nombre reservado con HOSPITAL CLÍNICO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE

Santiago, nueve de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Lucciano Carrasco Jeria en representación de doña nombre reservado e interpone acción constitucional de protección en contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile -en adelante la Universidad-, representada por su rector, don nombre reservado, por haber incurrido en el acto arbitrario e ilegal de haber sancionado disciplinariamente a la recurrente, por haber comunicado a cinco personas que la protegida fue víctima de hechos de violencia sexual, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5° y 12° de la Constitución Política de la República, solicitando el restablecimiento del imperio del derecho.

Al efecto explica que la protegida fue sancionada en un procedimiento disciplinario seguido por la Universidad, por haber comunicado a cinco personas que fue víctima de hechos de violencia sexual, que no quiso denunciar ni que fueran conocidos por la Universidad. Sin embargo, el presunto agresor se auto denunció y se instruyó el procedimiento disciplinario, en el que fue obligada a declarar bajo juramento y promesa sobre los hechos en contra de su voluntad. Agrega que en dicho procedimiento se tuvo por acreditado que la protegida comunicó los hechos a cinco estudiantes en contextos acotados y sin referirse a los sucesos concretos, pero aun así se le sancionó disciplinariamente por contravenir “los principios que rigen a la Pontificia Universidad Católica de Chile”.

En cuanto al procedimiento y sanción impuesta por la Universidad a la protegida, hace presente que ella es estudiante de Derecho y 26 de octubre de 2022, luego de la votación de la Federación de Estudiantes de la Universidad, en la que participaba en el movimiento político “Avanzar”, permaneció en la Universidad desde las 08:00 horas hasta la mañana del día siguiente y luego del conteo de votos, nombre reservado, estudiante de ingeniería civil, quien también participaba del movimiento, le ofreció trasladarla a su domicilio junto al estudiante nombre reservado, al que dejó en su domicilio, quedando luego ambos a solas, momentos en que nombre reservado comentó a la recurrente que tenía sueño y no podía seguir manejando, dirigiéndose los dos a la oficina de la campaña electoral, ubicada en Tobalaba, donde se acostaron en unos colchones dispuestos para el descanso, por separado, pero la recurrente se cayó del colchón y nombre reservado la subió al colchón que él utilizaba y mientras ella estaba en un estado de somnolencia comenzó a tocarla y acariciarla, le dio un beso, se subió encima de ella y le tocó sus pechos por sobre y bajo de sus vestimentas, deteniéndose ante la falta de consentimiento de la recurrente, pidiéndole que fueran a su departamento, manifestado ella diversas excusas, trasladándola finalmente a su domicilio, representándole que no lo dejara entrar al departamento, momento desde el cual no volvió a hablar con nombre reservado ni interpuso una denuncia en la Universidad, limitándose a conversar de esa situación con personas específicas y determinadas de su círculo íntimo y luego de sufrir un ataque de pánico por el que debió ser contenida, se enteraron otras personas de lo ocurrido, de manera general y sin referir acciones concretas, ya que no quería que los hechos de violencia sexual se expusieran frente a sus compañeros y profesores y afectaran su vida universitaria y su participación el movimiento político.

En cuanto a la autodenuncia de nombre reservado por los hechos de violencia sexual en contra de recurrente, explica que éste, el 26 de septiembre de 2023 se autodenuncio ante la Secretaria General de la Universidad por los hechos de violencia sexual y una supuesta agresión física en contra de la recurrente, afirmando que se han divulgado rumores en detrimento de su honra y credibilidad por parte de la recurrente y otros dos estudiantes, entregando el mismo su versión de los hechos sobre lo ocurrido el 27 de octubre de 2022 y el 13 de marzo de 2023, oportunidad en que mantuvo una discusión pública con doña nombre reservado y que ésta comunicó a terceros que él la había intentado golpear, lo que no fue acreditado. Ese último día nombre reservado recriminó a la protegida por no haber preparado al exponente, discutiendo ambos en la entrada del Campus San Joaquín, siendo nombre reservado apartado por un amigo del mismo y retirado lugar.

En cuanto a la instrucción del proceso de responsabilidad y la declaración de la víctima, señala que luego de la autodenuncia de nombre reservado, la Universidad, mediante la Resolución de Secretaría General N°481/2023, de 05 de septiembre de 2023, ordenó la instrucción de diligencias de investigación para efectos de determinar la procedencia de iniciar un Proceso de Responsabilidad, a efectos de hacer efectiva a responsabilidad disciplinaria de los estudiantes y académicos, en el que se citó a la recurrente, obligándola a comparecer y responder bajo juramento o promesa sobre los hechos de violencia sexual ocurridos el 27 de octubre de 2022, contra su voluntad, revictimizándola, advirtiéndose de su declaración que ella no quiso denunciar los hechos de violencia sexual ni que éstos fueran conocidos por terceros y que a las personas a las que se los refirió, lo hizo en términos amplios, que nunca los dio a conocer en forma generalizada y que tampoco efectuó una funa en contra de nombre reservado.

