Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, con fecha 14 de octubre de 2025, comparece la abogada Claudia Beatriz Loman Schmitt, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de su representado, manifestada en la negativa verbal, informal e injustificada de ingreso al procedimiento de reconocimiento, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 números 1 derecho a la vida e integridad física y psíquica, 2 igualdad ante la ley y 14 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente nació en Mampuján, corregimiento del Municipio de María La Baja, departamento de Bolívar, Colombia, región de los nombre reservado, zona que históricamente ha servido como corredor de tránsito para actores armados. Señala que, en el año 2000, paramilitares del Bloque nombre reservado perpetraron una masacre que provocó el desplazamiento forzado de más de 300 familias, obligando a más de 1.500 personas, entre ellas la madre del recurrente y sus hermanos, a abandonar sus hogares. El recurrente tenía entonces un año de edad.

Expone que el padre del recurrente, nombre reservado, fue asesinado el 7 de agosto de 2002 en un enfrentamiento con guerrilleros, conforme consta en el acta de defunción que consigna muerte violenta. Agrega que en el año 2019, un grupo del ELN amenazó a la madre del recurrente, exigiendo la entrega de nombre reservado y de su hermano nombre reservado en un plazo de cinco días, motivo por el cual la familia decidió huir a Chile, ingresando de manera irregular en agosto de 2019.

Precisa que, una vez en territorio nacional, el recurrente concurrió de manera presencial a la Sección de Refugio y Reasentamiento ubicada en San Antonio N° 580, tercer piso, a solicitar refugio. Sin embargo, en lugar de entregársele el formulario correspondiente sin más trámite, se le otorgó un papel de citación para una entrevista de pre elegibilidad programada para enero de 2020, esto es, más de cinco meses después, trámites que califica de ilegales por no estar contemplados en la legislación vigente.

Indica que el 22 de agosto de 2019, el recurrente concurrió ante Policía de Investigaciones a registrar su ingreso irregular, y que posteriormente un funcionario de la Sección de Refugio le comunicó verbalmente que su caso no calificaba para pedir refugio, sino para solicitar regularización migratoria. Con fecha 13 de abril de 2021 solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones regularizar su situación migratoria, sin obtener respuesta hasta la fecha de interposición del recurso.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 19 números 1, 2 y 14, y artículo 20 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.430 sobre protección de refugiados y su reglamento aprobado por Decreto N° 837, en especial los artículos 27, 32 y 36; la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos; el Estatuto de Refugiados de 1951; y los dictámenes N° 74.076 de 2013 y N° 892 de 2019 de la Contraloría General de la República.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso de protección y se ordene al recurrido permitir al recurrente formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, accediendo al procedimiento administrativo establecido en la Ley N° 20.430 y su reglamento.

SEGUNDO: Que, con fecha 5 de diciembre de 2025, comparece el abogado José Ignacio González Troncoso, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que don nombre reservado, a quien identifica como de nacionalidad colombiana, no registra fecha de ingreso al país, desprendiéndose su ingreso clandestino al territorio nacional, lo que fue confirmado mediante Parte Policial N°NUM000 de 24 de octubre de 2020 de Policía de Investigaciones, que denuncia ingreso por paso no habilitado. Señala que la autoridad migratoria no cuenta con registros de que el recurrente haya manifestado ante la autoridad contralora su intención de solicitar refugio en frontera, conforme al artículo 36 del Decreto N° 837.

Afirma que el Servicio no mantiene registro alguno de recepción de documento o solicitud del recurrente, ni de que se haya presentado en sus dependencias para solicitar el formulario de reconocimiento de condición de refugiado.

Reconoce, sin embargo, que con fecha 13 de abril de 2021 el Servicio recibió una carta certificada mediante la cual el recurrente solicitó regularizar su condición migratoria, invocando la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada actualmente en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Informa que mediante Oficio Ordinario N° NUM001, de 4 de diciembre de 2025, el Servicio remitió todos los antecedentes de dicha petición a la Subsecretaría del Interior, órgano facultado por ley para resolver este tipo de solicitudes.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal puesto que, conforme al tenor literal del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, la facultad de regularizar la condición migratoria de un extranjero corresponde exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, siendo dicha potestad además indelegable. Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones carece de legitimación pasiva, por cuanto no es la autoridad administrativa que tramita la solicitud de la contraria ni la facultada para emitir pronunciamiento final sobre ella.

