Protección contra referido municipio

Santiago, dos de junio de dos mil quince.

Vistos:

1°) A fojas 1, doña nombre reservado, Administrador Público, Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Quinta nombre reservado, recurre de protección en contra del referido municipio, representado por su alcaldesa doña Carmen Gloria Fernández Valenzuela, por el acto arbitrario e ilegal consistente en su destinación a cometido funcionario, con el objeto de que realice labores distintas a su desempeño habitual, mediante el Decreto Personal N°58 de 27 de febrero de 2015.

Señala que mediante dicho acto se le han conculcado las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, su derecho a la honra y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2, 4 y 24, todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2°) Explica que posee una prolongada trayectoria como funcionaria, ejerciendo como Secretaria Municipal de la entidad edilicia recurrida desde el 16 de noviembre de 1992 hasta la fecha, y que durante dicho lapso siempre fue bien evaluada en los informes de desempeño y precalificación, observándose en distintas ocasiones que desarrollaba una gran carga de trabajo con una óptima calidad en su cometido.

Refiere que tales evaluaciones correspondían a distintos parámetros, tales como como rendimiento, condiciones personales y comportamiento; y que en el año 2013 obtuvo un puntaje total de 70, lo que importa integrar la Lista N°1 de Distinción; a lo que agrega que en el mismo período participó en diversos cursos de capacitación y seminarios de temas relacionados al índole municipal.

Señala que pese a lo anterior la autoridad edilicia, mediante un acto arbitrario e ilegal, dispuso su designación en cometido funcionario, ordenándole cumplir funciones muy distintas a las que le son habituales y regulares. Explica que por memorándum N°19 de 27 de febrero de 2015 la Alcaldesa de la municipalidad recurrida expresó que, conforme a las facultades que le confiere el artículo 75 de la Ley N°18.883 - Estatuto Administrativo de Funcionaros Municipales - se decretaría el cometido funcionario que se materializó a través del Decreto Personal N°58 dictado con la misma fecha.

Manifiesta que el acto recurrido es el referido decreto personal, mediante el cual se le designa en “cometido funcionario” para desempeñarse en dependencias municipales, y le encomienda, principalmente, la revisión de todos y cada uno de los reglamentos, manuales de procedimientos y proposiciones de ordenanzas, elaborados por las distintas Unidades Municipales, producto de la ejecución de los programas de mejoramiento de la gestión (PMG), años 2013 y 2014 y/o que se encuentren para revisión en la Dirección de Asesoría Jurídica y la elaboración de Manuales de los respectivos flujogramas de los procesos contenidos en cada una de estas propuestas de manuales.

Hace presente que un acto lícito pese a no contrariar norma legal alguna, puede ser arbitrario al derivar de un simple capricho o voluntad inmotivada de quien lo dictó o ejecutó, cuestión que resulta particularmente importante al someter a revisión lo obrado por una autoridad administrativa, en situaciones en que se ejercen facultades discrecionales.

Sin perjuicio de ello reclama en primer término la ilegalidad del referido decreto, toda vez que el artículo 75 de la Ley N°18.883, en el cual se funda, reconoce la figura del cometido funcionario, pero lo consagra para realizar “labores específicas inherentes al cargo” que los mismos funcionarios sirven, razonamiento que recogen también distintos dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República. Además, dicha figura jurídica, necesariamente debe importar el cumplimiento transitorio o por una extensión limitada de tiempo de dichas específicas labores, de lo contrario, se transformaría en una modalidad para separar veladamente a un funcionario del cargo para el cual fue nombrado.

Refiere que además fue conminada a desalojar las dependencias de la Secretaría Municipal, debiendo trasladare a la Dirección de Desarrollo Comunitario, y que el Decreto de Personal N°59, también de 27 de febrero de 2015, habría alterado el orden de precedencia en la subrogancia de la recurrente.

