nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, por sí y en representación de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. por haber rechazado y detenido la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que la institución recurrida impone exigencias formales y criterios subjetivos no contemplados en la normativa vigente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se deje sin efecto dicho acto y se ordene la devolución de los fondos acumulados.

Indica el recurrente, ciudadano venezolano, que es Técnico Superior Universitario en Publicidad y Mercadeo, con residencia definitiva en Chile. Durante su desempeño laboral, ha suscrito contratos con cláusulas específicas donde manifiesta su voluntad de acogerse a la exención previsional establecida en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Con base en dicha normativa, inició el trámite administrativo para la devolución de sus fondos ante la AFP Modelo S.A., acompañando la documentación requerida, tales como su título profesional apostillado y certificados de afiliación de su país de origen. No obstante, la administradora notificó que la solicitud se encontraba detenida alegando falta de acreditación de la afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile, decisión que califica de infundada y caprichosa.

Sostiene, en cuanto a la acreditación de afiliación al régimen, que se acompañó íntegramente la documentación que certifica la afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual fue incluso validada mediante un mecanismo técnico-jurídico ante notario público. Este procedimiento permitió verificar en tiempo real, a través del portal web oficial del organismo venezolano, la autenticidad y vigencia de la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", documento que acredita cobertura en contingencias de maternidad, vejez, enfermedad e invalidez. Enfatiza que la exigencia de mayores legalizaciones o apostillas constituye una imposibilidad material derivada de la actual situación de las relaciones diplomáticas con Venezuela, configurándose un caso fortuito o de fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Invoca el principio in dubio pro operario como criterio fundamental del derecho laboral, argumentando que cualquier ambigüedad normativa debe resolverse en favor del trabajador. Critica que el sistema de pensiones actual priorice intereses económicos sobre el bienestar del afiliado, limitando injustificadamente el acceso a sus propios ahorros. Complementariamente, cita la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la cual prohíbe la privación arbitraria de bienes y garantiza un trato no menos favorable que el de los nacionales. Sostiene que, una vez cumplidos los requisitos de la Ley N°18.156, cualquier restricción adicional es desproporcionada e ilegal.

Añade que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, han determinado que las AFP no pueden realizar interpretaciones excesivamente literales o formalistas de la ley. Así, la conducta de la AFP Modelo S.A. constituye un acto carente de motivación suficiente que contraviene el principio de juridicidad y la Ley N°19.880.

Afirma que el actuar de la administradora vulnera la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República de Chile, al imponer requisitos no previstos normativamente que generan un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros. Del mismo modo, se denuncia la conculcación del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución, toda vez que los fondos previsionales son parte del patrimonio individual del trabajador y la retención injustificada le priva de los atributos esenciales de su dominio. Finalmente, se alega la transgresión del artículo 19 N°26 constitucional, pues se afectan estos derechos en su esencia al imponer condiciones que impiden su libre ejercicio.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados en un plazo razonable.

Segundo: Que informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y expone los fundamentos de hecho y de derecho que justifican el rechazo de las solicitudes de devolución de fondos previsionales interpuestas por el actor.

Precisa que el recurrente presentó dos solicitudes administrativas, bajo los números internos 21835 y 563, con el objetivo de acogerse a la exención para técnicos extranjeros establecida en la Ley N°18.156 respecto de las cotizaciones enteradas por su empleador, Servicios Computacionales e Informáticos nombre reservado.

Agrega, en primer lugar, que se incumplen los requisitos de acreditación documental exigidos por la normativa vigente. Respecto a la solicitud N° 21835, la Administradora señaló que el certificado de afiliación emitido por la Embajada de Venezuela carecía de la debida apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, lo que impidió validar su autenticidad conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, se observó que el anexo del contrato de trabajo contenía cláusulas contradictorias, pues mientras el trabajador manifestaba su voluntad de mantener la afiliación en su país de origen, simultáneamente autorizaba el descuento de cotizaciones en el régimen chileno, circunstancia que, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, obliga a que prime la regla general de cotización en el lugar donde se prestan los servicios.

En relación con la segunda solicitud, signada con el número 563, fundamenta su rechazo en que la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituye un certificado de afiliación idóneo. Expresa que dicho documento solo menciona coberturas de forma genérica, carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra apostillado. Asimismo, la Administradora desestimó la validez de la declaración jurada presentada por el recurrente, argumentando que la acreditación de la seguridad social extranjera es una materia técnica cuya certificación corresponde exclusivamente a la autoridad previsional competente del país de origen y no a la voluntad del propio afiliado.

Sostiene que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción cuyos requisitos son copulativos y deben ser interpretados de manera estricta. Argumenta que el cumplimiento de la letra a) del artículo 1° de dicha ley —referente a la afiliación a un régimen extranjero con cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte— no fue probado fehacientemente. Destaca que la voluntad de mantener la afiliación extranjera, exigida en la letra b) de la misma norma, debe manifestarse de forma inequívoca durante la vigencia de la relación laboral, lo cual no ocurrió en la especie, transformándose el defecto del contrato en una causal de rechazo insubsanable tras el término del vínculo contractual en abril de 2023.

Invoca la potestad reglamentaria y fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, señalando que, como entidad fiscalizada la recurrida, está obligada a seguir las instrucciones obligatorias contenidas en el Compendio de Normas y en diversos Oficios Ordinarios que exigen la legalización de documentos extranjeros. En este contexto, la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema, han ratificado en fallos recientes que la exigencia de apostilla y la especificidad de las coberturas previsionales no constituyen actos arbitrarios ni ilegales, sino el cumplimiento del principio de legalidad que rige a las administradoras.

Concluye que no ha existido una privación o perturbación de las garantías constitucionales del recurrente, toda vez que el actuar de la institución se ajustó estrictamente al ordenamiento jurídico y a las directrices del órgano contralor del sistema de pensiones. Sostiene que el rechazo de las solicitudes no fue un acto caprichoso, sino la consecuencia directa de la falta de antecedentes idóneos proporcionados por el interesado.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente informe, se tenga por evacuada la respuesta al recurso de protección y, en definitiva, se proceda a rechazar el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 consagra una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101 de 1980 y el artículo 94 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Quinto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio lex locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Sexto: Que del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N° 18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente, debidamente legalizado o apostillado, y que señale las coberturas y periodo con que cuenta el afiliado.

Séptimo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156 y artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Octavo: Que no existiendo un acto ilegal o arbitrario y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del Decreto Ley N° 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en representación de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-22623-2025.