Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Se anunció y alegó previa relación pública la abogada Javiera Salazar Matus De La Parra, durante 10 minutos. Nicole Ramírez, relatora.

Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 45 y 46: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 13 de octubre de 2025, que mantuvo el rechazo de la licencia médica N°NUM001, extendida por un total de 11 días a contar del 29 de mayo de 2025, por el reposo injustificado.

Alega que en su caso no se aplicaron los criterios de las Leyes números 21.371 y 21.372, conocidas como Ley Dominga y Ley Mila, ni de la denominada Ley Sanna, N°21.063, atendidos los diagnósticos de su hija que fundaron, a su vez, el reposo que le fuera rechazado.

Afirma que el acto sería ilegal y arbitrario por que vulnera su derecho a la integridad física y psíquica, reconocido en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto la resolución antes señalada y se ordene el pago de la licencia médica rechazada.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Rodrigo Campos Cortés, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), solicita el rechazo de la presente acción.

Explica que la recurrente interpuso un recurso de reposición contra la licencia médicas reclamada por esta vía, sin embargo, fue rechazado, dado que la licencia médica N°NUM001, atendida la información proporcionada por el cotizante, el médico tratante en la apelación y por antecedentes previos que constan en su poder, no permiten justificar el período de reposo indicado.

Luego, a petición de esta Corte, a folio 21 de estos autos COMPIN R.M. amplió su informe y esclareció que las leyes que invoca la recurrente no aplican al caso.

En primer lugar, sostuvo que la Ley Mila N°21.372, de 2021, que establece medidas especiales para el acompañamiento de los pacientes en los establecimientos asistenciales, no otorga derecho a licencia médica, sino que permite que todo paciente pueda ser acompañado y los acompañantes tengan un trato adecuado. Al respecto, refiere que la hija de la actora tiene 17 años, por lo que no corresponde una licencia médica tipo para la madre correspondiente a enfermedad grave del niño menor de un año.

En segundo lugar, la licencia en comento tampoco podía aceptarse por la Ley Sanna N°21.063, dado que dicha norma no aplica al tipo de enfermedad que padece la hija de la recurrente, toda vez que ésta esboza un catálogo taxativo de patologías, esto es, cáncer en tratamiento activo o con recaídas; trasplante de órgano sólido (corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas) y sus etapas pre y postoperatorias; trasplante de progenitores hematopoyéticos (médula ósea) y sus complicaciones; enfermedad en fase terminal que requiera acompañamiento permanente; y accidente grave que implique riesgo vital o secuelas funcionales severas que hagan indispensable el cuidado directo de un adulto. Por lo que, en la especie, no correspondía extender la licencia médica por esta normativa.

Finalmente, fundamenta su actuación en el marco normativo vigente que regula el otorgamiento de licencias médicas y consecuente pago del subsidio, específicamente en el Decreto N°7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales y el Decreto Supremo N°3/1984 que establece el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, cuyo artículo 14 otorga competencia privativa para aprobar o rechazar licencias médicas, enfatizando su carácter de organismo eminentemente técnico que busca asegurar el cumplimiento de la finalidad terapéutica y transitoria de las licencias médicas.

Tercero: Que, comparece el abogado Sebastián de la Puente Hervé, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción, sin perjuicio de existir pronunciamiento firme de esta Corte en resolución que consta a folio 4.

En segundo lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior y en cuanto al fondo del recurso, expone que la recurrente con fecha 9 de septiembre de 2025 reclamó el rechazo por COMPIN R.M. de la licencia médica recurrida, confirmándose el mismo por medio del Dictamen SUSESO N°NUM000, 13 de octubre de 2025 -resolución recurrida por esta vía cautelar de protección-, fundado en que no proporciona nuevos antecedentes que permitan realizar un nuevo estudio de su caso.

Adicionalmente, señala que la usuaria no adjuntó informes médicos que acrediten cuadro clínico padecido por la actora, tratamientos y terapias efectuadas o plan de cuidados con fecha de reintegro laboral, dado que la documentación aportada se relaciona con el diagnóstico de su hija de 17 años. No adjunta informe de terapias físicas realizadas recientemente, evaluación por especialidad u otro tipo de intervenciones que permitan desprender el rol terapéutico de la licencia médica reclamada. En tal sentido, no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas.

Alega, además, que no existe en el presente caso un derecho indubitado a la licencia médica.

Luego, a petición de esta Corte, a folio 18 conta la ampliación de su informe, por el cual sostuvo, en idénticos términos informados por COMPIN R.M. que la Ley Mila Nº21.372, establece medidas especiales para permitir el acompañamiento de los pacientes en los establecimientos asistenciales y que reciban un trato adecuado, la cual no otorga derecho a licencia médica, haciendo presente que la hija de la actora tiene 17 años, por lo que no corresponde respecto de la actora la emisión de una licencia médica tipo cuatro, esto es, de enfermedad grave de niño o niña menor de un año. A su vez, esgrime que tampoco resulta procedente haber acogido la licencia médica por la Ley Sanna, dado que la enfermedad que padece la hija no se encuentra dentro de las hipótesis de dicha normativa, así como tampoco fue indicado en la licencia médica por el médico tratante.

Niega que se haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes que constan en el expediente administrativo, no constituyendo actos caprichosos o carentes de fundamento racional.

