nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, seis de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos en la remuneración de la recurrente sin previo aviso ni consentimiento, respecto de una deuda cuya acción de cobro ya había sido declarada prescrita por sentencia judicial. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera el derecho de propiedad que la recurrente tiene sobre sus remuneraciones, vulnerando con ello el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el cese inmediato de los descuentos y la restitución de las sumas ya descontadas.

Relata la recurrente que con fecha 4 de diciembre de 2019, suscribió un pagaré con la recurrida, obligándose al pago de $5.784.947, más intereses y costas, en 60 cuotas mensuales de $149.734 cada una, con vencimiento a partir del 30 de abril de 2020. En dicho instrumento se estableció una cláusula de aceleración que facultaba al acreedor para hacer exigible el total de la deuda en caso de mora superior a 30 días.

Expone que, debido a dificultades económicas, no pudo cumplir con el pago de las cuotas, motivando que la Caja de Compensación procediera al cobro judicial mediante demanda ejecutiva interpuesta ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-10212-2023. Indica que, con fecha 22 de diciembre de 2023, el tribunal acogió la excepción de prescripción opuesta por la recurrente, rechazando consecuentemente la demanda ejecutiva, lo que evidencia que la recurrida había cesado en la prosecución del procedimiento para ejercer el cobro del pagaré.

Hace presente que con fecha 26 de agosto de 2024, comenzó a trabajar en Banco Estado Contacto 24 horas S.A., y al recibir su liquidación de sueldo de octubre de 2024, constató con sorpresa un descuento por concepto de "Descuento Crédito Personal CCA" por $169.819, sin haber sido informada previamente. Tras conversar con su empleador, se enteró que estos descuentos serían reiterados en el tiempo.

Reclama que la recurrida actuó de manera injustificada y arbitraria, reviviendo una deuda mediante descuento mensual que, si bien está autorizado por el artículo 22 de la Ley 18.833, constituye un beneficio para cobros oportunos, condición que no se cumple en este caso. Sostiene que la Caja de Compensación, al presentar la demanda ejecutiva, manifestó su intención de requerir el pago por vía judicial, por lo que al realizar este descuento por planilla estaría abusando de facultades excepcionales.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera su derecho de propiedad sobre su remuneración, al descontar dineros sin fundamento legal, transgrediendo el artículo 19 N°24 de la Constitución. Complementa su argumentación invocando el artículo 21 N° 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Para fundamentar su pretensión, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, específicamente las causas Rol N° 17519-2021, Rol N° 73938 y Rol 13272-2023, que establecen que cuando una Caja de Compensación opta por judicializar el cobro, queda privada de ejercer la facultad de descuento por planilla, y que habiendo operado la prescripción, la única forma en que puede instarse por el pago es por acto voluntario del deudor.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración respecto de las cuotas cuya acción está prescrita; declarar que la conducta del recurrido es arbitraria e ilegal; restituir la suma de $169.819 y los descuentos que puedan efectuarse durante la tramitación; y condenar en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por la abogada Inés Riquelme Arao, evacuando el informe solicitado, solicita el rechazo del recurso basándose en los siguientes fundamentos:

Primero, detalla los créditos otorgados a la recurrente. Indica que el 28 de enero de 2019 le otorgó el crédito código 010CON101698263 por $3.157.382, a 48 meses, con cuota de $120.702, donde las cuotas 1 a 45 se pagaron regularmente, la cuota 46 se pagó el 8 de noviembre de 2024, y las cuotas 47 a 57 están en mora. Adicionalmente, el 4 de diciembre de 2019 le otorgó un segundo crédito código 010CON102118161 por $5.784.947, a 60 meses, con cuota de $149.734, donde las cuotas 1 a 25 fueron pagadas, las cuotas 26 a 47 están en mora, y las restantes tienen vencimiento entre noviembre de 2024 y marzo de 2026.

