nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, doce de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para trabajador extranjero, decisión que le fue notificada en octubre de 2025, y que a su juicio vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que se encuentra prestando servicios profesionales en Chile conforme al Código del Trabajo, y que, en tal calidad, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, cumpliendo íntegramente con el procedimiento administrativo y con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Señala haber acompañado oportunamente toda la documentación exigida por la normativa vigente, consistente, entre otros antecedentes, en certificados de afiliación previsional del país de origen debidamente apostillados, título profesional apostillado, y contrato de trabajo y anexo en el que manifiesta expresamente su voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera.

Indica que, pese a lo anterior, la AFP recurrida rechazó su solicitud mediante comunicaciones de 24 de junio de 2024 y de 8 de octubre de 2025, fundando dicha decisión, principalmente, en que el actor tendría la calidad de socio con facultades de administración o representación, lo que según la recurrida impediría reconocer la existencia de una relación laboral dependiente, y en supuestas deficiencias formales de la documentación previsional extranjera acompañada, alegaciones que el recurrente controvierte, afirmando que no constituyen causales previstas en la Ley N°18.156 y que importan una interpretación restrictiva y formalista de la norma.

Sostiene, en consecuencia, que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos legales para acceder a la devolución de sus fondos previsionales, y que la negativa de la AFP PlanVital configura una retención injustificada de dichos fondos, afectando su derecho de propiedad y sometiéndolo a un trato desigual respecto de otros trabajadores extranjeros en situación similar, razón por la cual solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que al evacuar informe, la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, sosteniendo que su actuar no es ilegal ni arbitrario, por cuanto el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente se fundó en el incumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156, conforme a la interpretación administrativa obligatoria impartida por la Superintendencia de Pensiones.

Explica la recurrida que el 6 de octubre de 2025 el actor ingresó, vía plataforma web, una solicitud de devolución de fondos previsionales, la cual fue rechazada y notificada el 8 de octubre de 2025, por haber acompañado antecedentes que no resultan idóneos para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, consistentes en una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada, documentos que —según lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N°12.954, de 15 de julio de 2025— carecen de valor probatorio suficiente por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen ni encontrarse debidamente legalizados o apostillados.

Añade que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, cuya aplicación exige el cumplimiento estricto y copulativo de todos sus requisitos, y que las instrucciones administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones —en ejercicio de sus facultades legales— son obligatorias para las Administradoras de Fondos de Pensiones, de modo que PlanVital se encontraba jurídicamente impedida de acceder a la devolución solicitada. Afirma, además, que el rechazo impugnado no es definitivo, sino subsanable, pudiendo el afiliado volver a presentar su solicitud acompañando los antecedentes que satisfagan los estándares legales y administrativos vigentes.

TERCERO: Que, en complemento de su informe, la recurrida expone que otro de los fundamentos del rechazo dice relación con la necesidad de aclarar la calidad societaria del recurrente, en particular, si éste detenta la condición de socio mayoritario de la empresa empleadora y si cuenta, además, con facultades de administración o representación, circunstancias que —de concurrir— impedirían reconocer la existencia de una relación laboral válida de subordinación y dependencia, requisito esencial para acceder a los beneficios previstos en la Ley N°18.156.

Señala que, de los antecedentes acompañados por el propio actor, éste figura simultáneamente como representante legal de la sociedad y como trabajador dependiente, lo que motivó a la Administradora a requerir antecedentes adicionales destinados a verificar que no se configure una situación de incompatibilidad. Al respecto, indica que la Superintendencia de Pensiones, mediante los Oficios N°73 y N°127, ambos de 6 de enero de 2025, ha instruido que, conforme al artículo 3° del Código del Trabajo y a la doctrina reiterada de la Dirección del Trabajo, un socio mayoritario con facultades de administración no puede ser considerado trabajador dependiente, por faltar el elemento de subordinación y dependencia, criterio que también se extiende a socios con iguales facultades de administración.

Agrega que dicha interpretación administrativa ha sido expresamente puesta en conocimiento de las Administradoras, quienes deben aplicarla al analizar la procedencia de los beneficios excepcionales de la Ley N°18.156, concluyendo que no resulta jurídicamente posible reconocer una relación laboral válida cuando el solicitante es, a la vez, socio controlador y representante legal de la empresa empleadora. En consecuencia, sostiene que el actuar de AFP PlanVital se ajustó a derecho, fue razonado, uniforme y no discriminatorio, y no importó vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Plan Vital de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

SEXTO: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento no se observa debidamente legalizado ni debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

SÉPTIMO: Que, asimismo, la decisión impugnada se sustentó en la circunstancia de que el recurrente aparece, de acuerdo con los antecedentes acompañados, como socio de la empresa empleadora con facultades de administración o representación y, a la vez, como trabajador dependiente de la misma. Tal situación genera una incompatibilidad jurídica relevante, desde que la existencia de una relación laboral válida exige la concurrencia del elemento de subordinación y dependencia, conforme al artículo 3° del Código del Trabajo, el cual se desdibuja cuando quien invoca la calidad de trabajador detenta simultáneamente facultades de dirección o control sobre la sociedad. En este contexto, la Administradora debía verificar el cumplimiento de dicho presupuesto esencial para la aplicación del régimen excepcional previsto en la Ley N°18.156, no advirtiéndose que el cuestionamiento formulado por la recurrida constituya un actuar arbitrario o carente de fundamento normativo.

OCTAVO: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca en el cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente la Superintendencia de Pensiones, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

NOVENO: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país DÉCIMO: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por la actora, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-22579-2025.