nombre reservado con HOSPITAL CLÍNICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ

Santiago, diez de julio del año dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, Tecnólogo Médico, y deduce Recurso de Protección en contra del HOSPITAL CLÍNICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA. ELOÍSA DÍAZ INSUNZA, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la renovación parcial de su contrata por solo 3 meses, mediante la Resolución Exenta 004039, de 27 de Noviembre de 2019, que no se le notificó, estimando con ello vulneradas sus garantías constitucionales del Artículo 19 N° 2, 19 n°3 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 01 de Octubre de 2014, ingresó en calidad de Tecnólogo Médico, a trabajar sobre la base de honorarios, calidad que duró hasta el 31 de Agosto de 2017, ya que luego de esa fecha, debido a su buen desempeño, a contar del 01 de Septiembre de ese año, pasó en calidad de contrata hasta la fecha actual.

Hace presente que siempre tuvo buenas evaluaciones, sin embargo, el año 2019 se le evalúo por su Jefa Directa de forma poco objetiva, apelando en febrero del año en curso, a la Junta Calificadora la cual subió el subfactor de cantidad de trabajo, de nota 4.0 a 6.0, en calidad de labor realizada, de nota 1.0 a 6.0, en conocimiento del trabajo, de nota 1.0 a 6.0, en interés por el trabajo realizado, de nota 4.0 a 6.0 y, así en todos los subfactores, quedando, como calificación final, con nota 61.00 y calificado en lista 1 de distinción. Lo que demostró la falta de objetividad de la calificación de su jefatura.

Sin embargo, señala que por Resolución 004039, de 27 de Noviembre de 2019, se le prorroga la contrata solo por 3 meses hasta el 31 de marzo de 2020, la cual se fundamentaría supuestamente en el punto 2° de ella en que “Este caso fue estudiado y analizado en sus antecedentes (fecha de ingreso al Servicio, calificaciones, anotaciones hojas de vida, ausentismo, etc) poniendo esta información a disposición de la Asociación Gremial correspondiente.”

Reclama que el acto carece de motivación por cuanto, el mismo tendría justificación si, presentara malas calificaciones, pero en su caso, pese a las calificaciones de su jefa directa, estas fueron modificadas por la Junta Calificadora, la que las subió, quedando, en definitiva, con nota sobresaliente.

En relación a la forma en que tomó conocimiento del acto administrativo que prorrogó parcialmente su contrata, se enteró de modo informal, el día 13 de Diciembre de 2019 y ese mismo día, reclamó a Contraloría, del cual no hay respuesta todavía, por lo que al cumplirse 3 meses, y siendo inminente la fecha en que debe sufrir injustamente su cesantía es que pide por esta vía se reestablezca el imperio del Derecho.

Esgrime además, que existiría en su caso la denominada confianza legítima, porque según el ente contralor y un reciente fallo de la Excma Corte Suprema, las reiteradas renovaciones de las contratas - desde la segunda al menos -, generan en los servidores que se desempeñen sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que dicha práctica será reiterada en el futuro, más aún cuando sus calificaciones eran muy buenas, y en algunos ítems sobresalientes.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, son las siguientes:

1.- Igualdad ante la Ley, por cuanto la decisión adoptada por la recurrida de no renovar su contrata ( renovarla parcialmente por solo 3 meses) establece y hace una diferencia arbitraria en el igual tratamiento que debe adoptarse para un funcionario.

2.- Libertad de Trabajo, ante la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata.

3.- Derecho de propiedad, por habérsele impedido ejercer su función laboral, con acceso a los beneficios que dicho cargo considera, esto es el dominio sobre la remuneración que dicha función otorga.

4.- Debido proceso, al señalarle hechos (calificaciones) en el considerando 2° de la resolución recurrida, que fueron refutadas por la junta calificadora, no invalidando el acto administrativo ni una investigación por esta situación por la que su jefa directa lo califica con notas 1, en la práctica, privándolo del derecho a defensa.

Finaliza solicitando, se deje sin efecto el acto administrativo de renovación parcial de su contrata por solo 3 meses y ordenar su inmediata reintegración o reincorporación a sus funciones habituales, en las mismas condiciones en que estaba desarrollando, con expresa continuidad de sus remuneraciones, es decir, con goce integro de remuneraciones ordinarias, extraordinarias, asignaciones, bonos y todo otro beneficio que me hubiera correspondido percibir, desde la fecha de mi desvinculación, hasta la efectiva reincorporación, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida, pide el rechazo del recurso. Aclara que, con fecha 27 de noviembre de 2019, mediante Resolución Exenta N° 4039, la Directora del Hospital Clínico Metropolitano La Florida, le comunicó al recurrente que su contrato será renovado parcialmente por el periodo 01 de enero al 31 de marzo del año 2020, debido a que “su jefatura entregó antecedentes donde señala elementos que configuran que su desempeño sería insuficiente, lo que se evidencia en la presencia de fallas técnicas recurrentes en la aplicación de flujos y protocolos de trabajos establecidos en informe de resultados sin evidencia de analizadores, generando riesgos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes y usuarios del Hospital La Florida, debido a informes de laboratorio de baja confiabilidad, estos hechos han sido registrados en su hoja de vida con anotaciones de demérito”. Esta decisión se basó en el deficiente desempeño que presentó el actor como funcionario del Hospital, lo que consta en antecedentes que fueron adjuntados a la Resolución; todo lo cual justifica la decisión, siendo ésta un acto objetivo, que cumple con todas las garantías legales y dentro de las atribuciones de la Directora de la Institución, notificándose al funcionario, con fecha 29 de Noviembre de 2019, mediante carta certificada dirigida a su domicilio, cuyo comprobante se adjunta.

