nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, comunicada mediante correo electrónico de fecha 3 de octubre de 2025, fundado en que la recurrida habría carecido de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156.

Señala que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales mediante el portal correspondiente, en conformidad con la Ley N°18.156, acompañando título profesional apostillado, contratos de trabajo y anexos contractuales, además de constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que, según afirma, puede ser verificado electrónicamente mediante código alfanumérico en el portal oficial de dicha institución.

Sostiene que la recurrida rechazó la solicitud indicando, en términos generales, que ciertos anexos de contrato, contratos de trabajo y el certificado de institución de seguridad social no cumplían con los criterios de aceptación para el trámite, sin efectuar una debida ponderación de los antecedentes presentados y exigiendo requisitos no previstos expresamente en la Ley N°18.156. Añade que la constancia emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acredita su afiliación al régimen de seguridad social de su país de origen y que su autenticidad puede ser comprobada por medios electrónicos.

Afirma que la decisión impugnada vulnera las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarla arbitrariamente de la devolución de sus fondos previsionales, solicitando que se acoja el recurso y se ordene a las recurridas adoptar las medidas necesarias para acceder al retiro solicitado.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que la recurrente inició, con fecha 29 de septiembre de 2025, trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, respecto de los empleadores Genera S.A. y Qwantec Ingeniería SpA, acompañando diversos antecedentes, entre ellos contratos y anexos de trabajo, título técnico superior universitario, apostilla del título profesional, certificado de constancia de cotizaciones y declaración jurada ante notario.

Refiere que, con fecha 3 de octubre de 2025, se informó el rechazo de la solicitud N°1409154, debido a que la documentación presentada no cumplía con los requisitos exigidos para dicho trámite. Indica que la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros constituye un régimen excepcional y la constancia de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de legalización ni acredita suficientemente una afiliación vigente a un régimen previsional extranjero que otorgue las prestaciones exigidas por la ley. Asimismo, señala que, respecto del empleador Qwantec Ingeniería SpA, la recurrente no habría acompañado contrato de trabajo ni anexo que contuviera una manifestación expresa de voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero, requisito indispensable conforme a la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Concluye que su actuación se ajustó a la Ley N°18.156, al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, por lo que no existiría acto ilegal ni arbitrario.

Tercero: Que informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso y, como cuestión previa, sostiene que la situación reclamada excede el ámbito propio de la acción, desde que se pretende obtener una declaración acerca del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales, materia que requiere acreditar presupuestos controvertidos y que, por tanto, no corresponde resolver por esta vía cautelar.

Expone que no registra reclamo ni presentación administrativa de la recurrente respecto de los hechos que motivan la acción, y que tampoco se individualiza de manera suficiente un acto propio de la Superintendencia que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario.

Agrega que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales previstas en la Ley N°18.156 constituyen un régimen de excepción y que el trabajador debe acreditar encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y en el contrato de trabajo respectivo debe expresar su voluntad de mantener dicha afiliación. Refiere que la recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, sin que el hecho de incorporar un código de verificación electrónica permita sustituir los requisitos legales vigentes.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal o sea arbitrario.

Sexto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (o retirar sus fondos) siempre que cumpla copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la decisión de la AFP recurrida de negar lugar la devolución de los aportes previsionales de la recurrente por no cumplir con los requisitos legales; sin embargo, de los antecedentes reunidos surge que tal decisión se sustentó en la circunstancia de que no consta debidamente en el contrato de trabajo del empleador Qwantec Ingeniería SpA, una manifestación expresa de voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero y tampoco la constancia de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cumple con los requisitos de legalización.

Octavo: Que, consecuentemente, en el examen que puede esta Corte realizar en el contexto de una acción eminentemente cautelar y de tutela de urgencia, el acto que se cuestiona por esta vía aparece dotado de la razonabilidad necesaria y, preliminarmente, se ajusta a la legalidad, de manera que no puede tacharse de ilegal ni arbitrario.

Noveno: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

En particular, Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Décimo: Que no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual del recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 22787-2025