Protección contra Colegio nombre reservado

Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Claudia Sarmiento Ramírez, William García Machmar y Tomás Mackenney Bertrán, en representación de doña nombre reservado, quien actúa en favor de su hijo nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por haber incurrido en el acto que se estima ilegal y arbitrario, consistente en la cancelación de la matrícula del último de los nombrados, decisión adoptada mediante resolución de fecha 12 de septiembre de 2025, por la cual se rechazó la apelación presentada por recurrente contra el informe de protocolo de maltrato escolar, actuación que afirma vulnera los derechos fundamentales del artículo 19 N° 1, 2 y 3 inciso quinto, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en consecuencia, que se acoja la acción interpuesta y se deje sin efecto la medida de cancelación de matrícula, ordenándose la reincorporación inmediata del alumno al establecimiento educacional.

Explica la recurrente, en síntesis, que los hechos que motivan su interposición se originan en la decisión del Colegio nombre reservado de cancelar la matrícula del estudiante nombre reservado, de 17 años, quien cursaba enseñanza media en dicho establecimiento, en virtud de una imputación que lo vinculó con la creación y difusión de una canción denominada “Al fin y al [BUHO/BUHO] sueltos”, que habría tenido por objeto molestar a otro alumno del colegio y que implicó la aplicación del procedimiento sancionatorio que culminó en dicha determinación, afirmando que el estudiante no participó en la composición, grabación ni difusión de dicha pieza musical, siendo, sin embargo, el único sancionado con la medida de cancelación de matrícula, tratándose de una decisión desproporcionada e injustificada.

En relación con el procedimiento sancionatorio, se señala que la madre del estudiante, fue citada a una reunión con el encargado de convivencia escolar para el día 10 de junio de 2025 y en dicha reunión se le dio a conocer que su hijo y otros tres alumnos estaban involucrados en un caso de bullyng escolar en contra de un compañero, cuyos padres denunciaron los hechos ante la Policía de Investigaciones, iniciándose una investigación interna por el colegio, imputándosele a su hijo la creación y difusión de canciones alusivas a dicho compañero, burlándose de él y la realización de dibujos en que se expuso a un integrante de la comunidad, acusando diversas irregularidades en su tramitación, desde que se extendió más allá de los plazos reglamentarios, no se consideraron los medios de prueba aportados por la defensa, ni se respetaron las garantías de ser oído, presentar descargos ni apelar en debida forma, infringiendo lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del propio Colegio.

Refiere, además, que tanto el estudiante como su madre habían informado oportunamente al establecimiento del diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de un cuadro depresivo, antecedentes que fueron completamente desatendidos durante el proceso sancionatorio. Indica que, pese a la existencia de informes profesionales que recomendaban acompañamiento emocional y medidas de apoyo pedagógico, el colegio omitió toda consideración a la condición neurodivergente del alumno, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Educación y en las circulares N° 586 de 2023 y N° 872 de 2024 de la Superintendencia de Educación, que prohíben adoptar medidas disciplinarias fundadas en necesidades educativas especiales permanentes, como el autismo, debiendo privilegiarse siempre medidas de carácter formativo.

Sostiene que el acto impugnado carece de racionalidad y fundamento, configurando así una arbitrariedad manifiesta, pues la sanción aplicada no se sustenta en hechos comprobados ni en un procedimiento legítimo, imputándole a su hijo responsabilidad por un hecho del cual no hay pruebas directas y que, en todo caso, no habría tenido participación alguna.

Añade que el colegio incurrió en duplicidad sancionatoria, castigando nuevamente hechos por los cuales el alumno ya había sido objeto de amonestación, y que omitió considerar las atenuantes contempladas en el artículo 51 del Reglamento de Convivencia Escolar.

