nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

C.A. de Santiago Santiago, doce de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Piero Palazzo Hauptli, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, mediante comunicación de fecha 07 de octubre de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que la recurrida fundó su negativa en la exigencia de apostillado de la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales —documento plenamente verificable por medios electrónicos—, incorporando así requisitos no contemplados en la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales del recurrente, específicamente, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceder, dentro de un plazo razonable, a la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Sostiene que don nombre reservado, profesional de nacionalidad venezolana, con título de Licenciado en Contaduría otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, el que se encuentra debidamente apostillado, presentó ante AFP Habitat S.A. una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156. Para sustentar dicha solicitud, el recurrente acompañó, entre otros antecedentes, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en septiembre de 2025, la cual acredita su afiliación desde el 08 de enero de 2015 y da cuenta de 156 semanas cotizadas, además de una declaración jurada notarial en que manifiesta su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional venezolano, y el contrato de trabajo suscrito con la empresa Dynamic Group Soluciones SpA.

No obstante lo anterior, indica que la recurrida rechazó la solicitud mediante comunicación de fecha 07 de octubre de 2025, sosteniendo que la constancia electrónica del IVSS no podía ser aceptada por carecer de firma y apostilla, y que las declaraciones del propio interesado son insuficientes para acreditar la cobertura previsional, sin perjuicio de haber reconocido que tanto el título profesional apostillado como la manifestación de voluntad expresada en el contrato de trabajo se encontraban conformes.

Sostiene, en primer término, que la Ley N°18.156 no impone como requisito legal la apostilla o legalización del documento que acredita la afiliación previsional extranjera, bastando únicamente que el trabajador se encuentre efectivamente afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen que contemple cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el respectivo contrato de trabajo.

Refiere que la constancia electrónica emitida por el IVSS es un documento auténtico, expedido por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, cuya validez puede ser verificada electrónicamente a través del portal oficial del IVSS, mediante el código alfanumérico único que cada constancia contiene, o bien ingresando directamente el número de cédula de identidad venezolana del afiliado. En consecuencia, aduce que la recurrida incurrió en una conducta omisiva al no proceder a la verificación electrónica que el propio recurrente le indicó expresamente, limitándose a rechazar la solicitud de forma genérica. Asimismo, invoca el criterio jurisprudencial establecido por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°28.881-2022, en cuya virtud se ha señalado que una interpretación excesivamente literal y formalista de la Ley N°18.156 desatiende la finalidad y la intención del legislador.

En lo que respecta a la afectación de las garantías constitucionales, sostiene que la conducta de la recurrida ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al establecer diferencias arbitrarias respecto de otros solicitantes en situación jurídica análoga que han obtenido respuesta favorable; el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3 del mismo cuerpo normativo, al no haber otorgado al recurrente la posibilidad de subsanar o complementar la documentación antes de emitir un rechazo definitivo; y el derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N°24 constitucional, al retener injustificadamente fondos previsionales que pertenecen al dominio del afiliado.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, y proceder a la efectiva devolución de los fondos previsionales del recurrente, o bien adoptar las providencias que el tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece doña Jimena Holtheuer Vergara, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., evacuando el informe solicitado por este Tribunal y solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

Sostiene, en primer término, que la acción constitucional de protección tiene naturaleza cautelar y está concebida para amparar el libre ejercicio de derechos claramente preexistentes e indubitados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, molesten o amenacen su ejercicio. En la especie, aduce que el recurrente no ha sido objeto de privación, perturbación ni amenaza alguna de tal naturaleza, sino que pretende ejercer por esta vía excepcional un derecho cuyo otorgamiento se encuentra supeditado al cumplimiento de requisitos legales objetivos que, a su juicio, no han sido debidamente acreditados. Agrega que, de existir controversia sobre la procedencia del beneficio, ésta requeriría de un juicio de lato conocimiento, siendo inadmisible su resolución por la vía del recurso de protección.

