nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL MOVILIZACIÓN NACIONAL

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

A los folios 12 y 13, a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, en representación propia, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, representada por su director general don Jorge Hinojosa Riquelme, por haber emitido la Resolución Exenta N°001499 de fecha 26 de junio de 2024, mediante la cual se determina la cancelación de la inscripción que tiene el recurrente respecto del revólver marca Pasper, número de serie 96582, calibre 22, Id.000539785, para defensa personal, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que dicha cancelación atentaría contra un derecho adquirido que forma parte de su patrimonio desde el año 1981, vulnerando con ello el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada y se restituya su derecho a mantener la inscripción del arma de fuego.

Expone el recurrente que la Resolución Exenta N°001499 fue notificada el día 7 de noviembre del presente año, y el fundamento esgrimido por la autoridad administrativa para proceder a la cancelación de la inscripción se basa en el hecho de que con fecha 17 de noviembre del año 2014, fue condenado como autor de la infracción que contempla y sanciona el artículo 97 N°4 del Código Tributario inciso primero, en causa RIT N°1702-2014, seguida ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

Que, el recurrente hace presente y destaca que la condena fue obtenida mediante juicio abreviado acordado con la fiscalía, y que la pena impuesta no corresponde a aquellas de carácter aflictivo, sino que se trata de un simple delito. En este contexto, enfatiza que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 A de la Ley N°17.798, se autoriza la inscripción de armas en el caso de personas que no hayan sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, previo informe del Director General de Movilización Nacional, cumpliéndose los requisitos ahí establecidos.

Que, adicionalmente, el recurrente manifiesta que al no tener antecedentes penales de carácter previo, cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°18.216, por lo que la pena impuesta fue sustituida por libertad vigilada intensiva, por el plazo de 4 años. Enfatiza que el tribunal ordenó que se diera cumplimiento al artículo 468 del Código Procesal Penal, omitiéndose dicha condena en los certificados de antecedentes, conforme lo establece el artículo 38 de la Ley N°18.216, por no haber cometido crimen o simple delito con anterioridad.

Señala que Gendarmería recomendó el término anticipado de la pena, situación que habría derivado en el levantamiento del bloqueo realizado por el Servicio de Impuestos Internos.

Hace presente que se encuentra inscrito en el registro de armas desde el año 1981, lo que implica que hace más de 30 años que tiene este derecho adquirido, el cual no puede ser desconocido o pretender eliminarse a estas alturas. Sostiene que dicho derecho se incorporó a su patrimonio al momento de practicarse la inscripción respectiva, por lo que pretender cancelar dicha inscripción constituye una vulneración al Derecho de Propiedad, previsto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Que, en consecuencia, el recurrente argumenta que la Resolución Exenta emanada de la Dirección General de Movilización Nacional, en virtud de la cual se ordena cancelar la inscripción del arma de fuego inscrita a su nombre, se trata de un acto arbitrario e ilegal que causa un perjuicio significativo, toda vez que el hecho de existir una condena menor en su contra vulnera el derecho de dominio que tiene sobre dicha inscripción, la cual constituye un derecho adquirido, según lo explicado precedentemente.

Finalmente, el recurrente señala que el recurso de protección está dispuesto, como su nombre lo indica, para salvaguardar el derecho entre otros, de dominio en sus diversas especies, como el que tiene por ser titular de la inscripción del arma de fuego, por haber ingresado a su patrimonio desde el año 1981.

Que, en cuanto a los argumentos jurídicos, el recurrente fundamenta su acción constitucional en lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que establece el recurso de protección como mecanismo de tutela de los derechos fundamentales enumerados en dicha disposición, entre los cuales se encuentra el derecho de propiedad.

Que, en lo que respecta a la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado, el recurrente sostiene que la cancelación de la inscripción del arma de fuego constituye una decisión contraria a derecho, toda vez que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 5 A de la Ley N°17.798, que autoriza la inscripción en el caso de personas que no hayan sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, previo informe del Director General de Movilización Nacional. En este sentido, argumenta que la pena impuesta en su contra no es de carácter aflictivo, sino que corresponde a un simple delito, por lo que la decisión administrativa contraviene la normativa legal aplicable.

