SOCIEDAD AGRICOLA VALLE NUEVO S.A. con nombre reservado

Santiago, veintinueve de julio de dos mil catorce.

Vistos:

PRIMERO: Que, en lo principal de fojas 1, don nombre reservado, empresario, en representación de la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, del giro inmobiliario, Rut Nº RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, sostiene que de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en relación con el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, recurre de protección en contra de don Raúl Serrano Flores, en su calidad de Inspector Fiscal de Explotación del Contrato de Concesión Camino Santiago-Colina- Los Andes, División de Explotación de Obras Concesionarias de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de Chile; en contra de don Javier González García, en su calidad de Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionarias, Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de Chile; y en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, todos domiciliados en domicilio reservado, en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Refiere que en virtud de un Acuerdo de Mitigación refrendado entre su representado y las autoridades competentes en el marco de un proyecto Inmobiliario acogido a sistema de Zona de nombre reservado, para más de 10.000 viviendas y sobre 50.000 habitantes en la Comuna de Colina, contrajo la obligación y también adquirió el derecho a construir una serie de obras viales fundamentales para mitigar el impacto del proyecto y también para poder viabilizarlo. Agrega que las obras fueron aprobadas por la autoridad en el año 2006 y que su ejecución comenzó a implementarse por etapas; habiéndose, a la fecha invertido sobre UF 200.000, en tales obras y que dentro de ese marco, es que los recurridos, por actos y omisiones ilegales y arbitrarias, violaron grotescamente los derechos y garantías constitucionales, mediante un ardid elaborado de forma oculta y sagaz para detener la ejecución de las obras amparadas por el Acuerdo de Mitigación, aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas, a fin de beneficiar a terceros al impulsar la ejecución de otras obras distintas a las convenidas en el Acuerdo de Mitigación con los recursos financieros provistos por su parte.

Aduce que Agrícola Valle Nuevo S.A (en adelante, “Valle Nuevo” es dueña y titular del proyecto Inmobiliario “Santa Elena”, ubicado en la Comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, el cual fue aprobado mediante el Estatuto de Impacto Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contenido en el ORD. MINVU Nº 4091 de fecha 29 de noviembre de 2002, como Zona Urbanizable con Desarrollo Condicionado (en adelante, “ZUDC”), para construir un total de 10.760 casas y con más de 50.000 habitantes.

Sostiene que en virtud de la aprobación de dicha ZUDC y como parte de sus obligaciones de mitigación vial, Valle Nuevo, suscribió con las Secretarias Regionales de la Región Metropolitana (en adelante SEREMI) de los Ministerios de: a) Transporte y Telecomunicaciones (SEREMITT); b) de Obras Públicas (SEREMIMOP) y de c) Vivienda y Urbanismo (SEREMI RM DEL MINVU), el día 23 de septiembre de 2002, un Acuerdo que establece Las Bases y Principios sobre Mitigación de Impacto Vial del Proyecto Inmobiliario denominado Santa Elena, (en adelante, también, el Acuerdo de Mitigación). Manifiesta que éste Acuerdo tiene por objeto establecer y acordar con la Autoridad competente cuáles serán las obras de mitigación vial requeridas en virtud del desarrollo de una ZUDC y cuales serán los montos de los aportes que la propietaria de esa ZUDC debe efectuar para financiar la ejecución de tales obras. Y, que en su caso particular, en el Acuerdo se estableció (Cláusula 2.Red Vial Estructurante) que la Red Vial estaría constituida por: a) una red vial estructurante inicial, que se señala en el párrafo 2.1; y b) una red vial estrucuturante futura. Agrega que la obra que formaba parte de la red vial estructurante inicial (en adelante también, Etapa inicial) que debía ser financiada era el “Mejoramiento Nudo Lo Arcaya), y que en cuanto a la red vial estructurante futura, era de la esencia del Acuerdo que dentro de ella se incluyera el llamado “Camino Diagonal”.

Adiciona que en cuanto a la red vial estructurante, se acordó por su parte que se realizaría un aporte de UF 136.382 que permitiría mitigar 1500 viviendas y que este aporte se haría en dos etapas, la primera parte correspondiente al 38%, esto es, UF 51.939, para mitigar 570 viviendas y que sería destinado a la construcción del Mejoramiento del Nudo Lo Arcaya y, que la segunda parte corresponde al 62% del valor total del aporte, estos es, UF 84.743, lo que permitiría la mitigación de las 930 viviendas restante. Este monto también se destinaría al Mejoramiento Nudo Lo Arcaya, lo que incluiría la conexión expedita con la obra denominada Diagonal. Sostiene que las obras de la Etapa Inicial y Etapa Futura, esto es, del Nudo Lo Arcaya (incluyendo la conexión con Camino Diagonal y Camino Diagonal, se incluyó en el Acuerdo de Mitigación un plano que grafica claramente toda la red, tanto en su Etapa Inicial como Etapa Futura.

Detalla que el Acuerdo de Mitigación, establecía la obligación de garantizar el aporte de la primera parte de lo que corresponde a la Etapa Inicial, ascendente, a UF 51.939, y que en cumplimiento de esta obligación han mantenido en el tiempo pólizas de seguro por la suma de UF 51.939, en las cuales el asegurado es el Director General de Obras Públicas y lo asegurado es el “fiel cumplimiento del primer pago establecido en el Acuerdo que establece las Bases y Principios sobre Mitigación del Impacto Vial del Proyecto Inmobiliario llamado Santa Elena…”, que para mayor entendimiento, se adjuntaron las cartas enviadas al Director General de Obras Públicas, de pólizas tomadas el año 2006 y renovadas cada dos años y vigentes hasta el 8 de noviembre de 2014.

Añade que con el proceso de ejecución del Acuerdo de Mitigación, su empresa desde el año 2002, en adelante, contrató la ejecución de la Ingeniería del Proyecto “Mejoramiento del Nudo Lo Arcaya” y del Camino Diagonal (incluyendo la conexión expedita entre el camino Diagonal y el Nudo). Dichos proyectos de ingeniería fueron aprobados, por el Jefe de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, señor nombre reservado, mediante ORD Nº 212 del 6 de enero del 2006 y por el Ingeniero Jefe del Departamento de Regulación y Administración Vial de la Dirección de Ingeniería mediante ORD Nº 2067 del 13 de febrero del 2006. Adicionalmente, el proyecto de expropiaciones, asociado al proyecto de ingeniería, fue aprobado por el Jefe del Departamento de Expropiaciones de la Dirección de Vialidad, mediante el ORD Nº 3346 de 14 de marzo de 2006.

Observa que conforme a los Acuerdos asumidos en el Convenio de Mitigación, el 15 de febrero de 2010, se entregaron los terrenos en que se iba a ejecutar la totalidad de las obras consideradas en el Acuerdo de Mitigación (esto es, tanto del Nudo Lo Arcaya y su conexión con el camino diagonal como las del Camino Diagonal mismo), las que tuvieron un costo que bordea las UF 80.000, de las cuales UF 16.703, corresponden a las expropiaciones destinadas al Mejoramiento del Nudo Lo Arcaya y su conexión con el Camino Diagonal, dando cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Mitigación (esto es, haber entregado las pólizas de garantía de las obras de mitigación, haber realizado la ingeniería de dichas obras y efectuado los aportes para expropiaciones) y que las aprobaciones que realizo el MOP a la ingeniería de las obras de mitigación, su representada obtuvo las autorizaciones necesarias para construir, urbanizar y vender la primera etapa de las viviendas (que a la fecha se elevan a 564 viviendas vendidas con 537 familias viviendo en Santa Elena) y comprometer vender 90 hectáreas a otras empresas inmobiliarias, manifiesta que tanto con los propietarios de las viviendas como con las inmobiliarias compradoras, su parte asumió el compromiso de ejecutar las obras de mitigación y en especial la conexión definitiva del Camino Diagonal con la Autopista Los Libertadores en el Nudo Lo Arcaya.

Precisa que el Camino Diagonal es parte integral del diseño de la obra de mitigación concebida por su parte fue expresamente considerada en el Acuerdo de Mitigación y que señala que con fecha 30 de mayo de 2008, se suscribió, entre Valle Nuevo y la Dirección Nacional de Vialidad, un convenio Ad-Referendum para la construcción en Etapas del Camino Diagonal y que fue aprobado por Resuelvo D.G.O.P Nº 180 de 10 de julio de 2008 y protocolizado con fecha 15 de julio de 2008, en la Notaria de nombre reservado, dicho Convenio de Tomado de Razón por la Contraloría General de la República el día 8 de julio de 2008.

Pormenoriza que un antecedente posterior al Acuerdo de Mitigación evidencia lo antes señalado, por cuanto la densificación que comenzó a experimentar la zona hizo necesario realizar trabajos provisorios en la conexión entre el Camino Diagonal y la Autopista Los Libertadores, señala que cuando se aprobó la conexión provisoria, la Inspección Fiscal (mediante ORD. Nº 53 de 17 de febrero de 2011), dejó expresa constancia que la solución de conexión provisoria sólo operaría “mientras no se encuentre ejecutada y en operación la solución de conectividad definitiva comprometida por la Inmobiliaria Agrícola Valle Nuevo S.A y de su entero cargo y costo que supone la construcción de una estructura desnivelada que debería ser incorporada formalmente a la Concesión…”. Esta referencia expresa a una “estructurada desnivelada” se debe a que, como ya se señaló en los ORD Nº 212 de 6/1/2006 y Nº 2067 de 23/2/2006 se había aprobado por el Departamento de Vialidad el proyecto de conexión precisamente mediante esa “estructura desnivelada”.

