nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, notificada con fecha 30 de septiembre de 2025, cuya actuación considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida incorpora requisitos no establecidos expresamente en la Ley N°18.156, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a su Señoría Ilustrísima adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que el recurrente es de nacionalidad venezolana y solicitó la devolución de sus fondos previsionales ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., amparándose en la Ley N°18.156 que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros bajo ciertas condiciones. La solicitud, realizada mediante el portal web de la administradora, fue rechazada por correo electrónico el 30 de septiembre de 2025. Los motivos del rechazo, según la recurrida, fueron que la declaración jurada personal con certificación notarial del 4 de junio de 2025 no correspondía a un certificado de afiliación emitido por la institución correspondiente de su país, no señalaba la fecha de afiliación ni las coberturas específicas, y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tampoco cumplía los requisitos por no ser un certificado de afiliación, señalar de forma genérica las prestaciones, no estar firmado ni apostillado o legalizado. Adicionalmente, se indicó que el anexo de contrato con el empleador Ecógrafos Chile Limitada, en el que se manifestaba la voluntad de mantener la afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, fue firmado ante notario el 24 de septiembre de 2025, cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente.

Argumenta que, la recurrida ha desconocido la normativa especial al exigir un certificado de afiliación apostillado o legalizado, sin considerar la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un obstáculo insuperable que contraviene el artículo 45 del Código Civil en lo relativo al caso fortuito o fuerza mayor. Sostiene que los requisitos incorporados por la recurrida no están expresamente establecidos en la Ley N°18.156, que solo exige la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo. A mayor abundamiento, destaca que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS es verificable a través de enlaces web proporcionados, lo que ha sido aceptado por otras Administradoras de Fondos de Pensiones como AFP Cuprum, evidenciando una interpretación excesivamente formalista por parte de la recurrida que desatiende la finalidad del legislador y el espíritu de la ley.

Recalca que, la conducta omisiva de la recurrida al no verificar la autenticidad de la afiliación, pese a contar con medios electrónicos para hacerlo, deviene en un actuar arbitrario e ilegal. Cita jurisprudencia de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Valparaíso (Rol N° Protección-3391-2025) y Santiago (Roles N° Protección-325-2024 y N° 6043–2025), así como de Concepción (Rol N° Protección-241-2025), y de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 7254-2025), que han establecido que la exigencia de legalización o apostilla de documentos extranjeros resulta desproporcionada y arbitraria cuando existen otros medios tecnológicos idóneos y públicos para verificar su validez, especialmente en situaciones de dificultad diplomática, y han acogido recursos de protección en casos similares al considerar que se vulnera el derecho de propiedad. En particular, la Corte Suprema ha señalado que no es posible pasar por alto las graves consecuencias para los amparados en situaciones de crisis política e institucional que impiden la obtención de documentación oficial.

Sostiene que, la actuación de la recurrida al rechazar la solicitud de devolución de fondos, basándose en requisitos no contemplados explícitamente en la Ley N°18.156 y desestimando la validez de documentos verificables, constituye una diferencia arbitraria en el trato hacia el recurrente en comparación con otros solicitantes en condiciones similares, vulnerando de esta manera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Del mismo modo, al impedirle el acceso a sus ahorros previsionales mediante una interpretación restrictiva y caprichosa de la normativa, la recurrida afecta el legítimo ejercicio del derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. Finalmente, al imponer condiciones y requisitos que obstaculizan el libre ejercicio de estos derechos, la conducta de la AFP Modelo S.A. también vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N°26 de la Constitución.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o adoptar las providencias que S.S.I., estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicita el rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas.

Señala que el recurrente presentó dos solicitudes de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida para trabajadores técnicos extranjeros en la Ley N° 18.156, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por los empleadores SG HEALTHCARE CHILE LTDA. y ECOGRAFOS CHILE LIMITADA. Esta solicitud fue ingresada bajo el número 24735, el día 12 de septiembre de 2025, para retirar las cotizaciones del período comprendido entre enero de 2024 y agosto de 2025, acompañando los siguientes documentos: título profesional, constancia electrónica de cotizaciones previsionales, declaración jurada ante notario público, contrato de trabajo y anexo de contrato suscrito con sus empleadores.

Sostiene que se realizó un análisis de estos documentos para determinar el cumplimiento de la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de dicho ente regulador. Tras el análisis, se rechazaron las solicitudes 24803 y 24804 por los siguientes motivos: la declaración jurada personal con certificación notarial de 04 de junio de 2025 no corresponde a un certificado de afiliación emitido por la institución correspondiente de su país que señale la fecha de afiliación al sistema de seguridad social y las coberturas específicas del afiliado, por tanto no cumple con los requisitos de la normativa vigente; y, que el anexo de contrato de trabajo respecto al vínculo laboral con Ecográfos Chile Limitada, fue suscrito cuando la relación laboral ya había terminado.

En cuanto al primer motivo del rechazo, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales el recurrente se encuentra cubierto de forma específica, sino que señala de forma genérica las prestaciones que cubre el sistema, y además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Cita el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título XI, que exige que el cumplimiento del requisito de afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar dichas prestaciones.