Que, en cuanto a la arbitrariedad, el recurrente alega que la autoridad administrativa no ha considerado su conducta posterior intachable ni el hecho de que la pena impuesta fue sustituida por libertad vigilada intensiva, conforme a la Ley N°18.216, omitiéndose dicha condena en los certificados de antecedentes, conforme lo establece el artículo 38 de la citada ley, por no haber cometido crimen o simple delito con anterioridad. Además, señala que Gendarmería recomendó el término anticipado de la pena, lo que habría derivado en el levantamiento del bloqueo realizado por el Servicio de Impuestos Internos.

Que, con respecto a la vulneración de los derechos constitucionales, el recurrente alega que la cancelación de la inscripción del arma de fuego constituye una afectación directa al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que dicha inscripción, que data del año 1981, constituye un derecho adquirido que se incorporó a su patrimonio al momento de practicarse la inscripción respectiva, por lo que pretender cancelar dicha inscripción implica desconocer un derecho legítimamente adquirido, afectando su derecho de dominio sobre la referida inscripción.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°00149 de fecha 26 de junio de 2024 emanada de la Dirección General de Movilización Nacional, y se condene en costas al recurrido.

SEGUNDO: Que don nombre reservado, Coronel, en su calidad de Director General de Movilización Nacional Subrogante, evacúa el informe requerido exponiendo las razones de hecho y de derecho que, a su juicio, justifican la legalidad de la Resolución Exenta N°1499 de fecha 26 de junio de 2024 dictada por la Dirección General de Movilización Nacional, mediante la cual se canceló la inscripción del arma de fuego que el recurrente mantenía a su nombre.

Señala que al recurrente se le autorizó para inscribir a su nombre un arma de fuego para defensa personal durante el año 1981. Asimismo, corrobora que, posteriormente, el recurrente fue condenado el 17 de noviembre de 2014, por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y a una multa ascendente a $22.771.528, como autor de delitos contemplados en el Código Tributario, en grado de consumados, información que consta en el Registro General de Condenas a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Que, en virtud de estos antecedentes, el informante sostiene que se configuró la existencia de la causal de inhabilidad sobreviniente para mantener vigentes inscripciones de armas de fuego, contemplada en la actual normativa sobre control de armas, a saber, "ser condenado por crimen o simple delito con posterioridad a la fecha de las inscripciones autorizadas". Debido a lo anterior, explica que mediante la resolución recurrida se canceló la inscripción de un arma de fuego que mantenía el recurrente, en concordancia al deber establecido en el artículo 78 del Reglamento Complementario de la Ley N°17.798, puesto que dejó de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 5A letra e) de la Ley N°17.798 y 76 letra f) del precitado Reglamento Complementario.

Que el informante hace presente que el recurrente, en su libelo, reconoce la existencia de la condena por delito consumado, pero argumenta que esta no tendría la entidad requerida para ser considerada como causa sobreviniente para cancelar inscripciones de armas de fuego, ya que no constituiría pena "aflictiva" y, además, porque se le habría sustituido la pena impuesta por libertad vigilada intensiva. Asimismo, señala que el recurrente considera que los actos administrativos generados son arbitrarios e ilegales, puesto que amenazan, perturban y privan el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°3 inciso 4° y artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, específicamente el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, el de propiedad y el de igualdad ante la ley.

Que, respecto a la condena por crimen o simple delito como causa sobreviniente para cancelar inscripciones de armas de fuego, el informante argumenta que la exigencia normativa no hace ninguna distinción sobre la entidad de la condena impuesta a una persona con armas inscritas, refiriéndose al efecto solo en términos de indicar que, si la persona es condenada por crimen o simple delito con posterioridad a la fecha de las inscripciones, estas han de ser canceladas. Explica que esto está en consonancia con el estándar previsto por el legislador referente a aquellas personas a las cuales se les autoriza la tenencia de armas de fuego, respecto de las cuales se espera mantengan una conducta intachable.

