nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) MODELO S.A, representado legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, de fecha 26 de septiembre de 2025, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados, dentro de un plazo razonable.

Relata que solicitó ante la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, norma que permite a los técnicos extranjeros afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile así requerirlo, agregando que fue notificado mediante correo electrónico de 26 de septiembre de 2025, que su solicitud no podría seguir avanzando, ya que existirían documentos que no cumplen los criterios de aceptación, en particular la constancia electrónica de afiliación al sistema previsional venezolano. Al respecto, puntualiza que lo anterior obedece a una mala interpretación de la normativa aplicable y, en particular, a la imposibilidad de obtener la legalización de documentos en su país, dado que Venezuela no tiene representación consular en Chile, lo que representa un caso fortuito o fuerza mayor.

Sostiene que cumple en particular con los requisitos del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156 para que su solicitud de retiro de fondos de AFP sea aprobada, no obstante ha visto obstaculizado su proceso por una interpretación formalista de la ley por parte del recurrido, que no ha querido tener en consideración la validez del instrumento que presentó para acreditar que se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen, incorporando de esta forma un requisito que no se encuentra establecido en la ley, ya que la normativa solo se limita a exigir afiliación a un sistema previsional en su país de origen y la manifestación de voluntad en su contrato de trabajo o anexos, de mantenerse afiliado a éste, lo que el actor afirma cumplir en su totalidad.

Hace presente el actor que en su solicitud de retiro de fondos de AFP acompañó como documentación en relación a su situación previsional un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), debidamente notariado y apostillado, afirmando que se trata de una constancia electrónica que puede ser verificada y validada a través del portal web oficial de dicha institución, ingresando el código alfanumérico que aparece en la parte inferior del documento o mediante el número de cédula de identidad venezolana, puntualizando que la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales, que a ello se acompañó también una declaración jurada, y que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han realizado este mismo procedimiento de verificación, concluyendo que el documento cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Agrega que la recurrida dispone de diversos medios para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante lo cual adoptó una decisión contraria a derecho al rechazar la solicitud, sin siquiera cotejar los documentos acompañados, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad, al realizar una interpretación normativa restrictiva en perjuicio del actor, carente de una debida fundamentación, no obstante cumple con los requisitos exigidos en la ley para que se accediera a su petición.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que el recurso de protección sea acogido, y con su mérito, se ordene a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados, dentro de un plazo razonable;

SEGUNDO: Que, informa don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de AFP MODELO S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Relata que el recurrente presentó con fecha 24 de septiembre de 2025 una solicitud para retirar cotizaciones previsionales respecto del empleador OCA ENSAYOS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES CHILE S.A., pretendiendo ampararse en la exención establecida para trabajadores técnicos extranjeros contemplada en la Ley N° 18.156. Para tal efecto, el recurrente acompañó los siguientes documentos: su título profesional; declaración jurada ante notario; constancia electrónica de cotizaciones, y su documentación laboral respectiva.

Refiere que, tras el análisis de los antecedentes presentados, la Administradora rechazó la solicitud, fundándose en que la Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no cumple con las exigencias de la Ley N° 18.156. Por tanto, no sirve para acreditar que se encuentra cubierto, con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ya que en concreto no es un certificado de afiliación, ni menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según corresponda..

Argumenta que, en estas circunstancias, el rechazo de la solicitud de devolución de fondos se debe a que se acompañó una constancia de afiliación que no cumple con la normativa vigente que regula la materia en la ley N° 18.156, lo que deviene en que no ha existido una conducta ilegal o arbitraria por parte de la recurrida.

Precisa en este contexto que ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que dicha normativa establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que en caso de autos, el recurrente no cumplía, no constituyendo medios idóneos los instrumentos acompañados en sustento de su solicitud.

Adicionalmente, fundamenta la exigencia de legalización o apostilla de los documentos extranjeros conforme lo dispuesto por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, normativa que resulta aplicable en resguardo de la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico. En este sentido, destaca que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades contempladas en el artículo 94 del D.L. 3.500, ha interpretado administrativamente estos requisitos de forma vinculante para todas las Administradoras.

Invoca asimismo reciente jurisprudencia de tribunales superiores de justicia, que han establecido criterios uniformes respecto de la insuficiencia de la Constancia Electrónica de Cotizaciones venezolana no legalizada para asignarle el valor pretendido por el actor.

Por todo lo expuesto, solicita a esta Corte tener rechazar el recurso de protección interpuesto, y condenar en costas a la parte recurrente;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) MODELO S.A, la solicitud de retiro de fondos para extranjero del recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

QUINTO: Que, tal como consta en los antecedentes que las partes han puesto en conocimiento de esta Corte y sus respectivas alegaciones, es preciso hacer presente que la negativa de la entidad recurrida se basa en sostener que el peticionario no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que regula el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de no haber sido acreditado documentalmente y conforme a la normativa aplicable, que se encuentra afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cuestionando igualmente los documentos vinculados con su relación laboral.

En efecto, el recurrente acompañó los documentos presentados en el ingreso de la solicitud por cuyo rechazo se recurre, entre los que se encuentra una declaración jurada ante notario, de afiliación al sistema previsional de Venezuela, correspondiente a la “constancia electrónica de cotizaciones”, del instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS), que sería idóneo, a juicio del actor, para la autorización del requerimiento, además de otros documentos que acreditan su relación laboral;

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, las dos disposiciones legales con especial atingencia para decidir acerca de la legalidad del proceder de AFP UNO S.A. son los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que prescriben lo siguiente:

a) “Artículo 7. En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”;

b) “Artículo 1. Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”;

SÉPTIMO: Que, en lo que interesa para los fines del presente arbitrio, la exigencia legal que interesa primeramente es la relativa al imperativo de que el afiliado lo esté en el extranjero a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones “a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”, lo que aparece controvertido en estos autos.

A este respecto, y al tenor del documento adjunto por el actor en su solicitud ante la recurrida, aparece efectivamente que el instrumento da cuenta de las semanas cotizadas por el afiliado, pero no permite tener por establecido que conste la obligación actual de otorgar prestaciones en los términos exigidos por la ley y, en consonancia con lo declarado por el recurrente en el anexo de trabajo acompañado a estos autos entre el protegido y “OCA ENSAYOS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES CHILE S.A.”, de 8 de agosto de 2025, expresando formalmente su voluntad de mantener su afiliación al régimen de previsión extranjero, pero sin que documentalmente conste que dicha situación sea efectiva;

OCTAVO: Que, conforme con lo razonado precedentemente y el mérito de los instrumentos adjuntos por el recurrente, no es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional de que se trata, de lo que deviene en que el rechazo de la recurrida de acceder a la devolución de los fondos previsionales del actor, en sus términos, no importa un acto que vulnere garantías constitucionales, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) MODELO S.A.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-22793-2025.