Enfatiza que la recurrente no quiso ni manifestó su consentimiento para que la Universidad se impusiera de los hechos y su declaración no se origina por una denuncia interpuesta por ella, sino por la autodenuncia de nombre reservado y la decisión de la Secretaría General de instruir diligencias preliminares para evaluar el inicio de un proceso disciplinario, encontrándose obligada por los artículos 15 y 16 del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, a comparecer y a declarar ante el fiscal y no se le hizo presente que de acuerdo con el artículo 19 de dicha normativa la denuncia ante la Secretaría General será siempre un derecho de la víctima, siendo compelida a explayarse sobre las tocaciones sufridas y las personas, términos y circunstancias a quienes contó lo sucedido. El consentimiento informado que se inserta en el expediente administrativo se limita a informar que la Universidad cuenta con la Unidad de Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, de Género y Discriminación, con el Programa de Asesoría Legal y Judicial y el Servicio de Asesoría Jurídica, pero en ningún caso se establece que la recurrente manifestara su voluntad para que los hechos fueran conocidos por la Universidad.

En cuanto a la formulación de cargo en contra de la recurrente y el sobreseimiento de nombre reservado, refiere que en la instrucción de las diligencias previas se tomó declaración a 11 estudiantes, incluyendo los involucrados, cerrándose la investigación el 27 de octubre de 2023. Posteriormente por Resolución de Secretaría General N.º 17/2024, de 12 de enero de dicho año, se ordenó la realización de un Proceso de Responsabilidad, para determinar la efectividad de los hechos y hacer efectiva la eventual responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder, formulándose cargos en contra de la estudiante nombre reservado de conformidad al artículo 10 inciso primero letra ñ), esto es, “Cometer cualquier conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad Universitaria…” “al haber señalado a múltiples miembros de la comunidad universitaria, hechos de violencia sexual y verbal que supuestamente habría sufrido por parte del estudiante nombre reservado, viéndose afectada su relación con otros estudiantes, y la percepción de estos respecto él”.

En contraposición, añade, propuso sobreseer a nombre reservado, reconociendo el derecho de la víctima a formular la denuncia y reconociendo la inexistencia de una denuncia de la estudiante nombre reservado en contra de nombre reservado.

En cuanto al incidente de nulidad por la improcedencia de la figura de la autodenuncia respecto de hechos de violencia sexual promovido, hace presente que la recurrente en el procedimiento de responsabilidad formulo la alegación de falta de legitimación activa del auto denunciante y la infracción al artículo 19 del Reglamento mencionado, que reconoce la denuncia como un derecho de la víctima, por lo que Universidad debió abstenerse de iniciar, conocer y pronunciarse sobre los hechos en un procedimiento disciplinario sin el consentimiento de la víctima. Dicho incidente fue rechazado por Resolución de Secretaría General Nº 368/2024, de 25 de junio de 2024, fundada en que el proceso fue iniciado por las imputaciones de haber cometido actos de violencia sexual efectuadas en contra de nombre reservado y no por los hechos de violencia sexual, quedando a salvo el derecho de la víctima de denunciar o no, distinción que estima artificiosa y que fue reiterada como alegación de fondo.

En cuanto a los descargos de la protegida y sus declaraciones, señala que se opusieron las alegaciones de a.- Falta de legitimación activa del “auto denunciante” para efectos de iniciarse un procedimiento de responsabilidad por hechos de violencia sexual; b.- En subsidio, excepción de prescripción; c.- En subsidio, falta de especificación y de tipicidad de los cargos efectuados; d.- En subsidio, inexistencia de hechos acreditados que sustenten la formulación de cargos y, en definitiva, la imposición de sanción alguna; e.- En subsidio, realidad de los hechos ocurridos; f.- En subsidio, atenuantes de responsabilidad, todas las cuales fueron desestimadas.

En cuanto al informe del fiscal y la sanción impuesta a la recurrente, refiere que se recomienda la de amonestación verbal, pero sin entregar mayor fundamento.

En cuanto al recurso de reconsideración y ratificación de la sanción, indica que a través de la reconsideración reiteró las alegaciones de los descargos y rebatió el informe del fiscal, rechazándose a través de Resolución de Secretaría General N° 639/2024, de 02 de octubre de 2024.

Sostiene la recurrente que la Universidad vulneró los derechos fundamentales de la recurrente, al sancionarla disciplinariamente, afirmando que:

1.- La Universidad investigó y sancionó hechos que se encuentran fuera del ámbito de competencia de su potestad disciplinaria, afectando la igualdad ante la ley y constituyéndose como una comisión especial, infringiendo los numerales 2 y 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al sancionar a doña nombre reservado, haciéndola acreedora de una consecuencia jurídica que no resulta aplicable a los hechos que se tuvieron por acreditados en el procedimiento disciplinario. Se afecta su derecho a la igualdad frente a los demás estudiantes, pues se le está aplicando la potestad disciplinaria indebidamente, ya que la Universidad debió abstenerse de sancionar los hechos en cuestión, careciendo de competencia para ello, erigiéndose como una comisión especial.

