nombre reservado con COLEGIO ADVENTISTA LA FLORIDA

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo don nombre reservado quien interpone en su favor recurso de protección en contra del Colegio Adventista de La Florida, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber expulsado al protegido del colegio como medida disciplinaria, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a dejar sin efecto la medida de expulsión, permitiéndole permanecer en el mismo colegio.

Relata que la medida adoptada por la recurrida se debe a que su hijo golpeó al encargado de convivencia escolar, debido a su insistencia de vincularlo con otro alumno para mejorar la relación entre ellos, lo que el protegido no quería bajo ninguna circunstancia, ya que se irrita, enoja y niega a compartir con él en cualquier actividad.

Hace presente que desde el año 2022, el recurrente fue diagnosticado con autismo, por lo que fue ingresado al programa PIE en el año 2023, desde julio de 2023 se encuentra en tratamiento psicológico, y desde noviembre y diciembre del mismo año registra consumo de fármacos y atención con psiquiatra, respectivamente.

Agrega que el protegido es parte del establecimiento desde el año 2023, desde el curso kínder, y nunca ha faltado a la verdad en relación con sus datos médicos, y es la razón por la que escogió el establecimiento educacional, explicando que se le dio aviso a través de un correo electrónico de una reunión importante con el colegio en la primera semana de septiembre, a la que no pudo asistir por motivos personales y laborales, acercándose al colegio semanas después, dándole aviso de la suspensión de matrícula año 2024, a la que se negó, descartando que el término del año fuera online.

Expone que el colegio le explicó que el niño debe ser sancionado por lo grave de la situación, pero que ello no considera los avances que ha tenido el protegido en el establecimiento educacional, siendo la medida adoptada por el colegio un retroceso en su vida, al tener que buscar un nuevo colegio y adaptarse a un medio que no conoce, siendo una medida que vulnera sus derechos y que solicita en definitiva sea dejada sin efecto.

Para acreditar sus alegaciones, acompaña a estos autos como instrumentos; 1) Documento Folio CAS-89451-G4J1P3 de la Superintendencia de Educación, de 14 de noviembre de 2024; 2) Correos electrónicos intercambiados con nombre reservado, inspector general del Colegio Adventista de La Florida.

Segundo: Que, informa don nombre reservado, Jefe del departamento de Denuncias de la Superintendencia de Educación, quien informa al tenor de la acción de protección deducida, Expone que como Superintendencia están facultados para fiscalizar que los establecimientos educacionales se ajusten a la normativa, controlar la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores que reciban financiamiento estatal y atender las denuncias y reclamos de las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, destacando en relación con la acción de protección deducida que dentro de sus facultades también está el resguardo de la buena convivencia escolar y las medidas de seguridad que se adopten para prevenir y enfrentar el maltrato escolar y el resguardo de la salud mental de los estudiantes.

Refiere en este sentido que la normativa educacional vigente en la aplicación de medidas disciplinarias exige que las mismas se encuentren contenidas en el reglamento interno del establecimiento y que se ajusten al principio de legalidad en dos sentidos. El primero, requiere que las disposiciones contenidas en los reglamentos internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para aplicar medidas disciplinarias; y el segundo, que solo se podrán aplicar las medidas contenidas en el reglamento interno, por las causales establecidas en este, y mediante procedimiento determinado en el mismo.

Explica respecto de la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula en establecimientos educacionales regidos por la ley de subvenciones que este procedimiento disciplinario puede iniciarse ya sea que sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno o porque afecten gravemente la convivencia escolar, y por lo mismo la normativa es explícita en señalar que la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el o la directora por el o la directora del establecimiento.

Sostiene que según el artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones, dispone que se entenderá que afecta gravemente la convivencia escolar, entre otros, los actos cometidos por los alumnos de un establecimiento educacional que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, medida que igualmente se encontrará limitada a los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación arbitraria.

Hace presente en relación con la normativa educacional relacionada con párvulos o estudiantes con trastorno del espectro autista, que la Ley General de Educación se inspira, entre otros, en el principio de integridad e inclusión, que propende a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes, así como a que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, nacionalidad o religión, y que lo anterior debe vincularse con la Ley de Autismo, que en su artículo 3 da especial relevancia a los principios de trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género, neurodiversidad y seguimiento continuo.

Detalla respecto a la presente acción con fecha 6 de septiembre de 2024, el director del establecimiento recurrido informó a la Superintendencia de Educación el expediente de cancelación de matrícula, que quedó registrado bajo el código ECM-CAS-81101-J5N7F2, el que actualmente se encuentra en revisión de admisibilidad por parte de la unidad regional de protección de derechos educacionales de la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación.

