Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 22520-202430 abr 2025

nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

Fecha
30 de abril de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Octava
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 22520-2024, sentencia de 30 de abril de 2025

Resumen

Se acoge protección y se anulan las resoluciones de censura a un funcionario de la Universidad de Chile, por ser arbitrarias: los dichos imputados no justifican sanción y vulneran su honra.

Texto íntegro

Santiago, treinta de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, los abogados Matías Daniel Serey Guerra y Jaime Nicolás Jaramillo Chahuán, en representación de nombre reservado, recurren de protección en contra de la Universidad de Chile, legalmente representada por la nombre reservado nombre reservado, por el acto que estiman arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 01225 de fecha 20 de agosto de 2023 de la nombre reservado nombre reservado, mediante la cual rechazó recurso de apelación subsidiario interpuesto en contra de la resolución N° 0397 de fecha 29 de marzo de 2023, la cual dispuso confirmar medida disciplinaria impuesta contemplada en el artículo 121 letra a) de la Ley N° 18.834, lo que sostienen vulnera las garantías constitucionales de los números 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Piden que se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución Exenta N° 01225 de fecha 20 de agosto de 2023, se ordene a la recurrida invalidar la misma y en su lugar dictar otra resolución que acoja el recurso de apelación intentado por su parte, dejando sin efecto la sanción impuesta a su representado, así como la Resolución Exenta N° 2377 de 29 de diciembre de 2023, que ordenó aplicar la sanción de censura en contra de su representado, o bien, en subsidio, derechamente ordene a la recurrida dejar sin efecto la sanción impuesta, con costas.

Señalan que nombre reservado es funcionario de la Universidad de Chile desempeñándose en la Facultad de Medicina, en calidad a contrata, detentando el cargo de Director Comercial de MEDICHI. Se incorporó a la Universidad de Chile el 1 de octubre del año 2004, siendo calificado durante todo el vínculo y permanencia en la Universidad, en lista 1 de Distinción, no habiendo sido objeto antes de medida disciplinaria alguna, ni anotaciones de demerito.

Mediante la Resolución Exenta N° 051 de 9 de enero de 2020, la Universidad de Chile ordenó la instrucción de una investigación sumaria en contra de nombre reservado, en virtud de una denuncia remitida a la Dirección Jurídica de dicha entidad, por una ex funcionara a contrata de la facultad de medicina. En dicha denuncia se sostuvo que nombre reservado cometió supuestos actos de violencia sexista, discriminación de género, de acoso y discriminación laboral y malos tratos laborales.

Mediante Resolución N° 07 de 28 de abril de 2022, fue declarado el cierre de la investigación y se procedió a formular cargos en contra de su representado.

Sostiene que los 2 cargos formulados no solo son imprecisos, arbitrarios e ilegales, sino que no indican cuales serían los hechos o conductas sobre los cuales versaría la responsabilidad administrativa del funcionario.

En cuanto interesa al presente recurso, el cargo b) señalado en dicha resolución N° 07, en cuya virtud fue sancionado el funcionario, señala lo siguiente:

“b) Realizar de forma constante y reiterada comentarios denigrantes respecto de la situación laboral de doña nombre reservado, C.I. Nº RUT reservado, ex funcionaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señalándole, a modo de ejemplo, “tú estás aquí por un reemplazo de pre y post natal, apenas llegue Karina, tú te vas”, “le daba lo mismo, porque llegando Karina ella se iba cagando”, “si no te gusta ahí está la puerta abierta”, entre otros. Lo anterior ocurrió durante el año 2018 y 2019, mientras el Sr. nombre reservado era jefatura de MEDICHI, encontrándose con la Sra. nombre reservado dentro de su jornada laboral, en el Campus Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ubicado en Independencia 1207, comuna de Independencia. Los comportamientos descritos en los cargos formulados dan cuenta de conductas reiteradas del Sr. nombre reservado, constitutivas de acoso sexual, acoso laboral y violencia de género, los que tuvieron como resultado el menoscabo, maltrato y humillación de la Sra. nombre reservado, perjudicando su situación laboral, su desarrollo personal, emocional y económico, así como generar un ambiente hostil e hipersexualizado para los funcionarios de dicha unidad en general.”

