nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

23 Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°22.512-2020 comparece don CLAUDIO OMAR HERRERA OLIVARES, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, representada legalmente por nombre reservado, a fin de que sea acogido en todas sus partes, por el acto ilegal y arbitrario llevado a cabo por las recurridas en relación al rechazo del pago del subsidio laboral otorgado por contraprestación de licencias médicas, en virtud de los antecedentes que expone.

Explica que su representado, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, se encuentra trabajando en CallSouth S.A. desde febrero de 2016, como Ejecutivo de Ventas. El problema surgió cuando lo cambiaron de campaña de ventas, lo cual le generó un trabajo extra, lo que provocó que se sintiera sobre exigido, generándole crisis de ansiedad con episodios de crisis de pánico. Por esto, al visitar al psiquiatra le diagnosticaron trastorno de ansiedad con episodio de crisis de pánico, lo que se aprecia en la documentación que adjunta.

Esta situación llevó a su representado a un tratamiento extendido, razón por la cual le dieron licencias que posteriormente y, de forma arbitraria e ilegal, le fueron rechazadas.

2°) Que, seguidamente, el recurrente expresa que el 20 de febrero de 2020, su representado recibió en su correo electrónico la Resolución Exenta R-01- UME-13780-2020, signada por la recurrida con fecha 20 de enero de 2020, conforme a la cual se le informó que se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado.

Hace presente que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue incorporada a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar, para beneficiar a quien sufriere privación o perturbación en el ejercicio de derechos y garantías establecidos en la Carta Fundamental, por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, en particular en relación a los derechos establecidos en el artículo 19 del mismo texto constitucional. En ese sentido, el afectado podrá recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta reestablezca el imperio del derecho y asegure la debida protección del afectado, adoptando para ella las medidas de resguardo que impidan que el acto arbitrario siga vulnerando los derechos del recurrente.

El ejercicio de esta acción exige, como presupuesto ineludible la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguna de las garantías protegidas. Señala que el supuesto contenido de la norma citada se da en la especie, toda vez que la resolución de la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) es injustificada, manteniendo la decisión del COMPIN de no pagar las licencias médicas de su representado por indicar que es injustificado el reposo, comunicando tal hecho a su representado el 20 de febrero de 2020, cuando éste recibió la resolución por medio de la cual la SUSESO confirma el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado por un reposo supuestamente no justificado.

Tal pretensión se funda en un atentado al libre y legítimo ejercicio de los siguientes derechos fundamentales de los que mi representado es titular y que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, sin distinción alguna:

-El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales: el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. De acuerdo a los hechos descritos, estos se ven perturbados frente a una decisión arbitraria de las recurridas, al no justificar el rechazo ni menos sostener su decisión en algún peritaje médico, que indique y avale su decisión;

-La igualdad ante la Ley: el artículo 19 N°2 de la Constitución Política la reconoce, y dicha garantía ha sido vulnerada toda vez que la recurrida ha procedido arbitrariamente a efectuar una discriminación arbitraria, ya que no existe ningún sustento fáctico ni clínico que pueda sostener que su representado, cuando se le otorgó un reposo, fuera injustificado y menos aún que estuviera sano;

-El derecho a la vida, integridad física y psíquica: el artículo 19 N°1 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, integridad física y psíquica. En este sentido ambas recurridas han vulnerado la integridad física y psíquica de su representado ya que no se le ha permitido terminar su tratamiento médico, al rechazar de forma continua las licencias médicas por las cuales se recurre y hoy este hecho le ha generado un deterioro de la salud;

-La igual protección en el ejercicio de los derechos: el artículo 19 N°3 establece esta garantía, que se ha vulnerado por cuanto no se ha protegido un derecho que es vital y esencial, el derecho a la vida y la salud;

-El derecho a la salud: establecido en el artículo 19 N°9, este derecho es explícitamente vulnerado por el solo hecho de negarse sin justificación fáctica alguna el reposo médico reconocido en licencias médicas a un trabajador, tal como ocurrió con su representado según fue explicado;

-El derecho a la seguridad social: el artículo 19 N°18 lo reconoce, y se ha visto vulnerado por el actuar de las recurridas, pues su actuar arbitrario e ilegal restringe unilateralmente el derecho a una prestación básica de salud como es el pago de una licencia médica.

Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, a fin de que sea acogido en todas sus partes, por el acto ilegal y arbitrario llevado a cabo por las recurridas en relación al rechazo del pago del subsidio laboral otorgado por contraprestación de licencias médicas, restableciendo el imperio del derecho, y declarar:

-Que se paguen de forma íntegra todas las licencias médicas rechazadas a su representado, ya que éstas dan cuenta de una patología cierta y que le ha impedido trabajar, y tiene todo el derecho a que, como trabajador, se le pague su subsidio por licencia médica, cuestión que en este caso no ha ocurrido por el actuar negligente y arbitrario de las recurridas;

-Que se ordene a las recurridas corregir, por tanto, la resolución que ha rechazado las licencias médicas indicadas, y acogerlas, como corresponde.

Acompaña diversa documentación, entre ella las licencias médicas rechazadas.

3°) Que ha comparecido don nombre reservado, abogado, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez recurrida, emitiendo el informe pedido, solicitando el rechazo de la acción por cuanto no ha existido de parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucional garantizado o siquiera amenazado.

Expresa que antes de referirse al fondo de que trata la acción constitucional, solicita su rechazo por cuanto ha sido interpuesta en forma extemporánea, una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacerla valer.

Como consta en autos y según los mismos antecedentes acompañados por el recurrente, la acción fue interpuesta con fecha 9 de marzo del año 2020, en circunstancias que el Sr. nombre reservado, con fecha 20-01-2020, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando de lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Por lo anterior, dice, han pasado 49 días desde que el recurrente tuvo cabal conocimiento de lo resuelto por la Contraloría Médica de esta Comisión, así como de los fundamentos que motivaron la decisión.

Señala, además, que el hecho de haber reclamado ante la Comisión y posteriormente ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir de protección se suspenda, pues si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de los actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondiente.

En consecuencia, añade, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN, que rechazaron las licencias en comento adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir a esta Corte tan pronto como tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer ante la Superintendencia.

De acuerdo a lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde a lo menos la fecha de notificación de las resoluciones que ratifican el rechazo por parte de la Comisión.

En relación a lo expuesto, dice, es manifiesta la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional a la luz de lo dispuesto en el Auto Acordado que lo regula.

Por las anteriores consideraciones, pide rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida extemporánea, con costas.

4°) Que, en subsidio, la primera recurrida informa el fondo del asunto que motiva la acción.

Se refiere a la justificación médico-administrativa, indicando que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, resolvió rechazar las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 41 días, a contar del 09-12-2019, puesto que conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N°7/2013, el reposo no se encontraba justificado.

Esta conclusión, señala, se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 55 días por la misma patología.

Expresa que el D.S N°3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Hace presente que debido a la necesidad de contar con una normativa universal que facilite el quehacer de la contraloría médica, en la evaluación técnica de los casos relacionados con el uso de la licencia médica y el otorgamiento del subsidio de incapacidad laboral, de los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), de las Instituciones de Salud Previsional y de la verificación de las declaraciones contenidas en las certificaciones médicas, fue publicado el 18 de Julio de 2013 el Decreto N°7/2013 que “Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a Los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”.

Este Decreto hace mención a los elementos que deben contener las licencias médicas, según el tipo de patología y duración del reposo laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del mismo. “Artículo 4o.- Establézcanse las siguientes guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías que se indican a continuación:… II.- PATOLOGÍAS MENTALES GUÍAS REFERENCIALES DE REPOSO LABORAL…”

El rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra debidamente fundado, ya que el recurrente, lisa y llanamente, no cumple con los criterios indicados en dicha normativa, no presenta informes médicos ni exámenes que justifiquen el reposo indicado por médico especialista, adjunta informe médico complementario de psiquiatría con fecha 02-01-2020, por diagnostico por trastorno de ansiedad con episodios de crisis de pánico. No se hace mención a la escala de evaluación de la actividad global (eeag), no se acreditan psicoterapias, no se realiza derivación a salud mental, no se menciona un plan de manejo ni una fecha probable de alta médica, en razón de lo anterior, no se objetiviza rol terapéutico del reposo.