2.- La Universidad instruyó un procedimiento disciplinario respecto de hechos de violencia sexual contra la voluntad de la víctima, infringiendo la igualdad ante la ley, vulnerando el numeral 2 del artículo 19 citado y contraviniendo el artículo 19 del Reglamento sobre Violencia Sexual, Violencia y Discriminación de Género en Contexto Universitario, al desconocer el derecho de la víctima a la denuncia. La recurrente no denunció los hechos de violencia sexual contra nombre reservado, por lo que autodenuncia no debió ser admitida.

3.- La Universidad sancionó a la recurrente afirmando que se vulneraron principios sin especificarlos ni detallarlos de manera alguna, desde el artículo 10 inciso primero, letra ñ) señala: Cometer cualquier conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad Universitaria…”, fundándola en “haber señalado a múltiples miembros de la comunidad universitaria, hechos de violencia sexual y verbal que supuestamente habría sufrido por parte del estudiante nombre reservado, viéndose afectada su relación con otros estudiantes, y la percepción de estos respecto él”. La recurrente aún no tiene conocimiento cuál sería el principio supuestamente infringido por su actuar, lo que vulnera el numeral 2 de la Constitución Política de la República.

4.- La Universidad revictimizó a la estudiante nombre reservado afectando su integridad psíquica y su derecho a la privacidad al someterla a un procedimiento sobre hechos relativos a su indemnidad sexual sin su consentimiento, obligándola a declarar sobre hechos de violencia sexual, bajo juramento y promesa, infringiendo, además, los artículos 4 y 6 de la Ley N° 21.369, infringiendo los numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

5.- La Universidad sancionó a la Srta. nombre reservado por comunicar los hechos de violencia sexual que padeció vulnerando su derecho a la libertad de expresión e inmiscuyéndose en sus comunicaciones privadas, infringe el numeral 5 de la Constitución Política de la República. La recurrente no hizo una funa ni una denuncia pública masiva o una manera indiscriminada, solo lo comentó con personas específicas y un contexto de confianza y de expresión emocional, sin intención de dañar la convivencia estudiantil ni afectar la imagen de nombre reservado ante la comunidad educativa.

En definitiva, para restablecer el imperio del derecho y salvaguardar los derechos fundamentales de la recurrente, solicita se declare que la Pontificia Universidad Católica de Chile ha incurrido en los actos arbitrarios e ilegales señalados en esta presentación con ocasión en la instrucción del procedimiento disciplinario y sanción de la recurrente y se dejen sin efecto los siguientes actos:

1.- La Resolución de Secretaría General Nº 568/2024, de 29 de agosto de 2024, que sanciona a la Srta. nombre reservado;

2.- La Resolución de Secretaria Resolución de Secretaría General Nº 639/2024, de 02 de octubre de 2024, que rechaza el recurso de reconsideración;

3.- Todo lo obrado en el procedimiento disciplinario instruido por Resolución de Secretaría General Nº 481/2023, de 05 de septiembre de 2023, al no existir consentimiento de víctima para que la Universidad conozca sobre los hechos de violencia sexual.

Segundo: Que al evacuar el informe el abogado don José Miguel Burmeister Lobato por la Pontificia Universidad Católica de Chile, solicitó el rechazo del recurso interpuesto y señaló que el proceso objeto del recurso de protección se inició como Diligencias Previas, en virtud de la Resolución de Secretaría General de la Universidad N°481/2024, por la autodenuncia y solicitud de investigación presentada ante la Secretaría General, por parte del estudiante de Ingeniería, nombre reservado, relacionada con las imputaciones de las que habría sido objeto por parte de la recurrente, estudiante de Derecho de la Universidad, doña nombre reservado y que dicen relación con haber cometido contra ella actos de violencia sexual, las que el estudiante señaló, serían falsas y que nunca habrían ocurrido.

En virtud de las diligencias realizadas se determinó iniciar un Proceso de Responsabilidad, debido a que se identificaron otros hechos constitutivos de infracción disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la comunidad universitaria.

Así las cosas, culminado el proceso de responsabilidad, mediante Resolución de Secretaría General N°568/2024, se determinó la aplicación de la sanción de amonestación verbal a la recurrente, debido que se logró acreditar que la estudiante incurrió en una infracción disciplinaria al haber relatado a dos grupos de estudiantes hechos de violencia sexual imputados al estudiante Toledo.

Por otro lado, mediante Resolución de Secretaría General N°216/2024, se determinó el sobreseimiento temporal respecto del estudiante Toledo, debido a que los hechos de violencia sexual no pudieron ser parte de la investigación, ni objeto del proceso, al no contar con voluntad de la recurrente para denunciar e investigar estos hechos, lo anterior de acuerdo al artículo 19° de Reglamento sobre Violencia Sexual y Discriminación de Género en Contexto Universitario.

En cuanto a los fundamentos del recurso, señala que la recurrente alega que:

1.- La Universidad investigó y sancionó hechos que se encuentran fuera del ámbito de competencia de su potestad disciplinaria, sin embargo, en el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la Comunidad Universitaria se fija la competencia de la Secretaría General de la Universidad para conocer y sancionar hechos de la naturaleza por los cuales fue sancionada la recurrente, citando lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de dicho cuerpo normativo.