Indican que su representado evacúo oportunamente sus descargos, alegando la falta de motivación en la formulación de los cargos, al no indicar ellos cuales son las conductas precisas que se le atribuyen, ni indicar la fecha concreta en que fueron perpetradas dichas conductas, impidiendo la debida defensa respecto a los mismos. En la misma oportunidad, fue solicitada la rendición de prueba testimonial de 9 testigos, como diligencia probatoria, todos los cuales depusieron y cuyos testimonios desacreditan directamente el cargo formulado.

Estiman pertinente señalar que en la etapa indagatoria del sumario, se ordenó la declaración de 4 testigos, a saber nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, de los cuales destaca la declaración de nombre reservado, quien en específico refiere que la nombre reservado siempre fue informada del carácter transitorio de su contratación, por cuanto correspondía a un reemplazo maternal, así como refiere dicha testigo no haber presenciado actos de acoso laboral ni de hostigamiento.

Habiéndose rendido la prueba, fue dictada en investigación sumaria la Resolución Exenta N° 0397 de 29 de marzo de 2023 que absolvió a su representado de los cargos señalados en la letra a) de la Resolución N° 07, pero ordenó aplicar la sanción de censura contemplada en la letra a) del artículo 121 del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2022, del Ministerio de Hacienda, respecto del cargo formulado en la letra b) de la resolución N°07.

En contra de dicha resolución, nombre reservado interpuso recurso de reposición y de apelación subsidiario.

Con fecha 3 de agosto de 2023, fue dictada por la Rectora de la Universidad de Chile, la señora nombre reservado, la Resolución Exenta N° 01225 mediante la cual fue resuelto recurso de apelación subsidiario interpuesto en contra de la resolución N° 0397 de 29 de marzo de 2023, disponiendo confirmar la medida disciplinaria impuesta contemplada en el artículo 121 letra a), en concordancia con el artículo 122, ambos del Estatuto Administrativo, esto es la sanción de censura, la cual consiste en la “reprehensión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente”.

Contra dicha resolución fue interpuesto, dentro de plazo, reclamo ante la Contraloría General de la República, en virtud de lo establecido en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, reclamo que fue resuelto mediante la Resolución Exenta N° 15819, notificada a su parte mediante correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2024, mediante la cual fue desestimada la reclamación alegada, señalando que no existen vicios de procedimiento alegados por la parte recurrente.

Encontrándose pendiente el reclamo presentado ante la Contraloría, y por lo tanto aun no firme la decisión de aplicar la sanción administrativa en contra del recurrente, fue dictada en la investigación sumaria la Resolución Exenta N° 2377, la ordenó aplicar la sanción de censura.

Reiteran que se le imputa a su representado la realización de manera constante y reiterada de comentarios denigrantes respecto de la situación laboral de nombre reservado, sin señalar qué comentarios fueron realizados, en qué momento, día, lugar, hora, circunstancias, fueron realizados los comentarios, y en presencia de quienes fueron realizados. Agrega que el cargo únicamente señala algunos dichos “a modo de ejemplo”, para luego señalar que ello ocurrió “durante el año 2018 y 2019”, existiendo en consecuencia total falta de precisión respecto de los hechos que serían objeto de los cargos formulados.

Luego, en el apartado resolutivo del informe fiscal contenido en la Resolución N° 07, de manera poco clara, vaga e imprecisa se acusa a su representado de cometer conductas de acoso sexual y/o acoso sexista y/o acoso laboral, sin señalarse cómo, de qué manera, ni en virtud cuáles conductas, se configurarían tal supuesto acoso sexual y/o acoso sexista y/o acoso laboral. No se señala de modo alguno cual es la vinculación entre las vagas e imprecisas conductas que se le atribuyen a la comisión de tales infracciones.

Hacen ver que la formulación de cargos, conforme a descrito la literatura administrativa y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, debe versar sobre hechos o conductas precisas, que deben ser acreditadas en la etapa indagatoria. Así lo ha resuelto el ente contralor en su Dictamen N° 99268 del año 2014, que indica en lo pertinente que “en lo referente a las deficiencias que adolecería la formulación de cargos, menester resulta indicar que, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia de esta Entidad de Fiscalización, contemplada, entre otros, en el dictamen N° 13.576, de 2013, los reproches que se realicen en el sumario deben ser concretos y precisos y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma como ellos afectaron las obligaciones que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa”.

Agregan que el artículo 140 inciso 3° de la ley N°18.834, que “ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”.

Sostienen que, al no haberse señalado en la formulación de cargos cuáles habrían sido los comentarios que el recurrente señaló, no podría luego haberse aplicado la medida disciplinaria al no ser posible tener por acreditado hecho alguno. En razón de lo anterior, aseguran que no existe conducta atribuida a nombre reservado que permita serle reprochada.

