nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., a causa del acto ilegal y arbitrario notificado con fecha 17 de septiembre de 2025, que rechazó su solicitud de retiro de Fondos para Extranjero, actuación que considera ilegal y arbitraria. Alega que dicho rechazo le impide la devolución de sus fondos previsionales al exigir requisitos no previstos en la Ley N° 18.156 e ignorar la validez de la documentación que acredita su afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24, respectivamente, de la Constitución Política de la República, así como el artículo 19 N°26, por lo que solicita se acoja la acción y se ordene la devolución de los fondos previsionales.

Se desprende de sus antecedentes que el recurrente aportó, junto con su solicitud de devolución de fondos previsionales, una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, documentos que, a su parecer, deberían ser suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, especialmente considerando posibles dificultades para obtener documentación con formalidades adicionales por circunstancias de fuerza mayor.

Reitera que la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. es tanto ilegal como arbitraria al rechazar la solicitud, no obstante, a su juicio, cumplir íntegramente con las exigencias de la Ley N°18.156, dejándolo en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, proceda a continuar con la tramitación de su solicitud y efectúe, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso de protección, comparece Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando se sirva rechazar en todas sus partes la presente acción, con expresa condenación en costas.

Sus fundamentos se centran, en primer lugar, en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, toda vez que el recurso de protección está ideado para situaciones urgentes que requieran inmediato amparo frente a menoscabos derivados de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen derechos fundamentales, lo que no ocurre en la especie, donde no existe un derecho indubitado sino controvertido, y se pretende discutir la constitucionalidad del D.L. N° 3.500 o la modificación de cuerpos normativos.

En segundo lugar, respecto a la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por parte de Provida S.A., la recurrida señala que rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente, don nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N°18.156, debido a que el certificado de afiliación requerido no se encontraba debidamente apostillado o legalizado en el país de origen o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Asimismo, indicó que el documento no permitía acreditar que se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero durante toda su estadía en Chile ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, y que, en el caso de enfermedad, debía especificar que comprendía prestaciones médicas y pecuniarias, lo que tampoco se cumplía. Destaca que la constancia de cotización aportada carecía de firma y la declaración jurada no es un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional, según el Oficio N°5376 y N° 12954-2025 de la Superintendencia de Pensiones.

Enfatiza que, a partir del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela Estado Parte, se exige que dicha certificación esté apostillada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Aclara que Provida, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe observar todas las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos.

Refiere que el Decreto Ley N°3.500 de 1980 establece el objeto exclusivo de las Administradoras de Fondos de Pensiones y el destino único y exclusivo de los fondos previsionales al financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, salvo excepciones legales, como la Ley N°18.156.

No obstante, esta última ley, al normar la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros o la devolución de fondos, establece requisitos copulativos y de carácter excepcionalísimo (calidad de técnico acreditada con documentos legalizados/traducidos; afiliación a régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado mediante certificación legalizada de la institución de seguridad social; y manifestación expresa en el contrato de trabajo de voluntad de mantener dicha afiliación), los cuales no fueron cumplidos por el recurrente. En mérito de lo anterior, estima que el actuar de Provida no es ilegal ni arbitrario, pues solo observa el cumplimiento de dichos requisitos.

Finalmente, invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que respaldan el correcto actuar de Provida al exigir la legalización/apostilla y la especificación de coberturas para la devolución de fondos a técnicos extranjeros, confirmando que las exigencias formuladas encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, y que la negativa no constituye un acto ilegal o arbitrario, ya que la situación del país de origen del actor no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable. Por estas razones, solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se enumeran, cuando éstos se vean afectados, perturbados o amenazados por acciones u omisiones ilegales o arbitrarias. Por su esencia, esta vía tutelar exige para su procedencia la existencia de un derecho preexistente e indubitado que se encuentre amparado por la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto que se califica como ilegal y arbitrario, corresponde a la negativa de la AFP Provida S.A. de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente, don nombre reservado. La recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente no acompañó el certificado de afiliación al sistema de seguridad social extranjero debidamente apostillado o legalizado, que dicho documento carecía de firma, y que no acreditaba una cobertura específica para las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y la normativa aplicable a documentos extranjeros.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que: “[e]n el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una administradora de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, en lo que respecta al valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, establecen la necesidad de que dichos instrumentos se encuentren debidamente legalizados o apostillados para que surtan plenos efectos en el territorio nacional. Es un hecho público y notorio que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo la República Bolivariana de Venezuela Estado Parte, las certificaciones de esta naturaleza deben venir apostilladas por la autoridad competente.

SÉPTIMO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, no se encuentra controvertido que el certificado de afiliación o constancia de cotización aportado por don nombre reservado carecía de firma y no se encontraba debidamente apostillado o legalizado. Además, la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente (Oficios N°5376 y N° 12954-2025) que las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas, y que no señalen las coberturas con que cuenta el afiliado de forma específica para las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, incluyendo las prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad, no son válidas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la Ley N°18.156. Asimismo, se ha señalado que las declaraciones juradas del propio afiliado no constituyen medios idóneos para estos efectos, ya que la certificación debe emanar de la autoridad previsional competente.

OCTAVO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que sustentan la negativa de la AFP Provida S.A., encuentran pleno sustento en la ley y en los criterios uniformes entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida. Esto descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación o arbitrariedad. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156 y a las normas generales sobre valor probatorio de documentos extranjeros, sin que la situación particular del país de origen del recurrente le exima del cumplimiento de estas formalidades.

NOVENO: Que la Ley N°18.156 establece una excepción al principio de territorialidad que rige en materia previsional en Chile, permitiendo la exención de cotizaciones o el retiro de fondos para técnicos extranjeros que cumplan copulativamente con los requisitos señalados en su artículo 1°. Dichas exigencias son de carácter excepcional y estricto, dado que los fondos previsionales, según el Decreto Ley N°3.500 de 1980, tienen un destino único y exclusivo para el financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, salvo excepciones expresamente previstas por ley y que cumplan con todos sus requisitos. No habiendo el recurrente acreditado el cumplimiento de todas las formalidades y condiciones exigidas por la Ley N°18.156 y la normativa complementaria, la actuación de la AFP Provida S.A. no puede ser calificada de ilegal o arbitraria.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución. El acto administrativo de rechazo, en estas circunstancias, es subsanable, existiendo la posibilidad futura para el recurrente de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes. Ello demuestra que no se ha privado al recurrente de su derecho de propiedad, sino que se le ha requerido cumplir con las modalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para ejercer dicho derecho en un contexto excepcional, lo que desvirtúa las vulneraciones alegadas a los artículos 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución.

UNDÉCIMO: Que, por todo lo razonado, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario que amerite ser corregido por la vía del recurso de protección, al no cumplirse con los requisitos copulativos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-22573-2025.