ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADOS con CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL - VISTA EN POS DEL INGRESO CORTE N° CORTE 2269-2017.-

PAGE 8 Santiago, tres de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece Álvaro Flores Monardes, abogado, juez titular del 2° Juzgado del Trabajo de Santiago, por sí y en representación de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, en su calidad de Presidente de la misma, y a nombre también de aquellos integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados, cuya individualización, cargos que desempeñan y sus respectivos grados, se contienen en la nómina que adjunta, todos pertenecientes al Escalafón Primario del Poder Judicial, que perciben remuneraciones grados 1 a 5 del Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial, o cuya renta líquida mensual de carácter permanente supera los $4.400.000, o que alcanzan dicho monto por aplicación de un reajuste inferior al 3,2% que dispone la Ley N° 20.975, quien recurre de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Director, nombre reservado, por estimar que ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal “al haber privado y estar privando a los asociados antes señalados de un reajuste salarial equivalente al 3,2% que dispone la Ley 20.975”.

Dicho proceder, asegura, vulnera las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley), N° 22 (no discriminación arbitraria) y N° 24 (derecho de propiedad), de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 23 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.975, que Otorga Reajuste de Remuneraciones a los Trabajadores del Sector Público y Concede Otros Beneficios que Indica. En su artículo 1°, otorga a contar del 1 de diciembre de 2016 un reajuste de 3,2% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero de los trabajadores del sector público. Sin embargo, tal precepto dispone que no se aplicará este reajuste a los funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados I y II de la escala del personal superior del Poder Judicial, ni a los funcionarios pertenecientes al Escalafón Primario del Poder Judicial que perciban remuneraciones grados 1 a 5 del escalafón del personal superior del Poder Judicial, o cuya renta líquida mensual de carácter permanente supere los $4.400.000 o alcance dicho monto tope por aplicación de un reajuste inferior al 3,2% que dispone la Ley N° 20.975.

Señala que los recurrentes, miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, integran el Escalafón Primario del Poder Judicial en las mencionadas categorías y nivel de remuneraciones. Ellos corresponden a los grados 1 a 5, respectivamente, el Presidente de la Corte Suprema, sus Ministros y su Fiscal; los Presidentes de las Cortes de Apelaciones, sus Ministros, sus Fiscales, el Secretario de la Corte Suprema y los relatores de esta última Corte; jueces de asiento de Corte de Apelaciones, secretarios de Cortes de Apelaciones y relatores de estas mismas Cortes; pero también los magistrados y otros miembros del Escalafón Primario que perciben asignaciones de zona u otros beneficios que compensen condiciones desfavorables o dificultosas de desempeño, que los lleva a alcanzar o superar el límite de $4.400.000 de remuneración líquida mensual.

Expone que con fecha 16 de diciembre de 2016, la parte recurrida, en forma arbitraria e ilegal, no procedió a reajustar los sueldos con el incremento del 3,2% respecto de aquellos miembros de la Asociación Nacional de Magistrados individualizados en la nómina que se adjunta. Destaca que al no aplicar el mencionado reajuste, la denunciada ha generado y generará un perjuicio económico a los reclamantes, equivalente, en promedio, a $150.000. Explica que los reajustes de remuneraciones obedecen a la pérdida del valor de la moneda como consecuencia del fenómeno económico de la inflación, en tanto va incrementando progresivamente los precios de los bienes y servicios. Así, la inflación hace disminuir el valor real de las remuneraciones. Por dicho motivo y considerando que en nuestro país existe el fenómeno de la inflación, es que las remuneraciones se reajustan en un porcentaje que permita mantener su valor desde el punto de vista de su poder adquisitivo, contrarrestando el deterioro que produce el incremento de los precios.

Añade que la inflación, con su efecto de disminución del valor de la moneda, afecta a todas las remuneraciones, cualquiera que sea el monto de las mismas, por lo que la limitación del reajuste representa una discriminación arbitraria dispuesta por la Ley N° 20.975, al margen de toda razonabilidad y criterio de justicia. Es por ello que se debe respetar el principio de igualdad cautelado como derecho fundamental en la Constitución Política.

Pone de manifiesto que las garantías de la tutela judicial en materia de derechos fundamentales (a través de los Tribunales Superiores de Justicia) y de la supremacía constitucional (a través del Tribunal Constitucional) frente a la actividad de las ramas co-legisladoras convergen, y de la reunión de ambos dispositivos de resguardo de la supremacía constitucional, “se obtiene el triunfo de las previsiones de la Carta frente a la actividad del legislador mayoritario que la desborda y la agencia administrativa que se ve forzada a ejecutar dicho desborde”.

Finaliza solicitando que se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida la aplicación, desde las remuneraciones devengadas en el mes de diciembre de 2016 en adelante, del reajuste previsto en el artículo 1° inciso primero de la citada Ley N° 20.975, ascendente a un 3,2%.