Precisa finalmente que, según los registros del Ministerio de Educación, el protegido aún se encuentra matriculado en el establecimiento educacional recurrido, pero que el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) es administrado por el Ministerio de Educación, siendo aquel el organismo competente para remitir cualquier información referente a matrículas, cupos, promociones y evaluaciones.

Tercero: Que, informa don Ítalo Opazo Muñoz, abogado, en representación de la Fundación Educacional Graciela Carvajal, sostenedora del Colegio Adventista de La Florida, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Sostiene en primer término que el recurso de protección debe ser rechazado por interponerse de forma extemporánea, ya que, contrario a lo manifestado por la recurrente, se le notificó personalmente de la cancelación de matrícula para el año 2025 con fecha 5 de septiembre de 2024, informándosele en el mismo acto tanto del plazo de apelación que tenía para recurrir de la decisión, que no presentó, como sobre el sistema de admisión escolar y la posibilidad de postular oportunamente en el período complementario disponible, negándose a firmar el documento. En este sentido, el protegido dejó transcurrir los plazos sin hacer presentación alguna, que solo se materializó el 14 de noviembre de 2024 con una denuncia ante la Superintendencia de Educación y recurriendo de protección ante esta Corte de Apelaciones, no pudiendo prosperar la acción deducida por haber transcurrido el plazo de treinta días desde la acción que denuncia.

Explica, en subsidio y en cuanto al fondo, que previo a la notificación de cancelación de matrícula y conforme a los protocolos y reglamento del establecimiento de los años 2023 y 2024, el protegido manifestó desde su llegada al colegio hostilidad con sus compañeros y profesores, y agresiones físicas y verbales en su contra, actitudes que por su persistencia en el tiempo activaron diversos mecanismos del Manual de Convivencia, desde citación de apoderados, derivación a OPD, y Tribunal de Familia por posible vulneración de derechos, hasta estrategias de contención y ayuda psicológica, entre otras acciones.

Relata que por sus reiterados incumplimientos a la normativa de convivencia escolar, y por diversas acciones, se aplicaron a su respecto y de manera progresiva sanciones de suspensión, conforme el reglamento interno y manual de convivencia, siendo la primera suspensión con fecha 3 de abril de 2023 por agredir a un docente, lo que escaló hasta la cancelación de su matrícula el 5 de septiembre de 2024, luego de otras cuatro suspensiones aplicadas por agresiones físicas a docentes y compañeros, luego de lo cual incluso existió una sexta suspensión, con fecha 9 de septiembre de 2024, por agresiones físicas y verbales a compañeros, docentes y funcionarios.

Expone que como establecimiento educacional y no obstante lo afirmado por la apoderada, el Colegio solo ha recibido un certificado que el alumno tiene “rasgos TEA”, y solo cuentan con un certificado de diagnóstico de “trastorno por déficit atencional con hiperactividad”, además, que se confunden ciertos términos en la acción deducida, por cuanto el protegido no ha sido expulsado del colegio, sino que se le canceló la matrícula para el año 2025, lo que no ocurrió por un hecho puntual como hace mención en la acción deducida, sino por situaciones acaecidas desde el inicio del año escolar 2023, demostrando el niño nombre reservado una conducta agresiva y violenta hacia sus compañeros, docentes y asistentes de la educación, lo que en definitiva motivó la apertura del protocolo frente a violencia escolar de un estudiante a un estudiante y de un estudiante a un adulto.

Arguye que el colegio ha implementado una serie de medidas de apoyo en un esfuerzo por reconducir el comportamiento del protegido, en lo que se denominó “plan de acompañamiento”, que no tuvo éxito, a pesar del trabajo sistemático semanal y diario para posibilitar un cambio positivo que permitiera garantizar la seguridad y respeto en el entorno escolar.

Puntualiza finalmente que no ha existido de parte de la recurrida un actuar arbitrario o ilegal, toda vez que el acto arbitrario o ilegal sería la cancelación de la matrícula para el año 2025, en circunstancias que ello ha tenido fundamentos concretos y ya explicitados, y dándole además todas las instrucciones para matricular a su hijo en otro colegio, sin perjuicio de lo cual ha dejado pasar el tiempo para tomar los resguardos para proteger el supuesto derecho conculcado, esto es, el derecho a la educación, desatendiendo los plazos y procedimientos que se han establecido para buscar y matricular en otro lugar al menor. En este sentido, el colegio no actuó al margen de la normativa educacional ni ha existido indefensión en el protegido, por lo que al no existir vulneración de garantías ni un actuar arbitrario o ilegal, solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

