nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 13 de octubre de 2025, comparece LINDA NATALY QUINTERO MOGOLLON, abogada, por sí y en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A., por haber rechazado, mediante acto ilegal y arbitrario notificado el 25 de septiembre de 2025, la solicitud de retiro de fondos para extranjero de la recurrente.

Actuación que considera ilegal, arbitraria, ya que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. exigió requisitos no previstos en la Ley N° 18.156 y mantuvo retenidos los fondos previsionales de la recurrente, basándose en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, y sin considerar la imposibilidad material de la recurrente para cumplir con la exigencia de legalización o apostilla de los documentos, situación que configura un caso fortuito o fuerza mayor, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y la garantía de que ningún precepto legal podrá afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones que impidan su libre ejercicio, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acojan las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

La recurrente, nombre reservado, de nacionalidad venezolana y con residencia definitiva en Chile, prestó servicios profesionales en diversas empresas en Chile, durante los cuales se le descontaron cotizaciones previsionales.

Conforme a la Ley N° 18.156, que exime del pago de cotizaciones a técnicos extranjeros afiliados a un sistema de seguridad social en su país de origen, la recurrente presentó la solicitud N° 2662793 ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. para el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales.

Con fecha 25 de septiembre de 2025, recibió respuesta de rechazo por parte de la recurrida, la cual indicó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumplía con los requisitos de la normativa vigente, argumentando que no era un certificado de afiliación, no señalaba las prestaciones específicas cubiertas, no estaba firmada por quien la emitía, y no se encontraba apostillada o legalizada.

La parte recurrente sostiene que acompañó todos los documentos requeridos, a saber: contrato de trabajo y su anexo que acreditan la relación laboral y la exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros, y la Constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), que es verificable electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (www.ivss.gob.ve) a través del número de cédula V-RUT reservado, lo que acredita fehacientemente que mantiene su cobertura previsional activa en su país de origen.

Asimismo, la recurrente alega que la imposibilidad de renovar una declaración formal ante el consulado, por causas de fuerza mayor, no puede ser fundamento para denegar su solicitud, ya que ello vulnera derechos adquiridos y constituye una interpretación excesivamente formalista de la Ley N° 18.156, desatendiendo su espíritu y finalidad.

En este sentido, configura un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil chileno, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que le impide obtener la legalización consular o apostilla de los documentos.

La recurrente fundamenta jurídicamente su acción en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, que establecen la exención de cotizaciones y la posibilidad de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros que acrediten afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen que otorgue, a lo menos, prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que su contrato de trabajo exprese la voluntad de mantener dicha afiliación.

Argumenta que la conducta de la Administradora de Fondos Modelo S.A., al exigir requisitos no previstos en la ley y mantener retenidos sus fondos, constituye un actuar arbitrario e ilegal.Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol Nº 28881-2022 y Rol N° 96.380-2021) que ha sostenido que no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N° 18.156 únicamente a convenios regidos por el Código Laboral y que una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma desatiende su finalidad, lo que implicaría una retención injustificada de los fondos previsionales.

Asimismo, la recurrente invoca sentencias de diversas Cortes de Apelaciones, como la de Concepción (Rol N° Protección-1269-2025 y Rol: 241-2025), Antofagasta (Rol N° 247.104-2023) y Valparaíso (Rol N° 325 – 2024), que en casos similares han determinado que la documentación acompañada por los recurrentes era suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, que no se puede exigir a una institución extranjera un certificado idéntico a los chilenos, y que la falta de apostilla a una copia fiel de un documento electrónico verificable no le quita mérito a su existencia.

La conducta de la recurrida, al exigir requisitos no establecidos en la Ley N° 18.156 y al basar su rechazo en la falta de formalidades que la recurrente no puede cumplir por fuerza mayor, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al otorgarle un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias.

También vulnera el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, al impedirle disponer de sus fondos previsionales a pesar de haber acreditado el cumplimiento de los requisitos legales. Finalmente, afecta en su esencia y restringe el libre ejercicio de estos derechos fundamentales, contraviniendo el artículo 19 N° 26 de la Constitución.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada por la recurrente, procediendo la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. a seguir con la tramitación de su solicitud y a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por medio de su abogado don Rodrigo Montero Atria, se hizo parte en el recurso de protección, Rol N° 22471-2025, interpuesto por nombre reservado.