A mayor abundamiento de los hechos que fundamentan la renovación parcial del contrato para el período 2020, según consta de Carta del Médico Jefe de Laboratorio Dra. Loriana Castillo, da cuenta de numerosos episodios de deficiencias técnicas del recurrente en su trabajo, con errores técnicos reiterados y sin control de calidad requerido, afectando seriamente la calidad de los exámenes de laboratorio y por ende la seguridad de los pacientes. Por otro lado, consta en informe de trato, que el equipo de laboratorio sentía que se le favorecía al no sancionarlo por dichos errores técnicos recurrentes, los que perjudicaban a los demás miembros de la unidad, al tener que repetir el trabajo basado en resultados con errores técnicos; y, asistir a capacitaciones con todo el equipo con el objetivo de evitar nuevamente la repetición de dichos errores.

El mal desempeño del actor, quedó reflejado en anotación de demérito cursada el septiembre de 2019, con motivo de “faltas recurrentes en sus obligaciones al cargo en que se desempeña, en el que incumple su responsabilidad de llevar a cabo exámenes de laboratorio con altos estándares en términos de seguridad y calidad en los resultados y en consecuencia generando riesgos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes y usuarios del Hospital La Florida. Se reportan 21 informes de laboratorio de baja confiabilidad por mal manejo de equipamiento, reactivos y control de calidad en relación al marcador cardíaco troponina”. Ante ello, el actor ejerció su derecho a impugnar dicha anotación de demérito, sin lograr desvirtuar lo decidido.

Luego, con fecha 28 de noviembre de 2019, el recurrente dedujo demanda de tutela de derechos fundamentales ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo, rol T- 1982-2019, aduciendo que se habría vulnerado sus derechos fundamentales consagrados en artículo 19 N°s 1 y 4 de la Constitución Política de La República de Chile y artículo 2° del Código del Trabajo.

Con fecha 13 de diciembre de 2019, dedujo reclamación ante la Contraloría General de la República, aduciendo que había trato discriminatorio en la renovación parcial de su contrato; luego el día 30 del mismo mes y año, dedujo otra reclamación, aduciendo supuestos vicios en el proceso calificatorio 2017-2018.

Sin embargo, con fecha 22 de abril de 2020, mediante Oficio N° 4.422, la Contraloría General de La República comunicó que se abstendría de conocer los reclamos mencionados precedentemente, debido a la interposición del recurso de protección y haber señalado el recurrente que : “se desestima la reclamación administrativa y se sigue con la vía judicial mediante esta acción constitucional de emergencia”.

Pide el rechazo del recurso, por tratarse de una materia de juicio de lato conocimiento, agregando que, actualmente, se encuentra en tramitación una demanda de tutela de derechos fundamentales ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo, la cual fue apelada y se encuentra actualmente suspendida por haberse interpuesto un recurso de inaplicabilidad, causa rol 8668-20, ante el Tribunal Constitucional. Agrega que la acción de protección es incompatible con la de tutela laboral, citando al efecto el artículo 485 del Código del Trabajo expresamente señala en su inciso final que "Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos", por lo que no queda duda que ambas acciones son incompatibles.

Agrega que, de estimarse que el recurso es admisible y, cabe pronunciarse en sus aspectos de fondo, al efecto expresa que se ha obrado en estricta conformidad al ordenamiento jurídico, por cuanto, en primer lugar, tanto la Resolución Exenta N° 4039 de 2019, como el informe emitido para la Contraloría General de la República, establecen que la Resolución que comunica la renovación parcial del vínculo del funcionario, contiene los motivos, oportunamente conocidos por el recurrente, que fundamentan que se le haya renovado parcialmente la contrata hasta el 31 de marzo del año 2020. Siendo por tanto motivado y ajustado a derecho. En el caso de autos, considerando que el funcionario contaba con la confianza legítima de que se renovaría su anualidad, señala que se encuentra en la hipótesis de la renovación parcial de una contrata, debiendo fundamentarse aquella resolución que dispondría esta renovación parcial, que, para el caso de autos, es la Resolución Exenta N° 4039 de 27 de noviembre de 2019.

