nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION PROVIDA S.A

C.A. de Santiago.

Santiago, seis de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, mediante formulario, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., impugnando el acto de fecha 22 de septiembre de 2025, mediante el cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnica extranjera, formulada conforme a la Ley N° 18.156, solicitando se deje sin efecto dicho acto por ilegal y arbitrario y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, disponiendo la devolución de los fondos previsionales solicitados, o adoptar las medidas que esta Ilustrísima Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, Daniel Santoni, abogado, en representación de AFP Provida S.A., solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, fundado en que no ha existido acto ilegal ni arbitrario por parte de su representada, la cual ha obrado conforme a la normativa vigente al rechazar la solicitud de devolución de fondos del recurrente.

Sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para controvertir materias que requieren de un juicio de lato conocimiento, como lo sería la interpretación o modificación de la normativa previsional o la legalidad de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, lo que no se condice con la finalidad del recurso de protección. A ello se añade que en el caso de autos no existe un derecho indubitado que pueda solucionarse por esta vía.

Añade que la solicitud fue correctamente rechazada, pues la constancia de afiliación al IVSS acompañada se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones y no contaba con la debida legalización o apostilla, exigencia derivada del Convenio de La Haya de 1961, vigente tanto en Chile como en Venezuela, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, así como en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones en que se ha reconocido la legalidad del actuar de las AFP al rechazar solicitudes fundadas en antecedentes que no cumplen con los requisitos legales. En consecuencia, niega haberse producido afectación alguna al derecho de propiedad del recurrente, al no haberse acreditado debidamente los presupuestos legales para ejercerlo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, en lo que respecta al fondo del asunto, corresponde analizar si la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. a acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, en su calidad de profesional extranjera conforme a la Ley N° 18.156, se encuentra ajustada a derecho.

SEXTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte;

b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: Que, como se observa, la normativa antes transcrita establece un régimen excepcional que permite a trabajadores extranjeros obtener la devolución de fondos previsionales, cumpliendo determinadas exigencias. Es la excepcionalidad del régimen previsto en la Ley N°18.156, que permite el retiro de fondos previsionales, que obliga a interpretar sus normas de forma restrictiva.

Así, de la revisión de los antecedentes se constata que, efectivamente, la recurrente no cumple con las exigencias previstas en las normas antes citadas.

En efecto, si bien doña nombre reservado acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), lo cierto es que la solicitud de retiro de fondos fue rechazada por estimarse improcedente, en la medida que no se habría acreditado el cumplimiento de la exigencia prevista en la letra a) del artículo primero de la Ley N° 18.156, al no acompañarse —según la recurrida— un certificado debidamente legalizado o apostillado que diera cuenta de su afiliación al sistema de seguridad social en el país de origen, considerándose insuficiente la constancia electrónica presentada, por no cumplir con las formalidades exigidas por la normativa vigente para documentos emitidos en el extranjero.

OCTAVO: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la AFP recurrida, por cuanto se ha constatado que ésta ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

II.- Que no se condena en costas a la recurrente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°22414-2025.