Protección contra Instituto de Seguridad Laboral

C.A. de Santiago Santiago, trece de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Miguel Ángel Reyes Poblete y deduce recurso de protección en representación de nombre reservado y en contra del Instituto de Seguridad Laboral, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución Exenta PD N° NUM000 de 24 de julio de 2025, ratificada por la Resolución Exenta PD N° NUM001 de 10 de septiembre del mismo año, que dispuso su destitución, lo que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el N° 2 del artículo 19.

Expone que nombre reservado se desempeñaba a contrata para el recurrido desde mayo de 2013, siendo calificado siempre en Lista 1 de Distinción, demostrando compromiso institucional, sin haber sido sancionado previamente. Indica que se intervino quirúrgicamente de patologías oftalmológicas los días 1 y 2 de julio de 2024, otorgándosele nueve días de licencia médica.

Refiere que el viernes 5 del referido mes viajó a Lima junto a sus padres, retornado el lunes 8, con pasajes comprados por su madre, quien lo incluyó para el apoyo en el cuidado de su padre, puesto que requiere atenciones especiales por razones de salud. Afirma que ante la invitación de sus padres, que no había previsto, consultó al médico, quien le respondió que podía hacer el viaje con determinados cuidados.

De esa forma, en circunstancias que licencia médica se extendía entre el 1 y el 8 de julio de 2024, estuvo en Lima en las fechas señaladas y volvió a trabajar el martes 9 de julio. Precisa que el sábado antes de que se le extendiera la licencia médica se enteró del viaje programado por sus padres, por lo que no alcanzó a pedir sus vacaciones, a pesar de que tenía dos períodos acumulados, lo que no habría tenido problema de hacer de haber tenido tiempo para ello.

Destaca que a pesar de haberse instruido sumarios administrativos en contra de todos los funcionarios que habían salido del país estando con licencia médica, destituyéndose a varios, no fue así en todos los casos pues no se aplicó esa medida al menos en dos de ellos.

Manifiesta que siempre ha estado dispuesto a devolver los fondos o resarcir el perjuicio que haya causado al erario fiscal, además de haber declarado voluntariamente, reconocido los hechos y aportado una serie de antecedentes relativos al viaje y la salud de sus padres en el sumario administrativo.

Resalta que su conducta anterior ha sido irreprochable y su vida funcionaria refleja anotaciones de mérito y compromiso institucional.

De las fechas ya referidas, igualmente, destaca que se cumplió con el descanso para el restablecimiento de su salud, observando las prescripciones que el médico le señaló, y que estuvo fuera del país sólo dos días hábiles administrativos. Indica que se deben tener en cuenta los principios de probidad, el objeto y naturaleza del derecho disciplinario, el control de convencionalidad, el derecho a la familia y su desarrollo, y los de proporcionalidad y buena fe por las razones que desarrolla.

Esgrime que se vulneró la garantía constitucional de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, por existir sanciones distintas frente a un mismo supuesto, como ya había indicado previamente.

Finaliza solicitando que se deje sin efecto el acto administrativo que lo sancionó con la medida de destitución y que fue ratificado por el que rechazó el recurso de reposición, ordenando dictar otro que lo absuelva o, en subsidio, se imponga una sanción menor a la destitución.

Segundo: Que al evacuar el informe requerido el Instituto de Seguridad Laboral solicita el rechazo del recurso.

Respecto al proceso disciplinario instruido señala que éste fue ordenado mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 23 de mayo de 2025, sin que el procedimiento estuviera afinado a esa fecha, estando afecto a toma de razón por la Contraloría General de la República.

Argumenta que las resoluciones exentas referidas por el recurrente no constituyen el acto de término del proceso disciplinario, habida cuenta que la resolución final del sumario administrativo y sometido a control de legalidad corresponde a la Resolución PD N° NUM003, de 16 de septiembre de 2025, que aprueba el sumario y aplica la medida disciplinaria, de modo que el recurso ha sido interpuesto interpuso respecto de actos administrativos intermedios.

En lo que se refiere a funcionarios que no han sido destituidos, precisa que el hecho de considerar un comportamiento como infracción grave a la probidad administrativa es una sanción que compete al sancionador, de acuerdo al mérito del sumario, de modo que la Directora, conforme a los antecedentes que obran en el expediente, determinó en el ejercicio de sus atribuciones y de acuerdo a los principios de juridicidad, proporcionalidad y razonabilidad la sanción aplicable al caso concreto. Mismo argumento que invoca al tratar la infracción alegada al principio de igualdad.

Sobre el principio de proporcionalidad, arguye que no cumplir con los deberes funcionarios e incurrir en infracción grave al principio de probidad administrativa conlleva un comportamiento inadecuado respecto a otros funcionarios o para con el servicio, actuación que debe evaluarse de manera objetiva, considerando especialmente los efectos de esa actitud sobre el funcionamiento de la institución, circunstancias que fueron analizadas y consideradas, advirtiéndose que el recurrente ha privilegiado su interés personal por sobre el general, infringiendo gravemente el principio de probidad administrativa.

Respecto de las atenuantes de conducta funcionaria intachable y colaboración sustancial con el procedimiento investigativo, ponderados los antecedentes por la fiscal y por la Directora se resolvió que en virtud del principio de proporcionalidad no existían antecedentes que permitieran arribar a una decisión diversa a la aplicación de la medida disciplinaria de destitución. Estima sobre la alegación de que la conducta del actor no constituyó una vulneración grave al principio de probidad administrativa, ya que tuvo su origen en el deber de asistencia de sus padres, que dicho argumento no es un antecedente justificante del incumplimiento de sus deberes funcionarios por parte del inculpado.