Explica que con fecha 12 de mayo de 2010, la Sociedad Inmobiliaria comenzó los trabajos de ejecución del proyecto conexión mediante estructura desnivelada entre el Camino Diagonal y la Autopista Los Libertadores, de acuerdo al proyecto ya aprobado, agrega que ese trabajo fue realizado dentro del marco del Acuerdo de Mitigación con estrecha del MOP y que el proyecto definitivo fue aprobado sin observaciones por la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A., mediante carta GG-IF Nº 057/2012 dirigida por el Inspector Fiscal con fecha 29 de marzo de 2012.

Dice que mediante ORD. Nº 000169 de 5 de junio de 2012, el Inspector Fiscal autorizó a que se diera inicio al proceso previo para la ejecución de la obra denominada “Acceso Camino Diagonal Santa Elena, Primera Etapa” (el proyecto de conexión definitivo del Camino Diagonal con la Autopista Los Libertadores), posteriormente, mediante ORD Nº 00070 de 4 de marzo de 2013, el Inspector Fiscal otorgó su aprobación al proyecto, presentado por su parte. Agrega que en ese mismo documento se estableció que “En todo caso, las obras asociadas al “Acceso a Camino Diagonal, Etapa 1”, deberán estar en operación a más tardar el año 2016, según compromiso contraído mediante carta AGVAN VO-038/11 del 23 de junio de 2011”.

Detalla que estaba todo listo para ejecutar las obras y que el Inspector Fiscal reconoció expresamente que debían estar concluidas el año 2016, y que todos los terrenos necesarios estaban disponibles y la ingeniería de detalle de la obra, completamente ejecutada y que a esa fecha ya habían gastado UF 218.875 en obras de mitigación comprometidas en el Acuerdo del año 2002, de las cuales UF 43.770 correspondían al Mejoramiento del Nudo Lo Arcaya, lo que hasta ese momento sólo restaban detalles menores para proceder a la modificación del Contrato de Concesión para permitir terminar la ejecución de la obra ya iniciada. Es así que el Inspector Fiscal, en forma astuta, y con un plan encubierto y que en ese instante no había forma de prever ni dimensionar, envió el ORD Nº 31 de 23 de enero de 2014, en el cual se señalaba en forma vaga y general que, en el marco de un Plan Maestro de Inversiones Viales y en el marco del estudio de ante proyecto de la conversión a estándar urbano de la Ruta 57 Ch en el tramo Vespucio-Colina, se habían conceptualizado soluciones integrales para diversos enlaces, agregando que en tal sentido se ha conceptualizado una nueva solución en el Sector del Enlace San José (esto quiere decir Nudo Lo Arcaya). Agrega que esta solución contempla los movimientos sin detenciones entre la ruta concesionaria y el Camino Diagonal Santa Elena, considerándose una solución equivalente superior social y técnicamente a la del proyecto denominado “Acceso a domicilio reservado”.

Ahonda que el ORD Nº 31, de 23 de enero de 2014, aseguraba en su Capitulo IV que los plazos de puestos en operación de la conexión al Camino Diagonal estaban vencidos según los Acuerdos Marco y Acuerdos Individuales y que el compromiso de Agrícola Valle Nuevo contenido en cartas de junio de 2011, en cuanto a que el acceso a la Diagonal debía estar en operación a más tardar en 2016, no era una obligación suscrita y que por eso podía ser reformulada, eso no obstante en su ORD Nº 70 de marzo de 2013, expresamente había reconocido ese compromiso de ejecución para el 2016. Agrega que el Inspector Fiscal señor Raúl Serrano concluyó en el citado ORD Nº 31 que en virtud de los acuerdos adoptados con su parte, se había decido examinar la conveniencia de ejecutar el proyecto de acceso de Diagonal (que ya estaba aprobado y en estado de ejecución) o el otro proyecto que denominan en lo sucesivo “alternativo”. Sostiene, que su parte no tenía antecedente alguno del proyecto alternativo, descociendo todos sus alcances y características, teniendo la certeza y convección que tal proyecto no podía alterar en nada la esencia de los compromisos asumidos entre el MOP y su representada en el Acuerdo de Mitigación ni el derecho de su parte a ejecutar su obra de conexión ya aprobada en conformidad a ese Acuerdo el año 2006. Por lo cual se sostuvo reuniones con el señor nombre reservado, jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas CCOP, que es superior del Inspector Fiscal señor nombre reservado, a fin de esclarecer dos temas principales: a) que la supuesta solución alternativa realmente consultara la conexión expedita y directa entre camino Diagonal y la Autopista Los Libertadores en el Nudo Lo Arcaya, equivalente a la aprobada por el MOP el año 2006 y, b) que su ejecución pudiera realizarse en los mismos plazos y con el mismo costo.

Destaca no conocer detalles del “proyecto alternativo”, que promovía el señor nombre reservado, y que éste llegó a un acuerdo con el señor nombre reservado y que en tal virtud se le remitió un borrador del acuerdo por correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2013, para lo cual transcribe el acuerdo a fs.12 del presente recurso, en el cual se aprecia que desconociendo las características concretas del “proyecto alternativo” exigió al MOP que si aspiraba a modificar o complementar en algo los acuerdos ya adoptados con su parte, debía cuidar que el proyecto fuera técnicamente equivalente y estuviese en el mismo nivel de desarrollo, esto es, en condiciones de ser ejecutado. En dicho ORD Nº 031, el señor nombre reservado señala expresamente que en conformidad con las instrucciones impartidas por la División de Explotación de Obras Concesionadas, la Inspección ha participado de una serie de reuniones en los cuales señala acordar a su representada y la concesionaria todos los aspectos técnicos para la materialización de la obra, tales como los costos de conservación, costos de administración y supervisión; garantías y seguros entre otros, actuando la Inspección como ministro de fe en tales materias y que en tal sentido dicha Inspección valora el avance de esas reuniones, que se han reflejado en una serie de actas de reunión, recibidas y representada a través de correo electrónico.

Afirma que en base a lo consensuado con el Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, CCOP, señor Javier González García, éste dictó con fecha 24 de febrero de 2014, el ORD Nº 034, en el que señala que el proyecto de ingeniería definitiva denominado “Acceso al domicilio reservado”, fue aprobado por el Fiscal del Contrato de Concesión por medio de Oficio Ordinario Nº 070 de 4 de marzo de 2013…”.

Luego, a fojas 4, se explaya sobre los acuerdos contenidos en la Minuta de Acuerdo, que fue enviado por mail con fecha 15 de noviembre de 2013, para lo cual transcribe.

Razona en orden a que presionado por los plazos, el Inspector Fiscal solicitó al Departamento de Proyectos de Estructuras de la Dirección de Vialidad del MOP, que se pronunciara sobre el “proyecto alternativo” por medio del ORD Nº 71 de 20 de marzo de 2014, (a 11 días de la fecha fatal), para lo cual sostiene que la respuesta contenida en los Ordinarios Nº 3394 y 3384 de 27 de marzo, bajo la materia “Respuesta a Informe de Anteproyecto de estructuras del Estudio de Ingeniería de detalle atravieso Enlace Sta Elena- Las Brisas y Paso superior San José”, ( a 4 días de la fecha fatal) es terminante y señala que: a nivel de “ante proyecto” no tiene inconveniente, es decir reconoce sin lugar a dudas que el “proyecto alternativo” es sólo un “ante proyecto” por lo que evidentemente no está en “condiciones de ser ejecutado”. Ante esto el Inspector Fiscal envía un ORD Nº 79 de fecha 28 de marzo de 2014, a nombre reservado empleado de Inmobiliaria Paseo Las Brisas, señalando que aprueba el anteproyecto alternativo y lo hace el 28 de marzo de 2014, el mismo día que Estructuras le señala que el proyecto está solo a nivel de anteproyecto, pretendiendo maquillar el anteproyecto, como si fuese ya el definitivo, para lo cual cita y transcribe dicho acuerdo. Aduce que respecto del Inspector Fiscal, envía el ORD Nº80 de 28 de marzo de 2014, al también recurrido nombre reservado, Jefe de la División de Explotación del CCOP, el cual transcribe a fs.17.

Esgrime que el Inspector intenta bloquear que se dé cumplimiento a la condición (ii) del ORD Nº034/2014 y es que la Concesionaria le entregara un documento en que la empresa se hacía cargo de todos los costos de la obra, enviando a la Sociedad Concesionaria, el ORD Nº086 de 8 de abril de 2014, informándole que el MOP otorgó su aprobación al Proyecto Alternativo, para lo cual transcribe dicho ORD 086/2014, a fs.18.

En efecto, señala que su parte negoció con la Concesionaria un Acuerdo para asumir los compromisos de financiamiento de construcción, mantención y operación de la obra, ya con todo acordado, se envió a la Sociedad Concesionaria para su firma, antes del cumplimiento del plazo fijado, en cuyo texto del contrato constaba que todos los costos y gastos, así como el detalle de los mismos que deriven de la modificación contractual (del Contrato de Concesión), serían asumidos íntegramente por su representada, pues la Sociedad Concesionaria no pudo proceder a la suscripción del mismo, pues el Inspector impidió que la Sociedad Concesionaria lo hiciera por intermedio del documento citado en el precedente (ORD Nº86/2014), bloqueando así la continuación de la ejecución de la obra, desde que ésta se encontraba lista para el llamado a licitación, para continuar su construcción, habiéndose ya gastado UF 43.770 y sólo restaba el acuerdo con la Concesionaria para concretar ese llamado a licitación.

Profundiza que aún cuando la Concesionaria no firmó el Acuerdo, la empresa sí lo hizo, remitiéndole al señor nombre reservado con fecha 2 de abril de este año mediante carta AGBANVO-008.