Arguye que la actuación del colegio habría vulnerado diversos derechos constitucionales: el derecho a la integridad psíquica, artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, por cuanto la sanción impuesta ha agravado el estado de salud mental del estudiante, generando ideaciones suicidas y una profunda afectación emocional; el derecho de igualdad ante la ley, artículo 19 N° 2 del mismo texto legal, por haber sido tratado de manera desigual frente a otros alumnos involucrados en el mismo hecho; el derecho al debido proceso, articulo 19 N° 3 inciso 5°, del citado cuerpo legal, en razón de que el procedimiento disciplinario fue llevado a cabo sin otorgar las garantías mínimas de defensa, audiencia y notificación; el derecho a la honra y vida privada, artículo 19 N° 4 del señalado texto constitucional, al exponerse al estudiante a una sanción pública injustificada que afecta su reputación dentro de la comunidad escolar; y el derecho de propiedad, artículo 19 N° 24 de la señalada Constitución, entendido como el derecho adquirido a la continuidad de su proceso educativo, interrumpido de manera arbitraria por el establecimiento.

Por las razones expuestas, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, declare que la resolución del Colegio nombre reservado de 12 de septiembre de 2025 es ilegal y arbitraria, dejándola sin efecto, y que en consecuencia se ordene la inmediata reincorporación del estudiante nombre reservado al establecimiento educacional, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su bienestar, continuidad educativa y protección integral conforme a su condición y derechos fundamentales.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe el Colegio nombre reservado, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, fundando su solicitud en la improcedencia de la acción cautelar para revisar decisiones adoptadas conforme a los procedimientos y normas internas del establecimiento educacional, alegando además la inexistencia de acto u omisión ilegal o arbitraria y la ausencia de vulneración de garantías constitucionales. En subsidio, sostiene que todas las actuaciones del Colegio nombre reservado se ajustaron a la normativa educacional vigente, al Reglamento Interno y a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, conforme a los cuales se tramitó el procedimiento disciplinario que culminó con la cancelación de matrícula del alumno nombre reservado.

En primer término sostiene que el recurso de protección sería improcedente, por no ser esta acción una vía idónea para impugnar medidas adoptadas conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, toda vez que la recurrente agotó las instancias procesales internas, incluyendo una apelación resuelta desfavorablemente. Precisa que el recurso de protección tiene naturaleza cautelar y no revisora de actos administrativos o disciplinarios dictados en virtud de un procedimiento reglado y con respeto del debido proceso. Añade que, además, la medida impugnada no se encuentra firme ni ejecutoriada, pues será objeto de revisión al término del año escolar 2025.

Explica que la medida disciplinaria de cancelación de matrícula se dictó tras la comprobación de conductas constitutivas de acoso escolar grave ejercidas en contra del estudiante nombre reservado, consistentes en hostigamientos presenciales y virtuales, burlas reiteradas, publicaciones ofensivas en redes sociales y la creación de canciones denigrantes difundidas en plataformas digitales, todo ello reconocido por el propio alumno sancionado y otros compañeros del curso. Tales conductas fueron calificadas como falta gravísima conforme al artículo 57 letra d) N°1 del Reglamento Interno, disposición que sanciona la agresión verbal o psicológica grave, presencial o a través de medios tecnológicos, previendo la expulsión o cancelación de matrícula como sanción.

Sostiene que el establecimiento actuó respetando el principio de legalidad, ya que el procedimiento disciplinario se ajustó al reglamento interno conocido y aceptado por la apoderada al momento de la matrícula, conforme al contrato de prestación de servicios educacionales. Asimismo, se verificó el cumplimiento del justo procedimiento exigido por el Decreto N°315 de 2010 del Ministerio de Educación, el DFL N°2 de 2009 y la Resolución Exenta N°482 de 2018 de la Superintendencia de Educación, garantizando la notificación, el derecho a defensa, la posibilidad de presentar descargos, la intervención de las autoridades competentes y la revisión de la medida adoptada.

Respecto de la alegación de discriminación basada en la condición del estudiante dentro del espectro autista, la recurrida niega categóricamente que la sanción se relacione, directa o indirectamente, con dicha condición, señalando que el diagnóstico médico describe a nombre reservado como un joven funcional y bien adaptado, sin mayores necesidades de apoyo, y que las conductas sancionadas responden a hechos objetivos de hostigamiento.