Adicionalmente, se refiere al Oficio N° 3141 de 20 de febrero de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, que exige un documento que acredite de forma específica que el trabajador ha contado con la protección para todos los riesgos indicados durante la prestación de sus servicios en Chile, especificando las prestaciones pecuniarias y médicas en el caso de salud.

Reitera que no es suficiente un documento genérico, sino que debe consignar de forma específica la cobertura efectiva del trabajador. Por lo anterior, se solicita acompañar una constancia o certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social, debidamente legalizado o apostillado, que acredite la cobertura durante toda la relación laboral y, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En relación con el segundo motivo, el anexo de contrato con el empleador Ecógrafos Chile Limitada de fecha “6 de junio de 2023”, en el cual el recurrente manifiesta su voluntad de mantener la afiliación al sistema de seguridad social en su país de origen, se constató mediante certificación notarial “firmo ante mi” que tanto el empleador como el recurrente firmaron dicho anexo ante notario público con fecha 24 de septiembre de 2025, es decir, cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente. Cita el Oficio N° 16689 de 25 de julio de 2017 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que la modificación de los contratos de trabajo mediante un anexo para dejar constancia de la voluntad del trabajador de mantenerse afecto al régimen de seguridad social en su país de origen es procedente únicamente si la relación laboral se encuentra vigente al momento de manifestarla.

Agrega el Oficio N° 9568 de 26 de mayo de 2023, que indica que, si el anexo fue suscrito más allá de la vigencia de la relación laboral, no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y, por tanto, no corresponde autorizar la devolución de los fondos.

Sostiene que, según la Ley N° 18.156, el Compendio de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia, no procedería la devolución de los fondos solicitados como técnico extranjero, al tratarse de una ley de carácter excepcional que exige el cumplimiento íntegro de cada requisito.

Reitera que, no ha obstaculizado el proceso ni realizado una interpretación arbitraria, sino que ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma, y que el recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Hace presente que los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, establece la exención de cotizaciones para técnicos extranjeros y la devolución de fondos bajo ciertas condiciones copulativas: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. En el mismo sentido, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, número 1, letra b), exige que el cumplimiento de la afiliación se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Asimismo, en el número 2 letra b) del mismo Compendio, se estipula que la documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, o de lo contrario la Administradora no podrá dar curso a la solicitud.

A mayor abundamiento, cita el Oficio N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017 de la Superintendencia de Pensiones, que exige un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite la protección de todas las coberturas exigidas en el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156. Además, el Oficio N° 12954 de 17 de julio de 2025, que aclara que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba, y que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Invoca jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago (Rol Libro Protección - 22142 - 2024, confirmada por la Corte Suprema Rol Civil / 13722 – 2025), de Valparaíso (Rol Libro Protección 2023 - 2025, confirmada por la Corte Suprema Rol Civil / 18581 – 2025) y de Concepción (Rol Libro Protección 1763 - 2025, confirmada por la Corte Suprema Rol Civil / 23218 – 2025), que respaldan la exigencia de legalización o apostilla de los documentos y la insuficiencia de las constancias electrónicas sin tales formalidades, así como la necesidad de que la manifestación de voluntad en los anexos de contrato se realice con la relación laboral vigente.

Concluye que el recurrente no dio cabal cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones ni la jurisprudencia de dicha Superintendencia. De este modo, la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, y que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere los derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposicióń se enuncian, mediante la adopcióń de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la accióń de proteccióń la existencia, por un lado, de un acto u omisión ́ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo S.A de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, con vigencia, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156 y que el anexo de contrato fue suscrito el día 24 de septiembre de 2025, cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente.

QUINTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, la revisión del documento aparejado por el recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento aparejado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, al ser verificado a través del portal web I.V.S.S. con su respectivo código de verificación, indica que éste se encuentra vencido.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, el anexo de contrato de trabajo celebrado con fecha 6 de junio de 2023, referente a la relación laboral entre el recurrente y Ecógrafos Chile Limitada, en donde manifiesta su voluntad expresa de mantener su afiliación en el sistema previsional extranjero y firmado ante Notario Público de Colina, el día 24 de septiembre de 2025, fue realizado una vez terminada la relación laboral con dicho empleador. Es más, de acuerdo a la documentación acompañada, a la fecha de celebración del anexo de contrato, el recurrente desde el 1 de noviembre de 2023, presta servicios a la empresa SG Healthcare Chile Tecnologías Limitada.

OCTAVO: Que, en tal virtud, siendo el cumplimiento íntegro y efectivo de los requisitos de la Ley N°18.156 una condición necesaria para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura de los preceptos recién reproducidos y la normativa administrativa, la no concurrencia de cualesquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora. Con ello, ha de concluirse que la recurrida AFP Modelo S.A., al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente y a la normativa administrativa que la rige, señalando las razones que tuvieron para así decidirlo.

NOVENO: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas, al no haberse configurado un acto u omisión ilegal o arbitrario que las prive, perturbe o amenace.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-22572-2025.