Que, adicionalmente, el informante señala que la ley no otorga en estos casos ninguna facultad a la autoridad que le permita válidamente analizar las características particulares de las condenas por crimen o simple delito. Argumenta que la referencia que el legislador hizo a las condenas es absolutamente general y no distinguió al respecto, no resultando por tanto lícito distinguir en esta materia.

Que, en cuanto a la inexistencia de actos arbitrarios o ilegales, y menos aún de juzgamiento por una comisión especial, el informante invoca jurisprudencia reciente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, la cual, en casos similares al ventilado en esta oportunidad, razonó el rechazo de las acciones de protección, declarando expresamente que el actuar de la Dirección General de Movilización Nacional no fue ni arbitrario ni ilegal, citando jurisprudencia al respecto.

Que, a la luz de los fallos citados y del actuar coherente de la Dirección General de Movilización Nacional, el informante sostiene que es plausible señalar que todo su actuar es motivado conforme a las normas del derecho administrativo, además de acorde a la norma, no vislumbrando en ningún caso actos ilegales o arbitrarios, pues la jurisprudencia es conteste en detallar los deberes de esta Dirección, los cuales, a su juicio, por lejos pueden ser calificados como juzgamientos de una comisión especial, concluyendo que la resolución de cancelación de la inscripción del arma de fuego inscrita al recurrente se ajustó a derecho, pues se configuró la causal de inhabilidad sobreviniente establecida por el legislador, toda vez que el recurrente fue condenado por simple delito con posterioridad a habérsele autorizado la inscripción de un arma de fuego, y fue dictada, además, dentro del marco de las competencias de la Dirección General establecidas en la Ley N°17.798 sobre control de armas.

Previas citas legales, en virtud de todo lo expuesto, el informante solicita tener por informado el presente recurso.

TERCERO: Que, como se ha dicho reiteradamente, el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

CUARTO: Sobre el particular esta Corte tiene que insistir en la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados. Consecuentemente, no puede transformarse en una suerte de sustituto jurisdiccional porque de ese modo se distorsionaría su propósito y entidad.

QUINTO: Que en cuanto al fondo, el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta N°001499 de fecha 26 de junio de 2024, mediante la cual se determina la cancelación de la inscripción que tiene el recurrente.

SEXTO: Que al respecto, el recurrente señala tener un derecho adquirido respecto de la inscripción de su arma de fuego desde el año 1981, por lo que vería vulnerado su derecho de propiedad consagrado en el Número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Que por su parte, la entidad recurrida refiere que la cancelación se enmarca en lo previsto en el artículo en el artículo 78 del Reglamento Complementario de la Ley N°17.798, pues dejó de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 5A letra e) de la Ley N°17.798 y 76 letra f) del precitado Reglamento Complementario.

Que al respecto, el artículo citado señala que: “Si, por circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un arma inscrita pierde las calidades o aptitudes previstas en los literales a), b), c) o d), o se verifica lo señalado por el literal m) del artículo 76 de este reglamento, o es condenado por crimen o simple delito, o por infracción a la ley N° 20.066, que establece Ley de Violencia Intrafamiliar, la Dirección General de Movilización Nacional deberá cancelar la respectiva inscripción”.

Que de lo referido en la norma transcrita, la ley no distingue entre pena aflictiva o no, ordenando a la Dirección General de Movilización Nacional, la obligación de cancelar la respectiva inscripción SÉPTIMO: Que en este caso, de lo informado por la recurrida, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta apreciable que existe discrepancia, en cuanto a la naturaleza jurídica de la inscripción del arma del recurrente, no constando a esta Corte, que el actor tenga un derecho indubitado sobre la misma, atendido que se encuentra supeditada al cumplimiento de los requisitos que establece la ley 17.798 y su reglamento, en especial lo signado en su artículo 78, que ordena la cancelación de la inscripción en caso de condena por crimen o simple delito.

OCTAVO: Que atendido lo reflexionado precedentemente, y no pudiendo calificarse como indubitado el derecho que se estima conculcado, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, procediendo desestimar el presente arbitrio.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22789-2024.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Dobra Lusic Nadal, señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.