Expone que el artículo 20 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece las funciones de la Secretaría Municipal, entre las que se encuentran dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del Concejo, desempeñarse como ministro de fe; recibir, mantener y tramitar las declaraciones de intereses de la Ley N°18.575 y llevar el Registro de las Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

De dicho aserto colige que los cometidos que se le han encomendado son totalmente ajenos a los que debe desempeñar un Secretario Municipal conforme a la ley orgánica del ramo.

Alega también la arbitrariedad del acto reclamado, calificándolo de falto de criterio y mesura, pues la autoridad habría omitido al dictarlo, su vasta trayectoria y el fiel ejercicio de su cargo.

Manifiesta que se vulnera la igualdad ante la ley al encomendarle en forma arbitraria, caprichosa e ilegal funciones absolutamente ajenas a las que ejercía, no respetando la estabilidad en su cargo y su nombramiento; en cuanto a su derecho a la honra manifiesta que en el desarrollo del recurso se habría expresado la forma en que fue vulnerado, sin perjuicio de agregar que se ha mermado su buena fama y el prestigio ganado en 20 años de ejercicio del cargo de Secretaria Municipal.

Finalmente, se vulnera su derecho de propiedad al haberle privado en forma arbitraria e ilegal del derecho a permanecer en el cargo y a no ser removida por procedimientos ilegítimos.

Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto el Decreto Personal N°58 de 27 de febrero de 2015, ordenado su reincorporación al cargo de Secretaria Municipal y que se tomen los resguardos y medidas para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

3°) A fojas 17, por resolución de veinticinco de marzo del año en curso, esta Corte de Apelaciones, concedió la orden de no innovar solicitada por la recurrente.

4°) A fojas 48, la recurrida procede a evacuar el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso.

Arguye que el cometido funcionario contenido en el decreto impugnado se enmarca dentro de las labores propias de la Secretaría Municipal, y que por la minuciosidad que ha de ser tratado, necesita dedicación exclusiva de parte de un funcionario que posea el conocimiento y capacidades profesionales para realizarlos.

Explica que la municipalidad recurrida, atendida la carga de trabajo y falta de profesionales calificados, se encuentra considerablemente retrasada en la actualización de manuales, ordenanzas y reglamentos, por lo que para la alcaldesa, jefe superior del servicio recurrido, resultó indispensable que dicha labor fuera ejecutada por una profesional de experiencia y aptitudes académicas coincidentes con el perfil de la recurrente.

Ejemplifica el retraso acompañando las Ordenazas de Aseo y Prevención de Ruidos Molestos de la comuna, que datan de los años 1983 y 1985 respectivamente.

Señala que las buenas calificaciones y evaluaciones de la recurrente, al contrario de lo que se expone en el libelo, sí fueron consideradas para el encargo que le fue cometido, pero en forma positiva, puesto que las labores son propias de su profesión y cargo.

Alega la ausencia de arbitrariedad e ilegalidad del acto, haciendo presente en primer término que el cometido funcionario se encuentra consagrado en el artículo 75 de la Ley N° 18.883, norma que transcribe, y que diversos dictámenes de la Contraloría han venido a especificar el alcance de dicha noción o concepto, entendiendo qué significa para los funcionaros públicos el cumplimiento transitorio, dentro o fuera del lugar de desempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, ya sea de todas o ciertas tareas específicas, pero siempre inmanentes al empleo de planta o contrata que ocupa el servidor.

Señala que el acto impugnado cumple con todos los requisitos expuestos, puesto que se le asignó un cometido propio de su cargo y que por su especificidad requería dedicación exclusiva y el trabajo en otra dependencia municipal acondicionada para dicho fin.

Agrega que el decreto impugnado nunca hace alusión a que detente un carácter definitivo, ya que no se trata de una asignación permanente que pretenda separarla del cargo.

Hace presente que la recurrente ha seguido cumpliendo en forma regular sus funciones, como es el caso de su participación en la Junta Calificadora.