Sostiene que la medida adoptada es conforme con la Circular N°586 de 2023 de la Superintendencia de Educación, que prohíbe las sanciones fundadas en discapacidad, pero autoriza la aplicación de medidas disciplinarias por incumplimientos no vinculados a esa condición.

En cuanto a la supuesta ilegalidad o arbitrariedad del acto, arguye que no existe vulneración alguna a la normativa educacional ni desviación de la legalidad, por cuanto la decisión se dictó en base a antecedentes comprobados, con motivación suficiente y en ejercicio de la potestad disciplinaria que emana del principio de autonomía de los cuerpos intermedios consagrado en los artículos 1° y 19 N°11 de la Constitución, en armonía con el derecho a la libertad de enseñanza. Agrega que las sanciones fueron proporcionales a la gravedad de los hechos, considerando incluso medidas reparatorias y pedagógicas complementarias, por lo que no puede calificarse de arbitraria.

Asimismo, sostiene que el debido proceso fue plenamente respetado, toda vez que el procedimiento incluyó la citación a los involucrados, entrevistas, descargos, revisión de antecedentes y la posibilidad de apelación.

Afirma que el establecimiento, en tanto entidad privada, no reviste la calidad de “comisión especial” en los términos del artículo 19 N°3 de la Constitución, y que la dirección del colegio actuó dentro de sus atribuciones legales y reglamentarias. Añade que los plazos del procedimiento fueron observados, descontando el receso escolar dispuesto por resolución del Ministerio de Educación.

Finalmente, solicita se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto que la recurrente denuncia como ilegal y arbitrario corresponde a la medida disciplinaria de cancelación de matrícula del hijo de la recurrente, nombre reservado, estudiante de 3° Medio A, por decisión de la recurrida, lo que en su concepto vulneraría las garantías constitucionales que se particularizan en el arbitrio.

QUINTO: Que para analizar lo anterior, resulta pertinente consignar que de lo señalado por las partes y los antecedentes aparejados en autos, se desprende lo siguiente: 1.- Que el Colegio nombre reservado el 4 de junio de 2025 recibió información relativa a conductas de acoso escolar, en contra de un alumno de 3° Medio A, por parte de un grupo de estudiantes que también cursan 3° Medio A, entre los que se individualiza a nombre reservado, hijo de la recurrente. 2.- Que con fecha 10 de junio de 2025 el establecimiento educacional activó el Protocolo de Maltrato escolar entre pares y bullyng, a cargo de los Encargados de Convivencia Escolar, lo que fue comunicado a los apoderados de los involucrados. 3.- Que, en razón de lo anterior, se inició la correspondiente investigación, en virtud de la cual se entrevistó a los alumnos individualizados y se recopilaron los antecedentes pertinentes, emitiéndose el informe correspondiente el 15 de julio de 2015. 4.- Que conforme con lo consignado en el aludido informe, se tomó conocimiento de la existencia de un grupo de estudiantes y de la creación de un dominio denominado “nombre reservado”, al que nombre reservado y otros tres estudiantes tenían acceso, en el que se efectuaron publicaciones de dibujos, burlas y una canción alusiva a un compañero, denominada “Al fin y al [BUHO/BUHO] sueltos”, haciendo referencia a su apodo, la que, además se subió a distintas plataformas de difusión. 5.- Que en dicho informe se consigna que nombre reservado reconoció la realización de dibujos en los que se expuso a un miembro de la comunidad educativa y que la canción se creó con la finalidad de molestar al estudiante afectado. 6.- Que se estimó que dichas situaciones afectaban la comunidad educativa en términos de seguridad y la sana convivencia al interior del colegio, por lo que, al cierre del protocolo, junto con adoptar otras medidas, desde la dimensión disciplinaria se dispuso la cancelación de la matrícula del alumno nombre reservado, agregando que dicha medida “será revisada por el consejo de profesores y la dirección del colegio en el mes de diciembre del presente año”. 7.- Que el 26 de agosto 2025, doña nombre reservado, madre y apoderada de nombre reservado, dedujo apelación en contra de la resolución de cancelación de matrícula de su hijo, acusando inconsistencias, omisiones y falta a los principios establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio, en relación con la recopilación de antecedentes, la calificación de las faltas, la aplicación de sanciones y la transparencia del procedimiento, las que detalla latamente en su presentación, en las que se destaca el sesgo de la investigación, la omisión de evidencias, la infracción a la gradualidad de la sanción, la falta de consideración de los antecedentes de salud mental de su hijo y la omisión de información de su derecho a apelar. 8.- Que con fecha 12 de septiembre de 2025, la recurrida da respuesta a dicha presentación y reconociendo que no hubo claridad respecto de la información sobre el plazo para recurrir, se pronuncia sobre el recurso deducido, determinando que no existen antecedentes que permitan reconsiderar la sanción, por lo se mantiene la decisión de cancelar la matrícula y su revisión para fines del año 2025.

