nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece por el acto arbitrario e ilegal consistente en la no entrega de sus fondos previsionales.

Expresa que de acuerdo con la exención establecida en la Ley N° 18.156, el recurrente ingresó solicitud N° 1408923 ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, S.A. (sic) a fin de solicitar el retiro y/o devolución de fondos previsionales de acuerdo con lo establecido en ese cuerpo legal, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

Agrega que acompañó los documentos requeridos por la ley para tales efectos, a saber, contratos de trabajo y/o anexo con cláusula que especifica exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros, y, por último, constancia del seguro social de su país de origen.

Indica que recibió correo con comunicación de 28 de septiembre 2025 que indica que su solicitud fue rechazada por falta de constancia de afiliación. Específicamente se señaló “…• Anexo de contrato de trabajo: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud. • Certificado Institución de Seguridad Social: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud”.

Precisa que cumplió con los requisitos solicitados acompañando íntegramente toda la documentación requerida, en especial la manifestación de voluntad en el contrato de trabajo y no como lo hace ver de forma arbitraria la AFP, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material por un caso fortuito que escapa de sus manos, en los términos previstos en el artículo 45 del Código Civil.

Afirma que, sin perjuicio de lo referido, acompañó constancia de afiliación de seguro social vigente a la fecha de su presentación que puede ser verificada ingresando a la página Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.), donde se puede constatar la afiliación del solicitante a través del siguiente link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, con solo digitar la cedula de identidad venezolana que aparece en la respectiva constancia del recurrente signada bajo el N° V014755312, lo que permite verificar validez y vigencia.

En virtud de lo anterior, sostiene que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República y del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Sostiene que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, al exigir requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N° 18.156, reteniendo así los fondos previsionales del afectado.

Termina solicitando que se ordene a la recurrida “que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho”.

Segundo: Que evacua informe por la Administradora de Fondo de Pensiones Uno S.A. la abogada doña Romina Dalbosco Cornejo, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Expresa que efectivamente el 27 de septiembre de 2025 se comunicó al recurrente el rechazo de su solicitud de restitución de fondos previsionales por cuanto “Anexo de contrato de trabajo: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud … Certificado Institución de Seguridad Social: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud”.

Precisa que conforme al artículo 1 de la Ley N° 18.156, al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones, el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y el Oficio Reservado N° 2966, de 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile siempre que cumplan con ciertos requisitos legales, entre ellos que se encuentren actualmente afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, esto con el fin de que siga estando protegido bajo un esquema previsional adecuado y no quede desamparado, y que el documento que acredite tal calidad se encuentre debidamente legalizado y apostillado.

Explica que, respecto de la situación particular de Venezuela, si bien es efectivo que actualmente no existe representación diplomática acreditada ante el Gobierno de Chile, ello no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley. La ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, por causas ajenas a esta Administradora, constituye una circunstancia de hecho que no habilita a prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos emitidos en el extranjero.

Comenta que en busca de una solución para los extranjeros venezolanos que cotizan en Chile, el 24 de enero de 2025 esta Administradora consultó a la Superintendencia de Pensiones la posibilidad de evaluar otorgar un plazo de validez de hasta un año para los certificados, siempre que los datos consignados en el certificado de afiliación puedan verificarse a través de la plataforma oficial del gobierno venezolano: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, propuesta que fue rechazada por ese organismo, ya que se referiría a la validez de un documento extranjero, materia que se encontraría fuera del ámbito de competencia de este organismo.

En línea con lo expuesto, indica que la Superintendencia de Pensiones, en el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, se ha pronunciado indicando lo siguiente “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Adicionalmente, expone que entre los antecedentes acompañados por el recurrente en su solicitud de retiro de fondos se encuentra un anexo de contrato de trabajo suscrito con la Corporación Educacional Colegio San Antonio, fechado el 1 de julio de 2025. Sin embargo, dicho documento no pudo ser aceptado por esta Administradora toda vez que las cotizaciones previsionales acompañadas por el propio recurrente solo acreditan pagos hasta el mes de junio del mismo año, por lo que no se verifica la existencia de una relación laboral vigente al momento de suscribirse el referido anexo.

Agrega que uno de los anexos del contrato de trabajo con la Corporación Educacional Colegio San Antonio presentado por la parte recurrente es ilegible, por lo que no se puede validar su contenido ni corroborar la fecha efectiva de su emisión, impidiendo así verificar el cumplimiento de la exigencia establecida por la autoridad previsional.

En consecuencia, la actuación de esta Administradora no constituye la exigencia de requisitos adicionales ni una interpretación antojadiza de la normativa, sino la aplicación estricta del marco legal que regula la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros. Tal proceder tuvo por objeto garantizar la legalidad del procedimiento y resguardar la seguridad jurídica del sistema, razón por la cual no resulta procedente sostener que haya existido arbitrariedad o ilegalidad en las decisiones adoptadas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar en análisis, la constatación de la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la decisión de la recurrida de desestimar la solicitud del recurrente en relación con la devolución de las cotizaciones previsionales por las razones ya señaladas.

Quinto: Que el recurrente acompañó los documentos que adjuntó a su solicitud, entre los que se encuentra uno denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual se indica: “de conformidad con el Artículo N°1 de la Ley de Seguro Social (…) 'La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso'.

Sexto: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”. Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N° 7 del artículo 47 de la Ley N° 20.255, el N° 3 del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N° 18.156. De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N° 21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido que: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N° 23208 de 15 de diciembre de 2023: "Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N° 12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado que: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia”.

Octavo: Que tras lo expuesto, es posible concluir que la forma y oportunidad en que se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, están expresamente fijadas por ésta, y han sido además precisadas por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, sistema normativo que efectivamente exige determinadas formalidades a los documentos que se acompañen en este proceso por el solicitante, sin las cuales dichos documentos no tienen valor ni efecto en Chile.

Noveno: Que, a la luz de las normas anteriores, la recurrida solicitó al actor acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral y, a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ello, toda vez que los instrumentos aportados no cumplirían con los requisitos de la normativa vigente.

Décimo: Que, finalmente, en relación con la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que, como lo ha señalado la Corte Suprema, si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito establecido en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Duodécimo: Que, en relación con la segunda alegación del recurrente, esto es, que se debe entender cumplido el requisito de la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, es decir “que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”, existe controversia que los documentos acreditaban la exigencia legal, sin que el recurrente se haya hecho cargo de ello.

Decimotercero: Que de lo reseñado se desprende que la recurrida no incurrió en ilegalidad alguna, y por el contrario, se limitó a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1 y 7 de la Ley N 18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos.

Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía satisfacer al efecto, según se ha reseñado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por don Luis Cornejo Chávez, abogado, en representación de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Redactó el ministro Rodríguez Moreno.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-22604-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por la ministra (S) señora Pamela Quiroga Lorca y por la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.