nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Santiago, doce de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que compare nombre reservado quien recurre por sí, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante SUCESO) al autorizar, sin derecho a subsidio, las licencias médicas N°s 98649742, 99288710, 100230201, 101526457, 102544610, 103873021 y 105197846, según Resolución Exenta N° R-01-UJU-162475-2024 de 17 de octubre de 2024, por no acreditarse la solvencia económica de su empleador. Acusa a la recurrida de incurrir en un obrar ilegal, arbitrario y lesivo de los derechos contemplados en los N°s 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide ordenar el pago de los subsidios correspondientes.

Segundo: Que se pidió informe a la recurrida y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (en adelante COMPIN RM), entidades que al informar pidieron el rechazo del recurso.

En primer término, informó el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, indicando que las licencias médicas fueron autorizadas sin derecho a subsidio pues no acompañó contrato, vigencia y detalles de su sueldo. Igualmente se le requirió el 22 de marzo de 2024 que aclarara si tenía participación en la empresa que lo contrató, adjuntara pago de IVA de la empresa, y su solvencia económica. Sin embargo, de la documentación acompañada, no se logró desprender que sirvan como base de cálculo, como lo señala la normativa vigente con respecto al pago de subsidios. Añade que la COMPIN RM es un organismo técnico, y que se rige por la normativa legal y reglamentaria, por ende, sus actuaciones se enmarcan en los parámetros objetivos que se ha dispuesto en la misma.

Tercero: Que informando la Superintendencia alega, en primer término, la improcedencia del recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar de protección. En subsidio, contesta sobre el fondo y pide el rechazo del recurso, expresando que las siete licencias reclamadas fueron autorizadas sin derecho a pago, consignándose como causa de la negativa: "sin solvencia económica". Dice que previo estudio de los antecedentes del caso, por parte de profesionales del Dpto. Contencioso, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-162475-2024, de fecha 17 de octubre del año 2024, dictamino lo siguiente, en lo pertinente: “Que, el recurrente no acompañó antecedentes referidos a la solvencia económica de la empresa empleadora y siendo así, no es posible acoger su reclamo”. Concluye que la intervención de ese órgano ha estado exenta de vicios de ilegalidad o arbitrariedad, que hayan vulnerado derechos garantidos constitucionalmente. Refiere el marco jurídico- normativo que regula la materia, conforme al cual la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, que tiene dos objetivos esenciales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral; finalidades que resultan improcedentes en caso de licencias médicas presentadas por quien no acredita la condición de trabajador y para ello, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador. En síntesis, alega que en su actuar hay ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, y menos vulneración a los derechos que invoca el recurrente, sin perjuicio de alegar que no existe un derecho indubitado.

Cuarto: Que el recurso de protección constituye una acción constitucional cautelar de urgencia consagrada para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona que sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del artículo 19, números 1º; 2º; 3º inciso quinto; 4º; 5º; 6º; 9º inciso final; 11º; 12º; 13º; 15º; 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto; 19º; 21º; 22º; 23º; 24°, y 25º del precitado texto fundamental.

Como primera cuestión, deberá desestimarse la alegación de la recurrida en cuanto a la improcedencia de la acción, toda vez que los derechos citados como vulnerados por el recurrente, se encuentran dentro de aquellos protegidos por esta acción constitucional.

Quinto: Que de lo expuesto por las partes y del mérito de los antecedentes acompañados se desprende que el actor presentó un total de siete licencias médicas a la COMPIN RM, organismo que las autorizó sin derecho a subsidio.

La COMPIN RM, según lo informó en autos, a objeto de establecer la existencia de vínculo laboral entre el recurrente y la sociedad que figura como empleadora en las licencias médicas presentadas a tramitación, requirió la presentación de contrato de trabajo y liquidaciones de remuneraciones, las cuales fueron allegadas por el señor nombre reservado. Después de ello, se le pidió nuevamente por el órgano técnico aludido, que acompañara pago de IVA de la empleadora y aclarara si era socio de ésta, lo anterior con el objeto de acreditar la solvencia económica de la empleadora para calcular el pago del subsidio. Lo anterior también fue cumplido por la propia empleadora, la que adjuntó declaración que señalaba que el recurrente no era socio de la empresa en la que prestaba servicios y también presentó pagos de IVA de la misma sociedad y la escritura social donde consta el capital de ésta.