Segundo: Que, con fecha 17 de diciembre de 2024, comparece nombre reservado, Directora Jurídica de la Universidad de Chile, quien evacúa el informe que le fuera requerido a su representada.

Pide rechazar la acción de protección impetrada en autos.

Señala que mediante la Resolución Exenta N° 051 de 9 de enero de 2020, el Sr. Director Jurídico de la época instruyó una Investigación Sumaria, a efectos de esclarecer los hechos denunciados por nombre reservado, ex funcionaria del Programa de Educación Continua de la Facultad de Medicina (Ex Medichi), quien acusó una serie de hechos calificables como atentados contra la dignidad y discriminación arbitraria en su contra, los cuales habrían sido perpetrados por nombre reservado, funcionario grado 11 ESU, perteneciente a la misma unidad de la Facultad de Medicina.

Indica que de fojas 5 a 25, consta la denuncia presentada por nombre reservado, junto a una serie de documentos, a través de la cual detalla a) situaciones de violencia sexista en el espacio laboral y discriminación de género en MEDICHI; b) situaciones de acoso y discriminación laboral, y c) otras situaciones de malos tratos y violencia laboral en MEDICHI.

Estos antecedentes fueron investigados por la Fiscalía en Comisión, realizándose distintas diligencias, entre las que destacan distintos documentos y declaraciones de la denunciante, el denunciado y cinco testigos.

Hace ver que, mediante Resolución N° 07, de 28 de abril de 2022, de la Fiscalía en Comisión, se decretó el cierre de la investigación y se formuló los cargos que refiere a nombre reservado.

Agrega que en la mencionada Resolución se detalló que: “los comportamientos descritos en los cargos formulados dan cuenta de conductas reiteradas del Sr. nombre reservado, constitutivas de acoso sexual, acoso laboral y violencia de género, los que tuvieron como resultado el menoscabo, maltrato y humillación de la Sra. nombre reservado, perjudicando su situación laboral, su desarrollo personal, emocional y económico, así como generar un ambiente hostil e hipersexualizado para los funcionarios de dicha unidad en general”.

Además, agregó que las referidas conductas contravienen la prohibición establecida en el artículo 84 letra l), del D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. De igual forma, tales actos constituyen una infracción a lo dispuesto en la letra m) el referido artículo 84, en relación al artículo 2, inciso segundo del Código del Trabajo.

Sostiene que las conductas señaladas en los cargos formulados dan cuenta de una contravención a las obligaciones funcionarias consagradas en el artículo 61 letras b), c) y g) del Estatuto Administrativo, cuerpo normativo previamente citado. Se menciona el artículo 52, inciso segundo de la Ley N° 18.575 para finalizar refiriéndose a la contravención -no infraccional- al deber establecido en el artículo 4 del D.F.L. N°3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de Educación sobre Estatuto de la Universidad de Chile.

Manifiesta que de fojas 394 a 414, consta la Resolución N° 11 de 13 de enero de 2023, de la Fiscalía en Comisión que contiene su informe fiscal, en el que se analizaron los antecedentes y se propuso a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la aplicación de la medida disciplinaria de censura, contenida en el literal a) del artículo 121 y en el artículo 122 del D.F.L N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Destaca que en este dictamen se propuso la sanción en virtud de que se tuvo por acreditado sólo el cargo b) de la Resolución N° 07 de 28 de abril de 2022. Por el contrario, el cargo a), se descartó en virtud de la prueba aportada por el denunciado en el período probatorio, consistente principalmente en distintos testimonios que daban cuenta de que nombre reservado no tenía conocimiento ni autorizaba las situaciones que fundaron dicho cargo. Asimismo, se determinó que dichas situaciones, eran consentidas por la mayoría de los participantes, teniendo por finalidad una mejor convivencia en el espacio laboral.

Luego, mediante la Resolución Exenta N° 0397 de 29 de marzo de 2023, se aprobó la investigación sumaria y aplicó al recurrente nombre reservado la sanción contemplada en el artículo 121 letra a) en concordancia con el artículo 122, ambos del D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es la sanción de censura, la cual consiste en: “reprensión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente”.