Reseña que sin haber recibido comunicación formal alguna, se encuentran paralizados e impedidos de poder continuar con la ejecución de la obra a la que tenían derecho y todo por la maquinación arbitraria e ilegal de don Raúl Serrano Flores, en su calidad de Inspector Fiscal de Explotación del Contrato de Concesión Camino Santiago-Colina- Los Andes, División de Explotación de Obras Concesionadas CCOP del Ministerio de Obras Públicas, y de la pasividad negligente e igualmente arbitraria e ilegal de don Javier González García, en su calidad de Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), del Ministerio de Obras Públicas y que respecto del recurrido señor nombre reservado, Director General de Obras Públicas, hace suyas las faltas y abusos, al comunicársele que se ha producido esta irregularidad, para lo cual hizo caso omiso a tal situación y no ha adoptado las medidas necesarias tendientes a remediarla. Que dada la expresa instrucción del Inspector Fiscal, de no informar la resolución abusiva e ilegal que adoptó, con la complicidad del Jefe de la División de Explotación de las Obras Concesionadas de la CCOP, los hechos que se denuncian por la vía de este recurso, señala que fueron conocidos recién con fecha 8 de abril de 2014, mediante un correo electrónico enviado por don nombre reservado de la Sociedad Concesionaria.

Resume que la conducta de los recurridos, en relación a los hechos, revela la ejecución de actos positivos y omisiones tanto de carácter ilegal como arbitrarios, pues han desconocido acuerdos, convenios y el tenor de sus propios actos administrativos (Las Resoluciones y Ords), de los que nacían, se reconocían y ratificaban, derechos para su parte, infringiendo, de esa manera, abiertamente la ley, y son arbitrarios por cuanto no descansan en fundamento alguno y han sido ejecutados de forma caprichosa e irracional, para lo cual se remite al artículo 19 Nºs 24, 21, 22 y Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, analizando cada precepto legal, en síntesis, sostiene que la paralización de las obras del proyecto de conexión vial y el impedimento en continuar con su ejecución, aún cuando se habían cumplido todas las condiciones legales y reglamentarias impuestas por la autoridad, lo que constituye un atropello al legítimo ejercicio del derecho a realizar una actividad económica lícita en los términos consagrados en la Carta Fundamental, por cuanto el Ordinario Nº 086, infringe abiertamente los derechos conferidos en el Acuerdo de Mitigación de 2002, que fue reiterada y sistemáticamente ratificada por los cumplimientos de los compromisos que hizo su parte y mediante las resoluciones y ordinarios de la autoridad que fueron aprobando cada una de las etapas.

Concluye señalando que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 ordinales 20º, 21º, 22º y 24º, de la Constitución Política de la República, y disposiciones del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y demás normas aplicables, solicita admitirlo a tramitación y acogerlo, y se declare que los recurridos señores Raúl Serrano Flores, en su calidad de Inspector Fiscal de explotación Contrato de Concesión Camino Santiago-Colina-Los Andes, CCOP del Ministerio de Obras Públicas; don Javier González García, en su calidad de Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas; CCOP del Ministerio de Obras Públicas y nombre reservado, en su calidad de Director General de Obras Públicas, deben cesar de inmediato en la realización de los actos y/u omisiones tendientes a impedir que se continúe con la ejecución obras de conexión vial al Camino Diagonal relativas al proyecto “Acceso Camino Diagonal: Etapa 1 de acuerdo con el Acuerdo de Mitigación y las aprobaciones posteriores a su proyecto de ingeniería”. Como también deben cesar en su intento de llevar adelante la ejecución del llamado “proyecto alternativo”, en reemplazo del proyecto ya aprobado por su parte. Ordenar que los recurridos deben disponer y realizar los actos necesarios para llevar a delante las obras de conexión vial al Camino Diagonal relativas al proyecto “Acceso Camino Diagonal: Etapa 1” y dejar sin lugar el ORD Nº 086 y declarando que las condiciones descritas en el ORD Nº034 se han cumplido a favor de su representada, declarando que los recurridos se encuentran impedidos de paralizar las obras de conexión vial al Camino Diagonal relativas al proyecto “Acceso Camino Diagonal: Etapa 1”, ordenando, en general, todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho que se determinen como conducentes para la debida protección de la recurrente, condenando en costas a los recurridos.

Al efecto se acompañan diversos instrumentos como copias de protocolización de acuerdos y copia de los oficios ordinarios en referencia.

SEGUNDO: Que, a fojas 56, recurren de protección don nombre reservado y nombre reservado, ambos en representación según se acreditará de Inmobiliaria FP Barrio Laguna S.A., del giro Inmobiliario, Rut N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de: (i) don Raúl Serrano Flores, en su calidad de Inspector Fiscal de Explotación del Contrato de Concesión Camino Santiago-Colina-Los Andes, División de Explotación de Obras Concesionadas de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de Chile; (ii) don Javier González García, en su calidad de Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de Chile; y (iií) de don nombre reservado, en su calidad de Director General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, todos domiciliados en domicilio reservado, en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Señalan que su representada adquirió en el año 2013 terrenos de Sociedad Agrícola Valle Nuevo sistema de Zona de nombre reservado, para más de 10.000 viviendas y sobre 50.000 habitantes en la comuna de Colina y que al momento de adquirir los terrenos, el hecho que Valle Nuevo había suscrito el año 2002 con las autoridades competentes un "Acuerdo que establece las Bases o Principios sobre Mitigación de Impacto Vial del Proyecto". Que en ese Acuerdo de Mitigación, Valle Nuevo contrajo la obligación y también adquirió el derecho a construir una serie de obras viales fundamentales para mitigar el impacto de ese proyecto y también para poder viabilizarlo y que las obras fueron aprobadas por la autoridad en el año 2006 y su ejecución comenzó a implementarse por etapas habiéndose invertido, a la fecha en tales obras, sobre UF 200.000. Bajo esas circunstancias fue que mi representada adquirió los terrenos en cuestión haciendo propios los derechos y obligaciones del Acuerdo de Mitigación conforme lo prevé la cláusula 3.6 del mencionado Acuerdo de Mitigación. Fue que en ese contexto que los recurridos, por actos y omisiones ilegales y arbitrarias, violaron los derechos y garantías constitucionales de mi representada mediante un ardid elaborado de forma subrepticia y solapada para detener la ejecución de esas obras amparadas por el Acuerdo de Mitigación y ya aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas, a fin de beneficiar a terceros al impulsar la ejecución de otras obras distintas a las convenidas en el Acuerdo de Mitigación con los recursos financieros provistos por Valle Nuevo.

Manifiestan que su representada es una empresa inmobiliaria que compró, tanto a Valle Nuevo como al Fondo de Inversión Privado Colina (quien a su vez los compró a Valle Nuevo), una serie de parcelas y lotes provenientes de la subdivisión del Lote Uno del Plano de División del Fundo Santa Elena en la Comuna de Colina, Región Metropolitana. Lo hizo mediante sendas escrituras públicas otorgadas en la Notaría de Santiago de don nombre reservado, con fechas 9 de agosto de 2011 y 10 de diciembre de 2013 y que las propiedades se inscribieron a fojas 58848 N°89011 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011 y a fojas 4844 N° 7336 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2013, respectivamente y que el inmueble antes mencionado comenzó la ejecución de un proyecto inmobiliario consistente en la construcción de diversas casas para habitación y venta de terrenos a terceros.

Sostienen que el proyecto inmobiliario fue aprobado por numerosas Resoluciones Municipales, que se acompañan, y que a la fecha se han vendido un número significativo de casas y terrenos y que se encuentra con la fase de construcción terminada, se evaluó, diseñó y llevó adelante sobre la base de una certeza jurídica. Añade que la Sociedad Valle Nuevo, les vendió los terrenos, que había suscrito con las autoridades correspondientes un Contrato o Acuerdo que la facultaban para ejecutar las obras viales que permitirían un acceso cómodo y expedito a nuestro proyecto inmobiliario desde la Autopista Los Libertadores y que hoy se ha visto en peligro por actos y/u omisiones de las personas recurridas, según se detalla en la relación de hechos. Agrega que Agrícola Valle Nuevo S.A. (en adelante, "Valle Nuevo") es dueña y titular del proyecto inmobiliario "Santa Elena", ubicado en la comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, el cual fue aprobado mediante el Estudio de Impacto Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contenido en el ORD. MINVU N° 4091 de 29 de noviembre de 2002, como Zona Urbanizable con Desarrollo Condicionado (en adelante, "ZUDC"), para construir un total de 10.760 casas y con más de 50.000 habitantes y que en virtud de la aprobación de dicha ZUDC y como parte de sus obligaciones de mitigación vial, Valle Nuevo suscribió con las Secretarías Regionales de la Región Metropolitana (en adelante SEREMI) de los Ministerios de: (a) Transporte y Telecomunicaciones (SEREMITT); (b) de Obras Públicas (SEREMIMOP) y de (c) Vivienda y Urbanismo (SEREMI RM del MINVU), el día 23 de septiembre de 2002, un Acuerdo que Establece Las Bases y Principios sobre Mitigación de Impacto Vial del Proyecto Inmobiliario denominado Santa Elena (en adelante también, el Acuerdo de Mitigación), instrumento protocolizado con fecha 24 de septiembre de 2002 en la Notaría de Santiago de don nombre reservado. Que en dicho Acuerdo de Mitigación se estableció (Cláusula 2. Red Vial Estructurante) que la Red Vial necesaria estaría constituida por: a) una red vial estructurante inicial, que se señala en el párrafo 2.1; y b) una red vial estructurante futura, que se menciona en los párrafos 2.2 y 2.3, inicial (en adelante también, Etapa Inicial) que debía ser financiada por esa sociedad consistía en el "Mejoramiento Nudo Lo Arcaya”. Sostiene que en cuanto a la red vial estructurante futura (en adelante también, Etapa Futura) se dejó constancia en el párrafo 2.3 del mencionado instrumento, que era de la esencia del Acuerdo que dentro de ella se incluye era el llamado "Camino Diagonal". En lo que toca a la red vial estructurante inicial se acordó que Valle Nuevo realizaría un aporte de UF136.382 que permitiría mitigar 1.500 viviendas (párrafo 3.1), este aporte a su vez se haría en dos etapas (párrafo 3.2): a) la primera parte correspondiente al 38%, esto es UF51.939, para mitigar 570 viviendas y que sería destinado a la construcción del Mejoramiento del Nudo Lo Arcaya; b) la segunda parte corresponde al 62% del valor total del aporte, esto es UF84.743, permitiría la mitigación de las restantes 930 viviendas. Este monto se destinaría también al Mejoramiento Nudo Lo Arcaya, lo que incluiría la conexión expedita con la obra denominada Diagonal. Y que las obras de la Etapa Inicial y Etapa Futura, (esto es del: (i) Nudo Lo Arcaya (incluyendo la conexión con Camino Diagonal); y (ii) Camino Diagonal se incluyó en el Acuerdo de Mitigación un plano que, como graficó claramente toda la red vial estructurante, tanto en su Etapa Inicial como Etapa Futura, que se incluye dentro de los documentos que se adjuntarán en acto separado a este Recurso. Que en el Acuerdo de Mitigación, en su párrafo 3.2, que establecía la obligación de garantizar el aporte de la primera parte de lo que corresponde la Etapa Inicial, ascendente, como se dijo, a UF 51.939 y que en cumplimiento a esa obligación, Valle Nuevo ha mantenido en el tiempo pólizas de seguro por la suma de UF 51.939, en las cuales el asegurado es el Director General de Obras Públicas y lo asegurado es el “fiel cumplimiento del primer pago establecido en el 3.2 del Acuerdo que establece las Bases y Principios sobre Mitigación de Impacto Vial del Proyecto Inmobiliario llamado Santa Elena...", para lo que se adjuntan a este recurso, las cartas mediante las cuales Valle Nuevo remitió al Director General de Obras Públicas las pólizas tomadas en el año 2006 y renovadas cada dos años y vigentes hasta el 8 de Noviembre del 2014. Continuando con el proceso de ejecución del acuerdo de mitigación, Valle Nuevo desde el año 2002 en adelante, contrató la ejecución de la ingeniería del proyecto "Mejoramiento del Nudo Lo Arcaya" y del camino Diagonal (incluyendo la conexión expedita entre el camino Diagonal y el Nudo). Es así que la ingeniería de esos proyectos fue aprobada por el Jefe de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, Señor nombre reservado, mediante el ORD N° 212 del 6 de Enero del 2006 y por el Ingeniero Jefe del Departamento de Regulación y Administración Vial de la Dirección de Ingeniería mediante ORD N° 2067 del 13 de Febrero del 2006. Adicionalmente, el proyecto de expropiaciones, asociado al proyecto de ingeniería, fue aprobado por el Jefe del Departamento de Expropiaciones de la Dirección de Vialidad, mediante el ORD N° 3346 del 14 de Marzo del 2006, para lo cual se grafica claramente la conexión aérea expedita que Valle Nuevo y el Ministerio de Obras Públicas convinieron como mitigación en el Acuerdo de Mitigación.

