nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE COLINA

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, acciona de protección nombre reservado, profesora, domiciliado en domicilio reservado, contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, representada por su secretario general nombre reservado; por lo que denomina “sucesivos actos arbitrarios e ilegales que se verificaron en el procedimiento sumario administrativo al que fue sometida” y que desembocó en la dictación de la Resolución Ex. N°153 de 8 de octubre de 2025 que le impuso la medida disciplinaria de destitución; vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los artículo 19 N°s 16 inciso 1° y 24 de la Constitución Política.

Señala que se incorporó a la dotación el 7 de abril de 1993 y conforme a lo cual desarrolla la función docente de aula, teniendo a su cargo a estudiantes de enseñanza básica. Asistiendo además a otros funcionarios en las labores propias del Programa de Alimentación Escolar (P.A.E.) y asistencia de salud a estudiantes y funcionarios afectados por accidentes u otros incidentes lesivos para su integridad física. Atendido su buen rendimiento fue incorporada a la lista de “experto” y se ha ganado el reconocimiento de pares y superiores.

Indica que desde su adolescencia padece problemas de salud crónicos (infecciones tracto urinario e hipertensión arterial) que han exigido atenciones médicas. Específicamente, el año 2019 tras la detección de un cuadro hipertensivo se le prescribió el fármaco Cardioplus 40, de elevado costo. El año 2023 sufrió un marcado agravamiento de su dolencia, acompañada de arritmia y la intensificación de un cuadro de nefrolitiasis bilateral, que incrementaron sus gastos. Asimismo, el 11 de diciembre de 2023 padeció un cuadro de adenopatías axilares, concurriendo al Centro Médico Colina Salud, en donde fue atendida recomendando un medicamento de efecto hipnótico y le expidió licencia y reposo domiciliario entre ese día y el 14 de diciembre de 2023, es decir, 4 días. Ese último día, habida cuenta que las actividades lectivas habían terminado, viajó a la ciudad de Mendoza en Argentina con un solo propósito, comprar a menor costo el medicamento Cardiplus 40. Llegó a esa ciudad, adquirió el remedio y pretendió retornar inmediatamente lo que no pudo hacer por no disponibilidad de pasajes, sino hasta el día 16.

El 22 de mayo de 2025, la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República expidió el oficio NºE82804/2025, al que acompañó una nómina de funcionarios públicos “con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica”. El órgano contralor remitió esta nómina al servicio al que prestaba y presto funciones (la Corporación Municipal de Desarrollo Municipal de Colina), a los efectos de que iniciara un procedimiento disciplinario por el hecho del “incumplimiento del período de reposo”, para determinar la responsabilidad funcionaria de los involucrados.

Expresa que la instrucción del sumario vulneró el derecho al debido procedimiento administrativo, porque no observó el orden consecutivo legal que establece el estatuto funcionario; no proveyó íntegramente las presentaciones efectuadas; confirió un plazo insignificante para la práctica de diligencias probatorias; y llegó al extremo de imponerle la medida de suspensión a título “preventivo”, sin previa notificación de cargos; a más de otras vulneraciones de la legislación vigente.

Relata profusamente que el 26 de mayo de 2025, recibió en el establecimiento educacional una carta suscrita por nombre reservado, Director de Educación de la recurrida, que le ordenó ir a las dependencias del servicio. Una vez allí fue impuesta de la existencia de un procedimiento de sumario administrativo en su contra y de la identidad del fiscal instructor y la actuaria, pero no de la naturaleza de los cargos. Consta lo anterior de la diligencia de “notificación” de 26 de mayo de 2025, que obra a foja 179 del expediente del procedimiento; y de cuyo examen se advierte que se limitó, por requerimiento del fiscal, a fijar un domicilio y a expresar que no tenía causal de recusación. Ese mismo día, sin previa formulación de cargos, se la suspendió preventivamente conforme al artículo 134 de la Ley N°18.883. El 3 de junio de 2025, prestó declaración ante el instructor, afirmando que efectivamente tuvo licencia médica entre el 11 de diciembre de 2023 y el 14 de diciembre de 2023; que se trasladó fuera del territorio nacional el día 14 para adquirir un fármaco equivalente al de nombre Cardioplus 40 y acompañó receta médica, informe médico, exámenes de laboratorio, instrumento de atención ambulatoria. El 22 de septiembre de 2025, fue impuesta de la formulación de cargos elaborada por el instructor del procedimiento, nombre reservado, quien estampó que el hecho fundante del procedimiento de sumario administrativo fue la infracción del reposo médico prescrito en la licencia médica de 11 de diciembre de 2023, como consecuencia de su salida del territorio nacional el día 14 de diciembre del mismo año (último día del lapso señalado en la licencia médica); que a juicio del fiscal, existían “presunciones fundadas” que permitían concluir que quien suscribe “obtuvo la licencia médica con el propósito de adelantar el inicio de su período de vacaciones”; y que los antecedentes fundantes de tal presunción corresponderían a la fecha de expedición de la licencia y el domicilio en que debía observar el reposo domiciliario. Lo cual implicaba una infracción grave al principio de probidad. Evacuó descargos pidiendo se abriera un término probatorio de 20 días y se tuviera acompañado su historial médico y registro de actividades docentes para demostrar que no hubo eventos el día 14 de diciembre, pidió se tuviera a la vista su hoja de vida y ofreció testigos. Solo se abrió por un día y se dictaron todas las providencias en una sola oportunidad, lo que no dio tiempo para aportar y rendir prueba adecuadamente. Se rechazaron reposiciones al efecto, entendiendo el fiscal que no se encontraba obligado a recibir dichas probanzas. Finalmente, sí fue recibida la declaración de su testigo el día 7 de octubre de 2025 y se la citó a reunión para el día 8 en que se le notificó la destitución.