Al evacuar su informe, el abogado Pablo Maccioni Quezada, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial responde que no se atribuye a su mandante otra cosa más que haber hecho aplicación estricta de una ley que los actores consideran inconstitucional. Cuestiona si acaso podía la Corporación Administrativa, que es un simple órgano administrativo y no jurisdiccional, desobedecer esa ley y, ejerciendo una especie de control de constitucionalidad, dejar de aplicar los incisos tercero y octavo del artículo 1° de la Ley N° 20.975. Acusa que resulta inconcuso el carácter instrumental del recurso de protección interpuesto, con el propósito de que se tenga una “gestión pendiente” que justifique el requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional que la misma parte recurrente anunciara.

Por resolución de veintiuno de enero último se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos: a) una conducta, por acción u omisión, contraria a derecho, expresada bajo las modalidades de ilegalidad o arbitrariedad; b) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales protegibles por esta vía; y c) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

A su turno, se ha diferenciado entre el acto u omisión ilegal, esto es, cuando dicho acto es contrario a las normas del derecho positivo vigente por el que debe regirse, y el acto u omisión arbitrario, en que existe una ausencia de fundamento racional, oponiéndose a la razón, la justicia y el bien común.

Segundo: Que el comportamiento que se reprocha a la recurrida es haber privado a los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados que se individualizan, del reajuste salarial equivalente al 3,2% previsto en la Ley N° 20.975 de 2016, la cual, en definitiva, excluyó de dicho incremento a los funcionarios públicos cuya renta líquida mensual superara los $4.400.000.

Tercero: Que lo primero que llama la atención es que se exprese en el recurso que “por una actuación de autoridad administrativa”, se margina a determinados jueces y otros miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial de todo reajuste de salario, desconociendo los reclamantes que al aplicar el tope previsto en los incisos 3° y 8° del artículo 1° de la Ley N° 20.975, la recurrida no ha hecho sino atenerse estrictamente a lo prescrito en ese texto normativo, que determinó no aumentar las remuneraciones de funcionarios públicos que percibieran cierto nivel de renta -sobre los $4.400.000- o, que por efecto del reajuste, excedieran esa cifra, limitándolo a dicho monto.

Cuarto: Que, dicho lo anterior, al haber ejecutado la Corporación Administrativa un claro mandato del legislador, no es posible tildar de ilegal la actuación que se le censura, dado que se ha ajustado a una normativa que le resulta obligatoria en el aspecto financiero, como son las leyes de reajuste de remuneraciones del sector público.

Quinto: Que descartada la ilegalidad de la omisión denunciada, habrá que hacerse cargo de la arbitrariedad, otra de las variantes de que puede estar revestido el proceder que se cuestiona. Cabe recordar que la arbitrariedad puede tener lugar en el ámbito de las facultades discrecionales, en que el sujeto activo goza de poderes amplios y se comporta de manera antojadiza, instintiva o inmotivada, o cuando hay carencia de razonabilidad en el actuar o en el omitir. Sin embargo, no es posible vislumbrar tales hipótesis en el caso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque ello significaría asumir que estaba habilitada para desoír lo ordenado por la ley, pudiendo haber ejercido de manera legítima un control de convencionalidad o constitucionalidad de una ley vigente. Es manifiesto que no es posible reprenderla por haber acatado una orden legal.

Resulta difícil de entender que una agrupación de jueces estime que el accionar sensato, razonable y, por tanto, esperable de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, era que ignorara las limitaciones de reajuste salarial contenidas en una ley de la República y que aduciendo la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, dispusiera por sí y ante sí dicho incremento a todos los miembros del Escalafón Primario. Es más, de haberse hecho efectivo el reajuste a los actores, los funcionarios de la recurrida a cargo de tal labor habrían cometido el delito previsto en el artículo 236 del Código Penal, al haber dado a los caudales públicos que administra un destino o aplicación diferente al establecido en la ley.

Sexto: Que, en todo caso, pareciera que la propia parte reclamante admite que no ha sido la Corporación Administrativa la que ha incurrido en una actuación ilegal o arbitraria que deba enrostrársele. En efecto, en su libelo se expone que “la abstención de pago en que ha incurrido la Corporación Administrativa del Poder Judicial se ampara (…) en la ejecución de determinados preceptos de rango legal”; o que la “agencia administrativa” -aludiendo a la recurrida- “se ve forzada a ejecutar el desborde” en que han caído los legisladores al permitir una merma en el ingreso real de los jueces. Luego, remarca que con la promulgación de la Ley N° 20.975, “se ha pretendido por los departamentos ejecutivo y legislativo del poder público, privar de todo reajuste en sus salarios” a determinados asociados pertenecientes al Escalafón Primario del Poder Judicial. Asimismo, se lee que “la omisión que acarrea la privación y amenaza al derecho de propiedad de los jueces y demás miembros del escalafón primario del Poder Judicial afectados, se funda en determinadas normas de rango legal contrarias a la Constitución Política”. Concluye manifestando que “lo que motiva la acción deducida es la omisión de aplicar a tales remuneraciones el reajuste que la ley establece, por aparecer la recurrida ejecutando preceptos constitucionales de la referida ley, que exceptúan a los afectados de la aplicación del referido reajuste”.