Añaden que siguiendo con el cumplimiento de los Acuerdos asumidos en el Convenio de Mitigación, el 15 de febrero de 2010, Valle Nuevo entregó los terrenos en los que se iba a ejecutar la totalidad de las obras consideradas en el Acuerdo de Mitigación (esto es tanto las del Nudo lo Arcaya y su conexión con el camino diagonal corno las del Camino Diagonal mismo), las que tuvieron un costo que bordea las UF80.000, de las cuales UF 16.703 corresponden a las expropiaciones destinadas al Mejoramiento del Nudo lo Arcaya y su conexión con el Camino Diagonal. Que en base al cumplimiento que Valle Nuevo dio a sus compromisos asumidos en el Acuerdo de Mitigación, (esto es haber entregado las pólizas de garantía de las obras de mitigación, haber realizado la ingeniería de dichas obras y efectuado los aporte para expropiaciones) y a las aprobaciones que realizó el MOP a la ingeniería de las obras de mitigación. Sostiene que Valle Nuevo obtuvo las autorizaciones necesarias para construir, urbanizar y vender la primera etapa de viviendas, .que a la fecha se elevan a 564 viviendas vendidas con 537 familias viviendo ya en Santa Elena) y comprometer vender 90 hectáreas a otras empresas inmobiliarias, fue en ese contexto que la empresa adquirió sus terrenos para la ejecución de su proyecto inmobiliario.

Refieren que, respecto al Acuerdo de Mitigación, se dejó establecido expresamente en el párrafo 3.6 de la cláusula Tercera que en el evento que Valle Nuevo enajenare todo o parte de los terrenos que forman parte del Proyecto Inmobiliario Santa Elena, él o los nuevos compradores, según el caso, deberán asumir total o parcialmente las obligaciones asumidas por la Sociedad Inmobiliaria en ese instrumento, quedando, por virtud del Acuerdo de Mitigación, subrogada en los derechos y obligaciones emanados de él, señala que dicho Acuerdo contiene compromisos que ya están en ejecución desde el año 2002 en adelante, donde hacen hincapié en que el Camino Diagonal es parte integral del diseño de la obra de mitigación concebida por Valle Nuevo y que fue expresamente considerada en el Acuerdo de Mitigación, manifiesta que se debe tener en consideración porque el 30 de mayo de 2008, se suscribió, entre Valle Nuevo y la Dirección Nacional de Vialidad, un Convenio Ad-Refirendum para la Construcción en Etapas del Camino Diagonal y dicho Acuerdo fue aprobado por Resuelvo D.G.O.P. N°180 de 10 de julio de 2008 y protocolizado con fecha 15 de julio de 2008 en la Notaría de nombre reservado, que fue Tomado de Razón por la Contraloría General de la República el día 8 de Julio de 2008. Señala que otro antecedente posterior al Acuerdo de Mitigación evidencia el tenor y vigencia de los compromisos asumidos en él. Sostiene que la densificación que comenzó a experimentar la zona hizo necesario realizar trabajos provisorios en la conexión entre el Camino Diagonal y la Autopista Los Libertadores y que cuando se aprobó la conexión provisoria, la Inspección Fiscal (mediante ORD. N°53 de 17 de febrero de 2011), se dejó expresa constancia que la solución de conexión provisoria sólo operaría mientras no se encuentre ejecutada y en operación la solución de conectividad definitiva comprometida por la Inmobiliaria Agrícola Valle Nuevo S.A. y de su entero cargo y costo que supone la construcción de una estructura desnivelada que debería ser incorporada formalmente a la Concesión. Agrega que el Ord. N° 212 de 6/1/2006 y N° 2067 de 23/2/2006, se había aprobado por el Departamento de Vialidad el proyecto de conexión precisamente mediante esa "estructura desnivelada". Sostiene que con fecha 12 de mayo de 2010, Valle Nuevo comenzó los trabajos de ejecución del proyecto conexión expedita mediante estructura desnivelada entre el Camino Diagonal y la Autopista Los Libertadores, de acuerdo al proyecto ya aprobado, para lo cual manifiesta que ese trabajo fue realizado en el marco del Acuerdo de Mitigación con estrecha colaboración del MOP y que el proyecto definitivo fue aprobado sin observaciones por la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A., mediante carta GG-IF N°057/2012 dirigida al Inspector Fiscal con fecha 29 de marzo de 2012. Que en base a ello, mediante ORD. N°000169 de 5 de junio de 2012, el Inspector Fiscal autorizó a que se diera inicio al proceso previo para la ejecución de la obra denominada "Acceso Camino Diagonal Santa Elena, Primera Etapa" (el proyecto de conexión definitivo del Camino Diagonal con la Autopista Los Libertadores). Posteriormente mediante ORD. N°00070 de 4 de marzo de 2013, el Inspector Fiscal otorgó su aprobación al proyecto presentado por Valle Nuevo, en dicho documento se estableció que "En todo caso, las obras asociadas al "Acceso a Conmino Diagonal, Etapa I" deberán estar en operación a más tardar el año 2016 según su compromiso contraído mediante carta AGVAN V0-038/11 del 23 de junio de 2011". Pues así ya estaba todo listo para que Valle Nuevo pudiera ejecutar las obras y el Inspector Fiscal reconocía expresamente que debían estar concluidas el año 2016, pues todos los terrenos necesarios ya estaban disponibles y la ingeniería de detalle de la obra, completamente ejecutada. Agrega que a esa fecha ya se habían gastado UF 218.875 en obras de mitigación comprometidas en el Acuerdo tantas veces aludido del año 2002, de las cuales UF 43.770 correspondían al Mejoramiento del Nudo lo Arcaya.

Precisan que al final del año 2013, el Inspector Fiscal comenzó a mencionar que existía un supuesto proyecto que planteaba una alternativa para el enlace entre Camino Diagonal y la Autopista los Libertadores, diferente al aprobado a Valle Nuevo, que cumpliría con todos los requerimientos y cualidades del Proyecto de Valle Nuevo, dado que el Proyecto ya estaba aprobado y tenía características de expedición y conexión a desnivel muy importantes para Santa Elena (y ya establecido y convenidos en un contrato vinculante como lo es el Acuerdo Marco). Posteriormente Valle Nuevo se reunió con el Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, CCOP, señor Javier González García, para asegurarse que bajo ninguna circunstancia el proyecto alternativo postulado por el Inspector Fiscal afectaría a Valle Nuevo (y todas las inmobiliarias y propietarios de casas que habían contratado con ella en la confianza que ese Proyecto de acceso expedito con estructura desnivelada se ejecutaría).