En cuanto a las funciones propias de la Secretaría Municipal reitera lo expuesto en el artículo 20 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero agrega que el Reglamento de Organización Interna y Funciones de la I. Municipalidad de Quinta nombre reservado del año 2004, suscrito por la misma recurrente en su calidad de Secretaria Municipal, prescribe en sus artículos 24 a 29 que dependen de la Secretaría Municipal tres unidades, secciones o departamentos, dentro de las que se comprende el Departamento de Decretos y Resoluciones, y que se comprende las actividades específicas del cargo (artículo 27 letra g) el Redactar los oficios, decretos, circulares y comunicaciones externas que le encomiende el Alcalde o el Concejo Municipal.

Por otro lado refiere que el artículo 29, al establecer las funciones del Departamento de Decretos y Resoluciones, dispone que le corresponde confeccionar, transcribir y registrar los decretos alcaldicios, resoluciones, ordenanzas, reglamentos, circulares, órdenes de servicios, oficios y demás resoluciones de acuerdo a los antecedentes del acto y ajustado a las normas vigentes.

Concluye de ello, que resulta inequívoco que en el acto impugnado se verifica el requisito esencial del cometido funcionario, cual es que la gestión encomendada verse sobre tareas propias del empleo para los cuales fueron nombrados los afectados.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías fundamentales expresa que resulta inverosímil que el acto impugnado amague el derecho a la igualdad ante la ley, y que la designación del cometido funcionario constituya una diferencia arbitraria o ilegal, ya que como expuso, la decisión no fue adoptada en forma caprichosa, y como se ha explicado, emana del estricto apego a la norma legal.

En lo concerniente al derecho a la honra manifiesta que no es posible desprender que el cometido encomendado merme su buena fama o prestigio, ya que la designación se fundó en sus aptitudes y capacidades profesionales, lo que además constituye un acto de buen servicio de la entidad edilicia y que responde a las necesidades generales de la comuna.

Finalmente, en cuanto a la presunta conculcación del derecho de propiedad, indica que la recurrente no ha sido despojada de su cargo, menos a través de un procedimiento ilegítimo, y que sigue cumpliendo varias de sus funciones habituales de Secretaria Municipal, como el integrar la Junta Calificadora, en su carácter de tal, los días 23, 24, 25 y 30 de marzo del actual.

En lo referente a la existencia de un Secretario Municipal subrogante, refiere que aquel constituye un mecanismo de reemplazo destinado a mantener la continuidad del Servicio, y según jurisprudencia administrativa, procede cuando se ejercen cometidos funcionarios, como en la especie, máxime si para ello se requiere dedicación exclusiva.

Solicita en definitiva el rechazo del recurso intentado, con costas.

Acompaña, por otrosí, diversa documentación de sustento, entre los cuales el Decreto N°58 impugnado, cuya copia está en sobre anexo al expediente.

5°)

A fojas 171, tuvo lugar la vista de la causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

Primero: Que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que, en un primer orden de ideas, no aparece existir una contradicción entre la situación fáctica descrita por la recurrente y aquella por la recurrida, esto es que en su calidad de Secretaria Municipal, fue destinada a cometido funcionario, sin fecha de término, a la realización de una labor especifica de actualizar diversas normas jurídicas emanadas de la I. Municipalidad de Quinta nombre reservado, en un lugar distinto de aquel en que normalmente desempeña sus funciones y, mientras desempeñe aquel cometido funcionario, ocupa su lugar con la calidad de subrogante, una tercera persona.

Tercero: Que, de otro lado, teniendo el carácter de funcionario público titular, con el cargo de Secretaria Municipal, resulta ser indubitada la existencia del derecho al ejercicio del mismo, y a percibir su remuneración, situación que tanto recurrente, como recurrida, también están contestes.

Cuarto: Que, en consecuencia, esta Corte ha de analizar, si respecto de los hechos que ambas partes coinciden en cuanto a su existencia y también en cuanto a la titularidad del derecho al cargo, existe o no ilegalidad y/o arbitrariedad en la destinación a un cometido funcionario a la recurrente, en los términos que dispone el Decreto Personal N°58 de 27 de febrero de 2015, cuya anulación por esta vía se solicita.