Para acreditar sus alegaciones, acompaña como instrumentos a estos autos: 1) Notificación de la cancelación de la matricula; 2) Medidas cautelares; 3) Actas de reuniones sobre medidas de apoyo; 4) Medidas de acompañamiento; 5) Plan de acompañamiento estudiante TEA; 6) Plan de acompañamiento; 7) Registro de anotaciones 1° SEMESTRE 2024; 8) Registro de anotaciones 2° SEMESTRE; 9) Protocolo de intervención desregulación; 10) Activación de Protocolos; 11) Consejo disciplinario; 12) Entrevistas apoderadas; 13) Medidas Cautelares de Acompañamiento; 14) Certificados Médicos; 15) Informe de cancelación de matrícula; 16) Medidas cautelares; 17) Reglamento Interno 2024.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, al tenor del contenido de la acción deducida, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de que la recurrida canceló la matrícula del año 2025 del protegido, debido a que golpeó al encargado de convivencia escolar, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República, debiendo determinar esta Corte si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

Sexto: Que el recurrido, Colegio Adventista de La Florida, arguye que lo expresado por el recurrente no es efectivo, y que la medida disciplinaria no se adoptó por un hecho puntual, sino por una serie de hechos que ocurrieron durante el inicio del año escolar 2023, siendo el actuar del protegido recurrente y sistemáticamente violento contra los demás miembros de la comunidad escolar, lo que determinó la adopción de la medida, debido a que las medidas adoptadas previamente no tuvieron el resultado esperado de cambiar el comportamiento del estudiante.

Séptimo: Que, como se advierte de lo señalado, y de los antecedentes acompañados a estos autos, frente a la conducta persistente del alumno contraria a las reglas de convivencia escolar, la Dirección del Colegio adoptó varias medidas para afrontar la situación y modificar el comportamiento del menor, sin éxito.

Esas medidas se desplegaron en el tiempo de manera paulatina, y a diversos niveles, y en el caso de las medidas sancionatorias, se impusieron de manera gradual y conforme con las infracciones cometidas, materializándose la decisión de no renovar la matrícula del alumno solo después de que se habían acordado compromisos, se había amonestado, suspendido y sujeto al alumno a matrícula condicional, sin que se advirtiera un cambio en su conducta.

Octavo: Que el Reglamento de Convivencia Escolar que rige al Establecimiento Educacional recurrido y que se acompañó a los autos, contempla con claridad los deberes de los estudiantes, así como las conductas que son constitutivas de faltas leves, graves y muy graves. De la misma manera, prevé las diversas medidas que pueden ser adoptadas en caso de que estas concurran.

En el apartado de medidas sancionatorias, y particularmente respecto de la cancelación de la matrícula, el citado reglamento refiere que se entiende como la negación de matrícula a partir del año siguiente, y será considerada en aquellos casos en que las conductas afecten gravemente la convivencia escolar, luego de haber puesto en conocimiento al estudiante y su familia sobre las dificultades de comportamiento y de haber implementado las medidas formativas y de apoyo psicosocial pertinentes, lo que ocurrió en este caso.

Noveno: Que, en estas circunstancias, y teniendo en consideración que la no renovación de matrícula se impuso al protegido siguiendo el procedimiento previsto en el Reglamento de Convivencia Escolar, y derivado como consecuencia de las distintas situaciones descritas en estos autos, no se advierte una actuación contraria a derecho del establecimiento al aplicar la medida adoptada, respecto de la cual la madre del recurrente no apeló dentro de plazo.

Que tampoco se advierte que el menor haya sido discriminado por su condición, cuya acreditación ante el establecimiento escolar resultó por lo demás discutida, toda vez que la sanción que se le impuso tiene como antecedentes conductas objetivas que ejecutó y que son constitutivas de faltas graves a la convivencia escolar de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del colegio recurrido.

Décimo: Que, en adición a lo anterior, y habida cuenta que la medida de no renovación de la matrícula se impuso solo luego de haberse explorado otras medidas de diversa clase, así como sanciones de menor entidad que esta que no resultaron disuasorias, no se advierte tampoco arbitrariedad en la decisión adoptada.

Undécimo: Que lo anterior, permite arribar a la conclusión de que la decisión del establecimiento educacional no es ilegal ni arbitraria, razón por la que la acción de protección intentada debe rechazarse.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de don nombre reservado quien interpone en su favor recurso de protección en contra del Colegio Adventista de La Florida.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22425-2024.