Manifiesta que el Jefe de División entendió perfectamente que el proyecto alternativo, a esa altura era solo un diseño conceptual, y que jamás podía entorpecer o afectar a Valle Nuevo y los desarrollos inmobiliarios de Santa Elena que ya contaban con un proyecto de enlace ya acabado a nivel de ingeniería de detalles, con las expropiaciones realizadas y en plena ejecución. Sostiene que por ese motivo llegó a acuerdos con Valle Nuevo los que fueron detallados en un Memorándum de Acuerdo y que luego fueron someramente consignados en el ORD N° 034 de fecha 24 de febrero de 2014. Reseña que en ese instrumento, junto con reconocer la validez, vigencia e interés público de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Mitigación el 2002 (y entre ellos está aquel que da derecho a Valle Nuevo para ejecutar el proyecto de Acceso al Camino Diagonal), el Jefe de División asumía el compromiso (que por lo demás es obligatorio por virtud del Acuerdo de Mitigación) de instruir la ejecución de las respectivas obras si se cumplían dos condiciones: que el MOP no cuente con el "proyecto alternativo" en condiciones de ser ejecutado y que haya sido aprobado por el Inspector Fiscal a más tardar en el plazo que vence el 10 de abril de 2014; y que dentro del mismo plazo señalado en el literal i) anterior, la Sociedad Concesionaria respectiva hiciera entrega al Inspector Fiscal del Contrato de Concesión, de un documento en el que conste que todos los costos y gastos, así como el detalle de los mismos, que deriven de la modificación contractual antes indicada, a que se hace referencia en el numeral 5 anterior, serán asumidos íntegramente por su representada, sin ulterior responsabilidad para el Ministerio de Obras Públicas. Es decir el Jefe de División del CCOP, reconociendo la validez y vigencia de los acuerdos asumidos con Valle Nuevo se compromete a no afectar en nada los plazos de ejecución de la solución del mejoramiento de la conexión directa y expedita entre la Autopista Los Libertadores y el camino diagonal y de esta forma, se obliga a que si el 1° de abril de 2014, la nueva propuesta, esto es, con la ingeniería de detalle concluida, con las expropiaciones perfeccionadas y en condiciones de ser ejecutado inmediatamente; y, además que su parte asume para esa fecha el compromiso de costear el proyecto diseñado por Valle Nuevo (compromiso que por lo demás ya está contenido en el Acuerdo Marco), para lo cual se ejecutará el proyecto ya aprobado por el MOP de Acuerdo a lo pactado en el Acuerdo de Mitigación. Agrega que posteriormente, ocurrió una seguidilla de actos irregulares todos tos cuales nunca llegaron a conocimiento de Valle Nuevo (y tampoco de ellos) por comunicaciones oficiales si no sólo que indirectamente a través de terceras personas.

Observan que el Inspector Fiscal pudo constatar que el llamado "proyecto alternativo" no estaba en "Condiciones de ser ejecutado" al 1° de abril y no obstante eso se optó por aprobar ese proyecto en lugar de ratificar que se continuara con la ejecución del proyecto diseñado por Valle Nuevo (Acceso domicilio reservado) en cumplimiento del Acuerdo de Mitigación y de lo asumido en el ORD. N°34, lo cual produjo serios perjuicios como sociedad inmobiliaria. En efecto, el Inspector Fiscal solicitó al Departamento de Proyectos de Estructuras de la Dirección de Vialidad del MOP que se pronunciara sobre el "proyecto alternativo", lo que hace mediante ORD. N°71 de 20 de marzo de 2014, (a 11 días de la fecha fatal). Agrega que la respuesta, contenida en los Ordinarios N°s.3394 y 3384 del 27 de marzo bajo la materia "Respuesta a Informe de Anteproyecto de estructuras del Estudio de Ingeniería de detalle atravieso Enlace Sta. Elena-Las Brisas y Paso superior San José", (a 4 días de la fecha fatal), fue terminante y señala que: a nivel de "ante proyecto" no tiene inconveniente; quedando en claro, sin lugar a dudas, que no está en "condiciones de ser ejecutado". Que a pesar de lo anterior, el Inspector Fiscal le otorgó su aprobación y no quedaron ahí sus actos arbitrarios e ilegales: El Inspector Fiscal envió un Ordinario N°79 de fecha 28 de marzo de 2014, a nombre reservado, empleado de Inmobiliaria Paseo Las Brisas, señalándole que aprueba el anteproyecto alternativo y lo hace el 28 de marzo de 2014, el mismo día que Estructuras le señala que el proyecto está sólo a nivel de anteproyecto. Agrega que el Ordinario en cuestión se dirige a Inmobiliaria Las Brisas y en él se señala y reconoce en múltiples párrafos que ese "proyecto alternativo" fue desarrollado por la propia Las Brisas, o sea el Inspector Fiscal está otorgando su aprobación a un acto que viola los acuerdos ya en ejecución contenidos en el Acuerdo de Mitigación para ejecutar un proyecto distinto que no está en fase de ser ejecutado y que perjudica a Valle Nuevo y a su representada y todo ello para aprobar un proyecto diseñado por Las Brisas y a su entera conveniencia, agrega que lo más grave es que Las Brisas pretende que ese proyecto se haga con los recursos financieros de Valle Nuevo y la autoridad recurrida le otorga su aprobación a tal arbitrariedad y que los actos abusivos del Inspector Fiscal no se detienen ahí, agrega que el Inspector le envió el ORD. N°80 de 28 de marzo de 2014, al también aquí recurrido, nombre reservado, Jefe de la División de Explotación del CCOP, en el que se señala textualmente: "Finalmente, y en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Inspección Fiscal es de la opinión y recomienda a esa Jefatura, que previa a notificar a la Sociedad AGRÍCOLA VALLE NUEVO S.A., que el MOP ha cumplido con la condición de aprobar la ingeniería de detalle de la solución alternativa antes del plazo impuesto en el literal i) del numeral 6 de vuestro ORD. N°034, se informe a las nuevas autoridades de la eventual controversia que derive de un nuevo reclamo de la inmobiliaria AGRÍCOLA VALLE NUEVO NUEVO S.A., y se defina una estrategia institucional para dar respuesta a sus inquietudes, sin que la División de Explotación detenga el proceso de gestión de la modificación del contrato de concesión del proyecto alternativo aprobado por el suscrito, tal y como se señala en el numeral 8 de su ORD. N°034”. Es decir, pretendió ocultarle a Valle Nuevo el hecho arbitrario e ilegal consistente en que ha decidido que no se continuará con la ejecución del proyecto de mitigación diseñado y comenzado a ejecutar por Valle Nuevo (que nace del Acuerdo de Mitigación y que ya fue aprobado en su ingeniería de detalle por el MOP en los ORD N° 212 del 6/1/2006 y N° 2067 del 13/2/2006) a pesar que se cumplieron las condiciones que gatillarían su inmediata ejecución que el Jefe de la División de Explotación del CCOP estableció para su ejecución. Lo que pretendía además avanzar disimuladamente en la ejecución del "proyecto alternativo" el cual, para más indignación, sería costeado con recursos que estaban directamente asociados a las obras de mitigación de la ZDUC Santa Elena, que en buenas cuentas, si las Brisas quiere que se ejecuten obras de mitigación para su proyecto inmobiliario entonces que las financie directamente y no inste para que se hagan con cargo a fondos destinados para la mitigación de otros proyectos. Agrega que el Inspector Fiscal no se detuvo en ese punto, siguiendo adelante con sus arbitrariedades, intentó bloquear que se diera cumplimiento a la condición (ii) del ORD. N°034/2014, cuál es que la Concesionaria le entregara un documento en que Valle Nuevo se haría cargo de todos los costos, enviando a la Sociedad Concesionaria, el ORD. N° 086 de 8 de abril de 2014, informándole que el MOP otorgó su aprobación al Proyecto Alternativo. Sostiene que el citado Ordinario 86, en su párrafo IV e invoca lo establecido en el ORD. N°034 de 24 de Febrero de 2014 (aquel que dejaba en claro el derecho de Valle Nuevo a ejecutar su obra de mitigación), señala que ha decidido modificar el contrato de Concesión para ejecutar el Proyecto Alternativo y aceleradamente le pide a la Concesionaria entregarle documentación para realizar tal modificación. Que mediante este Ordinario N° 086 de fecha 8/4/2014, la Concesionaria se inhibió de continuar adelante con la suscripción del Acuerdo que ya había negociado y consensuado en marzo con Valle Nuevo, prueba de ello, es que el Ordinario N°56 inhibió a la Concesionaria de suscribir el Acuerdo es que por correo electrónico de fecha 8 de abril enviado por nombre reservado Campos de la Sociedad Concesionaria a nombre reservado, Gerente General de Valle Nuevo, en respuesta a una solicitud de reunión, para cerrar el Convenio el cual transcribe al efecto.

Profundizan que aun cuando la Concesionaria no firmó el Acuerdo, Valle Nuevo sí lo hizo remitiéndolo al señor nombre reservado con fecha 2° de abril de este año mediante carta AGVANVO​008. En todo caso, dado que no fue firmado por la Concesionaria por el obstáculo puesto por el Inspector Fiscal, la condición del literal ii) del N°6 del ORD. N°34, se debe entender por cumplida la aplicación del artículo 1481 del Código Civil. Manifiesta que sin haber recibido comunicación formal alguna, Valle Nuevo se encuentra paralizada e impedida de poder continuar con la ejecución de la obra a la que tiene derecho y todo por la de maquinación arbitraria e ilegal de don Raúl Serrano Flores, en su calidad de Inspector Fiscal de Explotación del Contrato de Concesión Camino Santiago-Colina-Los Andes, División de Explotación de Obras Concesionadas CCOP del Ministerio de Obras Públicas, y de la pasividad negligente e igualmente arbitraria e ilegal de don Javier González García, en su calidad de Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), del Ministerio de Obras Públicas. Y del recurrido señor nombre reservado, Director General de Obras Públicas, cometiendo faltas y abusos cuando, al comunicarle que se ha producido una irregularidad, haciendo caso omiso a tal situación, no adoptando las medidas necesarias tendientes a remediarla. Generando enormes incertidumbres y perjuicios a su parte, ya que tiene el derecho a que esas obras de mitigación se ejecuten por haberse visto subrogada en los derechos y obligaciones que emanan del Acuerdo de Mitigación, por expresa disposición de ese Acuerdo. Que dada la expresa instrucción del Inspector Fiscal de no informar la resolución abusiva e ilegal que había adoptado, con la complicidad del Jefe de la División de Explotación de las Obras Concesionadas de la CCOP, respecto de los hechos que se denuncian por la vía de este recurso, éstos fueron conocidos por Valle Nuevo recién con fecha 8 de abril de 2014, por la vía de un correo electrónico enviado por nombre reservado de la Sociedad Concesionaria que Valle Nuevo. Sostiene que la conducta de los recurridos, descrita en la relación de hechos, revela la ejecución de actos positivos y omisiones tanto de carácter ilegal como arbitrarios, pues son ilegales ya que se han desconocido acuerdos, convenios y el tenor de sus propios actos administrativos, es decir, Resoluciones y Ords.) de los que nacían, se reconocían y ratificaban, derechos para Valle Nuevo, infringiendo, de esa manera, abiertamente la ley; y son arbitrarios por cuanto no descansan en fundamento alguno, y han sido ejecutados de forma caprichosa e irracional. Sostiene que los hechos denunciados constituyen para su representada (i) una privación del legítimo ejercicio del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política la República; (ii) una privación del legítimo ejercicio del derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, consagrado en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política la República; y (iii) una privación del legítimo ejercicio del derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, contemplado en el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República.