Es claro entonces que los reclamantes yerran al entablar esta acción en contra de un órgano que no podía ni puede sino dar cumplimiento a una ley que la rige. Si se estima que tal preceptiva es inconstitucional porque sería atentatoria contra garantías fundamentales, corresponde acudir al mecanismo que nuestro ordenamiento jurídico prevé para esos efectos.

Séptimo: Que no es discutible que todo juez está llamado a efectuar un control de respeto y efectiva vigencia de las garantías fundamentales de quienes ocurren ante él, pero tal obligación inherente al ejercicio jurisdiccional debe desplegarse dentro de sus competencias. En la especie, lo pretendido es que esta Corte ordene a la Corporación Administrativa del Poder Judicial que, apartándose del principio de juridicidad, infrinja explícitamente un cuerpo legal y no aplique las restricciones que él contempla en materia de reajuste salarial, en vista de ser consideradas ilegítimas por quienes les afecta. Semejante propósito se aparta del deber de los tribunales de privar de valor a los actos contrarios a los derechos fundamentales.

Octavo: Que del propio tenor del escrito de protección, surge que lo efectivamente reprochado a través de esta acción cautelar es la inconstitucionalidad de una ley que trae aparejada una rebaja o merma del ingreso real de los afectados, amenazando, según esgrimen, las garantías de igualdad ante la ley, de no discriminación arbitraria y derecho de propiedad. Es así como en el libelo se expone una premisa que, a todas luces, es incuestionable, cual es que “ha de resultar determinante para la presente acción de protección, la inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad que debe resolver el mencionado Tribunal Constitucional”. En este sentido se dice que la ilegalidad de la actuación que se ataca “exige para tornarse manifiesta (…) una nueva configuración de la legalidad aplicable a este caso particular y a las partes en el mismo. La inaplicabilidad por inconstitucionalidad es el procedimiento disponible para dicha reconfiguración normativa (…)”.

Sin embargo, esta “depuración de constitucionalidad” que necesariamente se requería para constatar la ilegalidad del comportamiento denunciado en esta sede, no prosperó ante el Tribunal Constitucional, el cual rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad de los respectivos preceptos de la Ley N° 20.975. Si bien los recurrentes esbozaron que esta acción de protección estaba “concateneda” con la acción de inaplicabilidad por inconstitucional, lo cierto es que lo acertado es sostener que esta acción cautelar estaba, a lo menos, condicionada a la demanda de inaplicabilidad deducida ante el Tribunal Constitucional. Consecuencia de lo anterior es que el presente recurso de protección quedó desprovista de todo sustento.

Noveno: Que si la parte recurrente apreciaba que la aplicación de una determinada norma legal generaba un efecto contrario a la Constitución, tenía como única vía la de recurrir directamente al Tribunal Constitucional deduciendo la pertinente acción. En efecto, el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes que emanan de las autoridades erigidas en nuestra Constitución Política se encuentra entregado al Tribunal Constitucional, cuya competencia para examinar la existencia del injusto constitucional en ese ámbito es privativa y exclusiva.

Décimo: Que no es posible soslayar ciertas locuciones que se vierten en el escrito de protección, teniendo en consideración que el recurso es interpuesto por una asociación de magistrados, tales como que “la reducción del ingreso real de parte importante de los jueces chilenos es incontrastablemente un acto de fuerza contra los jueces, una presión de sentido ambiguo y altamente riesgosa para el Estado de Derecho”, o que la Ley N° 20.975 “devalúa la independencia judicial externa y debilita el Estado de Derecho”. Estas descripciones podrían resultar plausibles si la limitación en el reajuste que se desaprueba constituyera una medida de hostilidad hacia los jueces, o de la que es posible inferir una animadversión dirigida a dicho segmento de funcionarios, cuestión que notoriamente no acontece. Aun admitiendo que ha podido verse afectada la capacidad adquisitiva de los salarios de un grupo de jueces -los que perciben las rentas más altas- y de juzgar como inconveniente la exclusión en el reajuste, discernir que la determinación del legislador de congelar sus remuneraciones durante un año altera, en los términos antes reproducidos, nuestra institucionalidad, y en particular, degrada la independencia judicial, no puede ser compartido por quienes suscriben este fallo. Porque significa que bastaría que en un determinado año no se extienda el mecanismo de reajuste a una parte de los jueces, para suponer que éstos queden potencialmente al alcance de cualquier influencia ilícita.

Undécimo: Que en concordancia con lo razonado, se desestimará esta acción de protección y se accederá a lo solicitado por la recurrida en su informe y reiterado en estrados, en orden a condenar en costas a la parte recurrente al haber emplazado a una entidad que no ha tenido comportamiento antijurídico alguno ni injerencia en los reparos que de verdad se plantean en este recurso.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por la Asociación de Magistrados de Chile en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Protección Nº 2270-2017.- No firma la Ministra señora Plaza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro don Jaime Balmaceda Errázuriz e integrada por los Ministros señora Paola Plaza González y don Guillermo de la Barra Dünner.