Indica que el paciente presenta reposo casi continuo desde junio del año 2019 por múltiples diagnósticos, posteriormente se deriva a psicoterapias, sin embargo, los antecedentes son insuficientes para justificar la prolongación del reposo.

Hace presente que el D.S. N°3/84, ha conceptualizado la licencia médica en su artículo primero, definiéndola como “…El derecho del trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por médico cirujano.”, vale decir, es un reposo de carácter temporal, que supone la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo y en condiciones de reincorporación al trabajo. En esta situación y ante la suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador o trabajadora debe hacer uso de las licencias médicas, reposo que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en estado de reintegrarse a su trabajo.

Cree relevante traer a colación que el usuario, según lo dispuesto en la Circular 2.434, de 4 de febrero de 2008, de la Superintendencia de Seguridad Social, interpuso recurso de reposición ante la COMPIN, sin embargo, estudiado nuevamente los antecedentes, se mantuvo lo resuelto.

Posteriormente, reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante Resolución Exenta N°13780-2020, ratificó lo obrado y resuelto por la COMPIN R.M.

De lo señalado, dice, se colige que la COMPIN. Ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N°3, Dto. N°7/2013, entre otras, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal.

Pide tener por evacuado el informe requerido, acompañando Cartola Médica y Listado Maestro de FONASA del Sr. nombre reservado, y Resolución N°13780-2020, SUSESO.

5°) Que, a continuación, comparece don SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, el que solicita, en primer lugar, que se declare la improcedencia de la Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea.

Como consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, explica, por presentación de fecha 20 de enero de 2020 el Sr. nombre reservado reclamó ante el Servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 41 días a contar del 9 de diciembre de 2019, por reposo no justificado.

Mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-13780- 2020 de 20/02/2020, la Superintendencia dictaminó lo siguiente: “...Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 55 días por la misma patología”.

Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Añade que la recurrente solo ejerció la acción constitucional con fecha 9 de marzo de 2020, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin de los formularios en comento. En virtud de la presentación de 20 de enero de 2020 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de la licencia reclamada, consta que los mencionados formularios fueron rechazados por la Compin con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante la Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde casi 2 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, el Sr. nombre reservado tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar de diciembre de 2019, se le habían otorgado 55 días de reposo por la misma patología, lo que se estimó como más que suficiente para su reincorporación laboral.

Por lo expuesto, colige que la acción constitucional de autos, contrariando la naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud provisional, respectivamente. Lo anterior basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Señala, además, que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición, por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Expresa que el recurrente, si estimaba que la resolución de la COMPIN que rechazó las licencias, adolecía de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante esta Corte tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de la misma, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante la institución de control.

En síntesis, dice, de la relación de hechos expuesta, aparece la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción constitucional, por cuanto el rechazo de esta licencia médica fue dispuesto por la referida COMPIN casi 2 meses atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 9 de marzo de 2020 en contra de su representada, lo que deja de manifiesto la falta de oportunidad en su ejercicio, a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula, disponiendo este último un “plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Luego de citar abundante jurisprudencia, solicita que se rechace la acción de protección por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

6°) Que, en subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materia de seguridad social.

Agrega que pide que se le declare improcedente el recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

La autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N°3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

La materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta acción cautelar.

Reitera que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en los casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida, solo para los casos de violación flagrante de derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales.”

Tratándose de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N°18 de su artículo 19.

Por lo expuesto, en forma previa a entrar al fondo de la acción interpuesta, pide que se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se relaciona con una garantía constitucional (artículo 19, N°18, derecho a la seguridad social), que no se está protegida por la acción interpuesta, con costas.

7°) Que, en subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto, estimando necesario esclarecer el marco jurídico-normativo que regula la materia de la Acción.

Se refiere al derecho a licencia médica, su marco legal regulador.

Explica que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N°3.500 de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. N°1, del año 2005, y en el D.S. N°3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. N°44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 señala en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1° del Decreto Supremo N°3 del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo.”