Advierten que en la relación de hechos, Valle Nuevo celebró el año 2002 un Acuerdo de Mitigación con el Ministerio de Obras Públicas, del que nacieron no sólo obligaciones de realizar obras viales que mitigaran el impacto que produciría el proyecto inmobiliario de Valle Nuevo, sino que también el derecho a poder ejecutar y costear aquellas obras de mitigación que en definitiva redundan en el directo beneficio para quienes adquieran terrenos o viviendas en nuestro proyecto, que ese Acuerdo de Mitigación fue puesto en ejecución por actos tanto realizados por Valle Nuevo como por el MOP, naciendo del Acuerdo de Mitigación derechos y obligaciones los que, por disposición del párrafo 3.6 del mismo Acuerdo, se traspasaron parcialmente a su parte en su calidad de adquirente de terrenos que forman parte de ZDUC materia del Acuerdo de Mitigación, de esa forma, su parte se ha visto subrogada en lo que toca a los terrenos adquiridos, en esos derechos y obligaciones, incorporándolos a su patrimonio. Que el Acuerdo de Mitigación, refrendado por la aprobación del Inspector Fiscal en el ORD. N°70/2013 y por el ORD. N°034/2014 del Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas de la CCOP, ratificaron el derecho de Valle Nuevo de ejecutar la obra denominada Acceso domicilio reservado, proyecto que es de capital importancia para asegurar un acceso expedito a un desarrollo inmobiliario que llegará a tener más de 10.000 casas y que fue aprobado por la Dirección de Vialidad del MOP por los ORD. Nos. 212 y 2067 de 2006, ese derecho se incorporó al patrimonio de Valle Nuevo; y desde que Valle Nuevo vendió terrenos que fueron adquiridos entre otros, por su parte, esos mismos derechos, conforme al párrafo 3.6 del Acuerdo de Mitigación, se incorporaron al patrimonio de su representada. A mayor abundamiento sostiene que el Acuerdo de Mitigación ya se encuentra en ejecución habiéndose invertido a la fecha en tales obras más de UF200.000 y que de este modo, los derechos y obligaciones que emanaron de todos esos actos se incorporaron y quedaron radicados en el patrimonio de Valle Nuevo -y estos, a su vez, en el patrimonio de su mandante- como verdadera propiedad, puesto que sobre las cosas incorporales, para lo cual se remite sobre los derechos reales y personales, según el artículo 576 del Código Civil, pues señala que hay también un especie de propiedad, atento a lo dispuesto en el artículo 583 del mismo Código del ramo y luego transferidos o cedidos parcialmente a su parte. Agrega que esta propiedad recae sobre el derecho que tiene su parte para que se realicen y completen las obras de su proyecto de conexión vial expedita denominado "Acceso domicilio reservado", o sea el Mejoramiento del Nudo lo Arcaya y su conexión expedita con la Diagonal, como parte de las obras de mitigación asociadas a su ZDUC Santa Pese a que las condiciones que impusieron los recurridos para la realización y ejecución de dicho proyecto en el ORD. N°034 tantas veces citado, condiciones que no se contenían en el Acuerdo de Mitigación, se verificaron favorablemente para Valle Nuevo, no cabe sino concluir que al aprobar en forma irregular el proyecto alternativo en el ORD. N°079, los recurridos no respetaron la fuerza obligatoria y vinculante del Acuerdo de Mitigación, de los Ordinarios complementarios dictados para ponerlo en ejecución yendo en esto incluso contra sus propios actos. Sostiene que el Inspector Fiscal, con la aquiescencia del Jefe de División de Explotación de Obras Concesionadas y del Director General de Obras Públicas, simplemente desconoció la obligación de declarar que las condiciones consignadas en el ORD. N°034/2014 para realizar la obra Acceso domicilio reservado se habían verificado en favor de Valle Nuevo, por el contrario, el Inspector Fiscal fraguó una serie de actos para crear la falsa apariencia de que las condiciones habían fallado y de esa manera impidió la ejecución de la obra "Acceso domicilio reservado", a la que su parte tenía legítimo derecho.

Esgrimen que estos hechos son manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico y, concretamente, al derecho de propiedad resguardado por la Carta Fundamental y por el derecho común, según lo establece el artículo 24º de la Constitución Política de la República. A su turno cita el artículo 582 del Código Civil, el cual prescribe que "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal (o incorporal, conforme con el artículo 583), para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno". Que, respecto de los hechos denunciados refiere que estos constituyen actos ilegales y arbitrarios que han privado a Valle Nuevo y consecuencialmente a su representada, de un modo absoluto, del derecho -incorporado en su patrimonio- al continuar con la ejecución del proyecto de conexión vial aprobado por los mismos personeros del MOP. Agrega que en la especie, la garantía en análisis ha sido vulnerada, puesto que se le ha impedido a Valle Nuevo llevar a cabo una actividad inmobiliaria y de construcción que ya había sido autorizada por los recurridos, y que, a mayor abundamiento, formaba parte de sus obligaciones contractuales y legales para con la Administración del Estado, con ello le impiden a su parte, como cesionaria parcial de esos derechos y obligaciones, el poder desarrollar sus propios proyectos inmobiliarios dentro de ZDUC Santa Elena a los que legítimamente, tenía derecho. Sostiene que la paralización de las obras del proyecto de conexión vial y el impedimento en continuar con su ejecución, aun cuando se encontraba amparado por el Acuerdo de Mitigación y que se habían cumplido todas las condiciones legales y las reglamentarias impuestas por la autoridad, lo que constituye un atropello al legítimo ejercicio del derecho a realizar una actividad económica lícita en los términos consagrados en nuestra Carta Fundamental, para lo cual se remite al artículo 19 N°3 inciso 5º de la Constitución Política la República.

En síntesis, razonan que los hechos los hechos denunciados constituyen, además, una trasgresión al derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica y que la garantía en comento ha sido definida como una discriminación económica arbitraria y que la acción del Estado que confiere beneficios o impone gravámenes, apreciables en dinero, a grupos de sujetos incorrectamente agrupados en relación al fin de la norma, por efecto de una deficiente apreciación de los elementos esenciales que los vinculan.

Dicen que los recurridos han discriminado arbitrariamente en materia económica a su parte al impedirle a Valle Nuevo poder continuar con la ejecución de las obras del proyecto de conexión vial expedita, prefiriendo un proyecto alternativo, -que no se encuentra siquiera en estado de ser ejecutado si no que sólo a nivel de anteproyecto-, el que, además, debe ser financiado por Valle Nuevo, sostiene que no hay explicación racional para tal cambio de opinión de parte del Sr. nombre reservado recurrido y que su Ord N° 086 infringe abiertamente los derechos subrogados por mi parte y emanados del Acuerdo de Mitigación de 2002, que fueron reiterada y sistemáticamente ratificados por los cumplimientos de los compromisos que hizo Valle Nuevo y por las resoluciones y ordinarios de la autoridad que fueron aprobando cada una de sus etapas.

Concluyen solicitando se sirva tener por interpuesto recurso de protección de las garantías constitucionales señaladas, en contra de los recurridos ya individualizados, admitirlo a tramitación y, previo informe de los recurridos, acogerlo, declarando que los recurridos señores (a) Raúl Serrano Flores, en su calidad de Inspector Fiscal de Explotación Contrato de Concesión Camino Santiago-Colina-Los Andes, CCOP del Ministerio de Obras Públicas; (b) don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, CCOP del Ministerio de Obras Públicas; y (c) nombre reservado, en su calidad de Director General de Obras Públicas, deben cesar de inmediato en la realización de los actos y/u omisiones tendientes a impedir que se continúe con la ejecución obras de conexión vial al Camino Diagonal relativas al proyecto "Acceso Camino Diagonal: Etapa 1 de acuerdo con el Acuerdo de Mitigación y Declarar que los recurridos deben cesar en su intento de llevar adelante la ejecución del llamado "proyecto alternativo "en lugar y reemplazo" del proyecto ya aprobado a Sociedad las aprobaciones posteriores a su proyecto de ingeniería; Agrícola Valle Nuevo S.A., referido en el literal anterior; y c) Ordenar que en lugar de los actos omisiones arbitrarios e ilegales descritos los recurridos deben disponer y realizar los actos necesarios para permitir llevar adelante las obras de conexión vial al Camino Diagonal relativas al proyecto "Acceso Camino Diagonal: Etapa lo pero no limitado a ello, dejando sin lugar el Ord N° 086, declarando que las condiciones descritas en el Ord N° 034 se han cumplido en favor de Valle Nuevo; que atendido el riesgo inminente de que los recurridos continúen adelante con la ejecución del denominado "proyecto alternativo", "Atravieso Santa Elena-Las Brisas, Ensanche Paso Superior San José y C.S. poniente km. 15, Plan Maestro Ruta 57" y "Acceso Camino Diagonal, Km. 15,1, Ruta Santiago—Colina-Los Andes”.