Quinto: Que, en un primer orden de ideas, el Decreto Personal N°58, en cuanto norma jurídica, dictada por una autoridad, necesariamente ha de cumplir con todos los requisitos de forma y fondo que para ellos se exigen, independiente de la autoridad que la extienda o la ley que faculte a la autoridad respectiva para dictarlo. En tal sentido, necesariamente ha de ser fundado, esto es que de su propio tenor pueda comprenderse cabalmente la motivación del mismo, la explicación de los fundamentos que sirven de base para la parte resolutivo.

Sexto: Que el Decreto impugnado, tiene como fundamento en su Vistos, los siguientes: (i) el Memorándum N°19, sin fecha, de Alcaldía, (ii) La providencia de 27 de febrero de 2015 del Jefe Dpto. Personal(s); (iii) Lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley N°18.883; y (iv) La facultad que confiere el artículo 63 letra i) de la Ley N°18.695. Los dos últimos, no requieren de mayor fundamentación, desde que son normas legales y su conocimiento se presume conocido por todos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil, sin perjuicio de que sean motivo de análisis posterior en el presente recurso. Sin embargo, prima facie, los dos primeros motivos o vistos del Decreto en cuestión, en nada apoyan el fundamento basal de la decisión que contiene el mismo, salvo que se recurra a ellos para su respectivo análisis y/o lectura, ello por cuanto sólo se remiten a citar el “Memorándum N°19, sin fecha, de alcaldía”, y “La providencia de fecha 27 de febrero de 2015, del Jefe Dpto. Personal (s)”, nada más, ignorando el lector del Decreto, el contenido de aquellas dos normas jurídicas que sirven de sustento basal para lo que se decreta.

Séptimo: Que, de otro lado, la facultad establecida en el artículo 75 de la Ley N°18.883 en el sentido que la autoridad respectiva pueda establecer cometidos funcionarios, no está en duda y es, una manifestación del Ius Variandii, que también existe en el derecho laboral privado, esto es, que un funcionario puede ser destinado transitoriamente a realizar labores diversas a aquellas que normalmente realiza, incluso en un lugar de trabajo distinto. Sin embargo, aquella variación está limitada y la destinación puede comprender otras tareas, siempre y cuando se encuentren dentro de aquellas que por cargo de planta o contrata le corresponda. De otro lado, el ejercicio de esa atribución necesariamente ha de ser fundado, puesto que en caso contrario puede contener un germen de afectación de los derechos funcionarios. De ahí que resulte relevante a efectos de determinar la ilegalidad o arbitrariedad de su ejercicio la fundamentación del acto.

Octavo: Que, como ya se ha dicho, el fundamento del ejercicio de la potestad legal de la autoridad pública de disponer cometidos funcionarios, no aparece de manifiesta en el Decreto Personal N°58 de 27 de Febrero de 2015, no hay en él contenido alguno que explique la necesidad del ejercicio de aquella potestad respecto de la recurrente, ni tampoco eventualmente porqué no podía ser destinada otra persona a aquel cometido funcionario.

Noveno: Que el Memorándum Interno N°19, en el que se apoya el Decreto Personal que se impugna por esta vía constitucional, hace referencia a la facultad que contempla el artículo 75 de la Ley N°18.883 respecto de los cometidos funcionarios y también cita los Dictámenes N°52.542 de “201” (sic), y 77.601 de 2014 de Contraloría General de la República, que explican el sentido y alcance de cometido funcionario -que transcribe-, destacando que estos deben ser “labores propias del cargo, pudiendo consistir en el ejercicio de todas las actividades que corresponden a este o de ciertas tareas específicas, siempre inmanentes al empleo de planta o contrata que ocupan”. Luego, toma en consideración el cargo de planta que ocupa la recurrente, como Secretaria Municipal y dispone la dictación del Decreto que destina a la recurrente al cometido funcionario.

