nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Vistos Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros.

Indica que dicha actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que incorpora requisitos de formalidad no previstos en la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se proceda a la devolución de sus ahorros previsionales.

Explica que solicitó ante la administradora la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, que exime de cotizaciones al personal técnico extranjero. Sin embargo, mediante notificación electrónica, la entidad recurrida denegó la petición argumentando que debía adjuntar un certificado de afiliación debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Ante tal rechazo, acudió de forma presencial a las oficinas de la AFP, donde se le reiteró verbalmente que el documento electrónico presentado no permitía acreditar la cobertura de seguridad social en su país de origen por carecer de las solemnidades internacionales mencionadas.

Sostiene que la recurrente cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, esto es, poseer la calidad de técnica profesional, encontrarse afiliada a un régimen de seguridad social extranjero y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. En este sentido, afirma que la exigencia de una apostilla o legalización constituye una interpretación caprichosa y excesivamente formalista de la normativa, puesto que el legislador no incorporó tales solemnidades como condición para el retiro de los fondos.

Destaca que la autenticidad de la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) puede ser verificada íntegramente a través de códigos alfanuméricos en el portal web oficial de dicha institución, herramienta tecnológica que la recurrida omitió considerar.

Arguye que la imposibilidad de obtener la apostilla se debe a la grave crisis política e institucional en Venezuela y a la falta de representación diplomática efectiva en Chile, situación que constituye un caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la voluntad de la recurrente. Invoca una sólida línea jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país, las cuales han resuelto que los ahorros previsionales son parte del patrimonio del trabajador y que las dificultades administrativas no pueden ser un obstáculo para el ejercicio del derecho de propiedad.

Señala que otras administradoras, como AFP Cuprum, han validado la misma documentación para casos idénticos, lo que demuestra un trato desigual y discriminatorio por parte de la recurrida.

Expone que el acto impugnado lesiona el derecho de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al imponer condiciones más gravosas y requisitos no contemplados legalmente que otros solicitantes en situaciones análogas no han debido soportar. De igual manera, se denuncia la vulneración del derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que la negativa injustificada impide a la recurrente disponer de fondos que son de su exclusivo dominio, afectando la esencia misma de este derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N° 26 del texto constitucional.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a las recurridas reconocer como válida la documentación acompañada, dejando sin efecto el rechazo impugnado y procediendo, en un plazo razonable, a realizar la devolución íntegra de los fondos de pensiones solicitados por la recurrente.

Segundo: Que a folio 7, informan nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos ProVida S.A., quien solicita el rechazo del recurso de protección, fundado en la improcedencia de la vía cautelar para resolver la controversia planteada.

Sostiene que la acción de protección no constituye un juicio de lato conocimiento de carácter contradictorio ni es la sede idónea para solicitar declaraciones de derechos, toda vez que su finalidad es prestar amparo inmediato frente a situaciones urgentes donde exista un derecho indubitado, circunstancia que no concurre en la especie al tratarse de una materia regulada por normatividad técnica y administrativa cuya interpretación se encuentra en disputa.

Expone que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales se ajusta estrictamente a la legalidad vigente, por cuanto la recurrente no cumplió con las exigencias imperativas de la Ley N° 18.156. Precisa que la interesada no adjuntó un certificado de afiliación previsional debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, requisito esencial para acreditar que cuenta con cobertura de seguridad social en su país de origen. Aclara que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin las formalidades internacionales de autentificación, son insuficientes para acreditar el cumplimiento de los riesgos de vejez, enfermedad, invalidez y muerte exigidos por la normativa, máxime cuando se limitan a mencionar coberturas de forma genérica sin especificar la protección efectiva durante el periodo de servicios en Chile.

Argumenta que el Sistema de Pensiones del Decreto Ley N°3.500 impone a las administradoras el objeto exclusivo de gestionar fondos para el pago de pensiones y en este sentido, la exención de cotizar para técnicos extranjeros es una norma de carácter excepcional que exige la acreditación de requisitos copulativos, entre los que destaca la afiliación a un régimen extranjero mediante certificaciones legalizadas. Al respecto, enfatiza que, de acuerdo con el Convenio de la Apostilla y los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los documentos públicos extranjeros deben contar con la certificación de la autoridad competente para tener valor probatorio en el territorio nacional.