TERCERO: Que, informando los recurridos a fojas 177, esto es, don nombre reservado, en su calidad de Director General de Obras Públicas, don Javier González García, Jefe Unidad de Explotación de Obras Concesionadas Coordinación de Concesiones de Obras Públicas y don Raúl Serrano Flores, Inspector Fiscal, Camino Santiago-Colina- Los Andes, sostienen que don nombre reservado, en representación de la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A y los señores nombre reservado y nombre reservado, en representación de Inmobiliaria FP Barrio Laguna S.A. interpusieron sendos recursos de protección los cuales fueron acumulados, el Nº23.349-2014 al Nº 22.783-2014, los que afectarían su derecho a no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismo en materia económica, su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, consagrados en los Nºs 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y solicitan su desestimación, en todas su partes, con expresa condenación en costas.

Señalan que, al tratar sobre “Acto ilegal y arbitrario” la recurrente se limita a señalar que: “La conducta de los recurridos, en relación a los hechos, son ilegales pues han desconocido acuerdos, convenios y el tenor de sus propios actos administrativos (las resoluciones y ORDS) de los que nacían, se reconocían y ratificaban, derechos para su parte, infringiendo de esa manera, abiertamente la ley; y son arbitrarios por cuanto no descansan en fundamento alguno, y han sido ejecutados de forma caprichosa e irracional. Al efecto señalan que de la sola lectura de los recursos interpuestos, se observa que la recurrente no señala ningún acto u omisión específica arbitraria e ilegal que supuestamente haya vulnerado las garantías constitucionales que menciona, al efecto sostiene los fundamentos de derecho del recurso, para lo cual se remite a transcribir y analizar los derechos garantizados en sus artículos 19 Nºs 24, 21, 22 y 20 de la Carta Magna.

Sostienen que por medio del informe se precisan y exponen los antecedentes de hecho y de derecho que acreditan que las actuaciones de los recurridos, no son arbitrarias ni ilegales, y tampoco constituyen amenaza, perturbación o privación de alguno de los derechos garantizados por la acción de protección ejercida por la recurrente, justificando en definitiva porqué el recurso en análisis debe ser rechazado íntegramente con costas. Para lo cual señala que la misión planificadora del MOP, se encuentra desarrollando proyectos de Mejoramiento de la Ruta 5 en el tramo Vespucio-Lampa, haciendo la conversión a estándar urbano del mismo, lo que se complementa con los cambios de las rutas 57 y 73, de manera tal que con estos, se está generando una trama vial urbana que garantiza tanto a la recurrida, como a todos los ciudadanos de la Provincia de Chacabuco, una mejor conectividad con vías de características urbanas que permitirán actuar como catalizadores de proyectos inmobiliarios y de servicios que en general se verán favorecidos dentro de una conexión de solución global y no como una solución particular a un caso específico. Precisa que el recurrente se equivoca al señalar que cuando se suscribió el “Acuerdo que Establece las Bases y Principios Sobre Mitigación de Impacto Vial del Proyecto Inmobiliario Santa Elena”, sostiene que con fecha 23 de septiembre de 2002, en adelante, el “Acuerdo de Mitigación” adquirió el derecho a construir una serie de oras viales, obligándose a efectuar aportes o erogaciones voluntarias e irrevocables por concepto de mitigación vial de su proyecto denominado “Santa Elena” y una vez efectuado los aportes indicados en el convenio, surgiría el derecho para el recurrente solicitar los permisos de necesidad de que proyectos de la naturaleza de “Santa Elena” cuenten con Estudio de Impacto Urbano (EIU), cuyos contenidos mínimos deben ser definidos por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU), en un “Instructivo de Aplicación General”, señalados en las letras a), b), d), e) y f) del Nº 2 del artículo 4.7, de la referida Ordenanza.

Agregan que en el referido Acuerdo de Mitigación no existe ninguna obligación, ni menos un derecho adquirido para ejecutar obra alguna por parte de la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A., agrega que dicho Acuerdo obliga a la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A a suscribir según corresponda, uno o más convenios redactados de común acuerdo, de aporte o erogación voluntaria e irrevocable, con la Sociedad Concesionaria respectiva que ejecute las obras, conforme a lo establecido en el artículo 87 del DFL MOP Nº 850 del año 1997, pudiendo consistir el aporte, en dinero o bien en ejecución de obra directa, que en atención a lo anterior es que la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, para poder construir el denominado “Camino Diagonal” tuvo que suscribir un Convenio Ad-Referéndum, el cual fue aprobado por el Director General de Obras Públicas y Tomado Razón por la Contraloría General de la República, precisa también que dicha Sociedad no sólo ha incumplido el Acuerdo de Mitigación, sino que además pretende que por medio de la acción constitucional se ordene a los recurridos que dispongan de la realización de actos necesarios para ejecutar un proyecto que no es la mejor solución técnica para los usuarios de la concesión y por lo tanto no es la solución que busca el bien común que es finalmente el objetivo del Estado, sino más bien, que tiene por objeto forzar la construcción de una obra cuya ejecución se ha establecido como una condición en los contratos suscritos por la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, con sus clientes, conforme al numeral 3.5 del Acuerdo de Mitigación, la forma de materializar el aporte inicial ( UF 136.682) era a través de la suscripción de uno o más convenios redactados de común acuerdo, de Aporte o erogación voluntaria e irrevocable, con la Sociedad Concesionaria que ejecute las obras indicadas en el numeral 3.2 del Mismo Acuerdo de Mitigación (Nudo Liray, Nudo Lo Arcaya y su conexión con el Camino Diagonal, Nueva Vespucio), y cuyo plazo para garantizar y enterar el porte inicial se dividió en dos: 38% aporte inicial (UF 51.939) la que debía ser garantizado mediante la boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la suscripción del acuerdo, es decir el 23 de septiembre de 2002, debiendo enterarse, en todo caso, antes del 30 de diciembre del año 2006 y, la segunda parte del aporte o erogación correspondiente al 62% (UF 84.743) debía ser garantizado mediante boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, a mas tardar el 30 de diciembre de 2006, debiendo enterarse, antes del 30 de diciembre de 2011.

Destacan que la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A., presentó el proyecto de “Acceso Camino Diagonal Santa Elena, Etapa 1”, para su aprobación de manera independiente de la totalidad de las obras que forman parte de la solución definitiva, postergando una vez más la ejecución del “Nudo Vial Lo Arcaya” comprometido en el Acuerdo de Mitigación como una INICIAL, contando de manera expresa en carta de la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A., AGVANVO-034/12, de 7 de mayo de 2012 y, conforme a lo dispuesto en el artículo 29º de la Ley de Concesiones, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario, de sus obligaciones, tanto en la fase de construcción, como en la explotación de la obra. Añade que toda comunicación y relación entre el concesionario y el Ministerio de Obras Públicas, se canalizara a través del Inspector Fiscal y es quien tiene todas las atribuciones y funciones dispuestas en los artículos 39º y 40º del mismo Reglamento, entre las cuales se encuentra la de dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del contrato de concesión. Agrega que la solución del Viaducto de Entrada al Camino Diagonal presentada por la sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, si bien, es una buena solución para el proyecto inmobiliario de “Santa Elena”, en particular, no considera la integración de todo el sector, dejando fuera el Nudo Lo Arcaya (Lazo San José) y la solución de conectividad con otros proyectos inmobiliarios del sector, según se señala en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del diseño de dicho Viaducto.

Manifiestan que las actuaciones y omisiones de los recurridos no son ilegales ni arbitrarias, pues ninguno de los recurridos ha desconocido acuerdo alguno, ni menos algún convenio o acto administrativo y, que muchas de las afirmaciones de la recurrente son temerariamente falsas, para lo cual los enumera en sus letras a), b), c) y d) del Informe rolante a fs.187 y 188 del arbitrio.

Destacan que, a mayor abundamiento, la solución de conectividad que ha definido el MOP, a través de su Inspector Fiscal, y que ha sido denominado como “proyecto alternativo”, cumple con el estándar de seguridad y servicialidad que el MOP ha implementado a lo largo de todas las concesiones viales existentes en el país, no advirtiéndose razones técnicas para autorizar con cargo a mitigaciones viales un estándar menor que comprometa los niveles de servicio y seguridad establecidos en el Contrato de Concesión en cuestión, por último señala que en el caso particular de la conexión vial solicitada por el recurrente, a la fecha no existe inicio de obra, toda vez que de ello se requiere necesariamente de la suscripción del respectivo convenio de aporte con la Sociedad Concesionaria y luego, que el MOP dicte el acto administrativo correspondiente con el objeto de disponer la obligación de esta última de ejecutar conservar y mantener la obra en mención, por lo que no efectivo lo alegado por la recurrente en el sentido que los recurridos hayan paralizado las obras o impedido su continuación.

Precisan que la circunstancia que el Inspector Fiscal haya aprobado un proyecto no importa en ningún caso una discriminación arbitraria, es menester que exista desigualdad de tratamiento de las personas carente de justificación objetiva y razonable, pues el referido funcionario en el ámbito de sus competencias y facultades ha dado aprobación a un proyecto de conectividad vial que soluciona integralmente el interés público comprometido en la solución de conectividad asociada el sector en cuestión y no sólo el interés particular de la recurrente, pues dicha conectividad ha sido aprobada técnicamente por el mismo funcionario, no es menos acierto que el proyecto en cuestión fue presentado por la recurrente de manera aislada y no dando cuenta de las graves incompatibilidades que presentaba con el resto de las obras de mitigación que en dicho sector debían ser ejecutadas con arreglo al ya referido Acuerdo de Mitigación.