2.- En virtud de lo anterior, y lo prescrito en dicho Reglamento al que están sometidos todos los miembros de la Comunidad Universitaria, ambas partes del proceso eran estudiantes de la Universidad y los hechos denunciados decían relación con infracción a la obligación de respeto entre miembros de la comunidad y respecto de los principios fijados por los Estatutos de la Universidad.

Además, cualquier miembro de la Comunidad Universitaria puede concurrir ante la Secretaría General a fin de denunciar hechos constitutivos de infracción, que fue precisamente lo que realizó el estudiante Toledo al denunciar que habría sufrido falsas imputaciones por parte de la recurrente.

3.- Dentro del recurso, se señala que la mera pertenencia de los estudiante a la Universidad, no sería suficiente para que esta tenga competencia, debiendo existir una vinculación objetiva con ésta, sin embargo es claro, teniendo en consideración lo planteado ya respecto del artículo 2°, que existe una vinculación objetiva entre los hechos de la recurrente y la Universidad, al velar por el respeto de sus miembros, considerando que el actuar denunciado consistía en infracciones tanto el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la Comunidad Universitaria, como los principios que profesa la Universidad.

4.- Por lo demás, todo miembro de la Comunidad Universitaria firma el Código de Honor al ingresar a la Universidad, el cual establece los siguiente: “Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad". “Todo comportamiento o acción que importe trasgresión a la Constitución Ex Corde Ecclesiae, a la Declaración de Principios, a los Estatutos y Normas Generales, como a cualquier otra regulación o norma de la Universidad, podrá acarrear responsabilidad académica o disciplinaria de sus miembros.”

5.-La declaración de principios de la Universidad que se presupone conocida por toda la Comunidad Universitaria, en su N°15, establece: “El agente de la obra de la Universidad es una comunidad auténticamente humana, animada por la libertad y la caridad, caracterizada por el respeto mutuo y el dialogo sincero. Como tal, está constituida por todos los que estudian, enseñan, investigan o trabajaban en ella, y se ordena de tal modo que cada uno de sus miembros tiene responsabilidad y, por consiguiente, deberes y derechos.”

6.- La Universidad sancionó a la recurrente por haber comunicado hechos de violencia sexual que habría sufrido por parte de nombre reservado a 2 grupos de personas: i.- miembros de una comisión de disciplina de un movimiento político dentro de la Universidad. El movimiento político y sus integrantes se encuentran bajo el alero de la Universidad, siendo los estudiantes que lo componen, eventualmente objeto de investigaciones y de posibles sanciones en los casos que correspondan de acuerdo con la normativa interna de la Universidad, por lo que los actos se encuentran vinculados a un contexto universitario; ii.- grupo de estudiantes que toman conocimiento de los hechos por parte de la recurrente, los cuales se enteran en dependencias de la Universidad. El actuar de la recurrente fue constitutivo de una infracción, incumpliendo el estatuto ya referido; los principios de la Institución, y el Código de Honor, el cual todos los miembros de la Comunidad Universitaria firman al ingresar a la UC, por lo que caben dentro de la competencia que la Universidad ha depositado en la Secretaria General, a través de sus estatutos y reglamentos, la que incluso está facultada para actuar de oficio, cuando haya tomado conocimiento por otros medios de hechos constitutivos de una infracción (artículo 4 del reglamento), por lo que podía iniciar el proceso aun cuando no hubiese existido la autodenuncia, lo que descarta que se trata de una comisión especial.

7.- La recurrente alega que la Universidad instruyó un procedimiento disciplinario respecto de hechos de violencia sexual en contra de su voluntad. El proceso se inició por la autodenuncia que presentó el estudiante Toledo, este señaló haber sido sujeto de comentarios y acusaciones en cuanto habría cometido actos de violencia sexual contra la recurrente, de tal manera que el proceso tuvo por finalidad determinar si efectivamente ocurrieron dichos comentarios, afectando la convivencia universitaria, lo cual es constitutivo de una infracción.

El Reglamento sobre Violencia Sexual, Violencia y Discriminación de Género en Contexto Universitario no es aplicable, al no existir una denuncia por parte de la recurrente. Al no existir la denuncia de la recurrente y no ser posible iniciar de oficio un proceso de responsabilidad, el estudiante Toledo fue sobreseído temporalmente por Resolución de Secretaría General N°216/2024, de fecha 29 de abril de 2024, quedando a salvo el derecho de la recurrente de denunciar en un futuro, así así lo requiere.

No obstante, lo anterior, en el marco de la investigación, se logró llegar a la convicción que existió una infracción disciplinaria por parte de la recurrente al haber señalado a distintos miembros de la comunidad universitaria, hechos de violencia sexual que supuestamente habría sufrido por parte del estudiante nombre reservado, viéndose afectada su relación con otros estudiantes, y la percepción de éste, alterando la normal convivencia universitaria.

8.- En el recurso se plantea que se sancionó a la recurrente afirmando que se vulneraron principios sin especificarlos ni detallarlos de manera alguna, pero a lo largo de la formulación de cargos se entregaron con claridad los hechos sobre los cuales recayó, específicamente el artículo 10° inciso primero la letra n) Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la Comunidad Universitaria.