En segundo término, expresa que habiéndose fundamentado la resolución que dispuso la renovación parcial de la contrata, correspondía notificar el acto administrativo. En este sentido, tal como lo cita el Dictamen N° 6400 de 2018, el inciso primero del artículo 45 de la Ley N° 19.880, prevé que los actos administrativos de contenido individual -en este caso el que dispone la no renovación del vínculo-, deben ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro. La notificación de la Resolución impugnada, al señor nombre reservado, se realizó formalmente, el día 29 de noviembre de 2019, prueba de ello es que, con fecha 13 de diciembre, dedujo reclamo ante el Ente Contralor.

En tercer lugar, la Resolución fue correctamente fundada y en la que se argumentó en la existencia de antecedentes de desempeño deficiente e insuficiente, del recurrente. En efecto, tal como señala en el punto 2°, se tuvo en consideración una serie de elementos y argumentos para tomar la decisión de renovar parcialmente el contrato, tales como aspectos técnicos, notas de demérito, informes de desempeño, etc, y no exclusivamente sus calificaciones. Esto último concuerda con lo instruido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N°6.400 cuando se refiere al fundamento del acto administrativo que permite prescindir del vínculo con un funcionario: “Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación”.

En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a lo exigido por el Estatuto Administrativo y a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° 6400 de 2018, debe entenderse que el término de la contrata, se tramitó legalmente, por lo que su relación contractual con el establecimiento en calidad de contrata, se extendería solo hasta el día 31 de Marzo de 2020. Conforme a todo lo precedentemente expuesto es que no se han vulnerado las garantías constitucionales esgrimidas por el actor.

TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el artículo 3° del Estatuto Administrativo, define conceptos básicos de dicho régimen legal, en su letra b) señala que “el Personal de Planta”, es el conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución; en su letra c) define el “Empleo a Contrata”, como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de la institución; y, en la letra d), se refiere a la “Carrera Funcionaria” como un sistema integral de regulación del empleo, aplicable al personal de planta…, que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones en función del mérito y la antigüedad.

QUINTO: Que, por otra parte, el artículo 10° del citado Estatuto, señala que los “empleos a contrata”, “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos”.

SEXTO: Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 146 del mismo cuerpo legal contempla, entre las causales de cesación en el cargo, la de “término del período legal por el cual se es designado” y, en cuanto a sus efectos, precisa el artículo 153 que éste o el cumplimiento del plazo por el cual el funcionario es contratado, “produce la inmediata cesación de funciones”, sin perjuicio de señalar que “continuará ejerciéndolas si fuere notificado previamente y por escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato”.

SÉPTIMO: Que, del examen de las normas que regulan la institución del “empleo a contrata”, permite establecer que, efectivamente, se trata de una función marcada por su carácter transitorio, a diferencia de lo que ocurre con el personal de planta, cuyos cargos son permanentes y a quienes se garantiza la estabilidad en el empleo. De la esencia del empleo a contrata, es que está sujeto a un plazo máximo de duración, es decir, a un término extintivo, lo que significa que mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones, a menos que se manifieste previamente la voluntad de prorrogarlo por un nuevo período.

OCTAVO: Que, el marco legal precedentemente expuesto es absolutamente claro, entonces, respecto al hecho que el empleo “a contrata”, se extingue o expira por el solo ministerio de la ley, con la llegada o cumplimiento del plazo, por lo que quienes lo ejercen cesan en sus funciones de pleno derecho, sin que la autoridad administrativa esté obligada a renovar el contrato. La recurrente, por otra parte, estaba en conocimiento de las condiciones -precarias - en que se la contrataba año a año.

NOVENO: Que, en la especie, los antecedentes allegados a este proceso, permiten concluir que la vinculación entre la parte recurrida y el recurrente, era mediante un empleo a contrata y que el contrato con vencimiento al día 31 de diciembre del año 2019, solo se le prorrogó desde el 1 de enero del año 2020 hasta el mes de marzo del mismo año.

DECIMO: Que, esta Corte concluye que no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, atendido el marco legal vigente, pues se trata de servicios transitorios, por lo que, su efecto natural es que, llegada la fecha de vencimiento del plazo se extingue naturalmente, siendo improcedente que se le imponga a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un periodo posterior, como pretendía el recurrente, pues tales servicios siempre se encuentran supeditados a las necesidades temporales del servicio.

UNDÉCIMO: Que, cabe descartar que, en la especie, se haya vulnerado el llamado principio de “confianza legítima”, pues este cede ante un acto de la administración de no renovación de contrata notificado con la antelación debida a la recurrente y el que se encuentra debidamente fundado, no siendo esta la vía en que pueda calificarse el mérito de tales argumentaciones, como pretende el recurrente DUODÉCIMO: Que en cuanto a la existencia de un juicio laboral, no existen antecedentes suficientes para acceder a lo solicitado por la recurrida.

DECIMO TERCERO: Que, así entonces, no existe el acto arbitrario e ilegal que se le imputa a la parte recurrida, siendo inoficioso emitir pronunciamiento sobre un eventual quebrantamiento de las garantías que se denunciaron como vulneradas.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada por don nombre reservado.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya Regístrese y comuníquese.

N°Protección-22516-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por Fiscal Judicial señora nombre reservado.