Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 14 de octubre de 2025, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la omisión ilegal y arbitraria consistente en no haber dado curso efectivo a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por su representado, ni haber otorgado la visación de residente temporario de refugio contemplada en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430, pese a haberse manifestado formalmente la voluntad de solicitar refugio y haberse cumplido con las actuaciones iniciales del procedimiento administrativo correspondiente.

Expone que el recurrente se vio forzado a abandonar la República Bolivariana de Venezuela debido a la violencia generalizada, amenazas a su integridad personal y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, ingresando a Chile por pasos no habilitados, arribando al país el 28 de septiembre de 2022.

Señala que, una vez en territorio nacional y tras informarse sobre su situación jurídica, concurrió el 5 de mayo de 2025 a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, oportunidad en la que manifestó formalmente su intención de solicitar refugio, se le proporcionó el formulario respectivo, lo completó, entregó antecedentes y prestó declaración sobre los hechos que fundamentan su solicitud.

Indica que, no obstante lo anterior, y pese al tiempo transcurrido, la autoridad recurrida no ha otorgado respuesta efectiva a la solicitud, ni ha concedido la visación temporaria de refugio que la ley contempla como consecuencia necesaria del inicio del procedimiento, situación que mantiene al recurrente en un estado de indefinición migratoria, privándolo de certeza jurídica y exponiéndolo a eventuales medidas de expulsión, lo que torna ilusorio el ejercicio del derecho a solicitar asilo.

Desarrolla la normativa asociada al derecho a buscar y recibir asilo como derecho humano, agregando que la Ley N° 20.430 consagra expresamente el principio de no devolución, el cual resulta aplicable desde el momento en que el solicitante manifiesta su intención de requerir el reconocimiento de la condición de refugiado, obligación cuyo cumplimiento corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional de Migraciones.

Argumenta que la omisión denunciada constituye una actuación ilegal y arbitraria, por cuanto se aparta del procedimiento legalmente establecido para las solicitudes de refugio y priva al recurrente del trato igualitario que se dispensa a otros solicitantes en situación análoga, configurándose una discriminación contraria a la garantía de igualdad ante la ley.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se declare que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado de manera ilegal y arbitraria, se ordene dar curso y concluir el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado iniciado por el recurrente y se disponga la concesión de la visación temporaria de refugio prevista en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430, mientras se sustancia y resuelve la solicitud por la autoridad competente.

SEGUNDO: Que comparecen doña nombre reservado

nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas del Servicio Nacional de Migraciones, quienes evacúan informe en la presente acción constitucional de protección, solicitando desde ya su rechazo íntegro, por cuanto la acción habría perdido oportunidad y eficacia al haberse pronunciado ya el Servicio respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, no existiendo actualmente acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere garantías constitucionales .

Exponen, en primer término, los antecedentes fácticos relevantes, indicando que el recurrente ingresó al país por paso fronterizo no habilitado, Colchane, con fecha 28 de septiembre de 2022.

Señalan que con fecha 5 de mayo de 2025 el interesado solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el reconocimiento de la condición de refugiado, asignándose a dicha solicitud el ID N° NUM000. En esa misma fecha, mediante Oficio Ordinario Folio N° NUM001, se le informó al solicitante, a través del correo electrónico que él mismo proporcionó, que debía concurrir a dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional, fijándose atención presencial para el día 18 de julio de 2025.

Indican que, en la fecha señalada, el recurrente compareció a la oficina respectiva, oportunidad en que se levantó acta de atención, acompañando copia de su cédula de identidad venezolana, antecedentes vinculados a su declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones de Chile y tarjeta de extranjero infractor, consignando expresamente haber ingresado a Chile por paso no habilitado en septiembre de 2022.

Añaden que ese mismo día se le practicó la entrevista de admisibilidad prevista en la normativa especial.

Relatan que, tras la primera revisión de los antecedentes aportados, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 18 de julio de 2025, el Servicio informó al solicitante que no era posible dar curso a su solicitud por no cumplir con los requisitos formales mínimos exigidos por la Ley N° 20.430 y su Reglamento, en particular por haber excedido el plazo legal de siete días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el Servicio y por no haber acompañado antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los plazos y exigencias aplicables a quienes ingresan por paso no habilitado.

Precisan que se otorgó un plazo de quince días hábiles para subsanar dichas observaciones, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud.

Agregan que, dentro de dicho plazo, el recurrente acompañó algunos antecedentes adicionales —entre ellos copia de cédula de identidad venezolana, imagen de correo electrónico de la Policía de Investigaciones y documentación vinculada a una renuncia institucional—, los que, a juicio del Servicio, no permitieron subsanar los incumplimientos formales advertidos, especialmente en lo relativo al exceso del plazo legal y a la falta de acreditación de los requisitos exigidos para el ingreso irregular. En razón de ello, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 7 de agosto de 2025, se hizo efectivo el apercibimiento, teniéndose por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Destacan que, además, de los propios antecedentes aportados por el solicitante se desprendería que los motivos invocados para solicitar refugio dicen relación con razones económicas y la búsqueda de mejores oportunidades, las que no se encuadrarían en las hipótesis de persecución previstas en el artículo 2° de la Ley N° 20.430. Asimismo, enfatiza que el Servicio Nacional de Migraciones no ha dictado sanción migratoria alguna en contra del recurrente.

En cuanto al derecho, sostienen que la acción de protección ha perdido oportunidad y eficacia, toda vez que el Servicio ya se pronunció formalmente sobre la solicitud, no existiendo actualmente una omisión ni un acto en curso susceptible de ser calificado de ilegal o arbitrario.

Desarrollan, además, el marco normativo aplicable al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, destacando las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655, la regulación contenida en la Ley N° 20.430, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 837, y las disposiciones pertinentes de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Explican detalladamente los requisitos de presentación, oportunidad, admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, haciendo énfasis en la exigencia de manifestar la intención dentro del plazo legal, en el cumplimiento de las reglas especiales aplicables a quienes ingresan por paso no habilitado y en la necesidad de acompañar antecedentes mínimos que permitan declarar la solicitud admisible y fundada. Solo una vez cumplidos dichos requisitos, procede la extensión de la visación de residencia temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, lo que en la especie no ocurrió.

Por todo lo expuesto, finalizan solicitando se rechace íntegramente el recurso de protección, con expresa declaración de que la acción carece de oportunidad y eficacia.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que luego de lo dicho, es menester relevar que el acto supuestamente ilegal o arbitrario que se reprocha en este arbitrio se hace consistir en la supuesta falta de pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la solicitud de refugio del actor, la que presentó el 5 de mayo de 2025;

QUINTO: Que conforme indica la recurrida en su informe, lo afirmado por el recurrente no es cierto, toda vez que con fecha 7 de agosto del año pasado se tuvo por desistida su solicitud de refugio, resolución que le fue notificada legalmente y en contra de la cual no dedujo impugnación administrativa.

Así, entonces, lo cierto es que el hecho en que se asienta la presente acción cautelar no es efectivo, pues como se ha señalado previamente, a la época de interposición del presente arbitrio -14 de octubre de 2025-, ya se encontraba resuelto el requerimiento de refugio del actor, constatación que impone necesariamente el rechazo de esta acción constitucional;

SEXTO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N° 22.571-2025.-