La recurrente no puede alegar desconocimiento de los principios institucionales, dado lo señalado en el Código de Honor y al Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la Comunidad Universitaria, firmado por los estudiantes.

Con todo, la sanción que se aplicó a la recurrente está enmarcada en una infracción disciplinaria claramente descrita en el Reglamento de Responsabilidad, artículo 10 inciso segundo letra n), que versa: “Cometer cualquier otra conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen a la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad universitaria, el normal desarrollo de las actividades académicas o de las demás labores que son propias de la Universidad”, por lo tanto, la conducta por la que se la ha sancionado no es antojadiza y responde a las conductas que esa casa de estudios busca evitar, al velar por los principios que la fundan, los que son puestos en conocimiento de todos los miembros de la comunidad una vez que ingresan a la Universidad.

9.- Respecto a que la Universidad revictimizó a la recurrente afectando su integridad psíquica y su derecho a la privacidad al someterla a un procedimiento sobre hechos de violencia sexual sin su consentimiento, refiere que la recurrente en términos formales y reglamentarios no reviste la calidad de víctima, por lo que no puede hablarse de una revictimización, especialmente, teniendo en cuenta que el proceso llevado a cabo se centró en los comentarios que ella realizó respecto de otro miembro de la comunidad universitaria.

10.- En el caso en concreto, no es aplicable la Ley N°21.369, ya que el proceso se centró en los comentarios y acusaciones emitidas por la recurrente respecto de otro miembro de la comunidad universitaria, quedando de lado en el proceso los supuestos hechos de violencia sexual al no existir la voluntad de continuar un proceso de esta naturaleza.

11.- Como se mencionó previamente, el derecho de denunciar no puede aplicarse de forma ilimitada como lo ha planteado la recurrente, privando de investigar cualquier arista relacionada a los supuestos hechos. Siendo improcedente, revictimizar a la recurrente, toda vez que estamos en el marco de un proceso que no es de carácter sexual.

12.- Es importante aclarar que la recurrente en el marco del proceso, declaró solo una vez, de manera voluntaria en razón de que no existe obligación reglamentaria de prestar declaración, la obligación apunta solo a la comparecencia, como lo establece el artículo 16° del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la Comunidad Universitaria.

13.- La Universidad mantiene un férreo compromiso de velar por todos los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, por lo que rechaza todo acto de violencia sexual, violencia y discriminación de género que, en cualquiera de sus formas, pues estas son absolutamente contrarias a sus valores esenciales, siendo de responsabilidad de toda la comunidad universitaria prevenir e inhibir sus distintas expresiones.

La Universidad debe velar por el cumplimiento de su misión, promoviendo el cuidado y la calidad de vida de quienes forman parte de su comunidad, a través de la consolidación de una cultura del respeto y buen trato, evitando cualquier conducta, no solo de carácter sexual, que sea contraria lo que se espera de un miembro de la comunidad universitaria.

14.- Con relación a que la Universidad sancionó a la recurrente por comunicar hechos de violencia sexual que padeció vulnerando su derecho a la libertad de expresión e inmiscuyéndose en sus comunicaciones privadas, se debe tener presente la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esas libertades. El proceso cuestionado por la recurrente es resultado del abuso que esta realizó del derecho de la libertad de expresión, no existiendo por parte de la Universidad ninguna censura previa, solo una sanción disciplinaria y formativa como consecuencia de su libre actuar, razón por la cual una vez ponderados todos los antecedentes del proceso, se determinó aplicar la sanción más leve de nuestro reglamento, esto es, la amonestación verbal, cuyo objetivo es que la estudiante reflexione de su actuar, de manera que no se vuelvan a repetir estas situaciones, y no se vuelva afectar la sana convivencia de la comunidad universitaria.

La Universidad no se “inmiscuyó” en comunicaciones privadas, la Secretaría General tomó conocimiento de los hechos producto de la denuncia presentada por uno de sus estudiantes, quien se enteró de los comentarios y acusaciones de la recurrente por terceros.

Agrega que no se trata de un acto ilegal ni arbitrario en el que se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por los siguientes motivos:

1.- La igualdad ante la ley no ve amagada porque el proceso de responsabilidad se inicia por la divulgación de comentarios que afectarían la imagen y honra del estudiante que se autodenuncia. No es un proceso de responsabilidad por hechos de connotación sexual, porque de haber sido así, sería aplicable el Reglamento sobre Violencia Sexual, Violencia y Discriminación de Género de la Universidad, el que no se ha iniciado por no existir denuncia de la víctima. La sanción se interpuso por haber afectado la normal convivencia al interior de la comunidad universitaria.

2.- Derecho a la integridad psíquica, no se trasgrede porque la recurrente no es víctima, porque no ha denunciado serlo o porque no quiere hacerlo, por lo que el procedimiento disciplinario no puede estimarse revictimizante y en contravención con la Ley N° 21.369, apegándose al Reglamento de Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la comunidad universitaria, de la que la recurrente es parte.