Sostiene que las declaraciones juradas ante notario público no constituyen un medio idóneo para suplir la falta de certificación oficial, ya que la autoridad previsional extranjera es la única facultada legalmente para dar fe sobre la afiliación y cobertura del trabajador. Refuerza estos argumentos invocando una sólida línea jurisprudencial de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones, las cuales han resuelto que las exigencias de formalidad impuestas por las administradoras no vulneran el derecho de propiedad, sino que constituyen el cumplimiento de las modalidades concretas que el ordenamiento jurídico ha fijado para el ejercicio de tales derechos en un sistema de capitalización individual con ahorro obligatorio.

Concluye que no existe un acto ilegal ni arbitrario en su proceder, puesto que su actuación se limita a observar las instrucciones técnicas emanadas de la Superintendencia de Pensiones y los criterios legales vigentes. Al no verificarse una conducta contraria a la ley o carente de razonabilidad, afirma que no se ha producido agravio alguno ni se han vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que a folio 12, informa nombre reservado, Jefe Departamento Judicial de la Superintendencia de Pensiones, quien solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condenación en costas.

Como cuestión previa indica que el presente recurso, excede el ámbito propio de la acción de protección. Sostiene que este arbitrio constitucional tiene por finalidad cautelar derechos que revistan el carácter de indubitados, mas no constituye una instancia de lato conocimiento destinada a declarar derechos o resolver controversias donde la existencia misma del beneficio se encuentra en discusión. Al respecto, enfatiza que la recurrente pretende una declaración sobre su derecho a retirar fondos previsionales sin haber acreditado fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales, lo que transforma la pretensión en un asunto que debe ser resuelto en un procedimiento declarativo administrativo o judicial.

Señala que la recurrente no utilizó la vía administrativa previa ante la Superintendencia, optando por interponer directamente esta acción cautelar. Por tal motivo, no registra presentaciones anteriores sobre estos hechos ni ha tenido la oportunidad de dictar un acto administrativo que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario.

Explica que el conflicto se origina en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos al amparo de la Ley N°18.156, la cual exige la concurrencia de requisitos copulativos que, a juicio de la autoridad, no fueron satisfechos debidamente por la interesada.

Destaca que la norma antes mencionada, establece un régimen excepcional de exención de cotizaciones para técnicos extranjeros, el cual, por su naturaleza, debe ser interpretado de manera restrictiva. Para acceder a la devolución de fondos, el trabajador debe acreditar su afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero que otorgue cobertura frente a las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Argumenta que esta acreditación debe efectuarse mediante certificados emitidos por la autoridad competente del país de origen, los cuales deben estar debidamente legalizados o apostillados para garantizar su autenticidad y validez en territorio nacional.

Sostiene que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con las solemnidades legales. Precisa que la sola incorporación de un código de verificación electrónica no suple la exigencia de apostilla o legalización, criterio que ha sido ratificado por una jurisprudencia uniforme de la Excelentísima Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones del país. Asimismo, indica que el documento presentado es genérico y no permite verificar si la recurrente cuenta con prestaciones pecuniarias efectivas en materia de salud ni si dicha cobertura se mantuvo vigente durante todo el periodo de servicios en Chile.

Desestima la alegación de caso fortuito o fuerza mayor basada en la situación diplomática de Venezuela. Explica que, si bien dichas circunstancias pueden dificultar el trámite, no lo hacen imposible, toda vez que la legalización puede obtenerse a través de sedes consulares en otros países o mediante la gestión de terceras personas. Por otra parte, advierte sobre el riesgo para el erario público que supone autorizar el retiro de fondos a extranjeros con residencia definitiva. Fundamenta esta preocupación en que, de permitirse el retiro de ahorros previsionales, el Estado podría verse obligado en el futuro a financiar pensiones básicas solidarias para estas mismas personas, desvirtuando la finalidad del sistema previsional.

Solicita, en definitiva, que se declare la improcedencia del recurso por referirse a una materia que excede la naturaleza de esta acción y, en subsidio, que sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal o que sea producto del mero capricho.

Sexto: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Provida S.A., consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N°18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Octavo: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Noveno: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la AFP recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En efecto, la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Décimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la AFP recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, cuestión que determina que la acción de protección deba ser desestimada.

Undécimo: Que, finalmente, en cuanto a la Superintendencia de Pensiones, el arbitrio no precisa actuación alguna atribuible a dicha entidad, ni consta que se haya deducido reclamo ante dicho organismo o que haya tenido intervención en el acto que se pretende impugnar mediante la presente acción cautelar. En consecuencia, no habiendo dictado acto alguno, no puede existir afectación a los derechos denunciados por parte de esta recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, decide que se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-22707-2025.