Sexto: Que no obstante que el señor nombre reservado y su empleadora, cumplieron con los requerimientos de la COMPIN RM, se mantuvo la negativa de pago del subsidio, por lo que dedujo reclamo ante la recurrida SUCESO, quien en el pronunciamiento objetado da como razón para mantener la negativa de pago del subsidio, la siguiente: “Que, las licencias médicas de la especie fueron tramitadas para el empleador RUT N° RUT reservadoQue, se tuvo a la vista contrato de trabajo suscrito el 22/11/2023, para funciones de "Profesional Autocontrol y Tareas Afines al Cargo" (obra vial determinada) jornada de trabajo regida por el artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo, remuneración de $3.525.169 (mas gratificación) y duración indefinida. Que, el recurrente acompañó a su reclamo certificado de cotizaciones de FONASA, AFP y AFC, contrato de trabajo suscrito el 22/11/2023 y liquidaciones de sueldo, en lo que interesa. Que, el recurrente no acompañó antecedentes referidos a la solvencia económica de la empresa empleadora y siendo así, no es posible acoger su reclamo”, según se lee en la Resolución Exenta N° R-01-UJU-162475-2024 de 17 de octubre de 2024.

Séptimo: Que, sin embargo, la falta de solvencia de la empresa empleadora, no se constituye como una causal autorizada para denegar el pago de las licencias médicas materia de autos, lo que implica, desde ya, una fundamentación errada, máxime, si en su informe, la recurrida afirma que el fundamento de su decisión cuestionada, sería, en el fondo, la falta de acreditación suficiente de la calidad de trabajador del recurrente, incongruencia que conspira en contra de la debida motivación de la resolución atacada.

En efecto, dicho pronunciamiento no da cuenta de emanar de algún un procedimiento de fiscalización realizado al efecto, omite hacerse cargo en forma detallada de los documentos acompañados por el interesado, tales como el contrato de trabajo, las liquidaciones de remuneraciones, los certificados de cotizaciones que menciona la misma resolución y, tampoco, indica cuáles serían las razones de la insuficiencia de dicha documentación así como de aquella consistente en pagos de IVA y de la copia de la escritura social que fueron recibidas el 24 de junio de 2024, según fue acreditado en autos, y que la COMPIN RM reconoció en su informe haber recibido.

Octavo: Que debe recordarse que todo organismo de la Administración del Estado tiene el deber de fundamentar sus decisiones al tenor de los dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 obligación que la recurrida no ha cumplido, lo que torna su decisión en arbitraria e ilegal.

Por otro lado, si la recurrida estima que detrás de la actuación del actor o de su empleadora hay una conducta ilícita o de falsedad, debe efectuar las denuncias respectivas para su investigación mediante los mecanismos que contempla la ley, y no negar el pago del subsidio correspondiente, menos aun cuando de los antecedentes aparece que el recurrente y su empleadora proporcionaron la documentación requerida, sin que se haya cuestionado la enfermedad ni el reposo médico.

Noveno: Que, finalmente, la conducta arbitraria e ilegal de la recurrida amaga su derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no haber recibido el pago de los subsidios por reposo médico autorizado, derecho que deberá ser restablecido por esta vía proteccional mediante las medidas que se adoptarán, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales; se acoge el recurso interpuesto por nombre reservado y se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-162475-2024 de 17 de octubre de 2024 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social y, en su lugar se decreta que dicha entidad deberá disponer el pago de las licencias médicas cuyo pago se rechazó, en la referida resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°22348-2024 Protección.

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Carolina Patricio Martínez Benavides, Claudia Lazen Manzur y Rene Cerda Espinoza (S).

No firma el ministro René Cerda Espinoza por haber cesado en sus funciones como ministro (S).