A continuación, el mismo Memorándum N°19 alude a la vasta experiencia de la recurrente y luego lista las funciones que deberá desempeñar en el cometido funcionario, esto es, “la revisión de todos y cada uno de los Reglamentos, Manuales de Procedimiento y proposiciones de Ordenanza elaboradas por las distintas unidades Municipales, producto de la ejecución de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2013 y 2014 y/0 que se encuentren para revisión en la Dirección de Asesoría Jurídica y la elaboración en los casos de Manuales de los respectivos flujogramas de los procesos contenidos en cada una de estas propuestas de manuales”.

Agrega, el Memorándum en análisis que el cometido “permitirá a la Dirección de Asesoría Jurídica proceder a la revisión y posterior envío en el caso de propuestas de Ordenanzas y Reglamentos a la Comisión sobre esta materia, del H. Concejo Municipal, para posteriormente ser puesto en tabla de Concejo, para consideración de cada uno de sus miembros”. El párrafo tercero del Memorándum N°19, expone “Respecto de los Manuales de Procedimiento, una vez revisados y elaborados sus respectivos flujogramas, deberán remitirse a la Dirección de Asesoría Jurídica, para su revisión y posterior dictación del Decreto Alcaldicio que lo Sanciona”. El penúltimo párrafo señala “para lo anterior, deberá solicitara cada una de las Direcciones Municipales, a la Dirección de Asesoría Jurídica y en el Caso de Mejoramiento de Gestión año 2013 y 2014 al a Dirección de Control, que le remitan los respectivos ejemplares”. Concluye, indicando el lugar en que desempeñará el cometido funcionario que se le asignará por posterior Decreto.

Décimo: Que del análisis del Memorándum N°19 antes transcrito, en contraste con lo informado por la recurrida, existen diferencias que esta Corte no puede dejar de observar. A fojas 49 de estos autos, la recurrida expresa que “debido a la gran carga de trabajo que significa para algunas direcciones la actualización constante de manuales y ordenanzas, la baja cantidad de profesionales calificados para la realización de este cometido, se encuentra con un retraso considerable en la actualización de manuales, ordenanzas y reglamentos”. Nada de ello, aparece en el Decreto Persona N°58 impugnado, ni en el Memorándum N°19 que le sirve de fundamento basal.

A continuación, el mismo informe, expresa “Para el Jefe del Servicio, la alcaldesa, resulta indispensable, que esta labor de regularización sea realizada por un profesional con la experiencia necesaria, las aptitudes académicas y el compromiso con el quehacer municipal, cualidades que son encontradas precisamente en la funcionaria recurrente”, pues bien, nada de eso refieren las normas referidas en el párrafo anterior.

Undécimo: Que del Memorándum N°19, que es el sustento de la facultad ejercida por la autoridad alcaldicia, aparecen diversas actividades o tareas a realizar por la recurrente. Entre ellas REVISAR diversas normas jurídicas y ELABORAR manuales de FLUJOGRAMAS de procesos, mas no se indica para qué es necesario revisar normas jurídicas, ni menos porqué la persona que ha sido designada para el cometido deba realizar flujogramas o diagramas de flujo de procesos y resumirlos en manuales de procedimientos.

Duodécimo: Que, la misma norma interna señala que con la ejecución del cometido, la Dirección Jurídica podrá “REVISAR” y posteriormente enviar propuestas de Ordenanzas y Reglamentos al H. Concejo Municipal, de lo cual se desprende, que parte relevante del cometido es efectuar una labor que esencialmente corresponde a la Dirección Jurídica, cuya cabeza es el Director Jurídico. Al respecto, el artículo 15 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades establece claramente la existencia de una Secretaría Municipal y de diversas Direcciones, Departamentos, Secciones u Oficinas, una de ellas tal como indica la norma “de asesoría jurídica”, debiendo a lo menos existir, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica en Comento, una Secretaría Municipal y otras secciones que la norma indica, sin mencionar a la jurídica, salvo que la comuna tenga más de cien mil habitantes, en cuyo caso, la Dirección o División Jurídica necesariamente ha de existir. Por lo expuesto en el informe y en las normas señaladas, resulta que la recurrida debiera tener Dirección Jurídica.

