nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado, mediante notificación de 17 de septiembre de 2025, la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, actuación que estima ilegal y arbitraria, por cuanto se habría fundado en exigencias no contempladas en la normativa aplicable y en una interpretación excesivamente formalista de ésta, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en consecuencia, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de tales derechos fundamentales.

Expone que es de nacionalidad venezolana y que solicitó a la AFP recurrida la devolución de los fondos previsionales registrados a su nombre, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, acompañando para ello los antecedentes exigidos, entre ellos, constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada y demás documentos pertinentes. Sin embargo, la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que la documentación no cumpliría con los requisitos formales de firma, apostilla o legalización, y que no correspondería a un certificado emitido por una entidad válida, sin que la administradora efectuara verificación alguna de los medios electrónicos disponibles para comprobar su autenticidad.

Añade que la constancia de afiliación acompañada emana de un organismo público extranjero competente, es verificable en línea mediante códigos de validación oficiales y acredita de manera suficiente la afiliación previsional exigida por la ley, sosteniendo que la AFP recurrida dispone de mecanismos idóneos para efectuar dicha comprobación, los que no fueron utilizados. Afirma, además, que la exigencia de formalidades adicionales no previstas en la ley, especialmente en un contexto de inexistencia de relaciones diplomáticas vigentes entre Chile y Venezuela, constituye una barrera irrazonable e imposible de cumplir.

Arguye que la recurrida ha infringido la Ley N°18.156 al incorporar requisitos no contemplados en su texto, desatendiendo la finalidad del legislador, cual es permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus ahorros previsionales cuando acrediten afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen. Alega, asimismo, falta de motivación suficiente del acto impugnado y una actuación contradictoria respecto de decisiones anteriores adoptadas por la misma administradora y por otras AFP en casos análogos.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el rechazo impugnado, ordenando a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados, o adoptar las demás medidas que se estimen necesarias para el pleno restablecimiento del imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, fundado en que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, toda vez que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente se sustentó en el incumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la Ley N° 18.156, en las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en la falta de idoneidad formal y sustantiva de la documentación acompañada, careciendo, por ende, el recurso de los presupuestos necesarios para su procedencia.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de cotizaciones previsionales invocando la calidad de técnica extranjera, respecto de los períodos comprendidos entre enero de 2020 y marzo de 2025, acompañando para tales efectos, entre otros antecedentes, una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, tras el análisis de dichos documentos, AFP Modelo concluyó que no se acreditaba el requisito esencial consistente en encontrarse afiliada a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue, a lo menos, cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, en los términos exigidos por el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Indica que el documento acompañado no constituye un certificado de afiliación, no individualiza las coberturas efectivamente otorgadas a la recurrente durante la prestación de servicios en Chile, carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, incumpliendo así las exigencias previstas tanto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones como en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, circunstancias que impiden otorgarle valor probatorio suficiente.

Asimismo, hace presente que su actuación se ajustó estrictamente a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador con facultades interpretativas obligatorias para las administradoras, citando oficios administrativos que reiteran la improcedencia de aceptar certificaciones electrónicas extranjeras que no cumplan con las formalidades legales, así como jurisprudencia uniforme de las Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que avala dicho criterio.

Además, sostiene que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional de exención y devolución de cotizaciones, cuyos requisitos son de carácter copulativo y de interpretación restrictiva, no pudiendo la administradora prescindir de ellos sin infringir el principio de legalidad que rige su actuación, ni aceptar antecedentes que carecen de validez jurídica formal.

Finalmente, concluye que no ha existido perturbación, privación o amenaza ilegítima de garantías constitucionales, por cuanto el rechazo de la solicitud obedeció al incumplimiento objetivo de los requisitos legales, solicitando expresamente se rechace el recurso de protección, con expresa condena en costas, por no concurrir en la especie acto ilegal ni arbitrario alguno imputable a su actuar.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, lo que se impugna a través de esta acción constitucional, es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo S.A., que rechazó lassolicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no acompañar certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, en el cual constara la fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que la recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de la A.F.P. MODELO S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-22.337-2025.