de la ley N° 18.833, el cual establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsiones.”. En este orden de ideas, la Caja no es la entidad acreedora del Sr. nombre reservado, los descuentos corresponden al crédito que mantiene con la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre. El descuento antes mencionado, se materializa en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar –Cajas de Chile A.G.”, cuyo origen lugar el 15 de abril de 2013, fecha en la cual la Caja de Compensación de Asignación Familiar suscribió con su Asociación Gremial, integrada por las Cajas 18 de Septiembre, Gabriela Mistral y Los Andes, un contrato y mandato recíproco denominado “Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar – Cajas de Chile A.G.”, el que tiene por objetivo la conservación del fondo social, la coordinación y estandarización de procesos y el suministro de información entre las distintas entidades otorgantes de crédito social, permitiendo de esta forma gestionar a nivel colaborativo entre la mayoría de las Cajas de Compensación, la cobranza de los denominados deudores directos que mantienen saldo pendientes con una Caja y se encuentren afiliados a otra, para ubicar al deudor, regularizar su situación y de esta manera evitar el sobreendeudamiento de toda la población afiliada a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Así las cosas, en cumplimiento de este mandato, su representada, actuando en calidad de mandataria de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, le comunica al empleador del recurrente la existencia de su crédito social impago, y solicita que se le efectúen los descuentos respectivos de sus remuneraciones y la remesa de los fondos a esta entidad, para ser enviados finalmente a la C.C.A.F. 18 de Septiembre, con el objeto de pagar su respectivo crédito. Es por lo anterior, que este acto no tiene el carácter de ilegal o arbitrario, en atención que se realiza en virtud del ejercicio de una facultad legal. Asimismo, nuestra legislación impone un mandato legal a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, que consiste en informar al empleador del deudor de un crédito social impago, para que proceda a la retención de la cuota de su crédito adeudado, con la finalidad de remitirlo a la Caja de Compensación acreedora, en este caso, a la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre. Pide tener por evacuado el informe y rechazar en su totalidad el recurso de protección presentado por el recurrente don nombre reservado, con costas.

CUARTO: Que el denominado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

QUINTO: Que constituyen entonces presupuestos de la acción cautelar- en el carácter de copulativos-, los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el descuento realizado al recurrente de su liquidación de remuneración del mes de febrero del año 2018 de $156.128 correspondiente a un préstamo informado por la Caja de Compensación La Araucana.

SEPTIMO: Que conforme a los antecedentes aportados por las partes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana critica es posible establecer los siguientes hechos:

a) Que el recurrente en el año 2008, obtuvo un préstamo de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de septiembre, por un capital de $4.175.768, la que debía pagar en 36 meses a contar del mes de junio de 2008, cada una por $156.128, suscribiéndose un pagaré.

b) Que el recurrente dejó de pagar la cuota correspondiente al mes de septiembre del año 2008.

c) Que según el historial de pagos del crédito del recurrente, registra pagos en el sistema de Intercajas, desde el 29 de agosto del año 2016 y la última se pagó en el mes de marzo del año 2018.

d) Que presentado a cobro judicial el referido pagaré ante el 23° Juzgado Civil nombre reservado, la demanda no pudo notificarse al ejecutado y recurrente porque no fue habido en el domicilio signado en el pagaré.

e) Entre las Cajas de Compensación La Araucana y 18 de Septiembre, existe un convenio suscrito el 15 de abril del año 2013, por la cual una Caja de Compensación puede recaudar los créditos de otra Caja de la que el deudor se desafilió.

OCTAVO: Que es efectivo que la Ley N° 18.933, faculta a las Cajas de Compensación para otorgar a los trabajadores afiliados créditos sociales; y también que en el artículo 22, estos pueden ser deducidos de su remuneración por la entidad empleadora pagadora quien debe remitir tales dineros a la Caja acreedora, aplicándose las mismas normas de pago y de cobro que para las cotizaciones previsionales.

NOVENO: Que conforme a los hechos establecidos, el descuento efectuado al recurrente, se ha fundado en la existencia de un crédito que se le otorgó por la Caja de Compensación 18 de Septiembre, cuyo cobro actualmente se efectúa a través del empleador, por la Caja de Compensación La Araucana, Caja en la que el actor actualmente se encuentra afiliado.

DECIMO: Que la acción cautelar en análisis se ha dirigido únicamente en contra de la Caja de Compensación La Araucana, por haber realizado el descuento, sin embargo, como ha quedado señalado precedentemente, el descuento se ampara en la ley y en el Convenio celebrado entre las Cajas. En relación a la Caja de Compensación 18 de Septiembre, no se ha deducido el recurso en su contra, de modo que no puede existir un pronunciamiento a su respecto.

UNDECIMO: Que no puede existir una vulneración a la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues existe una deuda que se encuentra impaga, por lo que no puede afectar de modo alguno en su patrimonio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Protección N° 22.809-2018