Dice que de acuerdo con las normas referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

8°) Que, a continuación, el segundo informante se refiere a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, indicando que como se desprende de la relación de hechos realizada previamente, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

A la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Agrega que el legislador ha establecido en el artículo 2° de la Ley N°16.395, modificado por la Ley N° 20.691 de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

El artículo 3° del mismo cuerpo legal dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2° del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley N°16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley N°16.395, modificado por la Ley N° 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

La letra e) de dicho legal, modificado igualmente por la Ley N°20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

9°) Que, luego, el informante se refiere a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Hace presente que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD) tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

Las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, señala, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Hace presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, cuerpo reglamentario en que se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante la Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuanto a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. En caso que se confirme por la institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del recurso desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19.”.

En el caso del Sr. nombre reservado, su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de su licencia médica reclamada.

Lo antes expuesto, dice, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida, ya que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Añade, respecto de la licencia reclamada, que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los que están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Luego de citar jurisprudencia, indica que la Superintendencia, estudió los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado, dentro de los cuales, consta el informe del Dr. nombre reservado. de fecha 19/02/2020 que señala:

“Ficha Médica “25 años, sexo masculino, FONASA, administrativo en empresa de comunicaciones.

“Apela licencias por un total de 41 días, a contar del 9/12/2019, emitida por médicos generales (alto emisor), con diagnóstico de "Trastorno de ansiedad. Episodio depresivo moderado", atendida con prestador en modalidad de libre elección.

“Inicia reposo el 28/11/2019 y lo mantiene hasta el 18/1/2020.

“Múltiples licencias por diferentes diagnósticos en forma continua desde el 6/9/2019.

“55 días autorizados por la misma patología en este mismo periodo.

“Tratamiento con:

“-Clotiazepam 10 mg vo 1-0-1 “-Ciclobenzaprina 10 mg vo 0-0-1 “-Propanolol 5 mg vo 1-0-0 “-Paroxetina 20 mg vo 0-0-1 “-Trazodona 25 mg vo 0-0-1.

Sin antecedentes que acrediten incapacidad laboral más allá del reposo autorizado.

No acoge”.

Por lo anterior, comenta, el Ord. impugnado por la recurrente, referido a la licencia reclamada, tiene correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dicha Resolución Ex., en orden a rechazar la licencia indicada.

10°) Que el segundo informante se refiere, además, a la ausencia de derechos vulnerados. Al respecto, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política sobre un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado en los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política, se pregunta cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto en su actuar se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. Su representada, de modo alguno ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido algún modo el acceso del recurrente a la salud. La intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse sobre la reclamación que presentó impugnando la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó la licencia médica en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, indica que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. De acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N°3, de 1984 y DFL. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN).

- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, señala, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que una rechazada sin generar, por tanto, el derecho que éste esgrime.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por el profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las del DS. N°3, de 1984 del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, conclusión inaceptable.

11°) Que, finalmente, el segundo informante pide, en subsidio de las anteriores peticiones y para el evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

12°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

13º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

14°) Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, puede retrucarse a ella que conforme consta de los antecedentes, se ha recurrido en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-13780- 2020 de 20/02/2020, la Superintendencia dictaminó lo siguiente: “...Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 55 días por la misma patología”. Dicha Res. Ex., en su parte resolutiva dispone: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, el recurrente ejerció la acción constitucional en examen con fecha 9 de marzo de 2020.

Esto significa que, no obstante que se recurrió además, en contra de la entidad conocida como COMPIN, únicamente con el acto de la Superintendencia de Seguridad Social, esto es, la Resolución Exenta antes indicada, que data del 20 de febrero del año 2020 en curso, se materializó finalmente el rechazo de las licencias médicas alegadas a través de la presente vía cautelar, por lo que a la fecha de interposición del recurso, el 9 de marzo del año en curso, no había transcurrido el plazo de treinta días que contempla el N°1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por lo que el deducido en la especie no puede ser desestimado por extemporáneo y, al contrario, se rechaza lo que sobre dicho particular han alegado las dos recurridas.

15°), Que en cuanto al fondo, hay que recordar que el recurso fue presentado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, y que no existe controversia respecto de la existencia del acto que se impugna, esto es, la resolución emanada de las primeras que rechazó las licencias médicas previamente singularizadas y la resolución de la segunda que confirmó dicho rechazo, ambas por no haberse justificado el reposo, por lo que la controversia radica en determinar si la señalada actuación puede ser estimada como ilegal y arbitraria.