Hace ver que la argumentación central de esta resolución se encuentra entre los considerandos 38 a 66, los cuales expresan la motivación del acto administrativo, para tener por aprobada la investigación y en definitiva adjudicar la responsabilidad disciplinaria al funcionario inculpado, por la comisión del cargo que se tuvo por acreditado en la investigación.

En relación al cargo a) de la Resolución N °07 de 28 de abril de 2022, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios coincidió con lo planteado por la Investigadora Sumariante en su vista fiscal contenida en la Resolución N°11 de 13 de enero de 2023, particularmente en la argumentación de los considerandos 25 a 41. Estos se tuvieron reproducidos de forma íntegra en dicha resolución, enfatizándose en que: “al tener a la vista dichas declaraciones se concluye que los testigos son contestes en manifestar la existencia de actividades que motivan la denuncia, las cuales se justificaban con motivos de dispersión y con el objetivo de construir un espacio de integración para los funcionarios de Medichi, propiciando la generación de un buen ambiente de trabajo”. (Considerando 42)

En definitiva, luego del período probatorio solicitado por la parte inculpada, particularmente la declaración de 9 testigos ofrecidos por la misma, dicha Vicerrectoría, coincidiendo con la propuesta de la Fiscala, absolvió a nombre reservado del cargo a) de la Resolución N°07 de 28 de abril de 2022.

Por otro lado, en relación con el cargo b), la VAEC, coincidió con la razonado por la Investigadora Sumariante en los considerandos 43 a 53, de su vista fiscal, los que se entendieron por reproducidos íntegramente. En particular se sostuvo que los testigos declarantes en el período indagatoria se encontraban contestes con lo denunciado por nombre reservado:

“motivo por el cual la presente autoridad llegó a la convicción de la concurrencia de los hechos al tenor de la imputación formulada por la Investigadora Sumariante, pues los declarantes relatan que no solo tuvieron conocimiento de los hechos de oídas, sino que hay testigos presenciales que dan fe de las conductas perpetradas por el funcionario denunciado, no controvirtiéndose este punto en los descargos formulados por su defensa”.

En particular, se destacó que estos hechos configuran una conducta de acoso laboral, al tenor de lo regulado en el artículo 84, letra m), del D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo en concordancia con lo estipulado en el artículo 2°, inciso segundo del Código del Trabajo, puesto que:

“los comportamientos desplegados por el Sr. nombre reservado descritos en el cargo b), relacionados con el trato a la Sra. nombre reservado con comentarios denigrantes respecto de su situación laboral (…) serían constitutivos de acoso laboral, al no ser un caso aislado y cumplir con el requisito de reiteración de la conducta, por lo que es posible dar por acreditada tal infracción administrativa. Asimismo, esta conducta si afectó la dignidad de la denunciante, quien se sintió pasada a llevar e incluso cambió su estado anímico pasando por episodios depresivos, según lo descrito por sus compañeros de trabajo”

Asimismo, la VAEC, coincidió con el planteamiento de la Investigadora, respecto a que aquella conducta contraviene las obligaciones dispuestas en el artículo 64 letra b), c) y g) del D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. En particular sostiene:

“Que, tales preceptos se ven vulnerados -en este caso- en cuanto el funcionario denunciado realizó comentarios de hostigamiento en contra de la Sra. nombre reservado, viéndose afectados los objetivos de esta Universidad respecto a eliminar este tipo de conductas a nivel institucional. Tales comportamientos también distan del respeto, cortesía y dedicación que se deben los funcionarios de esta Universidad entre ellos al igual de parte de sus jefaturas, lo que se ve infringido al crear un ambiente hostil en contra de la Sra. nombre reservado, principalmente, respecto a su estabilidad laboral. Por último, resulta efectivo que todas estas conductas desplegadas por el funcionario denunciado atentan contra el principio de probidad administrativa, en cuanto resultan del todo reprochable en un funcionario público que cumple funciones en esta Casa de Estudios perpetúe y profundice actos de acoso laboral en contra de sus subordinados, viéndose afectado no solo su ámbito de trabajo, sino que también su calidad de vida dentro de esta Institución Educativa en la cual la denunciante desarrollaba sus funciones.” (Considerando 61)