SÉXTO: Que para una adecuada comprensión de lo planteado en el recurso resulta útil tener en consideración que el artículo 48 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar –RICE-,señala que: “La expulsión o cancelación de matrícula de un estudiante por problemas o faltas conductuales es considerado como una medida extrema, y se aplica en aquellos casos en que, habiendo agotado todos los procedimientos exigidos por el Reglamento Interno de Convivencia del Establecimiento, el estudiante persiste en su mal comportamiento”.

A su turno, el artículo 49 del mencionado cuerpo reglamentario regula los aspectos previos al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, estableciendo que dicha medida debe ser aplicada por el Director del centro educativo y al efecto dispone que la decisión y sus fundamentos debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su apoderado, quienes podrán pedir por escrito la reconsideración de la medida dentro de quinto día a contar de su notificación, ante la misma autoridad y que el Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores, órgano que debe pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles, señalando, además, que la resolución será informada de forma verbal en reunión con el apoderado en un máximo de 10 días a contar del día en que se presentó esta apelación, quedando registro escrito en Dirección y entregándose copia de ello.

SÉPTIMO: Que por su parte, el Anexo III del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en su Anexo III contiene el “PROTOCOLO ACOSO O MALTRATO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES Y/O ENTRE PERSONA QUE DETENTE UNA POSICIÓN DE PODER Y UN ESTUDIANTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”, para ser aplicado ante la ocurrencia de un posible acoso y maltrato escolar o bullying entre estudiantes y/o entre personas que detenten una posición de poder y un estudiante o un caso de agresión de un estudiante a un funcionario.

Dicho protocolo regula el procedimiento a seguir ante una denuncia o el conocimiento de una situación de acoso o maltrato, el que deberá llevarse a cabo por el Encargado de Convivencia Escolar del Centro Educativo, quien dentro de los plazos establecidos en dicha directriz deberá recopilar los antecedentes necesarios y proceder a la investigación, en la que se podrá entrevistar a los alumnos involucrados, a los profesores y a otros actores de la comunidad escolar que pudieran aportar antecedentes y reunirse con los apoderados correspondientes.

El mencionado protocolo señala que una vez concluido el proceso de investigación, el profesional a cargo tendrá un plazo de 3 días hábiles para informar a estudiante y padre, madre o apoderado del resultado de la misma y en el mismo momento, se procederá a aplicar las medidas pedagógicas, psicosociales y sanciones educativas, establecidas en el artículo 56 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y, en caso que corresponda se aplicarán las medidas pedagógicas, reparatorias, de apoyo pedagógico o psicosocial, señaladas en el mismo Reglamento, remitiéndose a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento mencionado.

OCTAVO: Que al tenor de dicha remisión, se debe tener en consideración que el artículo 56 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar contiene las medidas pedagógicas, psicosociales y sanciones educativas, entre las que se cuenta la cancelación de matrícula, señalándose expresamente que: “Se aplicará en aquellos casos en que, habiendo agotado todos los procedimientos exigidos por el Reglamento de Convivencia, el estudiante persista en problemas que afecten la convivencia escolar”.

