nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece don Luis Cornejo Chávez, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Modelo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su petición de retiro de fondos para extranjeros, el que le fue notificado el 23 de septiembre de 2025.

Relata que doña nombre reservado ha prestado servicios profesionales recibiendo una remuneración de la que se le han descontado y enterado cotizaciones previsionales en la AFP recurrida, habiendo en cada uno de sus contratos firmado cláusulas donde manifiesta su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156.

En virtud de la exención establecida en la ley mencionada ingresó la solicitud N° 599 ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, S.A, a fin de solicitar el retiro y/o devolución de fondos previsionales de acuerdo con lo establecido de la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, acompañando los documentos requeridos.

Con fecha 22 de septiembre de 2025 la requerida comunica por correo electrónico que indica “solicitud detenida” por falta de constancia de afiliación, motivo por el cual, eleva reclamo a la Superintendencia respectiva. Con fecha 03 de Octubre 2025 responde la AFP Modelo por mandato de la Superintendencia señaló que no se logró subsanar la solicitud anterior con la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de las normativas vigentes, dado que no corresponde a un certificado de afiliación que no detalla las prestaciones por las cuales se encuentra cubierta la afiliada, no se encuentra apostillada.

Indica que el correo remitido el 22 de septiembre se comunica que su solicitud se encuentra rechazada (sic) lo que considera que no es una forma de resolución, pues la norma que regula esta solicitud indica que se debe responder aceptándola o rechazándola y no deteniéndolo que es lo que se le responde al recurrente, siendo una forma de actuar arbitraria de la AFP.

Añade que la recurrente cumplió con los requisitos solicitados, acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito. Agrega que pese a esta imposibilidad la recurrente acompañó constancia de afiliación de seguro social vigente a la fecha de su presentación y puede ser verificada, ingresando a la página Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.), con solo digitar la cedula de identidad venezolana la cual aparece en la respectiva constancia del recurrente, signada bajo el N° V020280118 lo que permite verificar validez.

Dice que la ley ordena que el solicitante de este beneficio se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, y que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En ese sentido, como se evidencia de la afiliación del seguro social que acompañó la recurrente en su solicitud, ello se desprende de la misma constancia de afiliación.

Por las razones anteriores, considera que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Denuncia que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrados en el Artículo 19 N°2 y N°24, de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Indica que por los hechos narrados se vio en la necesidad de crear una alternativa técnico jurídica, consistente en efectuar la verificación de los antecedentes plasmados en el portal digital de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el que se puede evidenciar la verificación del certificado de cotizaciones de la recurrente, frente al vista de un ministro de fe o notario público el cual logró garantizar la veracidad de los datos allí contenidos. Hace presente que una solución similar fue propuesta en la causa de esta Corte en la causa Rol 6045-2025.

Señala que la contoversia debe ser resuelta considerando el principio pro operario, pues resulta parcularmente perjudicial que la Administración de Fondos de Pensiones imponga normas que impidan o dificulten el acceso de los administrados a sus propios fondos, como se ha reconocido en jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en la causa Rol 217.781-2023.

Luego de citar normas de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, destaca la propiedad de los fondos de pensiones por el trabajador y la prohibición de que ellos sean restringidos, expropiados o limitados injustamente.

Denuncia que el derecho constitucional que resultan afectados es el contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, materializado por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, quien con fecha 23 (sic) de septiembre de 2025, notifica que se ha rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, sin fundamentándose en ninguna causal, señalando que el motivo es “otro”, generando la arbitrariedad, pese a que la recurrente acreditó fehacientemente ser extranjera técnico profesional, con título debidamente apostillado, y contar con afiliación en instituto de seguros sociales de su país de origen con anterioridad al ingreso a Chile, lo cual cumple íntegramente con los requisitos de la Ley N° 18.156.

Cita abundante jurisprudencia en apoyo de sus argumentos y concluye solicitando tener por interpuesto el recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo y se le ordene que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo con la tramitación de la solicitud de devolución de fondos previsionales y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los mismos y, en general, se adopten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacúa el informe solicitado, instando por el rechazo de la acción de protección en todas sus partes.

En cuanto a los presupuestos fácticos que motivaron su decisión, la informante sostiene que los días 28 de julio de 2025, 16 y 22 de septiembre de 2025, la recurrente acompañó a través de su plataforma web, una solicitud de devolución de fondos previsionales basada en la Ley N°18.156, acompañando al efecto un título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones, una declaración jurada ante notario chileno y un contrato de trabajo con su respectivo anexo. Tras el análisis de dichos antecedentes, la Administradora otorgó a la interesada un plazo de 4 días hábiles para subsanar deficiencias, requiriéndole un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado que acreditara la fecha de afiliación y las coberturas exigidas por ley, requerimiento que no fue cumplido, pues se volvió a acompañar la Constancia Electrónica antedicha, lo motivo por el que la AFP no ingresó la solicitud a trámite.

En lo tocante a los fundamentos de derecho, además de citar la norma del artículo 1° de la Ley N° 18.156, la recurrida esgrime que su actuación se ajusta estrictamente al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, órgano que ostenta la potestad obligatoria de fijar la interpretación de la legislación del sistema. Argumenta que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" aportada por la recurrente resulta insuficiente, toda vez que no constituye un certificado de afiliación propiamente tal, no especifica las coberturas pecuniarias y médicas para el caso concreto —mencionándolas de forma genérica para el sistema venezolano—, carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Refuerza su defensa citando diversos instructivos de la Superintendencia de Pensiones, tales como los Oficios Ordinarios N°3141, N°21.480 y N°12.954, los cuales ratifican que las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla no son medios idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. En este mismo orden de ideas, la recurrida hace valer la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que han validado este criterio, sosteniendo que la Administradora, como sujeto privado encargado de una función pública, está compelida por el principio de legalidad a no admitir documentación extranjera que carezca de las solemnidades legales, bajo riesgo de incurrir en sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad fiscalizadora.

Por consiguiente, la informante afirma que no ha incurrido en acto u omisión ilegal ni arbitraria, puesto que se limitó a exigir el cumplimiento de los estándares normativos vigentes para el reconocimiento de instrumentos públicos otorgados en el exterior, sin que se advierta una vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley o propiedad.

En virtud de lo expuesto, la parte recurrida solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Modelo de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional.

Ello, por cuanto dicho documento carece de firma de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas, y no se encuentra legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Octavo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, ú que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país, por lo demás los documentos incorporados en el recurso no dicen relación ni con el recurrente ni con la Administradora de Fondos recurrida.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-22307-2025.