Así las cosas, en relación a la aplicación de circunstancias modificatorias de responsabilidad, se decantó por la propuesta de la Investigadora Sumariante, en cuanto a tener por ponderada una atenuante, consistente en irreprochable conducta anterior del funcionario inculpado, debido a que no consta en la hoja de vida del funcionario alguna anotación o sanción anterior. Por estos motivos, mediante la Resolución Exenta N°0397, de 29 de marzo de 2023, se tuvo por aprobada la investigación sumaria y se aplicó la medida disciplinaria de censura a nombre reservado. Esta resolución fue notificada mediante correo electrónico con fecha 29 de marzo de 2023 al recurrente y, con fecha 2 de abril de 2023, a la denunciante nombre reservado. Posteriormente, con fecha 3 de abril de 2023, la parte inculpada presentó un escrito solicitando la ampliación de plazo para presentar recursos, solicitud que fue concedida por la señora nombre reservado, mediante la Resolución Exenta N°0513, de 12 de abril de 2023. Siendo que, con fecha 18 de abril de 2023, la parte inculpada interpuso recurso de reposición y jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°0397, de 29 de marzo de 2023. En relación con lo anterior, mediante la Resolución Exenta N°0654, de 3 de mayo de 2023, la VAEC resolvió el recurso de reposición, rechazándolo y elevando los antecedentes a la autoridad superior, es decir, a la Rectora de la Universidad de Chile, para su resolución. En la misma línea, mediante la Resolución Exenta N°01225 de 3 de agosto de 2023, la Rectora de la Universidad de Chile, resolvió el recurso de apelación subsidiario, rechazándolo y remitiendo a la nombre reservado para disponer el término del procedimiento disciplinario. Finalmente, mediante la Resolución Exenta N° 02377 de 29 de diciembre de 2023, se puso término a la presente investigación, siendo notificada con fecha 9 de enero de 2024, mediante correo electrónico a las partes.

Señala que, a pesar de las críticas del recurrente sobre la supuesta vaguedad de los cargos, este no se vio impedido de ejercer su derecho a la defensa, dado que pudo ejercerlo de manera plena durante todo el procedimiento. Por tanto, estima que debe concluirse que ha existido una vulneración a tal garantía constitucional en los términos expuestos por el recurrente.

En relación al cargo b), asegura que tanto la formulación de cargos como el dictamen fiscal, como la resolución que aplicó sanción disciplinaria, están debidamente fundadas en los autos del procedimiento. Recalca que ha realizado una ponderación del material probatorio y ha llegado al convencimiento absoluto sobre la existencia de los hechos imputados, legitimando así la aplicación de una medida disciplinaria como la censura, la cual es considerada como la menos gravosa del ordenamiento jurídico. En particular, respecto del cargo b) se tuvo por acreditado que nombre reservado realizó aquellos comentarios tales como “tú estás aquí por un reemplazo de pre y post natal, apenas llegue Karina, tú te vas”, “le daba lo mismo, porque llegando Karina ella se iba cagando”, “si no te gusta ahí está la puerta abierta”, entre otros. Teniendo como principales antecedentes probatorios la denuncia y declaración de nombre reservado y las declaraciones de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, cuyos relatos se encuentran detallados en el considerando 25 del informe fiscal, y que refieren a la existencia de aquellos comentarios realizados de forma constante y reiterada que, además, denigraban la situación laboral de la denunciante nombre reservado.

En relación a la prescripción alegada por el recurrente, afirma que no ha operado la prescripción, por lo que debería desatenderse tal alegación.

Finalmente, cita diversa normativa relativa a la autonomía de la recurrida.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, la discusión se centra en que el recurrente sostiene que los cargos que se le formularon no resultaron acreditados en el procedimiento administrativo que se siguió en su contra en mérito de la denuncia efectuada por nombre reservado por lo que las Resoluciones Exentas que refiere en su libelo resultan arbitrarias e ilegales, lo que la recurrida niega afirmando que los mentados hechos sí fueron acreditados por lo que la sanción que le fue aplicada a nombre reservado mediante las señaladas Resoluciones se encuentra debidamente fundada, atendido lo cual no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad alguna.

Tal es el quid de la discusión en marras.

