nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) MODELO S.A, representado legalmente por el presidente de su directorio, don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a procesar y aprobar su solicitud de devolución de fondos previsionales.

Relata que el actor a cotizado regularmente en AFP MODELO mientras trabajó en Chile con contrato dependiente, agregando que el 11 de septiembre de 2025, presentó ante la recurrida una solicitud de devolución de fondos previsionales acumulados, amparado en lo dispuesto por la Ley N° 18.156, bajo el folio N° 2661031, acompañando en dicha solicitud la documentación exigida por la ley, a saber, título profesional, certificado de afiliación previsional extranjera y contrato de trabajo con cláusula expresa de voluntad de mantener afiliación extranjera y no cotizar en Chile.

Refiere que, no obstante lo anterior, el 22 de septiembre de 2025 la parte recurrida resolvió rechazar la solicitud del actor, argumentando que el título profesional no se encontraba apostillado ni legalizado, que el certificado previsional extranjero no cumple estándares formales ni de contenido, y que el contrato de trabajo contendría supuestas cláusulas contradictorias respecto a la voluntad de cotizar o no en Chile, puntualizando que la Ley N° 18.156 no exige la apostilla o legalización de documentos como requisito legal para la devolución de fondos previsionales, siendo aquella exigencia una interpretación administrativa de la recurrida que no puede prevalecer sobre la legislación.

Agrega que la cláusula pactada en su contrato de trabajo es manifiesta en relación con su voluntad de mantener afiliación en su país de origen, conforme al artículo 1 de la Ley N° 18.156, y que además no puede cumplir con la exigencia de apostilla de los documentos, por cuanto es un hecho público y notorio la situación de imposibilidad práctica de cumplir con las exigencias administrativas, ya que no existen relaciones diplomáticas activas entre Chile y Venezuela, lo que impide realizar los trámites requeridos, no siendo ello imputable al trabajador.

Hace presente que el objetivo de la solicitud de devolución es costear su eventual salida del país, dado que no pudo regularizar su situación migratoria, manteniendo una prohibición de ingreso al país por diez años, conforme a la legislación migratoria vigente, no existiendo otra vía para acceder a estos fondos, solicitando en definitiva a esta Corte que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a procesar y aprobar su solicitud de devolución de fondos previsionales;

SEGUNDO: Que, informa don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de AFP MODELO S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Relata que el recurrente presentó con fecha 16 de septiembre de 2025 la solicitud N° 24749 (número interno) para retirar cotizaciones previsionales del período comprendido entre julio a septiembre de 2024, pretendiendo ampararse en la exención establecida para trabajadores técnicos extranjeros contemplada en la Ley N° 18.156. Para tal efecto, el recurrente acompañó los siguientes documentos: su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones y el contrato de trabajo suscrito con fecha 7 de julio de 2024 con el empleador Agencia de Diseño Gráfico PM Limitada.

Refiere que tras el análisis exhaustivo de los antecedentes presentados, la Administradora rechazó la solicitud fundándose en tres causales específicas y copulativas. En primer término, indica que el título profesional acompañado no se encuentra debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según corresponda, requisito exigido expresamente por el punto 1 letra a) del Título XI, del Libro II, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

En segundo lugar, expone que la denominada "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales adolece de múltiples deficiencias formales y sustanciales, toda vez que no constituye un certificado de afiliación válido, no especifica las prestaciones concretas por las cuales el trabajador se encuentra cubierto, carece de firma de la autoridad emisora y, además, no se encuentra apostillado ni legalizado, incumpliendo así lo dispuesto en la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156 y lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en su Oficio N° 3.141, de 20 de febrero de 2024.

Asimismo, en tercer término, argumenta que el contrato de trabajo presentado contiene manifestaciones de voluntad contradictorias entre sí, puesto que en su cláusula sexta se establece que el empleador efectuará los descuentos y entero de cotizaciones previsionales, mientras que en la cláusula séptima el trabajador declara su voluntad de no cotizar en Chile conforme a la Ley N° 18.156. Sostiene que dicha contradicción resulta incompatible con el requisito esencial contemplado en la letra b) del artículo 1 de la referida ley, conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en su Oficio N° 12088, de 3 de julio de 2024, agregando que al contener el contrato dos manifestaciones de voluntad contradictorias, debe primera la primera, puesto que obedece a la regla general, que es la la obligación del trabajador de tener que enterar cotizaciones previsionales en el lugar donde presta servicios.

Argumenta además la naturaleza excepcional del régimen establecido en la Ley N° 18.156, destacando que dicha normativa establece requisitos copulativos que deben cumplirse íntegramente para que proceda la devolución de fondos previsionales, citando al respecto expresamente el artículo 7 de dicha ley, que condiciona la devolución al cumplimiento de todos los requisitos del artículo 1, a saber: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese inequívocamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Adicionalmente, fundamenta la exigencia de legalización o apostilla de los documentos extranjeros en lo dispuesto por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, normativa que resulta aplicable en resguardo de la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico. En este sentido, destaca que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades contempladas en el artículo 94 del D.L. 3.500, ha interpretado administrativamente estos requisitos de forma vinculante para todas las Administradoras.

Invoca asimismo reciente jurisprudencia de tribunales superiores de justicia, que han establecido criterios uniformes respecto de la insuficiencia de la Constancia Electrónica de Cotizaciones venezolana no legalizada para asignarle el valor pretendido por el actor.

Finalmente, manifiesta que su actuación se encuentra plenamente ajustada a derecho, no siendo arbitraria ni ilegal, sino que constituye el estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador que cuenta con facultades para interpretar administrativamente la legislación previsional con carácter vinculante.

Por todo lo expuesto, solicita a esta Corte tener rechazar el recurso de protección interpuesto y condenar en costas a la parte recurrente;

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, toda vez que: a).- Acompañó su título profesional sin apostilla o legalización; y b).- Acompañó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, el cual no cumpliría con las exigencias establecidas en la normativa vigente, dado que no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino sólo, de forma genérica, señala las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1 de dicho cuerpo legal prevé: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones.

a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, en su Libro II, Título XI, número 1, letras a), b) y c) establece: “1. Estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que detenten la calidad de "técnicos", a lo menos.

Se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, adquiridos en entidades educacionales extranjeras, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Resulta indispensable mencionar, también, que según estatuye el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

Mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, la Superintendencia de Pensiones instruye: “…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156…”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que las exigencias, formal y sustantiva, requeridas por la institución recurrida se ajustan estrictamente a la normativa legal, por lo que en estas circunstancias procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha once de octubre de dos mil veinticinco en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) MODELO S.A, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-22351-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Freddy Antonio Cubillos Jofré y la Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

En Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.