Agrega que, en cumplimiento del artículo 14 inciso 2° de la Ley N° 19.880, remitió los antecedentes al órgano competente, no existiendo labor pendiente de su parte.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas. En el otrosí acompaña el Oficio Ordinario N° NUM001 de 4 de diciembre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones.

Que, conferido traslado a la parte recurrente por resolución de 22 de diciembre de 2025, la abogada Claudia Beatriz Loman lo evacúa con fecha 29 de diciembre de 2025, señalando que las peticiones de refugio se realizan por lo general de forma verbal ante la autoridad migratoria, por lo que exigir documentación que acredite la concurrencia del recurrente resulta errático. Precisa que lo solicitado mediante la presente acción constitucional no es que la Subsecretaría del Interior se pronuncie respecto a la regularización migratoria, sino que se le entregue el formulario de solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, siendo el Servicio Nacional de Migraciones, a través de la Sección de Refugio, la autoridad administrativa encargada de recibir y evaluar dichas solicitudes.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a amparar el libre, cabal y legítimo ejercicio de las garantías expresamente señaladas en dicha norma, mediante la adopción de las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, que importen privación, perturbación o amenaza a dichos derechos. En consecuencia, para que esta vía proceda, resulta indispensable que la Magistratura verifique la existencia de una afectación, perturbación o amenaza actual a las garantías invocadas, derivada de una actuación u omisión fehacientemente comprobada.

CUARTO: Que, en la especie, el conflicto sometido al conocimiento de esta Corte se centra en la supuesta negativa verbal, informal e injustificada por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones para formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, lo que a juicio del actor vulneraría las garantías consagradas en el artículo 19 números 1, 2 y 14 de la Carta Fundamental. Por su parte, la autoridad recurrida desconoce la existencia de dicha actuación, sosteniendo que no mantiene registro alguno de que el recurrente haya comparecido ante sus dependencias con tal fin, precisando únicamente que, respecto de una solicitud diversa sobre regularización migratoria ingresada en abril de 2021, los antecedentes fueron remitidos en diciembre del año 2025 a la Subsecretaría del Interior por ser el órgano legalmente competente para conocer de la solicitud extraordinaria.

QUINTO: Que, atendida la naturaleza de la acción deducida, constituye una carga de quien la interpone el acreditar, a lo menos indiciariamente, la existencia del acto u omisión que tilda de ilegal o arbitrario. En el caso de marras, la parte recurrente fundamenta su pretensión en una supuesta denegación de carácter verbal de la Administración, respecto de la cual no ha acompañado antecedente alguno que permita darla por establecida. Así, al ser desconocido el acto por el Servicio recurrido, y al carecer los autos de elementos de convicción que demuestren que el actor efectivamente concurrió a solicitar el formulario respectivo y le fue denegado, el supuesto fáctico sobre el cual se construye el presente recurso no se encuentra acreditado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, en lo que atañe a la solicitud de regularización migratoria enviada por carta certificada con fecha 13 de abril de 2021, consta que el Servicio Nacional de Migraciones derivó dichos antecedentes a la Subsecretaría del Interior mediante el Oficio Ordinario N° NUM001 de 4 de diciembre de 2025. Con dicho proceder, la entidad recurrida se limitó a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley N° 19.880, al remitir la petición a la autoridad que posee la competencia legal exclusiva para resolver sobre la regularización migratoria de extranjeros en virtud de la Ley N° 21.325. Por consiguiente, tampoco se advierte en este extremo un actuar omisivo, ilegal o arbitrario que deba ser subsanado.

SÉPTIMO: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, al no haberse aportado antecedentes que den cuenta de la existencia del acto que se reprocha y, por ende, al no constatarse una vulneración actual, cierta y efectiva a las garantías constitucionales del recurrente que requiera de la adopción de medidas cautelares de urgencia, la presente acción constitucional no está en condiciones de prosperar y deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Claudia Beatriz Loman Schmitt, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22569-2025.