nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES
- Fecha
- 2 de marzo de 2026
- Sala
- Cuarta
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 22614-2025, sentencia de 2 de marzo de 2026
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se ordena a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes abstenerse de cobrar el pagaré y restituir las sumas retenidas, tras reconocer la recurrida el cese definitivo de los descuentos.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, dos de marzo de dos mil veintiséis.
Vistos y considerando:
PRIMERO: Que, comparece el abogado Ángel Maidana Carvacho, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos desproporcionados e ilegales en su remuneración de septiembre de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se dejen sin efecto dicho descuento y se restituya el monto descontado.
Expresa que recibió su liquidación de remuneración de septiembre de 2025, con una importante merma en su ingreso por cuanto se le descontaron por orden de Caja Los Andes, la sumas de $344.000 Relata que el actor suscribió con la recurrida dos pagarés: el primero con código de crédito 131CON100258007 por un monto de $6.678.076, otorgado el 11 de mayo de 2017 comprometiéndose en 60 cuotas mensuales de $196.693 pesos las cuales se pagaron hasta la cuota 16 debido a que fue finiquitado de ese trabajo.
Expresa que el año 2019 fue demandado por la Caja de Compensación en causa rol C-170-2019 del Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones causa en la cual después de que se certificara que no se opusieron excepciones se archivó por falta de movimientos el año 2021.
Menciona que la recurrida ejerció de manera indirecta una especie de autotutela, obteniendo de esta manera el pago de la deuda de forma irregular, sin que para ello medie fundamento y sustento legal.
En cuanto al derecho, alega vulnerado su derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica que subyace a la institución de la prescripción, argumentando que después de transcurridos más de 5 años desde la mora y ante la ausencia e ineficacia de la cobranza judicial, tiene derecho a la certeza de que ya no se ejercerán nuevas acciones ni judiciales ni de autotutela.
Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se ordene dejar sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones realizados por el empleador a requerimiento directo de la Caja de Compensación; se restituyan los montos descontados desde la liquidación de sueldo de septiembre de 2025; con costas.
SEGUNDO: Que evacuó informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes en el siguiente tenor.
Señala que con fecha 11 de mayo de 2017 otorgó al actor un crédito con código 131CON100258007 por la suma de $6.678.076, a una tasa del 1,89%, pagadero en 60 cuotas mensuales de $196.623, cuyo primer vencimiento operó el 31 de julio de de 2017.
Menciona que las primeras 16 cuotas correspondiente al mes de julio de 2017 a octubre de 2018, fueron pagadas regularmente a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de los mismos meses. La cuota 17 del mes de noviembre de 2018, más el interés penal, fue pagada con desfase a través de descuento en la remuneración del mes septiembre de 2025, generando mora por las cuotas restantes.
Señala que no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna, argumentando que los descuentos efectuados se encuentran plenamente amparados por el artículo 22 de la Ley N°18.833, que expresamente faculta a las Cajas de Compensación para instruir a los empleadores la deducción de las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social, estableciendo que tales descuentos se regirán por las mismas normas aplicables a las cotizaciones previsionales. En consecuencia, considera que su actuar se encuentra dentro del marco de sus atribuciones legales y no constituye vulneración de garantía constitucional alguna.
Sostiene que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho por lo que mientras no exista pronunciamiento judicial que declare extinguida la obligación por prescripción, la deuda mantiene plena exigibilidad, agregando que la vía procesal idónea para hacer valer la excepción de prescripción no corresponde a la acción de protección, sino a un juicio de lato conocimiento ante la sede jurisdiccional correspondiente.
No obstante lo anterior, y sin reconocer extinción alguna de la deuda ni los fundamentos esgrimidos, manifiesta haber dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al demandante, así como la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección por haber perdido oportunidad, toda vez que ha accedido voluntariamente a las medidas solicitadas por el recurrente.
Pide, en definitiva, se rechace la presente acción de protección por falta de oportunidad.
TERCERO: Con fecha 4 de febrero del presente año, se otorgó traslado a la recurrente sobre la base del informe de la recurrida, el cual se tuvo por evacuado en rebeldía el 18 de febrero de 2025.
CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
QUINTO: Que, en el presente caso, el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es la decisión de la caja de compensación de haber solicitado al empleador del recurrente, la retención de cuotas de un crédito que se encuentra en mora.
SEXTO: Que, al respecto, la recurrida reconoce haber realizado descuentos y que estos se sustentarían en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 22 de la ley N°18.883.
Sin perjuicio de lo indicado, señaló que dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito social otorgado objeto del presente recurso, habiendo informado sobre el pagaré 131CON100258007 y disponiendo la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.
SÉPTIMO: Que atendido lo anterior y conforme a lo señalado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en cuanto al cese definitivo de los descuentos realizados, es que el recurso deberá acogerse como se señalará en lo resolutivo.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, debiendo abstenerse la recurrida de realizar cobros respecto del pagaré 131CON100258007, restituyendo aquellas sumas que hayan sido recibidos en virtud de aquellos créditos sociales.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
N°Protección-22614-2025.