3.- Derecho a la privacidad tampoco y la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República no se vulneran, ya que acuerdo con el Reglamento aplicado sólo existe la obligación de comparecer, no hay obligación de declarar en un proceso de responsabilidad, por lo que la Ley N° 21.369 no es aplicable ya que protege la exposición reiterada e injustificada de la denunciante, sin embargo, la recurrente no tiene esa calidad en el proceso ni tampoco ha interpuesto alguna denuncia al respecto.

4.- Libertad de expresión, tampoco se vulnera desde que la Universidad no ha coartado la libertad de expresión de la recurrente: La sanción impuesta responde a que haciendo ejercicio de su libertad de expresión, pasó a llevar el respeto de otro miembro de la comunidad universitaria, cuestión que está previamente reglada en la normativa interna de la universidad para proteger la sana convivencia en su interior.

Tercero: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que, según se deprende del libelo, el acto que la recurrente estima ilegal y arbitrario -no obstante que sus objeciones también se dirigen a la instrucción del procedimiento disciplinario-, es la aplicación de la sanción de amonestación privada de la recurrente de doña nombre reservado en virtud de la Resolución 568/2024 de la Secretaría General de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dictada en el Proceso de Responsabilidad ordenado instruir por Resolución de Secretaría General N°17/2024 por los hechos denunciados por el estudiante nombre reservado, que dicen relación con las imputaciones de las que ha sido objeto por parte de la estudiante nombre reservado y que dicen relación con haber cometido contra ella actos de violencia sexual.

Lo anterior, en concepto de la recurrente, vulnera las garantías constitucionales consagrados en el artículo 19 numerales 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5° y 12° de la Constitución Política de la República, por lo que en definitiva solicita se deje sin efecto la Resolución de Secretaría General N°568/2024, de 29 de agosto de 2024, que sanciona a la recurrente; la Resolución de Secretaría General N° 639/2024, de 02 de octubre de 2024, que rechaza el recurso de reconsideración y todo lo obrado en el procedimiento disciplinario instruido por Resolución de Secretaría General N.º 481/2023, de 05 de septiembre de 2023.

Sexto: Que para una mejor comprensión de los hechos, cabe tener presente los siguientes antecedentes en relación con el Proceso de Responsabilidad instruido por la Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica de Chile:

1.- Que el estudiante nombre reservado requirió la intervención de la Secretaría General por la divulgación de rumores que dañan su honra y credibilidad, iniciados, entre otros, por la estudiante nombre reservado.

2.- Que por Resolución 481/2023 de 5 de septiembre de 2023 de la Secretaría General se dispuso la realización de diligencias previas para determinar el inicio de un proceso de responsabilidad conforme con el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

3.- Que por Resolución 17/2024 de 12 de enero de 2024 de la Secretaria General dispuso la realización de un Proceso de Responsabilidad, a fin de establecer la efectividad de los hechos aludidos en la misma resolución, esto es, la auto denuncia y solicitud de investigación presentada por parte de nombre reservado a la Secretaria General, relacionada con las imputaciones de las que ha sido objeto por parte de la estudiante nombre reservado y que dicen relación con haber cometido contra ella actos de violencia sexual, las que señala son falsas y que nunca habrían ocurrido.

4.- Que el 8 de abril de 2024 se formularon cargos en contra de nombre reservado, conforme con lo dispuesto en el artículo 10° inciso primero la letra n), esto es, cometer cualquier conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad Universitaria, al haber señalado a múltiples miembros de la comunidad universitaria, hechos de violencia sexual y verbal que supuestamente habría sufrido por parte del estudiante nombre reservado, viéndose afectada su relación con otros estudiantes y la percepción de estos respecto él.

5.- Que con la misma fecha se emitió el informe del fiscal que propuso sobreseer temporalmente al estudiante nombre reservado, en razón que respecto a los hechos auto denunciados por este, de carácter sexual, no existe intención por parte de la estudiante nombre reservado de continuar un Proceso de Responsabilidad y remitió los antecedentes a la Secretaria General, en conformidad a lo previsto en los artículos 23° y 29º del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

6.- Que por Resolución N° 216/2024 de 29 de abril de 2024 de la Secretaria General se sobreseyó temporalmente el Proceso de Responsabilidad N°481/2023 ordenado instruir, respecto del estudiante nombre reservado.

7.- Que por Resolución N° 368/2024 de 25 de junio de 2024 de la Secretaria General se negó lugar al incidente de nulidad promovido y se tuvo por evacuados los descargos efectuados por la estudiante nombre reservado en el Proceso de Responsabilidad ordenado instruir por Resolución de Secretaría General N°481/2023.

8.- Que mediante informe del fiscal de 19 de agosto de 2024, se propuso aplicar a la estudiante nombre reservado, la sanción de amonestación verbal, establecida en el artículo 32° letra c) N°1 del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

En dicho informe se concluye que no se ha logrado acreditar que la estudiante nombre reservado haya divulgado, respecto del estudiante Toledo, hechos de violencia verbal en contra de ella que pudieran afectar la relación de este con otros miembros de la comunidad y su percepción de él, no logrando constatar la responsabilidad de ésta ni afectación en los términos planteados por el estudiante, pero sin perjuicio de lo anterior, la estudiante no logró desacreditar en su totalidad los cargos formulados, en vista a que fue ella quien relato el hecho de abuso sexual que habría sufrido por parte del estudiante nombre reservado a miembros de la comisión disciplinaria de Avanzar que, como ya se señaló, carece de facultades para investigar y sancionar. Además, la propia estudiante nombre reservado, hace referencia a hechos que habrían ocurrido con el estudiante Toledo a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, que si bien, no narra de forma directa los hechos, la referencia que esta hace permite apreciar la existencia de violencia sexual dado el relato y contexto entregado por ella.