Argumenta sobre las garantías constitucionales conculcadas y pide que queden sin efecto las actuaciones verificadas en el procedimiento administrativo, se retrotraiga al estado en que se hallaba al 25 de mayo de 2025, con costas.

Segundo: Que la corporación municipal señala que, en efecto, se remitió por la Contraloría General de la República una nómina de funcionarios públicos con salidas al extranjero mientras hacían uso de licencia médica en el cual se les ordenó perentoriamente iniciar procedimiento disciplinario por “incumplimiento del periodo de reposo” para determinar la responsabilidad, entre ellos, de la señora nombre reservado. Cumpliendo esa orden, instruyó sumario según Resolución N°33/2025 de 23 de mayo de 2025. El proceso duró 5 meses y se dispuso la destitución según Resolución Ex. N°153 de 8 de octubre de 2025. Niega vulneraciones al debido proceso ya que se siguieron las directrices de la Contraloría General de la República que cita y transcribe. La recurrente presentó antecedentes y su parte incorporó diversas diligencias para generar la prueba correspondiente, cerrándose la etapa investigativa el 13 de septiembre de 2025.

Aclara que la recurrente fue debidamente notificada de la formulación de cargos y evacuó el traslado pidiendo se la absolviera y acompañó documentos. Se dio vista al fiscal proponiéndose sanción de destitución en una resolución que analiza las normas, descargo, prueba y antecedentes del proceso, de manera que se encuentra debidamente motivado.

Niega que exista vulneración a alguna garantía constitucional.

Tercero: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Cuarto: Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

Quinto: Que es evidente que lo que subyace al recurso es la disconformidad con la medida de destitución que le fue aplicada a la recurrente, quien se desempeñó como docente desde el año 1993, es decir, por 32 años, en la misma corporación municipal de Colina. Y sin que se haya argüido mala conducta funcionaria o desatención grave de sus labores docentes.

Sexto: Que, al respecto la recurrente aduce una serie de falencias de la etapa probatoria del sumario, así como de la cautelar de suspensión provisoria que le fue aplicada antes de la formulación de cargos.

Si bien de acuerdo a la normativa vigente tales observaciones no impidieron que la afectada conociera los cargos que se le formularon, pudiera responder y rendir probanzas, de la lectura atenta de la Resolución N°153 de 8 de octubre de 2025 que se acompaña, lo cierto es que el aspecto fáctico que motivó calificar la conducta como falta de probidad y aplicar la medida más grave de destitución fue la siguiente: “[…] se reunió evidencia de que la Sra. nombre reservado obtuvo la licencia con el propósito de adelantar el inicio de su periodo de vacaciones”. Lo que, sin embargo, de la observación del expediente correspondiente no fue fundamentado en ninguna prueba concreta; y es más, puso de cargo de la sumariada acreditar las dolencias patológicas, lo que hizo acompañando certificaciones médicas y resultados de exámenes, a los que ninguna reflexión se les dedica. Tal pareciera que como lo expresa el informe evacuado en estos autos, que la medida se tomó exclusivamente por entender que esa era la instrucción de la Contraloría General de la República, asunto que aleja la objetividad del sumario incoado.

De manera que dicho procedimiento tiene solo una apariencia de legalidad.

Séptimo: Que se echa en falta, entonces, un análisis objetivo de la hoja de vida funcionaria de la docente, quien -como se adelantó- llevaba más de 30 años en la institución. O de evaluar consistentemente la circunstancia cierta de padecer patologías crónicas tal como se desprende de los certificados acompañados en folio 7 de estos autos, conocidos del sumariante.

Tales consideraciones fueron accesibles para la recurrida, la que no enderezó la investigación hacia estos aspectos fundamentales.

Igualmente se echa de menos lo planteado en los descargos, respecto de la afectación al servicio, que constituye una de las cuestiones esenciales a la hora de aplicar la sanción máxima posible, severidad que resulta arbitraria sin dicha equiparación.

Octavo: Que no se trata, como otros casos que se han ventilado ante esta Corte, de licencias falsas obtenidas con el solo propósito de defraudar a la institución pública, para obtener un descanso vacacional indebido, sino una desafortunada coincidencia de un día en 32 años de docencia ininterrumpida.

Noveno: Que la arbitrariedad es motivo suficiente para tener por desafectada de una motivación justa la decisión de que se trata, razón por la cual se la dejará sin efecto la decisión adoptada, sin que ello importe un exceso de atribuciones que, como se explicó, son de resorte de esta Corte atendidos los bienes jurídicos en juego y la entidad de la infracción constatada.

Décimo: Que en efecto el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental establece que “[l]a Constitución asegura a todas las personas: 24°.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Propiedad sobre el derecho de empleo que sirve la recurrente funcionaria docente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina en una situación de pérdida irreparable de su cargo, en circunstancias que la falta no tiene la entidad que justifique tal medida por situarse fuera de los márgenes necesarios en el examen de toda prueba, sea que perjudique como beneficie a la investigada. Derecho que tiene la entidad de fundamental en la vida de una persona que se encuentra al término de esa actividad remuneratoria.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, y se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº153, de 8 de octubre de 2025, debiendo la entidad recurrida reestablecer la situación de la protegida al estado anterior al inicio del sumario.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Poza.

N°Protección-22469-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por el ministro señor Guillermo E. De La nombre reservado e integrada por la ministra señora Lidia Poza Matus y por el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo. No firma el ministro señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.