Quinto: Que, de la revisión de los antecedentes, aparece que en la Investigación Sumaria que la recurrida siguió en contra del recurrente, los cargos que fueron formulados en contra de éste son los siguientes:

“a) Propiciar un entorno laboral de carácter hostil a través de la realización de prácticas de contenido erótico e hipersexualizadas, generando un ambiente hostil, ofensivo e incómodo en el trabajo para los funcionarios y funcionarias de Medichi – Programas de Educación Continua a Distancia Facultad de Medicina Universidad de Chile, incomodando a la denunciante Sra. nombre reservado, C.I N° RUT reservado, incurriendo en conductas y propiciando dinámicas tales como esconderse un sobre de dinero en su entre piernas para que una funcionaria del sexo opuesto lo busque y así generar un acercamiento físico indeseado y no consentido, escribir en una pizarra frases con doble sentido, realizar juegos como “la mesa pide” solicitando elementos de carácter personal como condones y sostenes, manifestar que las funcionarias deberían realizarse un examen de PAP con él, entre otras. Lo anterior ocurrió de forma reiterada, durante el año 2018 y 2019, en el contexto de diversas celebraciones entre funcionarios (como cumpleaños o fiestas patrias), mientras el Sr. nombre reservado era jefatura de MEDICHI, encontrándose la denunciante y los funcionarios dentro de su jornada laboral, en el Campus Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ubicado en Independencia 1207, comuna de Independencia.”

b) Realizar de forma constante y reiterada comentarios denigrantes respecto de la situación laboral de doña nombre reservado, C.I. No RUT reservado, ex funcionaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señalándole, a modo de ejemplo, “tú estás aquí por un reemplazo de pre y post natal, apenas llegue Karina, tú te vas”, “le daba lo mismo, porque llegando Karina ella se iba cagando”, “si no te gusta ahí está la puerta abierta”, entre otros. Lo anterior ocurrió durante el año 2018 y 2019, mientras el Sr. nombre reservado era jefatura de MEDICHI, encontrándose con la Sra. nombre reservado dentro de su jornada laboral, en el Campus Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ubicado en Independencia 1207, comuna de Independencia.”

En lo que resulta pertinente al presente recurso, el cargo consignado con la letra a) fue desestimado, por lo que no se hará referencia al mismo.

Empero, no ocurrió otro tanto con el cargo b), por cuanto la recurrida estimó acreditados los hechos allí referidos en mérito de lo cual decidió aplicar al recurrente la sanción consistente en la censura establecida en la letra a) del artículo 121 del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2022, del Ministerio de Hacienda.

Sexto: Que, el cargo en cuestión consiste en, supuestamente, haber el recurrente realizado comentarios denigrantes respecto de la situación laboral de nombre reservado señalándole, por ejemplo, “tú estás aquí por un reemplazo de pre y post natal, apenas llegue Karina, tú te vas”, “le daba lo mismo, porque llegando Karina ella se iba cagando”, “si no te gusta ahí está la puerta abierta”.

De la prueba rendida en el referido sumario incluyendo los testimonios antes transcritos, esta Corte no vislumbra que haya quedado acreditado que nombre reservado hubiere realizado comentarios en contra de su denunciante de una naturaleza tal que ameriten la sanción que le fue impuesta.

Es más, los dichos del recurrente se refieren a la situación laboral de la denunciante la que, efectivamente, se encontraba realizando un reemplazo el que, una vez concluido, debería dar término a su desempeño para la recurrida.

Así las cosas, le asiste la razón al recurrente cuando sostiene que los 2 cargos formulados resultan imprecisos en cuanto configurar una conducta del recurrente que deba ser estimada como fundamento para la sanción que le fue aplicada.

Tanto es así, que el cargo a) fue desestimado, subsistiendo el cargo b), el que también debió ser rechazado, por cuanto no se establecen hechos o conductas de naturaleza vejatoria para la denunciante y que lleven a la conclusión que el recurrente incurrió en responsabilidad administrativa que debe ser sancionada.

Séptimo: que, consecuente con lo que se viene razonando, solo cabe concluir que los dichos del recurrente referidos en el cargo b), no constituyen fundamento que justifique que le sea aplicada la sanción que se le impuso.

Octavo: Que, así las cosas, el acto de la recurrida es a lo menos arbitrario, por cuanto ciertamente ha conculcado el derecho a la honra que al recurrente le otorga el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por lo cual el recurso será acogido.

Por lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados Matías Daniel Serey Guerra y Jaime Nicolás Jaramillo Chahuán en representación de nombre reservado en contra de la Universidad de Chile y, consecuentemente, se declara que ésta deberá dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N° 01225 de fecha 20 de agosto de 2023 y N° 2377 de 29 de diciembre de 2023, y, consecuentemente, dejará sin efecto la sanción impuesta a nombre reservado consistente en la censura de la letra a) del artículo 121 del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2022, del Ministerio de Hacienda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Protección N° 22.520-2024 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, por la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y el abogado integrante señor Jorge Benitez Urrutia.