9.- Que por Resolución N° 568/2024 de 29 de agosto de 2024 de la Secretaria General se aplicó a la estudiante nombre reservado, la sanción de Amonestación Verbal, establecida en el artículo 32° letra c) N°1 del Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

10.- Que por Resolución N° 639/2024 de 2 de octubre de 2024 de la Secretaria General se rechazó la solicitud de reconsideración de la sanción presentada por la estudiante nombre reservado.

Séptimo: Que de los antecedentes expuestos aparece con claridad que se aplicó el Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, para conocer y resolver de los antecedentes denunciados por el estudiante nombre reservado en contra de la recurrente nombre reservado, por la divulgación de rumores en contra de aquel, formulándose cargos en su contra por cometer cualquier conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad Universitaria, al haber señalado a múltiples miembros de la comunidad universitaria, hechos de violencia sexual y verbal que supuestamente habría sufrido por parte del estudiante nombre reservado, viéndose afectada su relación con otros estudiantes y la percepción de estos respecto él.

Octavo: Que del tenor del libelo se constata que los reparos efectuados por la recurrente dicen relación tanto con aspectos formales, que autorizan el inicio y aplicación del procedimiento de responsabilidad, cuanto el fondo, en lo que dice relación con la ponderación de los elementos de convicción reunidos en el procedimiento incoado, cuestionando el mérito que se atribuye a los elementos de convicción incorporados al mismo para arribar a las conclusiones que permiten acreditar la conducta de la denunciada así como los argumentos que permiten rechazar los descargos formulados y los fundamentos de la decisión.

Noveno: Que debe tenerse presente que se trata de un proceso de responsabilidad, cuya tramitación se encuentra regulada en el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, siendo el denunciante y los denunciados -entre la que se cuenta la recurrente- alumnos de distintas carreras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tratándose de sucesos ocurridos en el marco de actividades de participación universitaria, por lo que resulta claro que quedan comprendidos en el ámbito de la competencia disciplinaria universitaria.

Por otro lado, también debe tenerse en consideración que el proceso de responsabilidad disciplinario incoado, respetando la voluntad manifestada expresamente por la estudiante nombre reservado y conforme con el Reglamento de sobre Violencia Sexual, Violencia y Discriminación de Género en Contexto Universitario, no dirigió su investigación a los hechos de violencia sexual sufrida en su contra, como asegura el recurrente, quedando ese suceso fuera de los márgenes de aplicación del procedimiento disciplinario y de la sanción impuesta, el que, como se dijo, se centró únicamente en los eventos derivados de la denuncia de nombre reservado, en relación con los rumores divulgados a su respecto, ante la Secretaria General de la Universidad.

Décimo: Que requerida la intervención de la Secretaria General, a efectos de determinar el inicio del proceso de responsabilidad académica y disciplinaria por los hechos dados a conocer por el estudiante Toledo Ascorra, se realizaron diversas diligencias previas, en virtud de la Resolución 481/2023 de 5 de septiembre de 2023 de la Secretaría General, entre las que se cuentan las declaraciones del denunciante, denunciados y testigos, todo lo cual fue debidamente informado a la recurrente, determinándose, posteriormente, la realización del proceso de responsabilidad señalado, por Resolución 17/2024 de 12 de enero de 2024 de la misma entidad. En el análisis de los antecedentes recopilados se señala que el artículo 19° del Reglamento sobre Violencia Sexual, Violencia y Discriminación de Género en Contexto Universitario, la denuncia ante la Secretaría General será siempre un derecho de la víctima y la estudiante nombre reservado no manifiesta interés en que se realice una investigación a fin de determinar una eventual sanción respecto del estudiante nombre reservado, lo que impide el inicio de un proceso de responsabilidad, en la materia, agregando que en este punto existen versiones contrapuestas de las partes, existiendo sólo testigos de oídas, lo que no permite su acreditación o desacreditación.

Luego, se formulan cargos en contra de la estudiante nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10° inciso primero la letra n), por cometer cualquier conducta que, a la luz de los principios y normas que rigen la Pontificia Universidad Católica de Chile, afecte la normal convivencia al interior de la comunidad universitaria, fundada en haber señalado a múltiples miembros de la comunidad universitaria, hechos de violencia sexual y verbal que supuestamente habría sufrido por parte del estudiante nombre reservado, viéndose afectada su relación con otros estudiantes y la percepción de estos respecto él, agregado que ello extralimita a la libertad de expresión, para lo cual se analiza igualmente el mérito de los antecedentes probatorios incorporados al proceso disciplinario, lo que también fue debidamente notificado a la estudiante nombre reservado, cuya defensa presentó los descargos de a.- Falta de legitimación activa del auto denunciante para efectos de iniciarse un procedimiento de responsabilidad por hechos de violencia sexual; b.- En subsidio, excepción de prescripción; c.- En subsidio, falta de especificación y de tipicidad de los cargos efectuados; d.- En subsidio, inexistencia de hechos acreditados que sustenten la formulación de cargos y, en definitiva, la imposición de sanción alguna; e.- En subsidio, realidad de los hechos ocurridos; y f.- En subsidio, atenuantes de responsabilidad, alegaciones y defensas que asila en la prueba rendida, las que fueron desestimadas.