Por último, descarta la institución informante alguna vulneración al debido proceso o al derecho de propiedad, habiendo actuado esa parte conforme a la normativa legal vigente, sin que exista un acto ilegal o arbitrario que haya causado al recurrente una vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o si quiera su amenaza.

Tercero: Que por resolución de 23 de enero de 2026 se requirió al recurrido el expediente sumarial del recurrente y a la Contraloría General de la República, que informe si ha tomado razón de la resolución que aplica la medida disciplinaria de destitución al actor, junto con remitir todos los antecedentes que obren en su poder.

En cumplimiento de lo ordenado, el recurrido remitió un link de acceso a una copia digitalizada del sumario administrativo y la Contraloría indicó que revisados los antecedentes se constató que el ISL remitió la Resolución N° NUM003, de 2025, destinada a reiterar la medida expulsiva aplicada, acto que fue tomado de razón con alcance, mediante Oficio N° NUM004 de 29 de enero de 2026, especificando que el alcance consistió en precisar que la Resolución Exenta PD N° NUM001 de 2025 constituye el acto terminal de procedimiento disciplinario, al resolver la impugnación y encontrarse debidamente notificada, junto con indicar que la Resolución N° NUM003 reproduce sustancialmente el mismo contenido, por lo que su dictación se estimó innecesaria, atendido que el procedimiento ya se encontraba afinado.

Cuarto: Que el Instituto de Seguridad Laboral, a requerimiento de esta Corte, amplió el informe, indicando las medidas disciplinarias impuestas a otros funcionarios, todas pendientes de toma de razón a la fecha, con excepción de la correspondiente al actor. Al efecto acompañó un listado de dieciocho procesos disciplinarios, incluyendo al recurrente, diecisiete de los cuales se encuentran pendientes en la Contraloría General de la República, apareciendo que en dieciséis de los casos la medida aplicada corresponde a la destitución, uno de ellos a suspensión y uno a una multa de un 10% de la remuneración.

Quinto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que el acto que la parte recurrente estima ilegal y arbitrario y vulneratorio de la garantía de igualdad ante la ley es la Resolución Exenta PD N° NUM000 de 24 de julio de 2025, ratificada por la Resolución Exenta PD N° NUM001 de 10 de septiembre del mismo año, que dispuso su destitución del Instituto de Seguridad Laboral.

Pues bien, la destitución decidida por la recurrida es una de aquellas sanciones que se encuentra facultada para adoptar como consecuencia de un sumario administrativo que culmine con la demostración del acaecimiento de un hecho que revista especial gravedad. Ahora, por la vía del conocimiento del recurso de protección la Corte únicamente tiene competencia para controlar que en el ejercicio de esa potestad sancionatoria el órgano de la Administración del Estado se haya ceñido a las normas legales y reglamentarias que le mandan cómo proceder y que en sus decisiones, sobre todo aquélla final que le pone término al procedimiento, se hayan expresado suficientemente las razones que las justifican, en cumplimiento del imperativo legal que imponen los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880. No puede la Corte, por consiguiente, pretender superponerse a la autoridad administrativa de que se trate y revisar el mérito de la determinación, pues ello supondría invadir la esfera de competencias de ésta.

Séptimo: Que en el caso de que se trata no se ha atribuido a la institución recurrida alguna contravención procedimental durante la substanciación del sumario y, en esa línea, lo cierto es que el análisis de la documentación acompañada da cuenta que el recurrente tuvo derecho a conocer el cargo que se le atribuyó, a formular descargos, a rendir las pruebas pertinentes y a deducir los recursos administrativos que estimó procedentes.

Ahora bien, en lo que a la entrega de los argumentos de la decisión reclamada se refiere, atendida la entidad de la decisión adoptada, resulta razonable que la exigencia de fundamentación sea rigurosa y que se haga cargo de cada uno de los aspectos invocados por el sumariado en su defensa.

Octavo: Que en el análisis tanto de la Resolución Exenta PD N° NUM000 y de la Resolución Exenta PD N° NUM001 que rechazó la reposición deducida en su contra, es posible advertir que la Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral se hizo efectivamente cargo de todas las especiales circunstancias de hecho que rodearon los sucesos que motivaron la sanción de destitución impuesta y descartó que ellas tuvieran entidad suficiente como para eludir la imposición de la sanción más gravosa que contempla el ordenamiento administrativo, determinación que si bien puede considerarse rigurosa o severa, ha sido convenientemente fundamentada.

Del mismo modo, no es posible tampoco estimar que la decisión haya sido arbitraria e importado vulneración de la garantía de igualdad ante la ley del N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues como fue precisado por el Instituto de Seguridad Laboral, la destitución fue impuesta como sanción en dieciséis de los dieciocho casos en que se sumarió a funcionarios que viajaron fuera del territorio de la República encontrándose con licencia médica.

Noveno: Que por las razones expresadas en los motivos que anteceden y por no haberse comprobado la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de alguna garantía constitucional del recurrente, la acción de protección debe ser declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor nombre reservado en contra del Instituto de Seguridad Laboral.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N°Protección-22360-2025.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errazuriz, la Ministra (S) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, trece de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.