Finalmente, exponen que lo sostenido por el recurrente carece de total sentido, toda vez que a la fecha no se efectuado ningún acto administrativo que haya tenido por objeto la modificación del Contrato de Concesión en el sentido de disponer la ejecución de obras de mitigación consideradas en el Acuerdo de Mitigación, que la modificación del referido Contrato de Concesión debe materializarse mediante un Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Obras Públicas, el que debe llevar además, la firma del Ministro de Hacienda, por lo que no es dable exigir a los recurridos, la disposición de actos administrativos respecto de las cuales no tiene competencia, por lo que puede ser esgrimida como una alegación de forma en contra de la acción deducida, por falta de legitimación pasiva de los recurridos.

En definitiva, solicitan el rechazo del recurso, en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que, a fojas 202, rola informe de la Autopista Los Libertadores, en la que sostiene que la Sociedad Concesionaria se encuentra regulada por la Ley de Concesión de Obra Pública, al efecto del Decreto Supremo MOP (D.S. MOP) Nº900 y su Reglamento, en razón de dicha normativa fue adjudicada por Decreto Supremo MOP Nº 1076 de 19 de diciembre de 1996, contrato de concesión para le ejecución, conservación y explotación de la ora pública fiscal denominada “Camino Santiago- Colina- Los Andes. El referido contrato, en especial sus Bases de Licitación expresan que su mandante es el Ministerio de Obras Públicas y su interlocutor válidos son el Director General de Obras Públicas, y el Inspector Fiscal designado para tal efecto, según lo preceptúa el artículo 29º de la Ley de Concesiones, para lo cual le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de construcción, como en la explotación de la obra. Además señala que toda comunicación y relación entre el concesionario y el Ministerio de Obras Públicas, se canalizará a través del Inspector Fiscal, quién tiene todas las atribuciones y funciones, entre las cuales se encuentra la de dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del contrato de concesión. Por otra parte el Director General de Obras Públicas, debe dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Dirección General de Obras Públicas, de sus Servicios dependientes y de aquellos que ele encomienda la ley, como es el caso del Inspector Fiscal.

Narra que la Sociedad Concesionaria tuvo conversaciones y tratativas con la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, las cuales se reactivaron en el mes de de enero de 2014, con el objeto de celebrar un convenio para regular el desarrollo y ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento Nudo Lo Arcaya- Conexión Diagonal Santa Elena”, en el área de concesión de la obra pública fiscal, “Camino Santiago Colina- Los Andes”, que según entienden habría sido aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, para su ejecución.

Reseña que dicho acuerdo tenía como condición suspensiva y esencial, que la ejecución de cualquier obra requería de la autorización expresa y previa del MOP, en calidad de mandante, a fin de que dicho Ministerio modificase el Contrato de Concesión de obra pública e incorporase las obras a la concesión por razones de interés público y urgencia así como se estableciesen los mecanismos de compensación contemplados en la Ley de Concesiones (DS MOP 900), ante lo cual el MOP, al amparo de la legislación vigente y contrato de concesión, dictar los actos administrativos correspondientes, mediante un Decreto Supremo a fin de incorporar las obras del proyecto: “Mejoramiento Nudo Lo Arcaya-Conexión Diagonal Santa Elena”, a la concesión de la obra pública fiscal “Camino Santiago Colina-Los Andes”, para lo cual señala y transcribe los temas en tratativas de las negociaciones que se mantuvieron. Sostiene que dichas reuniones y gestiones entre la Concesionaria y la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, no resultaron en la celebración de un Contrato, ya que con fecha 8 de abril de 2014, el MOP a través de su Inspector Fiscal, instruyó por ORD Nº 000086/2014, el estudio y análisis técnico-económico del proyecto denominado “Estudio de Ingeniería de detalle, Atravieso Santa Elena-Las Brisas, Ensanche P.S San José y C.S poniente, Km.15, Plan Maestro Ruta 57” aprobado por el MOP, mediante ORD Nº 079 del 28 de marzo de 2014, señala que este proyecto difiere sustancialmente en su geometría y diseño con el Proyecto Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, denominado “mejoramiento Nudo Lo Arcaya-Conexión Diagonal Santa Elena”. Que en atención a dos proyectos distintos, es que la Sociedad Concesionaria mediante carta GG-IF Nº 067 de fecha 14 de abril de 2014, expresó al MOP a través del Inspector Fiscal sus alcances y apreciaciones a su instrucción y solicitud del ORD IF Nº086, para evitar una duplicidad en su correspondiente evaluación, diagnóstico y estudios y solicitó un pronunciamiento expreso por parte del MOP acerca del proyecto definitivo que deberá ser instruido, convenido y ejecutado dentro del marco del Contrato de Concesión, en el sector Km.15 de la ruta concesionada y atendida la carta enviada por la Concesionaria al MOP, a través de su Inspector Fiscal, mediante ODR Nº00099 de fecha 17 de abril de 2014, es que el Ministerio reiteró su instrucción del proyecto “Estudio de Ingeniería de detalle, Atravieso Santa Elena-Las Brisas, Ensanche P.S, San José y C.S. poniente Km.15, Plan Maestro Ruta 57”.

QUINTO: Que, con lo precedentemente expuesto, han quedado cabalmente determinadas las respectivas posturas tanto de las accionantes de autos, o sea, de Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A. y de Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.; como de los recurridos don Raúl Serrano Flores, don Javier González García y don nombre reservado, en las calidades que se les atribuyen, de suerte que resulta ahora procedente determinar por esta magistratura si ha existido o no arbitrariedad y/o ilegalidad en el obrar de esas personas naturales que son objeto de la acción constitucional ahora examinada, que permita acoger esa acción cautelar.

SEXTO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas por la Carta Magna del ordenamiento.

SÉPTIMO: Que para esta Corte resulta notorio que los recursos en análisis dan cuenta de hechos que no se encuadran ni subsumen a cabalidad en los presupuestos establecidos por el constituyente para estimar favorablemente los recursos o acciones constitucionales articulados en estos autos por las respectivas accionantes, en atención a que la materia en que incide el presente recurso excede los márgenes a que habilita el artículo 20 de la Constitución Política. En efecto, como fuere y en último término, se ha llamado a esta Corte a examinar y resolver sobre un asunto que, a su parecer, debe ser resuelto en un juicio declarativo de lato conocimiento, ante el juez natural, ya que lo que en verdad se reprocha por las accionantes, bajo la modalidad de estimarlo un acto arbitrario e ilegal, es un mero incumplimiento contractual, puesto que no otra cosa es aducir que se “han desconocido acuerdos, convenios y el tenor de sus propios actos administrativos, de los que nacían, se reconocían y ratificaban derechos” para ellas , de suerte que no se divisa en razón de qué circunstancia esos temas específicos de tales vínculos, podrían ser revisados en sede de protección, cuando de modo uniforme, tanto la doctrina como la jurisprudencia, lo han descartado. Luego, también los fundamentos que se aducen para acoger las acciones de protección analizadas revelan que se trata de un asunto que para su resolución exige de prueba y de una reflexiva hermenéutica contractual y bien se sabe que la protección no es un juicio, de modo que, si en esta sede no cabe rendir prueba, se ha privado a las partes de su derecho a contradecir en torno a las circunstancias fácticas que pudieran o no configurar el incumplimiento contractual que de algún modo alegan se le atribuye a los accionados.

OCTAVO: Que, en las condiciones descritas en el basamento que antecede, es parecer de estos sentenciantes que la presente vía resulta idónea, inepta e inadecuada para obtener el propósito que persiguen las recurrentes, en atención a que, a su juicio, los planteamientos formulados en los escritos promotores de estos antecedentes requieren necesariamente de una etapa confirmatoria, dentro de la cual los contendientes tengan la oportunidad de arrimar las probanzas necesarias para justificar sus afirmaciones acerca de las cuestiones fácticas debatidas, fase procesal que no se encuentra contemplada en las normas que regulan este recurso, por resultar ajena a su finalidad, como precedentemente se dejó asentado.

NOVENO: Que, con todo, analizados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, al entender de estos jueces, en el actuar de los recurridos no se divisan comportamientos reprochables que den cuenta de los vicios o defectos establecidos en la normativa que establece la acción cautelar analizada, necesarios para emitir un pronunciamiento favorable a lo peticionado por las accionantes, y, en tales circunstancias, no resulta viable estimar favorablemente los reparos incoados objeto de actual estudio, que asignan ilegalidad o arbitrariedad a las conductas que se atribuyen a los tres recurridos.

DÉCIMO: Que, en las condiciones expuestas en la parte fundamentativa que antecede y como se dirá en lo conclusivo de este pronunciamiento, emanación de las facultades conservadoras de esta Corte, resulta enteramente procedente negar lugar a lo peticionado en lo principal de las presentaciones introductorias de fojas 1 y siguientes y 56 y siguientes de estos antecedentes.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechazan los recursos de protección impetrados a fojas 1, por don nombre reservado, en representación de la Sociedad Agrícola Valle Nuevo S.A, de giro Inmobiliario; y a fojas 56, por don nombre reservado y don nombre reservado, en representación de Inmobiliaria FP Barrio Laguna S.A., de giro inmobiliario, en contra de don Raúl Serrano Flores, en su calidad de Inspector Fiscal de Explotación del Contrato de Concesión Camino Santiago-Colina-Los Andes, División de Explotación de Obras Concesionarias de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas; en contra de don Javier González García, en su calidad de Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionarias, Coordinación de Concesiones de Obras Públicas; y, en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director General de Obras Públicas, todos del Ministerio de Obras Públicas.

Redacción del abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Regístrese y archívese, si no se apelare.

N°Protección-22.783-2014 (acumulada al Rol Nº 23.249-2014).

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y abogado señor Eugenio Benítez Ramírez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.