Del mismo modo, alegó la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, argumentando que no existe derecho alguno sobre eventuales subsidios sin contar previamente con una licencia médica autorizada, y que la sola emisión de una licencia por parte de un profesional de la salud no implica el nacimiento automático de tal derecho.

Cuarto: Que, en representación de la Isapre Banmédica S.A. evacúa el informe requerido el abogado Omar Matus de la Parra Sardá y solicita el rechazo de la presente acción.

De manera preliminar, argumental que esta no es la vía idónea para el reclamo de la licencia médica rechazada dado que excede la materia de la acción cautelar constitucional y en atención a que en el DFL Nº1 de 2005 del Ministerio de Salud, en su artículo 194, se contempla la existencia de un procedimiento administrativo especial que se aplica frente a estos casos, el que no ha sido accionado por la recurrente y cuyo pronunciamiento es el eminentemente técnico y correspondiente.

Luego, menciona no existe una actuación arbitraria o ilegal de su parte que haya vulnerado garantías constitucionales por cuanto el rechazo de la licencia médica se encuentra plenamente justificado y se sostiene en que la actora registra dos licencias médicas, números NUM001 y NUM002, otorgadas por profesional médico aludiendo a las leyes Mila y Dominga. Estas licencias médicas fueron rechazadas por encontrarse mal emitidas, dado que se emitieron por el diagnóstico de arritmia cardíaca, patología que afecta a la hija de 17 años, nombre reservado, no a la madre afiliada.

Indica que se confunden por la recurrente derechos o beneficios establecidos en distintos cuerpos normativos, sin perjuicio que el caso concreto no reúne los requisitos para hacer uso de ellos. En efecto, respecto de la denominada Ley Mila (N°21.372), refiere que ésta establece el derecho de acompañamiento del paciente en momentos críticos cuando se trata de la atención médica de niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes. Normativa que no indica el uso de licencia médica en casos de padres de menores de edad. Enseguida, aclara que la llamada Ley Dominga (N°21.371), establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal. Y, por su parte, la Ley Sanna (N°21.063), permite a los padres cuidadores que tengan la calidad de trabajadores ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el fin de prestar acompañamiento a cuidado a hijos o hijas mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años, según las contingencias de salud que los afecten y que están establecidas en la ley.

Finalmente, afirma que la Isapre ha obrado en virtud de las facultades que le entrega la propia normativa legal vigente (en los artículos 16, 33 y 48 del Reglamento de autorización de Licencias Médicas, D.S. 3/1984 y Ley N°20.585) y ha hecho uso de los instrumentos establecidos para una adecuada evaluación y pronunciamiento, careciendo, a su vez, de arbitrariedad, toda vez que el rechazo tiene como fundamento los antecedentes médicos de la recurrente, decisiones que han sido ratificadas por la entidad técnica competente (COMPIN).

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Séptimo: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Octavo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Noveno: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°NUM000, de 13 de octubre de 2025, que mantuvo el rechazo de la licencia médica N°NUM001, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por la recurrente.

Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Resulta útil tener presente que la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “Que, los informes aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo otorgado. En efecto, no adjunta informes médicos que acrediten cuadro clínico padecido por la Sra. nombre reservado, tratamientos y terapias efectuadas o plan de cuidados con fecha de reintegro laboral. No adjunta informe de terapias físicas realizadas recientemente, evaluación por especialidad u otro tipo de intervenciones que permitan desprender el rol terapéutico de la licencia médica reclamada”.

Adicionalmente, se ha de tener presente que, del tenor de lo indicado por las recurridas, consta que la actora no adjuntó informes médicos que acreditaran un cuadro clínico padecido por ella, tratamientos y terapias efectuadas o plan de cuidados con fecha de reintegro laboral, dado que la documentación aportada refiere únicamente al diagnóstico de su hija de 17 años y a una hospitalización de la misma que dice relación con el diagnóstico de arritmia cardiaca. Asimismo, no adjuntó informe de terapias físicas realizadas recientemente, evaluación por especialidad u otro tipo de intervenciones que permitan desprender el rol terapéutico de la licencia médica a su respecto. En tal sentido, no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgó la licencia reclamada a la recurrente. Además, consta que la hija de la actora tiene 17 años, por lo que no correspondía que se le emitiera a la madre una licencia médica por enfermedad grave del niño menor de un año.

Décimo: Que, en cuanto a la alegación realizada por la recurrente relativa a que la licencia médica objeto del recurso debió haberse acogido tomando en consideración las disposiciones de normativa especial que cita y, según ella, estima aplicables.

Al efecto, deben desestimarse dichas alegaciones toda vez que la normativa aludida corresponde a aquella contenida en la Ley N°21.371, que establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal; en la Ley N°21.372, que garantiza el derecho a compañía continua para niños, niñas y adolescentes, mujeres o personas gestantes, durante hospitalizaciones y atenciones de salud en recintos públicos y privados, asegurando su trato digno; y, por último, en la Ley N°21.063, que crea un seguro obligatorio para padres, madres o cuidadores trabajadores para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves. Tal normativa no contempla en su regulación la existencia de un beneficio como aquél que la recurrente invoca, a saber, que por el hecho de tener una hija enferma debe autorizársele licencia médica al padre o madre que la acompañe.

Undécimo: Que, por lo razonado, solo cabe concluir que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Nº22632-2025 Protección.