Sostiene que si bien inició demanda contra la recurrente, lo hizo cumpliendo la obligación establecida en la Circular N°3567 del 4 de enero de 2021, que obliga a las Cajas a iniciar el cobro judicial dentro de 6 meses de mora, pero que de todas formas ambos créditos están vigentes, son exigibles y sus acciones no están prescritas, siendo procedente su recaudación según el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Por lo demás, hace presente que ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-10212-2023 se ha iniciado el cobro del pagaré correspondiente únicamente al crédito código 010CON102118161, no así respecto del primer crédito otorgado.

Explica que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro que administran prestaciones de seguridad social, donde los créditos sociales constituyen un beneficio de bienestar social. Destaca que el "descuento por planilla" establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 tiene características especiales: a) Es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social; b) No depende de la voluntad de las cajas de compensación, siendo obligatorio como el pago de cotizaciones previsionales; c) La obligación recae sobre el empleador, entendiéndose que el trabajador paga al aplicarse el descuento; d) El trabajador no puede oponerse al descuento por ser mecanismo normativo propio del crédito otorgado; y e) No constituye una gestión de cobro, pues opera independientemente de la voluntad del acreedor.

Argumenta que la obligación es actualmente exigible y la prescripción debe ser declarada judicialmente. Según los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y no opera de pleno derecho, por lo que mientras no exista pronunciamiento judicial del Tribunal competente, la obligación es plenamente exigible. Cita el Dictamen Nº2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social que establece que "en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos." Sostiene que cualquier alegación sobre falta de exigibilidad excede el objeto de la acción de protección y debe plantearse en un juicio de lato conocimiento. Respecto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad, argumenta que no existe traspaso ilegal o expropiación, pues la ley permite a la Caja solicitar el descuento de cuotas de crédito social exigible. Afirma que solo cometería acto arbitrario si informara deducciones de créditos sociales con prescripción declarada, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, invoca jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y Suprema que ha rechazado recursos similares contra Caja Los Andes, incluyendo fallos recientes de febrero de 2024 que confirman la legalidad de los cobros y la falta de arbitrariedad.

En mérito de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso por no existir acto ilegal o arbitrario.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que en el presente caso, consta que la CCAF Los Andes inició un juicio ejecutivo para cobrar el pagaré ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-10212-2023, en donde intentó cobrar el monto que le fue otorgado por el crédito social código 010CON102118161 por $5.784.947, constando que en dicha causa se dictó sentencia que acogió la prescripción del referido pagaré el día 22 de diciembre de 2023, previo allanamiento expreso de la propia CCAF Los Andes.

Sin perjuicio de lo anterior, de igual manera a contar del mes de octubre del año 2024, el empleador de la recurrente procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente la suma $169.819, pretendiendo la referida Caja cobrar un pagaré suscrito con anterioridad al relacionado con el cobro ejecutivo, cuya acción fue declarada prescrita.

QUINTO: Que, como se ha resuelto con anterioridad, cuando la Caja de Compensación, al optó por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe estarse a lo resuelto de manera firme por el tribunal competente, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora nuevamente al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario, por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

SEXTO: Que, ahora bien, para justificar el descuento en las remuneraciones del recurrente, la recurrida aduce la existencia del crédito código 010CON101698263, lo que constituye un actuar arbitrario, por cuanto dicho crédito fue otorgado con anterioridad al crédito cobrado judicialmente, cuya acción fue declarada prescrita. Así, la arbitrariedad surge porque, al tener dos créditos impagos, opta por cobrar el más nuevo, por cuanto es evidente que las acciones vinculadas al primero estaban prescritas, sin que proceda que la recurrida pretenda soslayar tal situación, amparándose en no haber ejercido la acción respecto del primitivo crédito.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que por los fundamentos referidos se acogerá como se dirá en lo resolutivo el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas descontadas a la recurrente desde el mes de octubre de 2024.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-22752-2024.