En cuanto al fondo del asunto, señala que don nombre reservado se afilió al sistema de pensiones el 2 de marzo de 2018 y a AFP Habitat el 1 de octubre de 2024, presentando con fecha 24 de septiembre de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos, acompañó, entre otros documentos, una fotocopia notarial de constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 30 de septiembre de 2025, carente de firma responsable y sin apostilla, junto a una declaración jurada notarial suscrita por el propio recurrente. Instruida la Fiscalía de la Administradora, emitió el informe legal F.D.E. N°758/2025 de fecha 3 de octubre de 2025, concluyendo que no resultaba procedente dar curso a la solicitud, por no haberse acreditado mediante documentación fehaciente la doble cobertura previsional exigida por la ley. Dicha resolución fue comunicada al afiliado mediante correo electrónico el 7 de octubre de 2025.

En cuanto al derecho aplicable, invoca las disposiciones de la Ley N°18.156, señalando que se trata de una norma especial y de excepción que debe interpretarse restrictivamente, toda vez que establece beneficios que importan una desviación del régimen general de cotizaciones previsionales. Indica que el artículo 1° de dicha ley exige, de manera copulativa, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo contenga la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación. Añade que, conforme al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, la acreditación de la afiliación extranjera debe realizarse mediante certificación debidamente legalizada o apostillada, siendo tal exigencia de carácter obligatorio para las administradoras. En igual sentido, invoca los Oficios Ord. N°24.472 de 2015, N°30.477 de 2011 y N°12.954 de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, los que de manera reiterada han establecido que los documentos extranjeros deben presentarse apostillados para producir efectos en Chile, precisando además que Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de La Haya, por lo que el mecanismo de apostilla se encuentra plenamente disponible. Complementariamente, invoca el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que establece la regla general de legalización de los instrumentos públicos otorgados fuera del territorio nacional, y el artículo 345 bis del mismo cuerpo legal, que reconoce como mecanismo alternativo la apostilla para los países signatarios del Convenio de La Haya de 1961.

Sobre la base de lo anterior, sostiene que la constancia electrónica presentada por el recurrente carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada, y que la verificación electrónica mediante código en el portal del IVSS no constituye un mecanismo de validación reconocido por el ordenamiento jurídico chileno para los efectos de otorgar valor probatorio a documentos emitidos en el extranjero, siendo dicha verificación de uso exclusivamente interno en Venezuela. Asimismo, señala que la declaración jurada suscrita por el propio interesado no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura previsional extranjera, por cuanto nadie puede constituir prueba en su propio favor mediante una declaración unilateral.

Expresa que en el presente caso no existe afectación al derecho de igualdad ante la ley respecto del recurrente, dado que los mismos requisitos son exigidos a todos los afiliados extranjeros que solicitan el beneficio, sin discriminación alguna. Respecto del derecho de propiedad, afirma que los fondos previsionales del recurrente permanecen íntegramente en su cuenta de capitalización individual, sin que hayan sido retenidos, desconocidos ni privados, pudiendo el recurrente acceder a ellos en conformidad con el D.L. N°3.500 en la oportunidad que corresponda, o bien presentar documentación apostillada para acogerse al beneficio de la Ley N°18.156.

Finalmente, la recurrida cita abundante jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones del país —incluyendo fallos de esta misma Corte y de las de Valparaíso y San Miguel—, así como pronunciamientos confirmatorios de la Excelentísima Corte Suprema en causas Rol N°17.872-2025 y Rol N°18.586-2025, todos los cuales, en casos de idéntica naturaleza, han rechazado recursos de protección por considerar que la exigencia de apostilla no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino la aplicación razonada de la normativa vigente.

En virtud de todo lo expuesto, la recurrida solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Habitat, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal citada, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida don Piero Palazzo Hauptli, abogado, en favor de don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, en contra de AFP Habitat S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección 22468-2025 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, doce de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.