nombre reservado con DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Santiago, veintitrés de mayo dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, chilena, cédula de identidad n° RUT reservado, psicóloga, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, representado por su Directora doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de fecha 11 de marzo de 2019, mediante la cual se dispone término anticipado a su contrata por no ser necesarios sus servicios, por ser dicha resolución ilegal y arbitraria, y que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 Nº 2°, 16° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeñó como funcionaria a contrata para la recurrida desde el día 12 de marzo de 2009, y desde esa fecha sus contratas han sido prorrogadas continua e interrumpidamente, y que la última renovación de su contrata se verificó mediante la Resolución Exenta de fecha 03 de diciembre de 2018 que prorrogaba su contrata desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre del mismo año. Agrega que durante sus 10 años de desempeño siempre ha sido calificada dentro de la Lista N° 1 de Distinción, pero a pesar de lo anterior, el día 11 de marzo último, la Encargada de Gestión de Personas le comunicó el término anticipado a su contrata, negándose a firmar la funcionaria, abandonando el recinto, recibiendo en su correo electrónico personal la notificación del término anticipado de su contrata. Refiere que la resolución recurrida n° 870/39/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, que decide poner término a la designación de contrata, contiene un informe de desempeño que no fue notificado a la funcionaria y que no puede sustituir a las evaluaciones obligatorias previstas por la ley, no siendo un instrumento idóneo para la desvinculación de un funcionario público, y tampoco se condice con las evaluaciones de la funcionaria en los años precedentes, particularmente respecto del periodo anterior, por lo que no se busca evaluar de manera objetiva a la funcionaria, sino solo desvincularla, no especificando la Resolución que ordena la desvinculación el motivo por el que ya no se hacen necesarios los servicios prestados por más de 10 años por la recurrente, existiendo en consecuencia un actuar ilegal y arbitrario de la autoridad, por cuanto la resolución recurrida se basa en un proceso de evaluación no afinado, y no posee un fundamento racional, conculcándose las garantías constitucionales contenidas de los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se invalide el término anticipado de la contrata, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Informa el recuso doña nombre reservado, Directora (s) de la Dirección de Compras y Contratación Pública, quien explica el cargo que servía la recurrente, la fecha en que ingresó al servicio, la calidad de contrata de la misma mientras fueran necesarios sus servicios, y luego alude al régimen legal de los empleos a contrata, y los dictámenes de la Contraloría General de la República sobre el principio de confianza legítima. En cuanto al fundamento para no renovar la contrata de la recurrente argumenta que el oscilante desempeño de la funcionaria, entre los meses de septiembre de 2018, y febrero de 2019, comenzó a comprometer productos del Departamento, afectando sus objetivos y compromisos, dando cuenta de esas situaciones su jefatura directa, doña nombre reservado, Jefa de la División Personas y Gestión Institucional, mediante el Informe de Desempeño de fecha 05 de marzo de 2019, documento en el que se describen las situaciones concretas que se imputaron a la recurrente, a saber, deficiente coordinación en el proceso de evaluación de desempeño, deficiente supervisión de proyectos bajo su responsabilidad tales como “Equipos de Alto Desempeño” y Liderazgo Positivo”, falta de liderazgo y asunción de tareas asociadas a la definición del Programa Trienal de Capacitación 2019-2012, y programa de capacitación 2019, no realización de mejoras en los procesos de inducción, y ausencias reiteradas del trabajo sin contar con los permisos aprobados, entre los días 25 de febrero y 8 de marzo de 2019. Así sostiene que el acto administrativo impugnado contenido en la Resolución Exenta RA n° 870/39/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, se ajusta a la legalidad, se encuentra debidamente fundado, no vulnerando las garantías constitucionales que menciona la actora, siendo, a su juicio, además improcedente la vía del recurso de protección cuando no existen derechos indubitados o preexistentes como es el caso de marras.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que la Dirección de Compras y Contratación Pública no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, la Resolución Exenta que motiva el recurso, y por la que se dispuso el término anticipado de la contrata de la recurrente, se fundó en el informe de desempeño suscrito por doña nombre reservado, Jefa de la División Personas y Gestión Institucional, de lo que se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a dar por terminada la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces, a juicio de esta Corte, con el deber de motivación que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que corresponda ponderar el mérito de dichos fundamentos por corresponder a una decisión propia de la Administración. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonaría su papel de juzgador y se convertiría en administrador, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que se tiene desde el 12 de marzo de 2009, mientras eran los necesarios los servicios de la recurrente, decidiendo la autoridad, por un acto motivado, que procedía prescindir de tales servicios.

QUINTO: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración plasmada en la Resolución Exenta RA n° 870/39/2019, de fecha 11 de marzo de 2019 de poner término a los servicios de la señora nombre reservado por ya no ser necesarios, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

SEXTO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. Y el derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca el recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata. Y tampoco se ha vulnerado la libertad de trabajo contenida en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, en cuanto no se quebrantó el principio de confianza legítima, ya que el acto administrativo recurrido fue suficientemente motivado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, sin costas.

Redacción del Ministro (s) señor Palma.

Regístrese.

N° 22.417-2019 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, y por el Ministro (s) Rodrigo Palma Ruiz.

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