nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

C.A. de Santiago Santiago, tres de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A, representado legalmente por don nombre reservado, y la Superintendencia de Pensiones, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de la AFP recurrida de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a reconocer como válida la documentación acompañada en la solicitud de la recurrente, y realizar un nuevo pronunciamiento, en un plazo razonable, procediendo a efectuar la devolución de fondos a la actora.

Relata que la actora es de nacionalidad venezolana y mediante el portal web respectivo, solicitó a la AFP recurrida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Refiere que el 24 de septiembre de 2025, mediante correo electrónico, fue informada por la Administradora de Fondos del rechazo de su solicitud, lo que se fundó en que la constancia de afiliación emitida el 25 de junio de 2025 mantiene una apostilla que no puede validarse en el sistema oficial de Venezuela, agregando que el documento no resulta suficiente para acreditar la cobertura en el país de origen, por señalar de forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, lo que deviene en una conducta arbitraria e ilegal, por cuanto se debe a una interpretación legal formalista, que desatiende la finalidad de la Ley N°18.156, particularmente en sus artículos 1 y 7, para que los extranjeros puedan disponer de sus fondos de previsión.

Manifiesta que en estas circunstancias, la AFP recurrida incorpora, para la aprobación de su solicitud, requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, agregando que el certificado de afiliación acompañado puede ser verificado y validado de manera electrónica ante el Instituto Venezolano de los Servicios Sociales (IVSS), que es un organismo público competente y facultado legalmente para la emisión de dicho certificado, siendo forzoso concluir a juicio de la actora que efectivamente se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen.

Sostiene que otras administradoras de fondos de pensiones, como AFP CUPRUM, ha autorizado solicitudes como las de la actora con el mérito del documento antes mencionado, por lo que el acto recurrido, que no especifica los fundamentos para determinar que la constancia es inválida, es ilegal y arbitraria, máxime al disponer de medios de verificación de la autenticidad de dicha constancia.

Hace presente que la actora se encuentra en una imposibilidad de adquirir la documentación exigida, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, existiendo en concreto un caso de caso fortuito o fuerza mayor atendido lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, sin que pueda pasarse por alto las consecuencias que supone para la recurrente la decisión de la recurrida.

Por estas consideraciones, pide en definitiva a esta Corte que se ordene a la recurrida a reconocer como válida la documentación acompañada en la solicitud de la recurrente, y realizar un nuevo pronunciamiento, en un plazo razonable, procediendo a efectuar la devolución de fondos a la actora;

SEGUNDO: Que, informa doña Nicole Jedinger Canales, abogada, en representación de AFP HÁBITAT S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Sostiene, en primer término, que el recurso de protección de autos debe ser rechazado, por cuanto, además de no cumplir con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, el recurrente no ha sufrido un acto arbitrario o ilegal que vulnere sus derechos, ya que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden acceder a realizar un acto que la ley no les permite realizar.

Refiere que la actora se afilió al sistema de pensiones el 27 de marzo de 2018, a AFP Hábitat S.A. el 1 de julio de 2025, y que el 18 de julio de 2025 solicitó la devolución de las cotizaciones efectuadas por su empleador, lo que fue rechazado, por existir irregularidades con la apostilla del documento que presentó para acreditar su afiliación, agregando que el 27 de agosto y 11 de septiembre del mismo año realizó la misma solicitud, lo que fue rechazado por la recurrida, al estimar que no se acreditó la cobertura previsional en el país de origen mediante documentación vigente y fehaciente, enfatizando que el beneficio pretendido es de carácter excepcional, no cumpliéndose los requisitos legales, ya que el hecho de que el documento pueda verificarse electrónicamente no suple los requisitos de legalización de los instrumentos públicos extranjeros en Chile, lo que ha sido confirmado por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Fundamenta que la Ley N°18.156 constituye una norma especial y de excepción, por lo que debe ser interpretada restrictivamente, aplicándose de manera estricta a los casos descritos y en los supuestos de hecho establecidos en la ley, por lo que la recurrida que no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal, sino que ha dado cumplimiento a la ley, ya que la documentación de acreditación de los requisitos de la mencionada ley debe realizarse con instrumentos debidamente legalizados, lo que no ocurrió en autos.

Hace presente que la Superintendencia de Pensiones ha emitido normas precisas en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que aparecen publicadas en su sitio web www.spensiones.cl, conforme a las cuales, las AFP deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para las personas que la invoquen, procediendo a devolver los fondos sólo en los casos que los afiliados cumplan los requisitos para ello, por lo que al no cumplirse con sus artículos 1 y 7, el acto recurrido se ajusta a derecho, sin que se hayan vulnerado garantías fundamentales del actor, solicitando en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas;

TERCERO: Que, informa don nombre reservado, Jefe del Departamento Judicial de la Superintendencia de Pensiones, en su representación, quien solicitó el rechazo de la acción deducida, con costas.

