nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago.

Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis.

Al folio N° 12: téngase presente.

Al folio N° 13: estése al mérito de autos.

Vistos y considerando:

Primero: Que el 14 de octubre de 2025 compareció don nombre reservado, abogado, actuando por nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que impone una carga materialmente imposible de cumplir al exigir la renovación de un documento cuya autoridad emisora (Consulado de Venezuela) suspendió funciones, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 números 2 y 24, por lo que solicita se deje sin efecto el rechazo y se ordene la devolución de los fondos.

En cuanto a los antecedentes de hecho, se expone que el afectado solicitó la devolución de sus fondos de conformidad con la Ley N°18.156. Sin embargo, mediante respuesta de fecha 22 de septiembre de 2025, la recurrida rechazó la solicitud aduciendo que la "Constancia de Afiliación al IVSS" se encontraba vencida, lo que impediría verificar la cobertura previsional en el extranjero al momento de la solicitud. El recurrente sostiene que dicho rechazo es caprichoso, pues ignora un hecho público y notorio que es el cierre indefinido de la Embajada de Venezuela en Chile el 29 de julio de 2024, lo que imposibilita al afectado obtener un nuevo certificado ante dicha sede.

En cuanto al derecho, el recurso se sustenta en que la exigencia de un documento inalcanzable vulnera la razonabilidad y proporcionalidad de la actuación administrativa. Asimismo, invoca el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156, argumentando que la afiliación se encuentra plenamente acreditada mediante una constancia electrónica actualizada obtenida del portal oficial del IVSS con fecha 13 de octubre de 2025. Refuerza su postura citando jurisprudencia de esta Corte (Rol 2.084-2024 y Rol 45.645-2012), donde se ha establecido que la propiedad de los fondos previsionales es del trabajador y que la renuencia injustificada de las AFP constituye un acto ilegal que amaga el derecho de dominio.

En definitiva, la parte recurrente sostiene que se han vulnerado sus derechos constitucionales de Igualdad ante la Ley, al otorgarle un trato discriminatorio y desigual frente a otros extranjeros en situaciones análogas; y de Derecho de Propiedad, al privarle arbitrariamente de disponer de fondos que pertenecen a su patrimonio y peculio, desconociendo la naturaleza de dominio que el artículo 20 H del D.L. 3.500 otorga a las cotizaciones.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el acto de rechazo de 22 de septiembre de 2025, se ordene a la recurrida proceder al reembolso de los fondos previsionales en un plazo de 5 días y se le condene expresamente en costas.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) Cédula de identidad del afectado; 2) Comprobante de rechazo de la AFP de fecha 22 de septiembre; 3) Constancia de afiliación al IVSS (emitida por consulado); 4) Constancia electrónica de cotizaciones actualizada; 5) Contrato de trabajo; y 6) Anexo de contrato de trabajo.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de AFP ProVida S.A., solicita el rechazo del recurso basándose, primeramente, en una excepción de improcedencia de la vía, argumentando que la acción de protección no es la sede idónea para resolver materias de lato conocimiento o derechos controvertidos, sino que su fin es prestar amparo ante derechos indubitados y urgentes. Sostiene que la recurrente pretende discutir la constitucionalidad y aplicación de normas legales como el Decreto Ley 3.500 y Ley N°18.156, lo cual excede la naturaleza cautelar de este arbitrio.

En cuanto al fondo, la recurrida niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario, afirmando que su actuar se ajusta estrictamente a la legalidad vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Explica que el rechazo se fundó en que la Constancia de Afiliación presentada por el recurrente tenía una vigencia de 120 días desde su emisión, plazo que se encontraba largamente vencido al momento de la solicitud, lo que impide acreditar la cobertura previsional ininterrumpida exigida por el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Respecto a la documentación electrónica presentada por el actor, la AFP señala que las certificaciones del IVSS que no cuentan con apostilla o legalización de la autoridad competente venezolana carecen de valor probatorio en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla. Adicionalmente, indica que dicha constancia electrónica no cuenta con firma de quien la emite y utiliza términos genéricos que no permiten verificar si las coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte fueron efectivamente cubiertas durante toda la prestación de servicios en Chile.

Finalmente, la recurrida invoca el carácter obligatorio del ahorro previsional y el destino único de los fondos, señalando que las AFP están legalmente impedidas de otorgar beneficios no reconocidos expresamente en la ley bajo sanción penal. Acompaña además una lista de jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han respaldado el rechazo de devoluciones de fondos cuando no se cumplen estrictamente los requisitos formales de legalización y vigencia de los documentos extranjeros.

Por tanto, solicita que se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal.

Quinto: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado (…).

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que, según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

Sexto: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-22447-2025.