Décimo Tercero: Que, por su parte, el artículo 20 de la ley N°18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece las funciones de la Secretaría Municipal, entre las cuales no aparece expresamente que aquellas que se le han encargado por el cometido funcionario correspondan a las que la ley encarga. Es decir, del tenor literal no desprende que tenga por función la relacionada con la revisión de diversas normas jurídicas y, por cierto, menos aparece como función la creación de flujogramas, ni de manuales de procedimientos.

Décimo Cuarto: Que, en el caso de autos, no se observa justificación alguna en el Decreto Personal N°58 de 27 de Febrero de 2015, que dé cuenta del atraso municipal en la recopilación de normativa jurídica a que hace referencia la recurrida en su informe, ni existe fundamentación que explique porqué la recurrente es persona apta e idónea o indispensable para la realización de flujogramas procedimentales, máxime si posteriormente su labor ha de ser utilizada como fuente por otra Dirección, la Jurídica, que pudiera tener entre sus atribuciones la revisión y recopilación de normativa jurídica.

Décimo Quinto: Que, por lo antes expresado, aquella falta de fundamentación, necesariamente torna el Decreto Personal N°58 de 27 de Febrero de 2015 y, por extensión, también al Memorándum N°19 de misma fecha, en normas arbitrarias.

Décimo Sexto: Que no está en discusión la facultad legal de la autoridad alcaldicia de disponer cometidos funcionarios. Con todo, ya se dijo que esa atribución tiene como limitación que no ha de destinarse a funciones diversas a las que el funcionario público ejerce, desviación que queda especialmente de manifiesto respecto de la realización de flujogramas de procesos que se asigna, labor que no está comprendida dentro de aquellas que enuncia el artículo 20 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y, respecto de la función de revisar diversa normativa, su legalidad queda igualmente en entredicho en cuanto se traduce en disponer la recopilación de toda la normativa emanada de las diversas direcciones y no sólo aquella referida a los Decretos Alcaldicios y actas del Concejo. En consecuencia, resulta también que el Decreto Personal N°58 y el Memorándum N°19 que lo sustenta pueden ser tachados de ilegales desde que alteran las funciones de la Secretaria Municipal a otras diversas que aquellas que le asigna el artículo 20 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Décimo Octavo: Que en cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, se afecta el derecho de propiedad sobre el cargo de Secretaria Municipal y con ello se lesiona el legítimo derecho que le asiste a la afectada para ejercer en plenitud las funciones que la ley encarga a quien sirva el cargo de Secretario o Secretaria Municipal. Por otro lado, se afecta la igualdad de trato. El cartabón para la discriminación carente de razonabilidad a que se alude está precisamente dado por la descripción legal del cargo y, desde esa óptica, se produce una diferenciación arbitraria a través de la asignación de tareas que no forman parte de la función inherente a la Secretaría Municipal.

Décimo: Que, por lo razonado precedentemente, esta Corte acogerá la acción de protección y haciendo uso de las facultades para restablecer el imperio del derecho, no solamente se pronunciará respecto del Decreto Personal N°58 de 27 de Febrero de 2015, sino también respecto del fundamento del mismo que es el Memorándum N°19 de misma fecha de la señora Alcaldesa de la I. Municipalidad de Quinta nombre reservado, todo en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por esas consideraciones y visto además en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE CON COSTAS, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Quinta nombre reservado, representado por su alcaldesa doña Carmen Gloria Fernández Valenzuela y se declara:

(i) Que, se dejan sin efecto tanto el Decreto Personal N°58 de 27 de Febrero de 2015, como asimismo el Memorándum N°19 de 27 de Febrero de 2015, ambos de la I. Municipalidad de Quinta nombre reservado.

(ii) Que, consecuentemente, se dispone la restitución inmediata y en pleno ejercicio de sus funciones en el cargo de Secretaria Municipal de I. Municipalidad de Quinta nombre reservado a la recurrente de autos doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción señor nombre reservado, quien no firma por ausencia.

N° Protección 22.427 - 2.015.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras, e integrada además por el ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por el abogado integrante señor José Luis Lopez Reitze.