En ese derrotero, el artículo 57 del mismo, contiene la clasificación de las faltas, distinguiendo entre: a) leves; b) menos graves; c) graves; y d) gravísimas, las que se enumeran en cada caso.

De acuerdo con dicha disposición, entre las faltas muy graves se contempla: “1.- Amenazar y/o agredir gravemente, a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera verbal, física o psicológica de forma presencial o a través de redes sociales”, respecto de la cual, conforme con el artículo 58 del mismo texto legal, “Se puede aplicar la medida de Cancelación de Matrícula o Expulsión según el contexto del caso particular en consideración a las causales de atenuantes o agravantes contenidas en este Reglamento”.

Finalmente el artículo 59 del Reglamento dispone que: “En aquellos casos en que exista reiteración en las conductas; o que una conducta afecte gravemente la convivencia escolar; o que exista peligro para la integridad física o sicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, se aplicará la sanción de expulsión o no renovación de matrícula, según corresponda. En virtud de ello, se podrá atenuar la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 49 en lo referido a haber señalado al padre, madre o apoderado los problemas de conducta; haber advertido de la posible aplicación de sanciones y haber implementado a favor del/la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial”.

NOVENO: Que, acorde con lo expuesto, la medida de cancelación de matrícula impuesta al alumno nombre reservado, es consecuencia de la aplicación del Protocolo de Maltrato escolar entre pares y bullyng, que contempla el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y sus anexos, por haber intervenido en los hechos denunciados y que afectaron a un compañero de curso, procedimiento que se ajustó plenamente a la normativa administrativa que rige en el establecimiento educacional, en el que se constata la activa participación del estudiante y su apoderada, los que fueron debidamente informados de su aplicación, siendo, además, entrevistados en el marco del desarrollo de la investigación, otorgándoseles la oportunidad de ser oídos, plantear sus versiones y proporcionar información pertinente a los hechos y su contexto, como consta de los registros de las entrevistas practicadas, emitiendo, finalmente, una decisión fundada en los antecedentes reunidos respecto del alumno -quien además anteriormente había sido objeto de la medida de condicionalidad extrema-, reconociendo expresamente a la solicitante el derecho al recurso, de manera que no se advierte infracción alguna a la garantía del debido proceso, como acusa el libelo.

DÉCIMO: Que con relación a este último punto, se debe poner de relieve que si bien al suscribir el contrato de prestación de servicios educacionales, la recurrente declaró expresamente conocer el Reglamento Interno -cuyo artículo 49 contempla la impugnación de la medida de cancelación de matrícula y el plazo para ello-, ante las alegaciones de la peticionaria relativas a no haber sido expresamente advertida de su derecho a apelar y el plazo para interponer el recurso, se constata que la recurrida no hizo cuestión de una supuesta extemporaneidad y conoció el fondo de la apelación interpuesta, por lo que tampoco se constata una vulneración en dicha materia.

UNDÉCIMO: Que respecto de las demás objeciones que atañen a la proporcionalidad de la sanción de cancelación de la matrícula escolar aplicada y las circunstancias personales y morigerantes que inciden en la misma, cabe considerar que de su tenor se advierte que fueron consideradas, desde que se trata de una medida de carácter provisorio –como reconocieron las partes en estrados-, disponiendo el órgano resolutivo su revisión en el mes de diciembre del presente año, lo que se encuentra pendiente, sin que a la fecha se hayan incorporado antecedentes que permitan establecer la interrupción del proceso educativo del alumno afectado, quien en la actualidad continua cursando sus estudios en el Colegio nombre reservado sin que el establecimiento educacional se haya negado a matricular al estudiante para el próximo período escolar, lo que obviamente impide analizar, en este estadio procesal, su ilegalidad o arbitrariedad y con ello la vulneración de las restantes garantías constitucionales que la recurrente detalla en su libelo.

DUODÉCIMO: Que así entonces, no habiéndose emitido la decisión definitiva sobre la cancelación de la matrícula del hijo de la recurrente en el establecimiento educacional, sólo cabe desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en representación de doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado y en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Paula Rodríguez Fondón.

Protección N°22297-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.