Desde luego, el hecho de que entre las garantías constitucionales se haya mencionado o invocado una que no está protegida en el catálogo del artículo 20 de la Carta Fundamental, no importa que el recurso sea improcedente en casos como el de la especie, pues restan las otras garantías que se han estimado vulneradas, de modo que no tiene cabida la alegación de improcedente de la Superintendencia de Seguridad Social, alegación que carece de fundamento, a tal grado que dicha entidad ha citado jurisprudencia recaída en recursos en que se ha discutido el mismo problema.

16°) Que se ha argumentado por las recurridas en orden a que las licencias médicas otorgadas a la recurrente se rechazaron porque el reposo prescrito en ellas no se encontraba justificado.

Sobre el particular, esta Corte tiene que hacer presente que de los antecedentes acompañados se evidencia que las recurridas fundamentaron debidamente su decisión, considerando que los criterios antes referidos no se advierten en la especie, lo que se estima fundado considerando que consta que si bien las licencias médicas fueron emitidas por un psiquiatra, la COMPIN ha señalado que la conclusión del rechazo se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanzó a 55 días por la misma patología.

La Superintendencia, por su parte, estudió los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado, dentro de los cuales, consta el informe del Dr. nombre reservado. de fecha 19/02/2020 que señala:

“Ficha Médica “25 años, sexo masculino, FONASA, administrativo en empresa de comunicaciones.

“Apela licencias por un total de 41 días, a contar del 9/12/2019, emitida por médicos generales (alto emisor), con diagnóstico de "Trastorno de ansiedad. Episodio depresivo moderado", atendida con prestador en modalidad de libre elección.

“Inicia reposo el 28/11/2019 y lo mantiene hasta el 18/1/2020.

“Múltiples licencias por diferentes diagnósticos en forma continua desde el 6/9/2019.

“55 días autorizados por la misma patología en este mismo periodo.

“Tratamiento con:

“-Clotiazepam 10 mg vo 1-0-1 “-Ciclobenzaprina 10 mg vo 0-0-1 “-Propanolol 5 mg vo 1-0-0 “-Paroxetina 20 mg vo 0-0-1 “-Trazodona 25 mg vo 0-0-1.

“Sin antecedentes que acrediten incapacidad laboral más allá del reposo autorizado.

“No acoge”.

Igualmente, se ha indicado que se adjuntó informe médico complementario de psiquiatría con fecha 02-01-2020, con diagnóstico por trastorno de ansiedad con episodios de crisis de pánico. No se hace mención a la escala de evaluación de la actividad global (eeag), no se acreditan psicoterapias, no se realiza derivación a salud mental, no se menciona un plan de manejo ni una fecha probable de alta médica, en razón de lo anterior, no se objetiviza rol terapéutico del reposo, según se ha concluido.

De este modo, se advierte que ambas entidades recurridas, para resolver de la manera como se les reprocha, tuvieron a la vista diversos antecedentes clínicos que determinan que no existía incapacidad laboral más allá de lo que se había autorizado, a saber, un total de 55 días.

17°) Que para resolver el fondo del asunto, cabe agregar que la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, según lo prevé el N°5 del Auto Acordado, permiten descartar cualquier clase de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de las recurridas, pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, la que, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el asunto, en una decisión apoyada en la revisión de profesionales médicos.

En el caso en examen, las resoluciones que motivan el recurso indican explícitamente cuáles son las razones que se tuvieron presentes para justificar las decisiones que se adoptaron, de manera tal que debe estimarse que satisfacen los requisitos que exige el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880 y el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional.

Por otro lado, esta Corte no se halla en situación de calificar esa decisión desde el punto de vista médico, debiendo controlar únicamente que ella se haya emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezca carente de racionalidad. En el caso de la especie se estiman satisfechas ambas condiciones, de modo tal que falta el supuesto de hecho esencial que justifica la acción de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal. En tal escenario, el recurso interpuesto debe ser desestimado, lo cual permite omitir el examen de las garantías constitucionales que se han estimado ofendidas.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don CLAUDIO OMAR HERRERA OLIVARES, abogado, en favor de don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°22.512-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.