Posteriormente, el fiscal al emitir su informe, se hace cargo de la defensa planteada por la denunciada, valorando los medios de convicción reunidos en la investigación disciplinaria, refiriéndose en particular, a las declaraciones prestadas por el denunciante, denunciada y testigos, de todo lo cual concluye que no se ha logrado acreditar que la estudiante nombre reservado haya divulgado, respecto del estudiante Toledo, hechos de violencia verbal en contra de ella, que pudieran afectar la relación de este con otros miembros de la comunidad y su percepción de él. Se señala que la estudiante no logró desacreditar en su totalidad los cargos formulados, en vista a que fue ella quien relato el hecho de abuso sexual que habría sufrido a miembros de la comisión disciplinaria del movimiento Avanzar que carece de facultades para investigar y sancionar. Además, la propia estudiante nombre reservado, hace referencia a hechos que habrían ocurrido con el estudiante Toledo a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, que si bien, no narra de forma directa los hechos, la referencia que ésta hace permite apreciar la existencia de violencia sexual dado el relato y contexto entregado por ella. Después de ese análisis, en uso de sus facultades, los antecedentes existentes en el proceso y lo dispuesto en el artículo 29° del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, propone aplicar a la estudiante nombre reservado, la sanción de amonestación verbal, establecida en el artículo 32° letra c) N°1 del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

Finalmente, la Secretaria General, considerando los antecedentes recopilados en el proceso disciplinario, los que aprecia en conciencia, concluye que los hechos investigados fueron probados y constituyen una infracción que debe ser sancionada en proporción a la misma y considerando lo dispuesto en los artículos 1º, 23º inciso 2º y 32 letra c) del Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, aplica por Resolución N° 568/2024 de 29 de agosto de 2024, a la estudiante nombre reservado, la sanción de amonestación verbal, establecida en el artículo 32° letra c) N°1 del Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, a cuyo respecto la estudiante sancionada interpuso recurso de reconsideración, reiterando lo expuesto en los descargos y rebatiendo las consideraciones del informe del fiscal, estimando que no se acreditó que la denunciada comunicara los hechos de violencia sexual que sufrió de manera directa a terceros, rebatiendo el análisis probatorio efectuad por el fiscal, fundamentos que se desestiman, por Resolución N° 568/2024 de 29 de agosto de 2024, por tratarse de los mismos argumentos expuestos en instancias previas, sin lograr desacreditar lo propuesto por el investigador y en atención a que la prueba se aprecia en conciencia, manteniendo, por ende, la sanción impuesta.

Undécimo: Que la determinación de la responsabilidad del denunciado, el análisis de los antecedentes y la ponderación de los mismos -que en definitiva justifican la sanción-, son trámites que requieren de discusión y prueba, los que se verifican precisamente en el estadio procedimental diseñado por tal efecto, que es el procedimiento de responsabilidad estudiantil respectivo, no resultando el recurso de protección un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios o la valoración de los elementos de convicción que llevan a imponer la sanción reclamada, ya que las normas dada por la Universidad en esta materia, en el ámbito de su autonomía y que regulan su tramitación, contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa de la denunciada, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos, la formulación de cargos y su debido emplazamiento, la admisibilidad de los medios de prueba de que estos puedan hacer uso, la práctica de diligencias probatorias y los medios de defensa, como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se apliquen.

Duodécimo: Que en la línea argumental de lo que se viene señalando, las actuaciones que se reprochan, se pronuncian en el proceso de responsabilidad instruido, en el que se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente y mantuvo la sanción impuesta, insistiendo a través del presente arbitrio constitucional en sus argumentos, intentando por esta vía una nueva revisión de los elementos de convicción, materia que excede los límites de esta acción cautelar intentada.

En todo caso, de los antecedentes de la causa se observa que el instructor efectuó un análisis razonable de la prueba contenida en el proceso disciplinario, de las actuaciones realizadas en el mismo y de las alegaciones de la denunciada, sin advertir los vicios que se esgrimen por el recurrente y que vulneran las garantías que se individualiza en el recurso, lo que impide adoptar alguna medida de cautela urgente en favor de la solicitante.

Por todo lo expuesto, la acción de protección será desestimada en todas sus partes.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Lucciano Carrasco Jeria en representación de doña nombre reservado en contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (I) Paula Rodríguez Fondón.

Rol N° 22417-2024 Protección.

No firma la Abogada Integrante señora Krause, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogada Integrante señora Soledad Krause Muñoz.