Refiere en primer término que la controversia de autos excede el ámbito del recurso de protección, ya que la discusión acerca de los certificados presentados por la parte recurrente demuestra con claridad que ésta debiera ser materia de un juicio declarativo, pues el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección es de naturaleza cautelar y de emergencia, no declarativo, no siendo apto para reemplazar un procedimiento de lato conocimiento.

Sostiene a continuación que la actora realizó ante la recurrida una consulta web, manifestando que AFP HABITAT S.A rechazó su solicitud de retiro de Fondos de Pensiones, debido a que no pueden ser validados los documentos exigidos para la aprobación de la solicitud, derivando la situación directamente a la AFP, que el 6 de octubre resolvió que no era posible validar la documentación, no siendo posible realizar la devolución de fondos de pensiones pretendida.

Argumenta que de las disposiciones de la Ley N°18.156 se desprende claramente que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en los artículos 1, 6 y 7, que deben ser interpretados de modo restrictivo, lo que fue refrendado por el Oficio N°5.963, de la recurrida.

Manifiesta que atendidas las facultades legales de la Superintendencia de Pensiones, al tenor de lo dispuesto en el DFL N°101, de 1980, y las disposiciones del DL N°3500, de 1980, y la Ley N°20.555, el recurrido tiene como parte de sus funciones y atribuciones la interpretación administrativa de la ley en materias de su competencia para su correcta aplicación, precisando en relación con el acto reclamado que la constancia de afiliación presentada por la actora carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada y, aun cuando incorpore un código de verificación electrónica, no es suficiente para poder sustituir los requisitos legales vigentes, especialmente cuando el ordenamiento jurídico exige, expresamente, la legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que produzcan efectos en el territorio nacional, lo que ha sido respaldado por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia y distintos oficios de la Superintendencia.

Concluye que no puede estimarse que la Superintendencia de Pensiones ha incurrido en actos de privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales fundamento del recurso, en especial por no realizarse imputación alguna al recurrido, solicitando en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida, con costas, siendo la misma petición que realiza, y por los mismos fundamentos, en los informes evacuados a folio 22 y 23 de estos autos;

CUARTO: Que, como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

QUINTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A, la solicitud de retiro de fondos para extranjeros enterados a título de imposiciones previsionales por parte de la recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

SEXTO: Que, tal como consta en los antecedentes que las partes han puesto en conocimiento de esta Corte y sus respectivas alegaciones, es preciso hacer presente que la negativa de la entidad recurrida se basa en sostener que la peticionaria no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, que regula el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de que la afiliada no acreditó documentalmente que se encuentra afiliada a un régimen previsional o de seguridad social en algún país, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En efecto, la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta Ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones:

a) Que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

b) Que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, la norma específica que esta exención no incluye los riesgos cubiertos por la Ley N°16.744. Por otro lado, el artículo 7° de la misma legislación permite a los trabajadores extranjeros que hayan realizado cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos acumulados, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1°, ya mencionado.

SÉPTIMO: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, debe considerarse que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, a través del Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones a reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por los oficios números 24.272, 28.458 y 1.610, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Dicha normativa prevé la devolución de fondos en caso de que el trabajador haya cotizado tanto en Chile como en su país de origen, evitando así una doble cotización. Sin embargo, para acceder a este beneficio, se exige el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la ley.

OCTAVO: Que, lo anterior no supone que la negativa de devolución de fondos previsionales en aquellos casos en que no se cumpla con los requisitos legales implique la pérdida de estos fondos. Luego, y teniendo presente esta situación, lo que debe determinar esta magistratura es si la recurrente ha cumplido o no con los requisitos para que se dé curso a su solicitud, concluyendo esta Corte que, con el mérito de los antecedentes que obran en la instancia, es posible concluir que la documentación aportada por la recurrente no cumple con las exigencias para que se apruebe su solicitud por la entidad recurrida, ya que la existencia de un documento no legalizado conforme la normativa interna aplicable o la posibilidad de que la actora pueda contar con un instrumento en línea (vía web), no la eximen del cumplimiento de la normativa vigente para que su pretensión pueda prosperar al reunirse las exigencias a que se subordina su acogimiento.

NOVENO: Que, conforme con lo razonado precedentemente, y no advirtiéndose en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, la presente acción cautelar será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-22334-2025.