En su informe, la recurrida funda su defensa en los siguientes hechos: que la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, amparándose en la Ley N° 18.156, por cotizaciones previsionales enteradas por el empleador TRILOGIS SERVICIOS LOGISTICOS LTDA. con fecha 24 de septiembre de 2025, bajo el número interno 24787, para retirar cotizaciones desde octubre de 2023 hasta agosto de 2025. Para acreditar los requisitos, la recurrente acompañó: Título Profesional, Constancia electrónica de cotizaciones, Contrato de Trabajo de fecha 20 de octubre de 2023 y Anexo de Contrato de Trabajo de fecha 30 de junio de 2025, ambos suscritos con TRILOGIS SERVICIOS LOGISTICOS LTDA.

La recurrida analizó los documentos según la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia administrativa. Tras dicho análisis, se rechazó la solicitud número 24787, por el periodo de cotizaciones entre octubre de 2023 y agosto de 2025, debido a que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con la normativa vigente, al no ser un certificado de afiliación, no señalar las prestaciones específicas cubiertas por la recurrente, sino de forma genérica las prestaciones del sistema, no estar firmada por quien la emite, y no encontrarse apostillada o legalizada.

AFP Modelo S.A. sostiene que no ha obstaculizado el proceso ni realizado una interpretación arbitraria, sino que ha seguido estrictamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto al derecho, AFP Modelo S.A. argumenta que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que exige requisitos copulativos para la exención del pago de cotizaciones previsionales. Citó el artículo 7° y el artículo 1° de la Ley N° 18.156, así como el Libro II, Título XI, número 1, letra b) y número 2, letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que establecen la necesidad de acreditar la afiliación a un régimen de previsión social extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación debidamente legalizada.

Se refiere a las funciones de la Superintendencia de Pensiones como órgano contralor, citando los artículos 94 y 46 de la Ley N° 19.882, y sus Oficios N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017 y N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025, que señalan que las certificaciones electrónicas no firmadas ni apostilladas/legalizadas no son medio de prueba.

Menciona los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre la legalización de instrumentos públicos otorgados fuera de Chile. Se apoyó en la jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Libro Protección - 22142 - 2024 (confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, Rol Civil / 13722 – 2025), de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol Libro Protección 2023 - 2025 (confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, Rol Libro Civil / 18581 – 2025), y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, Rol Libro Protección 1763 - 2025 (confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, Rol Civil / 23218 - 2025), las cuales han rechazado recursos similares por la falta de cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla y por no acreditar la cobertura específica.

Concluye que la recurrente no cumplió con los requisitos exigidos, por lo que su representada no incurrió en acto u omisión arbitraria o ilegal.

Solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección con expresa condena en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión por no cumplir con la normativa vigente, al no ser un certificado de afiliación, no señalar las prestaciones específicas cubiertas por la recurrente, sino de forma genérica las prestaciones del sistema, no estar firmada por quien la emite, y no encontrarse apostillada o legalizada.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”. A su vez, el artículo 1. Dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A mayor abundamiento, en cuanto a la cobertura del régimen previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones en los Oficios N°3.141 de 20 de febrero de 2024 y N°21.341 de 01 de diciembre de 2023, exige que la cobertura previsional se encuentre establecida para toda la relación laboral y a todo evento para las coberturas exigidas.

SEXTO: Que, así las cosas, no habiéndose acompañado por la recurrente en forma la documentación exigida, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que las exigencias formales y sustantiva requeridas por la institución recurrida se ajustan estrictamente a la normativa legal por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio. Sin que lo indicado respecto de una interpretación excesivamente formalista de la normativa, ni considerar la imposibilidad material de la recurrente para cumplir con la exigencia de legalización o apostillado de los documentos, permita resolver en contrario.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha siete de octubre de dos mil veinticinco, en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-22471-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, los Ministros (S) señor Freddy Antonio Cubillos Jofré y señora Paola Cecilia Díaz Urtubia.

En Santiago, ocho de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.